HABLANDO DE AJUSTE

 

Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia el 25 de mayo de 2003 planteó un modelo de producción de bienes y servicios en el país con reglas claras de distribución del ingreso (paritarias libres, con un piso mínimo de incremento salarial de inflación más dos puntos, sostenía el Presidente), que se defendiera el mercado interno, que las exportaciones pagaran una retención que permitiera al Estado subsidiar la energía y apuntalar a las industrias para generar mayor valor agregado, y cupo para la venta externa de carne y trigo.

La Argentina crecía, y crecía la industria que se expandió a un promedio del 6,8% anual entre los años 2003 y 2011, según los números del INDEC revisados durante el macrismo por su Director, Jorge Todesca. Pero la burguesía local, la que opera en nuestra Nación, incapaz de comprender la situación, ante la mayor demanda y agotada su capacidad instalada, en lugar de invertir, prefirió hacer el juego que más conoce y que más práctica: fugar capitales. De ese modo no se propuso sustituir insumos que se deben traer del exterior ante la mayor producción nacional, sino ensamblar importando, que es más barato y menos riesgoso que producir en el país. Si a eso le sumamos que la mayor actividad alcanzada durante el kirchnerismo implicó mayor uso de energía, que en parte se debió comprar al exterior, la combinación de menor inversión, fuga de capitales y mayores importaciones tarde o temprano debían ser superadas con un nuevo reordenamiento por parte del Estado. Esto fue anunciado a fin del año 2011 y fue denominado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner como “sintonía fina”, que consistía básicamente en hacer un seguimiento de los costos de producción de las principales industrias y de los principales productos del campo, a la vez de constituir un “mapa fiscal”, que significa ver cuánto recibe una empresa en carácter de subsidio por desgravaciones impositivas, créditos blandos de bancos oficiales, tarifas reducidas de servicios públicos, etc., y cuanto contribuye esa empresa con el Estado y con la sociedad.

El Estado trató de compensar ese proceso de desinversión y fuga de capitales con políticas de mayor impulso a la demanda. No hubiera estado mal si se hubiera realizado simultánea y paralelamente con las medidas de “sintonía fina”. Pero como se anunciaron y no se ejecutaron, la restricción de la oferta generó un proceso inflacionario que influyó negativamente sobre el tipo de cambio real y el poder adquisitivo del salario.

La lógica económica del gobierno que lo sucedió en diciembre de 2015 fue la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficit que ellos mismos generaron con endeudamiento, aprovechando en los dos primeros años de gestión la alta liquidez internacional que, a su vez, fue el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquieran las divisas y fugarlas a posteriori.

El gobierno de Macri solamente podía superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplicó endeudándose y ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado. En ese marco no pueden existir proyectos de inversión productiva, se prioriza la renta financiera a expensas de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico inicial por el ingreso de dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo, como lo demostró la necesidad de acudir al FMI y la magnitud y el corto plazo de los vencimientos de la deuda externa contraída.

Se infería que el nuevo gobierno que lo reemplazó en diciembre de 2019 retornaría al proceso inconcluso de defensa del mercado interno, del trabajo y de la producción nacional, de allí que recibió en las elecciones nacionales del año 2019, 12.900.000 votos. Pero menos de dos años más tarde redujo sus electores en un 45% pasando a obtener 7.100.0000 de sufragio.

 

 

Ajuste fiscal

Dicha respuesta del electorado, desde el punto de vista económico, se debe a que el gobierno priorizó ordenar el fuerte condicionamiento externo y, para ello, realizó y realiza un fuerte ajuste de las cuentas públicas y externas.

En la ciencia económica se entiende por “ajuste” a un conjunto de medidas que buscan terminar con un desequilibrio en las cuentas. Por lo general, el ajuste implica un recorte de los gastos para alcanzar el equilibrio entre los ingresos y los desembolsos. Y no otra cosa es lo que se vino realizando, esencialmente desde el cuarto trimestre de 2020 en que se suspendió el pago de la cuarta cuota del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y se acrecentó el proceso de devaluación de nuestra moneda.

No bien se desató el problema de la pandemia, el Estado argentino realizó ingentes esfuerzos para darle debida respuesta.  Se reconvirtieron hospitales en todo el país, se asistió a las provincias y municipios y se instrumentaron dos planes sociales, el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) que benefició a 8.839.044 personas, el monto desembolsado fue por $ 265.000 millones, pagado en tres cuotas en  2020 de $ 10.000 por persona. Y también pagó la ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) en seis cuotas mensuales, de abril a septiembre inclusive del año 2020, cuyo gasto total fue de $ 226.853 millones (es en pesos pero a un dólar promedio según el BCRA de $ 82,35 para el año 2020, serían equivalentes unos 2.755 millones de dólares) y llegó a asistir con parte del sueldo y disminución a cero de los aportes previsionales a 274.557 empresas y a 2.267.000 trabajadores.

Pero superado el pico de la pandemia generada  y sin prever una segunda ola, se aminoró la ayuda social y el apuntalamiento del mercado interno. Es más, en la Ley 27.591 de Presupuesto Nacional 2021 desaparecen como gastos la ATP  y el IFE .

Sin embargo, sobre ese presupuesto y siempre teniendo en cuenta que la inflación medida por el IPC acumulada en los primeros ocho meses del año 2021 según el INDEC, fue del 32,3%, observamos que los ingresos de la Administración Nacional crecieron considerablemente y cumplen con creces con la meta de recaudación proyectada, alcanzando los $ 7.194.856 millones de pesos en los primeros ocho meses del año (incluida la suma de $ 197.700 millones de aporte solidario - Ley N° 27.605), cifra que representa el 73,27% del presupuesto nacional 2021 (superando los 2/3 que es el promedio matemático).

 

 

 

Pero no así en los gastos, que en conjunto se incrementaron en un 63,69% (siempre contemplando una inflación acumulada del 32,3%) pero en forma desigual, especialmente en Prestaciones de la Seguridad Social que asciende a $ 3.183.024,4 millones en los ocho meses referidos, que representa el 51,8% del gasto total. De allí que, por su alta incidencia en las cuentas públicas, el gobierno no acrecentó dichas erogaciones a sabiendas de que el 60% de los jubilados y pensionados perciben la remuneración mínima o en torno a la mínima.

La otra variable de ajuste ha sido el gasto de capital, fácilmente observable cuando representa el 5,63% del gasto total en el acumulado de los primeros ocho meses del año y estaba proyectado para el ejercicio fiscal 2021 que iba a ser del 9,21% del gasto.

Ambos elementos explican porqué el déficit primario fue del 2,1% del PIB  (y el déficit total del 3,5%) en los ocho meses transcurridos de año 2021, dándole la razón a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando en su carta tras las PASO sostiene que "el año pasado, con ocasión de presentarse el presupuesto, se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021 —situación que no se verificó, como es público y notorio—. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de $420.000 millones. A agosto de este año, a cuatro meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI… más del doble de lo ejecutado y restando sólo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y delicadísima situación social. No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos, pasando por Europa y en nuestra región también: el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia”.

La ejecución base caja del Presupuesto del Sector Público Nacional ha sido exageradamente prudente, solo se han realizado mayores gastos por la compra de las vacunas y el denominado gasto social (planes asistenciales a la población) que ha sobrecumplido en su ejecución porque la estimación original de la Ley 27.591 de Presupuesto Nacional, no tomo en cuenta la segunda ola de Covid-19.

 

 

 

El ajuste externo

La Argentina no tiene un problema de restricción externa comercial, la restricción es financiera por la fuga de capitales y la deuda generada. Es inaudito que un país que tiene en lo que va del siglo XXI un superávit comercial acumulado de 166.281 millones de dólares, tenga una deuda externa pública de 335.356 millones al primer trimestre 2021 (último dato oficial publicado).

 

 

 

Se pone como excusa para no impulsar el consumo de la población que por cada punto que crece el PIB las importaciones aumentan el triple. Pero nada dicen que el PIB estimado por el Ministerio de Hacienda es de 416.111 millones de dólares y las importaciones del año 2020 fueron de 42.356 millones y, este año 2021 se estima que alcanzarán los 46.000 millones. Por ende si el PIB se incrementa en un punto significan 4.161 millones y las importaciones en tres puntos alcanzan los 1.380 millones de dólares. El superávit comercial esperado para este año es de 13.000 millones de dólares, el PIB podría crecer 10 puntos (40.000 millones de dólares) y recién allí las importaciones serían igual a las exportaciones.

 

En síntesis

El gobierno de Alberto Fernández realizó y realiza un ajuste fiscal y comercial que se refleja en la devaluación de nuestra moneda que pasó de $ 62,25 el 10 de diciembre de 2019 a $ 104,50 el 24 de septiembre de 2021. Devaluación que impacta en el aumento generalizado de los precios, esencialmente de los alimentos (y entre ellos la carne vacuna que subió en promedio en las carnicerías 40 puntos más que la inflación y el dólar) castigando severamente a la población, en pos de garantizar el pago de los servicios de una deuda que se tomó a espaldas de nuestro pueblo y que benefició y beneficia a una minoría que fugó capitales y que se debe investigar.

 

 

 

 

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