¿Hay un nuevo FMI?

El jueves pasado, el gobierno de Mauricio Macri acordó con los tecnicos del Fondo Monetario Internacional los términos y condiciones de una línea de crédito stand-by de U$S 50.000 millones. El acuerdo fue anunciado por el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el Presidente del Banco Central Federico Sturzenegger en una conferencia de prensa realizada en el centro cultural cuyo nombre homenajea al presidente que, en 2006, nos libró de la tutela del FMI y le devolvió a nuestro país la soberanía económica.

 

En simultáneo con la presentación de los funcionarios de Macri, el FMI difundió una declaración de su Directora Gerente, Christine Lagarde, “felicitando a las autoridades argentinas“ por “un plan concebido e instrumentado por el gobierno argentino y que pretende fortalecer la economía en beneficio de todos los argentinos.” El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se sumó a los festejos, “dándole la bienvenida al acuerdo” porque “como ha dicho el Presidente Trump, Estados Unidos apoya la visión del presidente Macri para transformar la economía de su país”.  La coincidencia de visiones que resalta Mister Mnuchin matiza, por no decir desmiente, la sobredosis de gentilicios autóctonos que declama Madame Lagarde.

 

Los cincuenta mil millones de dólares disponibles bajo el acuerdo lo convierten en el stand-by más voluminoso concedido por el FMI en toda su historia y sextuplican el total de los fondos asignados a los otros tres países con préstamos stand-by vigentes: Iraq, Kenia y Jamaica.

 

Las urgencias financieras del gobierno (léase, la inminencia de una nueva corrida cambiaria) desaconsejaron diferir el anuncio del acuerdo hasta que el directorio del FMI lo aprobase formalmente, lo que debería ocurrir dentro de dos semanas. Recién entonces se podrá conocer lo que dicen la Carta de Intención, el Memoraundum de Políticas Económicas y Financieras, y el Memorandum Técnico de Entendimiento, que detallarán cada una de las metas cuantitativas comprometidas por el gobierno, las políticas económicas y reformas legislativas específicas destinadas a alcanzarlas, el calendario previsto para su implementación, la frecuencia de las revisiones periódicas del Fondo, y los criterios contables que se aplicarán en dichas auditorías (que pueden diferir de los utilizados por el gobierno de Macri en temas tan sensibles como la caracterización como deuda pública o no de los programas de participación pública privada). Con una salvedad importante: el FMI publica esos documentos sólo si el gobierno del país deudor lo autoriza expresamente. Iraq, Kenia y Jamaica lo han autorizado. Sería inconcebible que el gobierno de Macri, que profesa el culto de “hablar con la verdad”, no lo hiciera. Veremos.

 

Mientras esperamos las precisiones escritas en papel membretado, ya contamos con algunos datos duros (en todas las acepciones del adjetivo) verbalizados por Dujovne y Sturzenegger en la conferencia de prensa:

 

Los fondos permanecerán disponibles durante tres años y se desembolsarán por tramos, a solicitud del gobierno argentino, y sujeto al cumplimiento satisfactorio de las etapas previstas del programa económico, conforme lo verifiquen las auditorias del FMI. El primer desembolso será de U$S 15.000 millones, que deberían llegar a la cuenta del gobierno nacional en el Banco Nación antes de fin de junio, tan pronto como el directorio del FMI apruebe el stand-by. A causa del volumen de ese desembolso, la Argentina deberá pagarle al FMI un interés anual de aproximadamente 4%, el doble de la tasa que había trascendido antes del jueves y que se hubiera conseguido si las necesidades de financiamiento inmediato del gobierno no excedían los U$S 8.480 millones. Para ponerlo en perspectiva, un interés del 4% es apenas un punto menos del que le cobra el mercado internacional de deuda a otros países de la región, como Uruguay, Perú, Colombia y México, para financiarlos a diez años de plazo sin condiciones explícitas. El capital desembolsado debe empezar a devolverse recién en 2021, dos años después de finalizado el mandato presidencial en curso de quien lo solicitó.

 

A cambio, y por lo que se sabe hasta ahora, el gobierno se compromete a reducir el déficit fiscal a 1,3% el próximo año y a 0% en 2020. El déficit cero de Cavallo y De la Rua con una pizca de gradualismo para no desperfilar del todo la marca PRO. Con ese fin, el gobierno proyecta recortar 30% en dos años el gasto público (excluyendo jubilaciones) mediante ajustes del 81% en el gasto de capital, incluyendo obra pública, del 74% en las transferencias a las provincias, y del 13% en el costo salarial estatal. Por supuesto, no se escuchó ninguna mención a aumentos progresivos de impuestos o, menos que menos, a restablecer las retenciones a las exportaciones de cereales. También se anuncia el envío al Congreso de un proyecto de ley de reforma de la carta orgánica del Banco Central que plasmaría la concepción monetarista ortodoxa de sus autoridades actuales, liberándolas de exigencias, para ellas engorrosas, como el deber de perseguir un objetivo múltiple que incluya promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social, la necesidad de coordinar sus políticas con el poder ejecutivo, y la facultad de prestar asistencia financiera transitoria al gobierno nacional.

 

La precisión entusiasta con que Sturzenegger y Dujovne describen los distintos ajustes prometidos al FMI contrasta con la vaguedad que súbitamente los aqueja cuando se refieren a las metas que hasta ayer nomás los desvelaban. Para Sturzenegger ya “no tiene sentido” estimar la inflación de este año, que no será ni del 15%, ni inferior a la del año pasado, sino “lo más baja posible”. Dujovne no quiere arriesgar cuánto crecerá la Argentina en 2018 pero ahora acepta que será “menos”, lo cual bien entendido podría significar “nada” o, inclusive, “menos que nada”.

 

Los anuncios de los funcionarios en materia cambiaria se limitaron a asegurar que el gobierno nacional vendería los dólares del FMI por pesos mediante operaciones de mercado del Banco Nación, en lugar de vendérselos al Banco Central, y que éste volvería a dejar flotar libremente el dólar sin intervenir, salvo ante situaciones inusualmente disruptivas. El viernes, el dólar les tomó la palabra y se lanzó a flotar por encima de los $26 pesos en el mercado minorista. Más usual, imposible.

 

Si éste fuera, efectivamente, un nuevo FMI, y no el mismo FMI de siempre que sugiere la descripción anterior, el acuerdo stand-by de la Argentina incluiría las medidas de control de capitales que el estatuto del FMI contempla, la conclusión del mea culpa realizado por su staff tras la crisis financiera global de 2008 aconseja, y la naturaleza predominantemente cambiaria de la crisis argentina demanda.

 

El Artículo VI del estatuto del FMI refleja la visión compartida de los dos economistas que lideraron la redacción del documento, John Maynard Keynes, de Gran Bretaña, y Harry Dexter White, de Estados Unidos, acerca de preservar la facultad de los paises para regular los flujos internacionales de capitales. En casi nada más estaban de acuerdo, pero en este punto sí. Por eso, la Sección 3 del Artículo VI dice que “Los miembros pueden utilizar aquellos controles que sean necesarios para regular los movimientos internacionales de capital”, la Sección 1 dice que “el Fondo puede pedirle a un miembro que utilice controles para prevenir que los recursos generales del Fondo [se usen para cubrir salidas grandes y sostenidas de capitales]”, y la Sección 2(b) del Artículo VIII dice que “los miembros pueden, de mutuo acuerdo, cooperar en medidas con el fin de que las regulaciones de control cambiario de cualquiera de dichos miembros sean más eficaces”.

 

Desde la creación del FMI en 1945 hasta mediados de los años 70, los miembros del FMI, en especial los países industrializados, ejercieron frecuentemente esta facultad que les confería el estatuto. El caso más notable es la regulación de la salida de capitales financieros aplicada por los Estados Unidos entre 1963 y 1973, una década que abarca las presidencias de los demócratas John Kennedy y Lyndon Johnson y la del republicano Richard Nixon, mediante un impuesto del 15% a las compras de titúlos extranjeros por parte de residentes estadounidenses.

 

La práctica entró en desuso a partir de los años 80 con el crecimiento, e influencia en ascenso, de los mercados de capitales, y culminó a mediados de los 90 con la iniciativa, afortunadamente fallida, de reformar el estatuto del FMI para exigir que sus miembros liberaran por completo la cuenta de capital. No obstante, en la práctica, durante todo este período los técnicos FMI adhirieron a la nueva ideología desregulatoria y la promovieron entre los países miembros a través de las recomendaciones contenidas en las auditorías del Artículo IV y de las condiciones exigidas en los préstamos del organismo.

 

La postura inflexiblemente neoliberal del FMI entró en crisis cuando la gran recesión global de 2008 desnudó el rol desestablizador de los flujos irrestrictos de capitales financieros y forzó un replanteo de la utilidad de los controles de capital para atenuar sus consecuencias más graves. El resultado de ese análisis fue el documento “Enfoque Institucional: La Desregulación y Administración de los Flujos de Capitales”, publicado en 2012, que fijó la nueva, y aún vigente, posición oficial del FMI sobre la materia. Algunas de sus principales conclusiones, que deberían guiar la actitud de los funcionarios del FMI cuando interactúan con los gobiernos de los paises miembros, son:

 

·         La liberación de la cuenta capital debería ser un objetivo pero el nivel apropiado de desregulación depende de las circunstancias específicas de cada país.

 

·         Las naciones deberían ser prudentes y liberar la cuenta de capital por etapas y paulatinamente.

 

·         En ciertas circunstancias los controles de capital (en la jerga culposa del FMI, llamados administración de flujos de capitales) deben ser parte del proceso de desregulación.

 

·         Las naciones deberían usar controles de capital si el ingreso repentino de capitales financieros ocasiona riesgos sistémicos.

 

·         Los controles a la salida de capitales podrían aplicarse transitoriamente en caso de riesgo de crisis con el fin de ganar el tiempo necesario para implementar ajustes en las políticas de fondo.

 

El presidente Macri afirmó en su discurso del 8 de mayo por cadena nacional que la Argentina necesitaba pedirle ayuda al FMI para “evitar una gran crisis económica”. Esa frase del presidente de la nación debería haber alcanzado para que sus interlocutores en el Fondo le recomendaran la adopcion de alguna de las medidas aconsejadas en el nuevo enfoque institucional del organismo. Que no lo hayan hecho sugiere que coinciden con lo expresado por Dujovne en la conferencia de prensa: Le pedimos ayuda financiera al Fondo “para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo.” Habría que explicarle al ministro, y recordarle a los funcionarios del FMI, que cuando se piden prestados U$S 50.000 millones es porque lo que se estaba haciendo no funcionó. Y es hora de hacer algo verdaderamente distinto y nuevo.

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