Hacete amigo del juez

 

El juez federal Claudio Bonadío tiene un cierto magnetismo con las causas que involucran a personalidades con las que mantuvo algún tipo de disputa. La suerte quiso esta vez que Bonadío se quedara con una denuncia contra el ministro de la Corte Suprema Horacio Rosatti por supuesta evasión y enriquecimiento ilícito. Se trata de una presentación idéntica en objeto y denunciante a la que desestimó el mes pasado su colega Rodolfo Canicoba Corral. Ni Rosatti ni el fiscal de la causa saben qué agregado tiene la denuncia, que ya se filtró por los medios. Lo que nadie olvida es que Rosatti, como ministro de Justicia de Néstor Kirchner, había pedido el jury de Bonadío por no investigar el encubrimiento del atentado a la AMIA-DAIA.

Rosatti es uno de los dos juristas, junto con Carlos Rosenkrantz, que llegaron a la Corte en 2016. Mauricio Macri intentó un desembarco más violento al nombrarlos por decreto, pero la propia Corte frenó la jura y el gobierno debió seguir el procedimiento tradicional para su designación. Como en el máximo tribunal, había un consenso en no dar acceso a sus declaraciones juradas completas, Rosatti lanzó su propia web y las colgó ahí. De hecho, cada vez que alguien pide acceder a la documentación patrimonial de los ministros y de la ministra, es frecuente recibir un correo desde la vocalía de Rosatti, recordando que sus datos están online.

 

La denuncia original

Cinco días después de las primarias, un abogado de nombre Manuel Adrián Rodríguez presentó una denuncia contra Rosatti. Decía que el actual ministro de la Corte habría incrementado su patrimonio entre enero de 2015 y diciembre de 2017 en un 680 por ciento, según ganancias, y en un 700 por ciento, según bienes personales, y que para ello habría falsificado sus declaraciones juradas.

El 4 de septiembre, Rodríguez concurrió a ratificar la denuncia. Sostuvo que había inconsistencias entre los gastos y los ingresos declarados y sugirió que la justicia buscara en las declaraciones juradas presentadas al fisco entre 2008 y 2018.

Para la fiscal Paloma Ochoa, el abogado Rodríguez no aportó ningún dato fáctico por fuera de las declaraciones juradas –que estaban accesibles en la web– y de su propia valoración que permitiera sostener alguna hipótesis delictiva. A simple vista, evasión no podía haber porque Rosatti estaba inscripto con la alícuota más elevada en 2015 – cuando el denunciante sitúa el supuesto inicio de la maniobra. Además, según la representante del Ministerio Público Fiscal, revisar las declaraciones juradas desde 2008, como reclamaba Rodríguez, era hacer una excursión de pesca.

Como no hubo impulso de la acción penal, Canicoba Corral cerró la causa el 15 de octubre.

 

 

El repechaje

No fue fácil en el juzgado 12 – a cargo de Canicoba Corral desde que Sergio Torres se mudó a la Corte provincial – que Rodríguez fuera a ratificar. Fue lo que podía caracterizarse como un denunciante desaprensivo. Por eso les llamó la atención enterarse el martes pasado que había insistido con la denuncia. Oriundo de Luján, Rodríguez trabaja como abogado y como docente en la escuela Juan Vucetich – de la policía bonaerense.

De acuerdo con lo que se conoció por el portal A24 y que se replicó en programas de esa cadena y del canal de aire América, la denuncia es la misma, pero con un agregado digno del guión de la investigación de los cuadernos – que capitanea Bonadío. En esta oportunidad, Rodríguez dijo que Rosatti tenía un chofer de nombre Carlos Vera Colombini. “Este señor ha dicho que fue obligado a llevar y traer dinero por el doctor Rosatti, de un modo similar al que lo ha hecho el famoso chofer (Oscar) Centeno”. Música para los oídos del encuadernador principal.

Vera Colombini tuvo su salto a la fama en agosto de 2007, cuando lo detuvieron mientras manejaba una camioneta Ford Ranger de la intendencia de Santa Fe. Tenía un revólver calibre 32, aerosol y panfletos contra el entonces peronista disidente –y luego renovador– Oscar “Cachi” Martínez. Además, llevaba una campera con la leyenda Martín Balbarrey intendente.

Balbarrey estuvo a cargo de la comuna de Santa Fe entre 2003 y 2007. En ese momento, Rosatti ya había pegado el salto a la política nacional. Primero como procurador del tesoro de Kirchner y luego como su ministro de Justicia, cargo que dejó en 2005 en medio de algunos chispazos con el presidente y otros integrantes del Ejecutivo. Había sido intendente entre 1995 y 1999, y, según sus colaboradores, su chofer se llamaba José Bogner y falleció el año pasado.

 

 

El futuro

La denuncia que ya fue conocida en los medios todavía no llegó a manos del fiscal que debe decidir si impulsa o no la acción penal, Gerardo Pollicita, según pudo saber El Cohete. En 2016, el mismo fiscal intervino en la denuncia que promovió Elisa Carrió contra el entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por supuesto enriquecimiento ilícito mientras pedía su juicio político. Pollicita junto con el juez Sebastián Ramos desestimaron entonces la presentación de la dirigente de la Coalición Cívica.

Ahora Pollicita tiene que determinar si se trata de la misma denuncia que ya había rechazado Canicoba Corral. En caso de que no lo sea, ver si impulsa la acción o si, como su colega Ochoa, considera que no hay más que dudas sin datos por parte del denunciante.

 

 

 

Detrás de todo, AMIA

Cuando Rosatti dejó el gobierno de Kirchner, Bonadío lo esperaba con una citación a indagatoria por las condiciones de vida en las cárceles federales.  Rosatti lo recusó, diciendo que Bonadío lo perseguía penalmente por las acciones que él había tomado como funcionario público. “Vuestra Señoría y el suscripto (Rosatti) han tenido intervención en el caso más importante no resuelto que tiene hoy día la República Argentina. Nos referimos a la investigación del atentado a la AMIA y su posterior encubrimiento”, escribió entonces el santafesino.

Dijo que desde su llegada al cargo había tomado medidas concretas para impulsar la investigación. Entre otras, había reconocido la responsabilidad del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras una presentación de Memoria Activa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Había sugerido al presidente no aceptar la renuncia de Juan José Galeano –el primer juez de la causa—  y había instruido al secretario ejecutivo de la Unidad Especial AMIA, Alejandro Rúa, para que pidiera el juicio político de Bonadío, a cargo de la investigación del encubrimiento del atentado de 1994.

En el escrito de recusación, Rosatti le recriminaba a Bonadío su nulo avance en la pesquisa por el encubrimiento en el que podían estar involucrados funcionarios de Carlos de Menem. Invocaba un nombre: Carlos Corach.

Antes de llegar a la justicia, Bonadío fue en 1992 el asesor de Asuntos Legales de Corach en la Secretaría de Legal y Técnica. En 1996, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo lo nombró como uno de los magistrados que Corach anotó en una servilleta para mostrar sus dominios en la justicia.

Bonadío fue separado tanto de la causa de las cárceles como de la del encubrimiento del atentado. Volvió a hacerse de una causa vinculada a la AMIA cuando resucitó la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, pero el encono entre los dos magistrados nunca se extinguió.

 

Supremos al borde de un ataque de nervios

En la Corte, sitúan la denuncia contra Rosatti dentro de una larga lista de infortunios que vienen sucediéndose desde que el máximo tribunal firmó una acordada para regular las escuchas y ordenar a los jueces que restrinjan al máximo la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en las investigaciones judiciales.

En el cuarto piso, fueron muchos los que recibieron por mensaje de texto la nota sobre la denuncia contra Rosatti, como antes habían recibido una nota sobre supuestas irregularidades en las declaraciones juradas de Rosenkrantz y un posteo acusando a Juan Carlos Maqueda de desmanejos en la obra social.

Pese a que las intrigas palaciegas son la marca de la Corte, no hay nada que haga suponer que el clima esté más enrarecido por la pelea por la presidencia. Rosenkrantz, a quien sus colegas fueron despojando de la mayoría de los atributos presidenciales, tiene mandato hasta el 30 de septiembre de 2021. No es que no quieran arrebatarle la silla antes de tiempo –como sucedió el año pasado con Lorenzetti—, pero el gran escollo es que no hay una mayoría que pueda entronizar a un nuevo jefe supremo.

 

 

 

 

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