Haití, San Martín y la deuda odiosa

 

La lógica colonizadora de los centros de capital condicionante buscó desde un primer momento adueñarse de América Latina, dominándola de diversas formas de acuerdo a sus intereses, más allá de los principios que se pregonaban y la libertad que prometían.

Haití fue el segundo país americano en declarar su independencia en 1804, después de los Estados Unidos (1776). Ex colonia francesa en la parte occidental de la Isla La Española (Santo Domingo), fue la primera y única revolución de esclavos triunfante en el mundo y que abolió la esclavitud. Su líder fue Toussaint L'Ouverture, cuyo nombre en general ni se conoce.

Lo paradójico resultó ser que Francia –la de la Revolución de 1789 con sus principios de “libertad, igualdad y fraternidad” y una nueva visión de los derechos humanos con la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano– atacó la revolución haitiana y dejó en evidencia que para Europa o los Estados Unidos los principios pregonados valen en la medida que no afecten sus intereses. Haití representaba una enorme amenaza para el sistema colonial, racista y esclavista establecido. Había que tener presente, por ejemplo, que un esclavo era un valor económico y no se podía perder dicho capital, liberándolo. Cruel hipocresía, típica de los centros de poder económico.

Simón Bolívar, contrario a la esclavitud de personas y pueblos, fue quien siempre agradeció a Haití el haberlo apoyado, acogido y vivió un tiempo allí para pensar y llevar adelante su gesta libertadora. La expedición de Los Cayos es el nombre con el que se conoce la invasión que se organizó desde Haití. El militar venezolano zarpó el 31 de marzo de 1816 del puerto de Anquín, llevando 1.000 haitianos de raza negra que se sumaron a la empresa libertadora. Bolívar triunfó ante las fuerzas españolas en la batalla naval de Los Frailes, desembarcando en la isla de Margarita, en Venezuela, desde donde comenzó su campaña acompañado con la fuerza libertadora de los ex-esclavos.

 

 

San Martín contra la deuda odiosa

También desde la idea de libertad integral y respeto a las personas y pueblos que no pueden ser esclavos ni dominados, en el concepto de la verdadera independencia, el General San Martín dio múltiples ejemplos para la historia.

En los artículos adicionales del Estatuto Provisorio sancionado por San Martín en 1821, en su carácter de “Protector de la libertad del Perú”, dispuso que “animado el Gobierno de un sentimiento de justicia y equidad, reconoce todas las deudas del gobierno español que no hayan sido contraídas para mantener la esclavitud del Perú, y hostilizar a los demás pueblos independientes de América”. Dejaba en claro que no debía aceptarse la deuda odiosa, la que se originó para mantener la esclavitud y dominación de los pueblos de América.

Esta clara visión del Libertador no ha sido la que ha bañado después a los pueblos libres de América. El poder económico-político y financiero se ocupó de recolonizarnos y esclavizarlos a través de deudas externas ilegítimas, odiosas, usurarias e írritas. Gran parte de ellas fueron contrarias al bien común de nuestros pueblos, sometiéndolos a nuevas esclavitudes y nublándoles la independencia real y su futuro. Baste referir que ahora Haití, sometido a deudas externas inaceptables, a la corrupción gubernamental que va de la mano de dichos contratos de préstamos y diversas inclemencias climáticas, es el pueblo más pobre y abandonado de América.

 

 

Empréstito Baring Brothers

Mientras San Martín proclamaba que se tenía que terminar con las esclavitudes de todo tipo porque ello no permite desarrollarse a los pueblos independientes, en 1824 a través de Bernardino Rivadavia se contrató en Londres el empréstito con la Casa Baring Brothers por un millón de libras esterlinas. Préstamo del que realmente se recibieron 550.000 libras, o sea casi la mitad, y durante 80 años se terminaron pagando cerca de 4.800.000 libras esterlinas, casi nueve veces más de lo recibido.

 

 

No convalidar deudas ilegítimas

La deuda externa se convirtió desde un principio en uno de los principales condicionantes del desarrollo nacional y en un obstáculo importante para la toma de decisiones políticas autónomas por parte de los gobiernos argentinos. Rodeada de cláusulas secretas y una gran delegación inconstitucional de funciones en el Poder Ejecutivo y falta de control por parte del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

¿Por qué se deben aceptar, sin analizar, deudas que claramente aparecen como ilegítimas, usurarias, odiosas e írritas, que condicionaron y condicionan nuestro futuro? ¿Por qué no se dan a conocer los convenios de deuda con cláusulas secretas, el nombre de los supuestos acreedores en general y el de los escondidos en fondos de inversión, de todos los responsables de firmarlas por la Argentina, el nombre de los intermediarios, las comisiones pagadas y los reales beneficiarios de las operaciones? ¿Por qué no se activan los juicios por responsabilidad penal y civil a los que correspondiere? ¿Por qué la Corte Suprema de la Nación, tan celosa de su independencia, no interviene para declarar nula la delegación de jurisdicción que tienen los convenios de deuda, que nos dejan sometidos a jueces de primera instancia de otros países, como ocurrió con el juez Thomas Griesa de Nueva York, que nos hizo pagar vergonzosamente lo peticionado por fondos buitres? ¿Por qué se nos asusta de las consecuencias de cuestionar las deudas? ¿Hay miedo a que se sepa lo que son verdaderamente? ¿Por qué en el convenio que se propone con el FMI tenemos que rendir cuentas cada tres meses y aceptar funcionarios controlantes del Fondo en lugares centrales de nuestras decisiones económicas soberanas?

Somos un país que reconoce todas las deudas reales y las ha pagado sobradamente, pero no las que –al decir de San Martín– “hayan sido contraídas para mantener la esclavitud”, condicionándonos ilegalmente, como la adoptada por el Presidente Mauricio Macri, que nos vuelve esclavos de los designios de los acreedores por seis generaciones.

Ahora, al someterse el acuerdo con el FMI ante el Congreso Nacional, se da la posibilidad de que el Poder Legislativo que nos representa ordene la suspensión de los pagos, analice el origen, los responsables, el destino y las consecuencias de la deuda de 44.500 millones de dólares. No se puede aprobar una deuda de la que sólo se busca negociar el tiempo de pago con intereses indebidos sin analizar la legalidad del préstamo y el destino del dinero ¿Por qué no se dan los nombres de los beneficiados de la fuga de los dólares que se produjo?

El pueblo quiere saber y no ser obligado a soportar pagos odiosos sólo por el miedo a acreedores inescrupulosos y a los operadores políticos, financieros y mediáticos que los representan. La Patria, en su verdadero destino de libertad e independencia sanmartiniana y bolivariana, nos convoca.

 

 

 

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