HALLAZGOS Y AMENAZAS

 

Un proyectil 9 mm de típico origen policial, con fulminante y munición, estaba intacto en el tercero de los cuatro patrulleros peritados. Se encontró al mismo tiempo que un colgante de piedra turmalina: “Habían abierto una cervecería que se llamaba Turmalina y todos la llevaban colgada. Ese pedacito de piedra aparece en el Toyota”, explicó Cristina Castro.

El hallazgo fue posible a partir de una segunda inspección al patrullero Toyota Etios patente OMP782 de la Policía Local bahiense, el mismo que el 8 de mayo estuvo media hora en la zona donde más tarde se halló el cuerpo de Facundo Castro y en el que, a principios de mes, el perro Yatel del perito Marcos Herrero había olido rastros. Gracias a que la querella pidió que se desarmasen los asientos, esta vez Yatel dio también con el collar de hilo que llevaba el joven.

Si para obtener este resultado se necesitó de dos peritajes, ¿qué se habrá pasado por alto en los primeros trámites?, se preguntan los abogados, que reclaman una nueva revisión de los móviles 23360 (el de la foto con Facundo) y 22788, al que el oficial Alberto González acercó al joven. En un cuarto móvil, la camioneta 49477 de Mayor Buratovich, no había nada.

Una semana antes había sido recobrada la mochila, en la zona donde se encontrara el cuerpo, vista por otro hombre que dijo ser “pescador”, otro sábado a última hora. “Es la mochila de mi hijo pero faltan muchísimas cosas, alguien las tiene”, desconfía Cristina Castro.

Según su abogado Luciano Peretto, el hallazgo se dio “en condiciones escandalosas” y la mochila contenía “la ropa que Facundo llevaba puesta” además de dos celulares y su carnet de conducir. “Unos bolsillos quedaron precintados y la mochila fue llevada en custodia por la Policía Federal (PFA) de Bahía Blanca”, agregó.

 

 

Hostigamientos

En ese contexto, el ex comisario Miguel Angel Reynoso envió una carta documento al querellante Leandro Aparicio para exigirle que “se abstenga de realizar actos o expresiones que resulten ofensivas y agraviantes para los integrantes de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, ya sea en actividad o en situación de pasividad, bajo apercibimiento de considerar su comportamiento incurso en delitos de Calumnias e Injurias conforme los alcances de los artículos 109 y concordantes del Código Penal”.

Este retirado se presenta como secretario general de una “Asociación Profesional Policial Buenos Aires” (Apropoba). Según el CeProDH, “‘Rana’ Reynoso fue jefe del Comando de Patrullas en Mar del Plata, adepto a Pedro Klodczyk, quien fuera cinco años jefe de la Bonaerense” y “en 2017 sonó en reemplazo de Fernando Telpuk como jefe de la Policía Local, lo que no se concretó”.

 

 

 

 

Otra forma de presión se dio el domingo 20, cuando un móvil policial se mantuvo a las puertas de la casa de Peretto, que lo fotografió e ironizó en las redes: “Qué lindo amanecer con un patrullero Bonaerense en la entrada de tu casa. Sacaron cero en el arte de disimular”.

 

 

 

 

 

Lo mismo habían hecho ante la casa de Marcelo Gómez, hermano de la ex novia de Facundo, que se mantiene oculto fuera de su casa, sin poder trabajar aunque con asistencia económica y material de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tanto para su mudanza como para los víveres diarios.

“Hay al menos cuatro testigos amenazados, además de una intensa persecución policial sobre los chicos del Semillero Cultural de Luro, al cual pertenecía Facundo”, señalaron desde la querella.

La Bonaerense hace sentir su presión para que no se sumen testimonios como el de Gómez. “El policía (Mario) Sosa me apretó para que mintiera” bajo la supervisión de Pedro Grilloni, titular de la Subcomisaría en Luro, declaró, y agregó que Jana Curuhinca “caminaba en el pasillo, nerviosa, preocupada y me observaba muchísimo”.

“Pediremos una medida de protección federal”, adelantó Peretto, quien sin embargo destacó los avances en la causa, que relacionó con la designación de los nuevos fiscales Andrés Heim, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), y Horacio Azzolín, jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

 

 

Paliza a una piba

El desembozo policial no se limita a quienes están relacionados con la causa por Facundo. Esta semana, una vecina de Villarino transmitió por video otra denuncia contra la Bonaerense: “¿Qué quiere la Policía, más jóvenes muertos? No les tengo miedo, los voy a enfrentar como lo hizo Cristina Castro”.

Luciana Giménez compartió imágenes de cómo dejaron a su hija de 20 años. “Me la entregaron llena de golpes y moretones en todo el cuerpo”, contó. Recibió trompadas y patadas en brazos, piernas, abdomen y espalda. En el hospital Juan Manuel Sartori “le revisaron sólo la parte superior, así, por encima”. “Mi hija tiene problemas de adicciones pero no tienen derecho”, destacó. “La policía hace y deshace a su antojo. La de Mayor Buratovich acostumbra golpear a los jóvenes. En Buratovich hay droga, sí, pero los mafiosos son la policía, los primeros que están metidos”, dijo.

 

 

 

 

Mientras su hija permanecía detenida en Buratovich no le permitieron verla e intentaron encubrir las torturas que la denuncia adjudica al oficial Salvador Pazos (que vive en Pedro Luro) y a una mujer policía.

“Este es el informe oficial y real, así dice que me entregaron a mi hija en la Comisaría de Mayor Buratovich, golpes aplicados por este policía y su compañera en el turno del domingo 23:30, horario aproximado de la detención”, acusa la madre.

 

 

 

 

La tendencia al autogobierno por parte de efectivos de las fuerzas de seguridad fue tema de conversación entre la gobernación y la Comisión Bonaerense por la Memoria (CPM). El organismo autárquico presidido por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos le presentó al gobernador Axel Kicillof su informe anual El sistema de la crueldad y le planeó su preocupación por la causa de Facundo, en la que interviene como querella institucional. La CPM pidió que el Estado extreme las medidas para garantizar una “investigación rápida, eficaz y transparente” y acompañe a la familia. El encuentro fue evaluado como “muy importante” y ambas partes coincidieron en la necesidad de comenzar a “trazar una agenda de derechos humanos compartida”, señaló la CPM.

 

 

 

 

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