Hay que jubilar a Friedman y Hayek

 

El régimen del Terrorismo de Estado en Chile fue una avanzada en la instalación de experiencias neoliberales a nivel mundial. Los referentes intelectuales fundadores de esa tendencia visitaron ese país, se entrevistaron con el dictador y atendieron a la prensa. Milton Friedman construyó una relación cercana con José Piñera, hermano del actual Presidente Sebastián y ministro de Trabajo y Previsión Social y de Minería del gobierno genocida, quien publicó en la página del Instituto Cato una larga carta con recomendaciones de política económica que Friedman le dirigiera a Pinochet en 1975. En ese escrito, el economista de la Universidad de Chicago afirma que “existe solo una manera de terminar con la inflación: reducir drásticamente la tasa de incremento en la cantidad de dinero. En la situación de Chile, el único modo para lograr la disminución de la tasa de incremento en la cantidad de dinero es reducir el déficit fiscal. Por principio, el déficit fiscal puede ser reducido disminuyendo el gasto público, aumentando los impuestos o endeudándose dentro o fuera del país. Disminuir el gasto público es, por lejos, la manera más conveniente para reducir el déficit fiscal ya que, simultáneamente, contribuye al fortalecimiento del sector privado y, por ende, a sentar las bases de un saludable crecimiento económico”.

Estas recomendaciones de Friedman a Pinochet son idénticas a las que sostienen los economistas de la gestión gubernamental que está concluyendo en la Argentina, como así también a las de sus opositores que se reclaman más liberales que el propio Presidente. Pero las similitudes no se encuentran sólo en la Argentina, sino también en el contingente de economistas de la corriente principal en Chile y sus adherentes en toda la geografía de expansión de la globalización financiera. En Libertad de Elegir, Milton y Rose Friedman plantean la libertad económica como un requisito de la libertad política, adjudicándole la virtud de posibilitar la cooperación entre los individuos evitando que medie la “coerción”, al restringir el área en que se ejerce el poder político. Sostienen que el libre mercado dispersa el poder político y afirman que la concentración del poder político y económico en las mismas manos es una receta segura para una tiranía. Para estos intelectuales conservadores, la separación de la esfera de la economía de la política resulta fundamental.

Von Hayek, el teórico más importante de la contrarrevolución neoliberal, decía en referencia a Pinochet: “Un dictador puede gobernar de manera liberal, así como una democracia gobierne sin el menor liberalismo. Mi preferencia personal es una dictadura liberal y no un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente”. También le dedicó al terrorista de Estado chileno una carta publicada en el Times de Londres el 11 de julio de 1978, donde escribía: “Nunca he afirmado sin duda que en general los gobiernos autoritarios son más propensos a asegurar la libertad individual que los democráticos sino todo lo contrario. Esto no significa, sin embargo, que en algunas circunstancias históricas, la libertad personal no podría haber sido mejor defendida bajo un gobierno autoritario que en uno democrático. Esto ha sido cierto ocasionalmente desde el comienzo de la democracia en la antigua Atenas, donde la libertad de los sujetos fue, sin duda mejor, bajo los 'Treinta Tiranos' que bajo la democracia”.

 

 

El derecho de propiedad irrestricto

Los neoliberales ubican a los valores de lo que designan como libertad personal por encima de la democracia. Esos valores refieren a un enfoque específico de aquella que incluye una concepción del derecho de propiedad irrestricto. Ese derecho de propiedad, con ese carácter, también abarca a los medios de producción, a la disposición de sus frutos y al uso de los mismos sin intromisión estatal alguna. Hayek sostenía en Camino de servidumbre que “una sociedad libre excluye cualquier lógica de planificación que no ponga en el eje de la actividad económica la competencia y el mercado”, o sea que el Estado no debe tener facultades de intervención en la economía. Además postula que “los objetivos distributivos de la riqueza o el ingreso determinados extraeconómicamente conducen a la ineficiencia y devendrían en una lógica arbitraria y coercitiva”, excluyendo, entonces, la admisibilidad de las políticas dirigidas a la reducción de la desigualdad. Sostiene que “la democracia es esencialmente un medio, un expediente utilitario para salvaguardar la paz interna y la libertad individual” y que "la igualdad formal ante la ley está en pugna y de hecho es incompatible con toda actividad del Estado dirigida deliberadamente a la igualación material o sustantiva de los individuos, y que toda política directamente dirigida a un ideal sustantivo de justicia distributiva tiene que conducir a la destrucción del Estado de Derecho. Provocar el mismo resultado para personas diferentes significa, por fuerza, tratarlas diferentemente”. Para Hayek los derechos económicos y sociales son falsos derechos. Confrontaba así con el derecho internacional de los derechos humanos.

Estas definiciones constituyen el corazón del paradigma neoliberal. Exclusión de la economía del marco de la definición ciudadana. Vocación de edificar una sociedad de mercado y no con mercados. La igualdad negada como valor. El “liberalismo” como principio básico de la organización de la sociedad y el Estado y la democracia como un medio, “generalmente” el mejor para llevarlo a cabo. Si la democracia “desvía” por otro camino, los principales mentores del dogma propugnan su reemplazo por un autoritarismo restaurador de su proyecto político único, la “democracia liberal”.

El Terrorismo de Estado chileno se propuso construir, y lo consiguió, una sociedad neoliberal. Privatización extendida de la economía, polarización de la riqueza con una aguda concentración económica que se manifiesta en una descarnada desigualdad y una macroeconomía centrada en las recomendaciones friedmanianas. Conseguidas las bases del “liberalismo económico” se dispuso una transición hacia una “democracia liberal” concebida en el ideal de Hayek, con “estado de derecho” cuando la hegemonía ideológica de la oligarquía impregnara a la sociedad en su conjunto y “estado de excepción” ante cualquier “desvío” de la política única permitida.

 

 

El transformismo

La lectura que hace Eduardo Basualdo de Gramsci para construir la categoría de transformismo argentino, resulta aplicable en forma análoga a la vida política chilena posterior a la dictadura. Esa época se ha caracterizado, también en Chile, por la inexistencia de compromiso alguno de las clases dominantes con las subalternas, mientras las primeras mantienen la gobernabilidad (dominación) sobre la base de la integración de las conducciones políticas de esas clases subalternas. Esta subordinación ha sido acompañada en Chile, como lo fue en Argentina, por el surgimiento de negocios comunes entre los sectores dominantes y el sistema político. En Chile la conformación de una élite política, a partir de estas condiciones, se ha extendido hasta el presente. Cerca de medio siglo de desarrollo de una sociedad neoliberal, con una primera fase autoritaria seguida de otra “democrática”. Una agobiante sinfonía compuesta por la intervención del imperialismo norteamericano, los militares, la oligarquía económica local, con una incorporación posterior de los partidos políticos.

Con rigor de manual fueron aplicadas las reformas laboral, previsional y fiscal. Disciplinadamente, como lo prescribía el consenso de Washington. Chile fue la vidriera de los economistas ortodoxos y de los políticos del sistema en los países periféricos, especialmente en los de América Latina. Muy atentos a los indicadores macroeconómicos valorados por la ortodoxia, resaltaban la relación deuda/PBI chilena, su superávit fiscal y su bajo costo de endeudamiento. Las comparaban con las mismas variables medidas en otros países periféricos, donde el dispositivo neoliberal no había alcanzado la misma extensión en el tiempo sin fisuras ni intervalos. Sin embargo, la participación de los salarios en el ingreso nacional es mucho más baja que la de la herencia kirchnerista en Argentina. La comparación de los ingresos del decil de población más rica respecto de los de la más pobre refleja una desigualdad mayor que la de nuestro país, donde tampoco se destaca por su virtud. El sistema educativo chileno está en crisis, siendo un sistema en el que el Estado gasta sustantivamente menos que el argentino en términos del Presupuesto. El índice Gini de distribución del ingreso confirma un alto nivel de desigualdad social. La municipalización del sistema de educación produjo marcadas diferencias en la calidad educativa entre ricos y pobres.

Chile atraviesa un largo período de crisis de su sistema previsional, con pensiones muy bajas y una tasa de sustitución (relación entre los ingresos del jubilado y lo que percibía cuando estaba en actividad) muy inferior a la Argentina. El régimen previsional chileno es un sistema de ahorro, similar al que derogó Cristina Fernández durante la crisis global del 2008/9. Los agentes que lo operan son las administradoras de fondos de pensión (AFP). El economista chileno Sergio Carpenter refiere en un trabajo de 1977 que diversas investigaciones han mostrado el fenómeno de intermitencia en los aportes de los trabajadores al sistema, caracterizado por extensos períodos de inactividad, informalidad y desempleo, alternado con otras etapas con actividad, pero sin registro de pago de aportes de los empleadores (con una deuda que alcanzaba el 1.6% del PBI). Carpenter sostiene que estos rasgos profundizan la debilidad en la densidad de las cotizaciones, agravando la causada por los bajos salarios. La consecuencia es un haber jubilatorio reducido coincidente con una cobertura auxiliada desde afuera. En su artículo de 2017 apunta que los hombres se estaban jubilando a los 69 años y las mujeres a los 65, cuatro años después de lo establecido por ley. Los datos de 2016 muestran que el haber jubilatorio promedio representaba en Chile el 77% del salario mínimo, mientras que en Argentina ese indicador era del 100%. Esa prestación alcanzaba a 296 dólares, mientras que en Argentina era un 48% mayor. El costo operacional del sistema jubilatorio llegaba al 13% del gasto previsional, un verdadero récord, propio de los sistemas de AFP. El creador del sistema fue el mencionado hermano presidencial José Piñera, quien fuera también promotor de la constitución de 1980 y del plan laboral del pinochetismo, quien llegó a convertirse en un referente internacional en temas de reformas previsionales. La crisis del sistema previsional es uno de los motivos centrales del descontento popular que devino en la rebelión de estos días.

 

 

La reforma fiscal regresiva

El economista Jorge Gaggero, analizando la reforma fiscal que impulsaba el gobierno de Macri, reflexiona que se quería instalar una política pro-inversión, originada en Chile durante el gobierno de Pinochet y que tuvo un impacto de importancia en ese país, con un efecto muy negativo en la cuestión distributiva. Dice Gaggero que “lo que se hizo en Chile es dar la posibilidad a los accionistas de pagar una cifra menor en Ganancias si en lugar de redistribuir dividendos dejan el dinero dentro de la empresa. En Chile, ello favoreció la reinversión de modo muy fuerte, pero el fisco, a su vez, en promedio, cada año, sacrificó aproximadamente 4 puntos del PBI. Fue el reverso del estímulo a la inversión empresaria. Es lo que se llama, técnicamente, 'gasto tributario', a lo que, como consecuencia de políticas públicas, el fisco de un país pierde o deja de percibir, por tributos legislados, a favor de los sectores privados… un impuesto a las ganancias que se percibía pleno, empezó a sufrir quitas en la medida en que los individuos reinvertían en la empresa. Todo este cambio, con Pinochet, implicó, medido anualmente en términos de gasto tributario, 4 puntos de PBI, durante décadas”. Como se ve, la reforma fiscal fue regresiva. La distribución del ingreso primaria también es muy regresiva, y la secundaria (después del impacto fiscal) no resulta corregida.

La reforma educativa ha entrado en crisis, y ha sido el factor —tal vez— que más influyó en provocar la bronca y la rebelión del pueblo. La inexistencia de gratuidad en el sistema. La falta de oportunidades de los sectores populares para el acceso a la enseñanza universitaria. Los sistemas de créditos para el pago de estudios, cuya devolución se extiende por períodos interminables. Un sistema educativo subsidiado por el lado de la demanda, como “recomienda” el Banco Mundial, que recurre a una lógica competitiva de mercado en lugar de promover la consolidación de ciudadanía, generaron la degradación y el deterioro de la enseñanza. A pesar de que las cuestionadas pruebas PISA mostraran indicadores de eficiencia y “probaran” una vez más su inadecuación al mundo periférico. Resultados análogos de desigualdad, falta de acceso y deterioro se verifican en el sistema de salud.

 

 

Sin derechos

Las tarifas de los servicios públicos fueron ajustadas con un criterio de mercantilización que desconoció su calidad de derechos sociales. Así la mirada de Hayek de negar la existencia de derechos económicos y sociales, fue asumida por el pinochetismo y la “democracia liberal” continuista, mediante la adopción de una política integral de mercantilización de los servicios. Servicios que deberían ser garantizados con el espíritu de satisfacer esos derechos en forma progresiva. Pero en Chile todo tiene precio, todo es mercancía. Chile hasta hace una semana era la vidriera del neoliberalismo periférico exitoso, con un sistema político de alternancias entre conservadores y autorreferidos centroizquierdistas, sin amenazas a las reformas estructurales llevadas a cabo en el país ni a su inserción profunda en la globalización financiera. Alineado con los EE.UU. en la política internacional y altamente respetuoso de los dispositivos de los organismos multilaterales que organizan e impulsan la internacionalización de las finanzas y la producción. La especialización primaria sigue siendo la característica estructural de la economía chilena, con gobiernos que no han tenido preocupaciones ni han formulado políticas que incluyan la industrialización como perspectiva de diversificación productiva.

Hoy el sistema político, blindado detrás del objetivo de sostener el neoliberalismo como “política de Estado”, es implacable en no asumir reformas que debiliten sus pilares. Ante el reclamo ciudadano, solo se disponen concesiones que no impliquen cambio estructural alguno. Sin embargo, la rebelión popular y la movilización social se están expresando desde afuera de ese sistema, ingresando a la política de manera plebeya con manifestaciones callejeras y huelgas generales, exigiendo cambios de fondo. El sistema responde como los fundadores del neoliberalismo postulaban, instalando el estado de excepción, con el ejército en las calles, la represión generalizada, los disparos contra el pueblo, fusilamientos, detenciones arbitrarias.

 

 

Lo hace bajo el principio que esos fundadores formulaban: cuando la democracia busca el divorciarse de la política única (la liberal), debe reimplantarse el orden mediante el autoritarismo. A una ciudadanía privada de sus derechos económicos y sociales, ahora se le sustraen los civiles. La decisión continuista del régimen se percibe en las imágenes del proceder de los carabineros y las fuerzas armadas. Bestial.

 

 

 

 

Pero esta vez asoma la posibilidad de una agonía del régimen, mucha estafa sufrida y mucha “rabia” contenida se expresa en el clamor popular. Nace un clamor por un cambio de la Constitución que, con reformas, es la heredada de la dictadura. Los apologistas del neoliberalismo se están quedando sin maqueta, pareciera no haber indicador con resiliencia a este grado de repudio popular.

 

 

 

* Profesor de la UBA,  ex director del CEFID-AR

 

 

 

 

 

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