Habitar el suelo argentino

 

Una política orientada a equilibrar el acceso al hábitat incluye la planificación y gestión democrática del territorio para producir suelo urbano y generar las condiciones materiales apropiadas, con servicios y espacios aptos, para que una comunidad satisfaga sus necesidades y desarrolle sus actividades. Con alquileres cada vez más onerosos respecto al nivel de ingreso familiar, el déficit urbano-habitacional empeora, empujando a grandes sectores de la población a la informalidad en términos de vivienda.

El problema de la economía bimonetaria —al que Cristina Fernández de Kirchner ha aludido en sus últimas intervenciones públicas, insistiendo en la urgencia de realizar un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para abordar el asunto— tiene su ápice en la demarcación de los precios de inmuebles en dólares. El proceso de devaluación “hace que las propiedades sean, por un lado, inaccesibles no sólo para los sectores populares, sino para los sectores medios profesionales”, analizó el subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Pascolini, y, por otro lado, “produce una relación del valor de la propiedad con el alquiler que es no es atractiva para el propietario”, lo que “muchas veces significa que la saca del mercado”. Con la producción de viviendas como forma de ahorro y como reserva de valor, se exacerba la obscena paradoja de que cada vez hay más “casas sin gente y gente sin casas”, como remarcó la legisladora porteña Ofelia Fernández.

Según una encuesta realizada por la Subsecretaría de Hábitat de la PBA, 1 de cada 5 bonaerenses alquila. El porcentaje de hogares inquilinos aumenta y se profundiza en los grandes centros urbanos, superando el 35 % en ciudades como La Plata. Y esta estadística no tiene en cuenta el alquiler informal, en el que no intervienen inmobiliarias. Pero, además, aumenta a pasos acelerados la incidencia del alquiler en relación con lo que una familia gana: el porcentaje de los hogares del AMBA que destinan más de la mitad de sus ingresos a pagarlo creció de un 24 % en 2021 a un 32 % en 2022. Los resultados de una investigación llevada a cabo en noviembre de 2022 por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR/CONICET), la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios (EIDAES) y el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires arrojan que el 63 % de los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires están endeudados y utilizaron esa deuda para pagar el alquiler. Un 35 % de los inquilinos no alquilan una vivienda, sino una habitación, y casi un tercio de los hogares registra más de tres personas por ambiente, es decir, están en una situación de hacinamiento crítico. La precariedad habitacional crece en los hogares cuyo principal sostén son mujeres.

 

 

En la Argentina hay 1.167.737 familias que viven en barrios populares, calificados así por tener al menos la mitad de la población sin título de propiedad de suelo ni acceso regular a dos o más servicios básicos, como agua corriente, electricidad con medidor domiciliario y/o red cloacal. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), casi la mitad de esas familias —571.860 más precisamente— están en la provincia de Buenos Aires. El subsecretario de Hábitat bonaerense destacó que existe un problema estructural basado en un desequilibrio territorial y fiscal: “La Provincia de Buenos Aires aporta el 40 % de casi todo (de la actividad económica, de exportaciones, de producción industrial, de población) y en términos de coparticipación recibe el 20 %”. Su indudable peso, tanto en términos económicos como en existencia de población vulnerable, la convierte en la jurisdicción más perjudicada en el sistema de reparto impositivo, que no obedece a un criterio devolutivo ni redistributivo. El contraste con CABA amplía la desigualdad de manera fenomenal: con solo el 6,7 % de la población nacional recibe el 12,4 % de las trasferencias, lo que se traduce en que cada habitante bonaerense reciba un 44 % menos que sus pares porteños.

“Y, a su vez, Buenos Aires es una provincia que recibe la población que expulsa la Ciudad de Buenos Aires, que expulsa el interior de nuestro país, las otras provincias, y que expulsan los países limítrofes”, evaluó el responsable de hábitat de la cartera que conduce Andrés Larroque. A excepción de CABA, que desplaza a los sectores de menor poder adquisitivo por un proceso de gentrificación, las migraciones suelen estar motivadas por la búsqueda de empleo, lo que genera un aumento de la densidad poblacional en los conurbanos en detrimento del acceso a la vivienda, con la que se contaba en sus ciudades de origen. Así, CABA y ciudades del interior tienen la misma población desde 1950, mientras que en la PBA lo que se destina a la producción de hábitat “es absolutamente insuficiente para el problema que hay”, completó Pascolini.

 

 

Un Estado que retome el asunto

El mapa trazado no justifica las ocupaciones de tierras, pero sí explica su contexto: “El gobierno está generando políticas para darle respuesta a esos sectores que necesitan, pero muchas veces la desesperación de quienes no pueden acceder los lleva a tomar decisiones que son desesperantes —consideró el subsecretario de Hábitat de la Comunidad—, que implican avasallar otro derecho, el derecho de propiedad, pero también vivir en situaciones muy complicadas durante mucho tiempo”.

En lo que va del gobierno de Axel Kicillof, la emergencia habitacional se expresó en dos focos críticos. Uno de ellos fue la toma por parte de alrededor de 800 familias de un predio privado de unas 57 hectáreas en Guernica, partido de Presidente Perón, en julio de 2020. Luego de tres meses de diálogo, en los que el gobierno provincial buscó otras soluciones habitacionales para la mayoría de esas familias o proveyó materiales de construcción para ampliar sus viviendas, la justicia ordenó su desalojo. No obstante, aplicando la Ley de Acceso Justo al Hábitat N.º 14.443, el gobierno provincial acordó con el emprendimiento que iba a desarrollar un proyecto de viviendas allí la cesión por convenio de las hectáreas mencionadas al municipio, como contraparte por la valorización inmobiliaria del lugar. Se trata de una zona que estaba especializada en barrios cerrados: “De 18 hay 17 que están fuera de la norma, lo que quiere decir que la irregularidad no solo alcanza a los sectores más pobres, sino también a sectores con poder adquisitivo alto”, distinguió Pascolini.

El año pasado se licitó la construcción de 853 viviendas de dos y tres dormitorios en el predio de Guernica, con infraestructura para la red de gas, agua, energía eléctrica y una planta de líquidos cloacales. El proyecto incluye la construcción de un colegio con los tres niveles educativos, un centro de desarrollo infantil, equipamiento de salud y seguridad, espacios verdes y la obra hídrica necesaria para incrementar la capacidad del canal que bordea al predio y así evitar inundaciones.

 

 

La segunda expresión del déficit habitacional bonaerense ocurrió en febrero de 2020 con la ocupación del terreno del ex Club de Planeadores de la localidad platense de Los Hornos, un bien inmueble público de 160 hectáreas donde se asentaron más de 2.600 personas. “Son dos circunstancias distintas que tienen en común un Estado provincial que estuvo presente”, sintetizó Pascolini, y agregó: “Ese mismo Estado que, con otro gobierno, vendía los inmuebles del Estado para hacer grandes negocios inmobiliarios, en este caso, destina las tierras del Estado nacional para hacer un proyecto urbanístico popular”. Hoy, luego de tres años de trabajo con la comunidad, hay aproximadamente 1.500 lotes que están amojonados y habitados. El gobierno municipal de Julio Garro acompañó el proceso hasta agosto de 2020 y, luego, decidió alejarse y cuestionar la viabilidad de llevar a cabo el proyecto en la ciudad: “Si no hay coincidencia, es muy difícil ordenar administrativa y jurídicamente la intervención”, observó el subsecretario de Hábitat de la Comunidad provincial.

 

 

 

 

 

 

Misión social

El Plan Integral de Urbanización de Los Hornos incluye una experiencia innovadora, aunque no inédita: la colaboración del cuerpo de ingenieros del Ejército Argentino en la apertura de 4.800 metros lineales de calles y el marcado de 5.565 metros lineales de cunetas. “El Ejército tiene capacidad y tiene competencias para hacerlo”, remarcó Pascolini y lo comparó con los trabajos de potabilización y distribución de agua segura que se encuentran llevando a cabo desde hace dos años para abastecer a comunidades originarias del Chaco Salteño a raíz de la sequía. También, recordó que, cuando fue secretario nacional de Acceso al Hábitat en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, las Fuerzas Armadas realizaron obras de mejoramiento urbano y tendido de servicios públicos en el asentamiento “La Carbonilla” de Capital Federal y en el barrio “Triángulo de Don José” de Florencio Varela.

“Estamos utilizando capacidad que tiene el Estado, en este caso localizada en el Ministerio de Defensa, para poder asistir en lugares en donde es conveniente y es complementaria a la producción que se puede hacer de manera tradicional a través de una cooperativa de trabajo”, manifestó el subsecretario de Hábitat de la Comunidad. El objetivo institucional del Ejército Argentino es “defender los intereses de la nación, contribuir con su desarrollo científico, tecnológico, económico y social y colaborar para el logro del bienestar general de sus habitantes”. En ese sentido, Pascolini subrayó en el convenio firmado no incluye ninguna acción de seguridad, sin embargo, “es el Estado presente en el barrio, no de una manera represiva, porque el Ejército en estas intervenciones no tiene ningún tipo de facultad para intervenir en los conflictos”. Además, aclaró que “la llegada del Ejército fue producto de un trabajo largo con la población que lo fue conociendo y lo fue acordando”.

 

 

 

 

 

 

Derecho a la vivienda

Hay dos abdicaciones históricas que condicionan la producción de hábitat y vivienda en nuestro país. La primera se produjo en la Constitución federal de la Nación Argentina: las provincias, que precedían tal regulación, delegaron algunas facultades a la patria naciente y se reservaron otras, como la administración del suelo y las decisiones en torno a dónde y cómo construir. La segunda —y la más importante—, es la dimisión permanente del Estado frente al mercado, al que le concede las definiciones trascendentes en torno al ordenamiento territorial, involucrándose solo de un modo testimonial.

Resulta imperioso un acuerdo socio-político que instale la vivienda como derecho y no como mercancía. “La educación, la salud y la seguridad, para cualquier persona, piense como piense, son reconocidas como derecho —comparó Pascolini—. Por lo tanto, se entiende que el Estado tiene que garantizar el acceso a ese derecho, a la gratuidad, más allá de los nichos de mercantilización que pueda haber. Y el Estado le asigna a ese derecho recursos muy importantes. Es decir, hay miles de trabajadores en la educación, miles de trabajadores en la salud y miles de trabajadores en la seguridad pública. En el caso del hábitat, eso no ocurre”.

Como plantea David Harvey, la urbanización siempre ha sido “un fenómeno de clase” (2008: 24) [1]. Las ciudades son concentraciones geográficas y sociales de un producto excedente (un plusvalor que, primero, ha sido extraído de alguien o de muchos). Pero, además, el usufructo de los beneficios de la urbanidad se concentra en pocas manos. Si tenés recursos, accedés. La salida, extremadamente compleja en la práctica, es muy simple en teoría: hace falta “mayor control democrático sobre la producción y utilización del excedente”.

 

 

 

[1] Harvey, David (2008). "El derecho a la ciudad". New Left Review, N.º 53, págs. 23-39.

 

 

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