Hay gobiernos y gobiernos

 

La clase trabajadora es el sector social más expuesto en esta crisis económica, ahora con el duro agregado de una enfermedad pandémica. Es una amarga e histórica desigualdad de clase que puede condicionar nuestros próximos años de la mano del matrimonio de conveniencia de patronales desaprensivas con la deuda externa. La crisis de Lehman Brothers, en 2008, aunque morigerada en sus efectos por las medidas contracíclicas en la Argentina, fue pagada peso a peso por los sectores populares y no por el capital financiero de las grandes corporaciones.

Habrá dos maneras de medir la eficacia política de las decisiones tomadas y por tomarse. La primera es comparando la situación propia con los demás países y la segunda es por los resultados logrados al final de la historia, aunque a veces resulte contrafáctico el ejercicio. No hay duda de que la reacción de Alberto Fernández y su equipo de gobierno está en las antípodas de los discursos de Donald Trump, Jair Bolsonaro o de Boris Johnson. Aunque insuficiente para calificar la comparación con lo más granado del darwinismo político, hay otros elementos que permiten evaluar como correcto el camino elegido. La convocatoria a expertos y científicos junto a toda la oposición política y los gobiernos provinciales dan la pauta de un Presidente de larga recorrida política para priorizar las decisiones. Es deseable el acompañamiento de los principales comunicadores mediáticos porque en situaciones extremas son tan dañinas las fake news que todo lo embarran como los triunfalismos oficialistas antes de evaluar las pérdidas después del combate. Una pandemia no es una oportunidad, es lo peor que le puede pasar a una comunidad de humanos y ello requiere de mucha prudencia y moderación a la hora de lanzar proclamas al aire.

El jueves la agencia Télam publicó un cable según el cual Bolsonaro presentó un plan para permitir a los empresarios que reduzcan hasta la mitad los salarios de los empleados durante el cese de actividades provocado por las medidas de restricción derivadas de la pandemia. La medida provisoria anticipa un decreto que necesita de aprobación del Congreso para continuar en vigor 45 días, sin perforar el valor del mínimo, fijado en 200 dólares al cambio de este miércoles. En la ciudad de San Pablo repudiaron la postura del Presidente, y al igual que ciudadanos de Bogotá y Medellín repudiaron la política de sus gobiernos para enfrentar al coronavirus. Hubo también cacerolazos en Colombia contra la mala gestión de Iván Duque ante la crisis del Covid-19. Italia y España siguen a la cabeza de una larga lista de países a los que se les reclama por la falta de respuestas tras subestimar la gravedad de la situación.

 

 

 

 

La aceleración del fenómeno que está castigando a la mayoría de los países con epicentro en Europa ha provocado la reacción del gobierno argentino que, bien temprano, ha empezado a tomar medidas restrictivas en cuanto a la circulación de personas y aglomeraciones de todo tipo. La víspera del feriado largo y con un centenar de contagiados y muchos casos sospechosos en su haber, en puertas de una previsible ola turística, se ha dictado el aislamiento social preventivo y obligatorio. Claro que en un país con un 40% de pobreza, más de 10% de desocupación, donde cuatro de cada diez trabajadores no tienen cobertura social, las medidas oficiales no protegen de la misma manera a todas y a todos. Las crisis no son vividas por las personas de la misma manera.

 

 

Inyecciones para capear la crisis

Los recortes presupuestarios, los negociados como el paso de Ministerio a Secretaría o las burradas de María Eugenia Vidal para no terminar hospitales en La Matanza o las privatizaciones de sectores enteros de la salud (limpieza y comida, pero también diagnóstico por imágenes, especialistas o cirugías complejas), se pagan con un esfuerzo a reventar de los laburantes de la salud pública, y más aún en la privada. La OIT augura la pérdida global de 25 millones de puestos de trabajo que no entienden de doble indemnización. Cada día aparecen más despidos (en especial de quienes tienen relaciones laborales basura como los monotributistas o los que, directamente, están en negro), finalización de contratos a plazo fijo, abusos por la desinformación originada en expertos mediáticos al servicio de las empresas que proponen no pagar licencias laborales y otras esperables perradas capitalistas.

Según el especialista en noticias gremiales Mariano Martín, el gobierno acordó con la CGT que este mes saldará unos $ 4.000 millones de una deuda total estimada en 10.000 millones de pesos con sus obras sociales por reintegros de tratamientos médicos de alto costo, al tiempo que abrió una negociación por otros 18.000 millones de pesos que los gremios pedirán volcar a sus prestadoras. La crisis por el coronavirus aceleró los tiempos de la discusión y se realizó un encuentro de alto nivel entre funcionarios y dirigentes para diseñar un plan de colaboración de esas entidades de salud con la atención de la pandemia.

 

 

 

 

El gobierno lanzó un paquete de medidas encabezadas por la entrega de un bono extraordinario de 3.000 pesos para las jubilaciones mínimas y, hasta $18.892, un monto que corresponda para llevar esas jubilaciones hasta ese piso, por única vez, por beneficiario, en abril, e incluye al 63% de los jubilados y pensionados y seguido del mismo monto para beneficiarios de planes sociales. El aislamiento social o la cuarentena, o cualquier condicionamiento por razones familiares, no es igual según el bolsillo de cada uno. Pasar semanas de encierro en casas hacinadas con demasiados habitantes, con humedad a puro contrapiso y sin revoque, no es lo mismo que hacerlo en countries o viviendas de lujo. El incremento de las situaciones de agresiones puede ser peligroso en una sociedad permeada por la violencia doméstica. Los alquileres y el pago de cuotas de créditos UVA o prendarios siguen a ritmo urgente. Cuando, además, se le suma la incertidumbre del futuro inmediato, la pura realidad de un ambiente hostil se magnifica. La crisis no debe recaer de nuevo sobre las clases trabajadoras como en 2008 y las que antecedieron, cuando aún la quiebra de Lehman Brothers no ha cerrado su karma de ajuste sobre las clases bajas.

El Ministerio de Trabajo debería ofrecer mucha vigilancia sobre abusos e irregularidades: son necesarios planes de ayuda específicos para apoyar a trabajadores autónomos y pymes para garantizar el mantenimiento de empleos y la ampliación de los servicios públicos. El déficit fiscal debería quedar para la post crisis.

 

 

 

Se trabaja como se puede

El trabajo a domicilio por computadora en un país con wifi deficiente y cortes de luz a troche y moche es casi una ficción. En supermercados o shoppings, empresas de logística, de transporte, call centers, ferias, los laburantes no pueden decidir si van a trabajar o no y llevan riesgo de salud a sus parientes o convivientes. Mientras, un amplio sector de las clases trabajadoras tiene como alternativa perder su empleo o jugársela a enfrentar situaciones de riesgo de contagio porque son los empresarios y sus oficinas de relaciones laborales las que deciden al final quién trabaja y en qué condiciones.

Muchas reformas en las condiciones de trabajo se colaron en los usos y costumbres del empleo en tiempos de neoliberalismo, como los bancos de horas y el pago de cuotapartes del sueldo sólo cuando hay asistencia al lugar de trabajo. Las empresas, inclusive las que ganan dinero a manos llenas, exigen subsidios y préstamos blandos, pero ninguna tiene como centro la protección del salario. Es obligación del Estado intervenir con mano firme en este desborde empresario que empuja a la miseria a millones para defender los ingresos de unos pocos.

 

 

 

 

Respondiendo a los escraches de empleados con miedo al contagio y mucho coraje, el sindicato de Comercio resaltó “la necesidad de ser solidarios y actuar de manera coordinada, en función de las distintas medidas que se están tomando para favorecer el aislamiento social”, teniendo en cuenta en los shoppings “no se venden productos de primera necesidad”. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) pidió este martes a la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) que evalúe el cierre de los grandes centros comerciales, como medida para “desincentivar la concurrencia de personas, evitar su concentración y cuidar a los trabajadores que deben atender sus locales”, en el marco de la pandemia del coronavirus.

La inevitable recesión que genera la pandemia a escala global se verá muy pronto como fenómeno argentino profundizando la crisis. Los sectores más afectados están vinculados a los trabajadores contratados a plazo fijo, changarines, trabajadores del turismo, etc. ¿Los recientes anuncios realizados por Guzman y Kulfas alcanzarán para contrarrestar la tendencia? ¿Llegarán a tiempo para su implementación? El futuro es un signo de interrogación.

Un poco amable comunicado de Swiss Medical avisa que no pagarán sueldo a los empleados que se queden cuidando a sus hijos. Lo mismo pasa en shoppings, bingos, etc. Estos son los empresarios que tenemos. El sector sanitario está en primera línea de la atención médica a los afectados, sometido a un gran riesgo para su propia salud, con estrés permanente, apenas compensado con cerrados aplausos, porque abrazarlos no se puede.

 

 

 

 

 

Esa costumbre de patotear

El sitio del sindicato Unión Informática dio a conocer que la multinacional española Indra rechazó la orden de la Justicia que mandaba la reincorporación del delegado despedido Ariel Santillán. La empresa hace caso omiso de la sentencia y no permite el ingreso del empleado. Habrá multas mientras el caso se prolonga hacia un final «cantado». Al margen del proceso legal que sigue Unión Informática, también se están planificando medidas gremiales en la sede de la empresa. El fallo judicial da por válido el argumento del sindicato en el litigio con la empresa. Santillán, empleado de Indra por más de diez años, delegado gremial y miembro de la Comisión Directiva de La Unión, fue despedido por Indra en noviembre, violando todas las leyes laborales y sindicales argentinas, que establecen derechos y fueros para los representantes gremiales en las empresas.

Miembros del (MTE) fueron detenidos este jueves mientras se movilizaban con familiares y compañeros de la vendedora ambulante Beatriz Mechato Flores hacia la Agencia Gubernamental de Control del barrio porteño de Once. La marcha era para pedir justicia por la muerte de la trabajadora, ocurrida este martes luego de permanecer varios días en terapia intensiva. Desde el MTE responsabilizan a Matías Lanusse, quien fuera coordinador de la ex Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), fuerza de choque que desplazaba y agredía a gente en situación de calle. Finalmente, en la tarde del jueves fueron liberados.

Sin memoria de lo que estamos viviendo estos días y sabiendo que no seremos iguales cuando esto termine, la gran apuesta es pensar colectivamente que estamos asistiendo al sepelio del neoliberalismo global generado para una ínfima y repudiable minoría. El desafío, cuando abramos la puerta de nuestras casas y tomemos la vereda, es que lo hagamos todos en el mismo rumbo.

 

 

 

 

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