Hasta que se derrumbe la pared

 

El jueves 22, el Senado dio media sanción por 36 a 33 al proyecto de ley de ampliación de la Corte Suprema de Justicia, que pasaría a integrarse con 15 miembros. Antes de comenzar la sesión, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina y el Instituto para el Desarrollo Empresarial, IDEA, pidieron a los senadores que no lo hicieran, una opinión que nadie solicitó y que no forma parte de las atribuciones de las cámaras patronales. Un acuerdo del oficialismo con el puntano Adolfo Rodríguez Sáa, el rionegrino Alberto Weretilneck, la neuquina Silvia Sapag, la misionera del monobloque Renovar Magdalena Solari y la cívica riojana Clara Vega, quien completo su viaje de ida y vuelta entre el peronismo y Cambiemos, permitió avanzar, en una sesión a la que no asistió la Vicepresidenta CFK, porque sobraban los votos para aprobar el proyecto.

La oposición recién ingresó al recinto cuando la mayoría formó el quórum que sus bloques intentaron negarle. Horacio Rodríguez Larreta, obligado a sobreactuar posiciones inflexibles para que no se lo coman crudo Maurizio Macrì y Patricia Bullrich, declaró con solemnidad que no permitirían su aprobación en la Cámara de Diputados y acusó al gobierno de buscar impunidad. Aunque la ampliación se puede resolver por mayoría, la designación de los jueces requiere los 2/3, que el oficialismo no tiene. La reciente senadora Carolina Losada preguntó cómo conseguirían nombrar once nuevos jueces si ni siquiera pudieron reemplazar a la única mujer que había en la Corte y que renunció. Esa pregunta soslaya la posibilidad de negociaciones políticas con diversos sectores de la oposición, que crecería cuatro veces respecto de la situación actual. Pero también se refirió a los oficialistas como delincuentes y mafiosos, porque ese es el tono que imponen al debate político. La marcada partidización de la Corte Suprema (integrada por tres peronistas antikirchneristas y un antiperonista liberal), y los tribunales penales federales de la Capital, donde además el 90% de sus integrantes usan corbatas (4 a 0 en la Corte Suprema; 11 a 2 en la Cámara de Casación; 10 a 2 en la Cámara de Apelaciones; 24 a 3 en los Tribunales Orales)  produjo hartazgo, sobre todo en el interior, y esto favoreció la media sanción, con un criterio federal y con paridad de género. La sanción en Diputados no está asegurada y, si se produce, llevará más tiempo. Luego vendría el proceso de designación y confirmación de quienes ocuparían los nuevos asientos, que tampoco sería fácil. Pero en todo caso, se trata de que la política destrabe una situación de bloqueo que oscila entre desvirtuar las instituciones y paralizar su funcionamiento. Durante el debate, Anabel Fernández Sagasti dijo que el consenso que reclama la oposición es que no se toque el tema. Macrì sostuvo que debido a la ampliación de la Corte no vendrían inversiones al país, un lugar común más falso que billete de tres dólares. Con 27 miembros en su máximo tribunal, la Unión Europea debería ser un páramo desierto de inversiones, igual que Francia con sus 18  jueces supremos y sus seis salas,  los 16 de Alemania divididos en dos salas, o Japón donde sus integrantes son 15, lo mismo que en Taiwan. Por no hablar de China, donde los supremos son centenares.

 

 

 

La defensa

El viernes, Cristina concluyó el alegato defensista en la causa de Vialidad, completando la tarea que el lunes y el martes habían desarrollado Alberto Beraldi y Ari Llernovoy. Una versión que circuló en los últimos días afirmaba que esto habría incidido para que dos de los jueces del Tribunal Oral se inclinaran por la absolución de la Vicepresidenta que, por ello, tendría una actitud más comedida que en presentaciones anteriores. Nada de eso.

 

 

 

 

 

 

Con la misma tenacidad que le permitió llegar a la media sanción del Senado, desdeñando los lloriqueos melifluos y los insultos brutales contra ese ejercicio de la soberanía popular, Cristina comenzó precisando que no hablaba por una concesión graciosa del tribunal, que ya le había negado la palabra para responder a cargos nuevos presentados a destiempo, sino en ejercicio del derecho de defensa, al que no tendría acceso una ciudadana común que no fuera abogada. Vapuleó a los jueces, a quienes varias veces se dirigió por sus apellidos y terminó pidiendo el juzgamiento de los fiscales por mentir, no sin antes recordar la promiscuidad de magistrados y representantes del Ministerio Público con el ex Presidente Maurizio Macrì, en Los Abrojos, Balcarce 50 y RPO. "Usted, doctor Giménez Uriburu", remarcó, por si alguien no lo había entendido.

Cuando dijo que los fiscales "quisieron traerme a este juicio de los pelos", tal vez tenía in mente el pédigrée de Diego Luciani, quien luego de un tránsito juvenil por el juzgado federal de Juan José Galeano, fue entre 1998 y 2004 secretario en la fiscalía general de San Isidro, cuyo titular era Julio Novo, un hombre violento, que mató de un disparo en la espalda a un adolescente que intentó robar en su casa y que terminó por ser destituido y procesado por proteger a traficantes de narcóticos. El alegato honra a tales maestros.

 

 

 

 

Cristina asoció el proceso con el ataque a pedradas contra su despacho del Senado y el intento de homicidio en la puerta de su casa, que Clarín mostró con la pantalla dividida la tarde en que Luciani concluyó su show, en una tácita invitación al escrache. Es decir, hizo todo lo que no le convenía, con el absoluto convencimiento de que esa es la verdad y decidida a golpear la pared con la cabeza hasta derrumbarla. Por eso, en el acierto o en el error, es única. Si la absuelven no será por ninguna zalamería ante los magistrados sino por la falta de pruebas en su contra, cree. Si la condenan, habrá quedado en claro que no se debe a ninguna evidencia que forme parte del expediente.

Con citas a la defensa técnica de Beraldi y Llernovoy, basada en la Constitución y las leyes, Cristina presentó la acusación de los fiscales como desconocedora del marco jurídico y de los hechos analizados. Los defensores atribuyeron en forma reiterada "mala praxis" a los fiscales, porque tergiversaron los documentos que ellos mismos presentaban, y llegaron a decir que mentían y quedaban en ridículo. Beraldi y su colaborador dijeron que los fiscales repitieron en su alegato las mismas acusaciones que formularon en 2019, como si en tres años de juicio no hubieran sido desmentidas por documentos y testimonios. En varios tramos mostraron videos en los que se apreciaba el énfasis histriónico de Luciani, y luego las respuestas de sus propios testigos que lo desmentían. Cristina mencionó tres de esos bloopers:

1. El documento presentado por el interventor de Vialidad, Javier Iguacel, según el cual a las empresas de Lázaro Baez se les había pagado todo. La funcionaria que lo suscribe, citada a testimoniar, dijo que firmó sin corroborar un texto que le entregaron redactado porque a partir de la llegada del interventor en un patrullero temía por su cargo. Pero Luciani incluyó el documento en su alegato como si no se hubiera producido ese testimonio que lo invalida.
2. La presunta reunión de la Presidenta con Lázaro Báez en Santa Cruz, pocos días antes de concluir su mandato, para acordar lo que Luciani llamó el Operativo Limpien Todo. Es una mentira, el día que el fiscal señala no estuve en Santa Cruz sino en Bariloche inaugurando la planta de enriquecimiento de uranio, dijo.
3. La incorporación indebida de pruebas de otro juicio, sin control de parte. Entre 26.000 llamadas, encontraron cuatro que mostrarían cierta familiaridad con Báez. Pero se les pasaron las 400 de Nicolás Caputo, que pedía redeterminación de precios.

Como si fuera una clase de derecho constitucional y administrativo, describió la jerarquía de las normas y su imprescindible coherencia: las sentencias, los reglamentos, no pueden contradecir a los Códigos que forman el subsistema del derecho publico y que a su vez no pueden contrariar a la Constitución que está en la cúspide de la pirámide. Aunque nadie puede ser excusado de cumplir la ley por alegar no conocerla, eso ocurre en el Poder Judicial. Por eso "este juicio no encaja en el sistema jurídico argentino".

Agregó que la acusación violó el artículo 1° de la Constitución, que adopta la forma de gobierno representativa, republicana y federal. "Fuimos elegidos por el pueblo, no podemos ser una Asociación Ilícita". Luciani también consideró que nada impide a los jueces revisar todos los actos de los demás poderes del Estado. Los jueces creen que son más que nosotros porque pueden juzgar todos los actos, incluso los de la esfera de reserva, y no es así.

Se preguntó si eso significa que un Presidente no puede ser juzgado. "Si, puede. Dentro de un sistema que es congruente, por juicio político. Juicio político para decisiones políticas, pero también por delito en el ejercicio de sus funciones.  Y además, el pueblo con su voto".

Recordó que ella tenía cinco años cuando se firmó el decreto ley orgánica de Vialidad, como organismo autárquico no dependiente del Poder Ejecutivo, que podía construir obras con las provincias. También reiteró que el juez Julián Ercolini analizó 49 de los 51 contratos con  Santa Cruz, y no encontró delitos. Pero luego, el mismo juez reabrió la causa, con el argumento de que en su primera actuación no fue acusada Cristina. ¿Qué importancia tiene eso, si los hechos no son delictivos? Salvo que se aplique el derecho penal de autor.

La reforma constitucional de 1994 modificó la competencia del Presidente, al crear la jefatura de gabinete, como responsable de la administración general del país, la recaudación de los impuestos y la ejecución del presupuesto, que el Presidente sólo supervisa.  "No hay competencias por omisión, uno es responsable de lo que le compete" dijo. Recordó el testimonio de Roberto Lavagna, quien dijo que si Kirchner hubiera intervenido ante la investigación del órgano de defensa de la competencia por la cartelización de la obra pública, las actuaciones hubieran sido nulas porque eso estaba por fuera de su competencia.

Los decretos aprobados por un órgano constitucional como el Congreso son legítimos, salvo que determine lo contrario un juzgado contencioso administrativo, no penal. Y actos que nadie declaró inválidos no pueden ser plataforma fáctica de un delito. "Este juicio no tiene andamiaje constitucional. Para traerme a mí de los pelos a un juicio, también trajeron a la Constitución Nacional, a los códigos y a las leyes. Esto torna poco serio a un país".

No se privó de comparar su situación con la de Fernando De la Rúa. Mientras el fiscal dice que ella no podía ignorar lo que sucedía en Santa Cruz (pese a que no era de su competencia), al ex Presidente lo absolvieron por los asesinatos de manifestantes el 19 de diciembre de 2001. Pese a que era responsable de controlar la aplicación del estado de sitio que había decretado, el ex juez Claudio Bonadío lo sobreseyó por los cinco homicidios cometidos en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y lo confirmaron Martín Irurzun y Eduardo Farah en la Cámara de Apelaciones, con disidencia del juez Horacio Cattani, y lo ratificó la Cámara de Casación. Todo Comodoro Py adujo que De la Rúa no ordenó la represión, normativamente no tenía posición de garante sobre la forma imprudente del operativo ni el deber de hacerlo cesar. El ejercicio de la administración corresponde al jefe de gabinete, dijeron, y no es prudente extender la cadena de responsabilidades en las estructuras jerárquicas. Eso sería apartarse del principio de responsabilidad y ajeno al derecho penal liberal. Según esos jueces no cabe entender que De la Rúa haya contado mientras ocurrían los incidentes con datos certeros y directos por el comportamiento de subordinados que eran quienes tenían la responsabilidad. "¡Pero se transmitía en cadena, ¿no escuchó las balas y los gritos?"

Cristina concluyó que hasta el 1° de septiembre pensaba que todo eso era para estigmatizarla a ella y al peronismo, para difamarla y proscribirla. Pero ese día se dio cuenta de que desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera haga cualquier cosa. Le destruyeron a pedradas el despacho desde el que hablaba, "y ninguna fuerza de seguridad hizo nada". El caso lo lleva el mismo tribunal que juzga a quienes "apuntaron a mi cara" y al jefe de los detenidos lo defienden asesores de un senador y una senadora de la oposición. "Me siento indefensa. ¿Cómo se sentiría usted, doctor Gorini, si quisieran matarlo y los defendieran asesores de senadores peronistas?"

Ayer, la Vicepresidenta subió a su canal de televisión por YouTube el alegato, ordenado por capítulos. En esta edición del Cohete, Aleardo Laría Rajneri y Lucila Larrandart analizan la paciente y brillante tarea de los defensores, que sacaron el máximo provecho de los instrumentos informáticos que reemplazaron la audiencia presencial, intercalando fragmentos del alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola con documentos o testimonios que los refutan. Para verlo, sólo hay que cliquear aquí,

 

 

 

 

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