Guiño a la derecha

 

Una vez más, un nuevo y polémico anuncio puso en la mira esta semana a la gestión educativa del distrito que comanda Horacio Rodríguez Larreta. Como continuidad de otras políticas recientes, tendientes a buscar la aprobación del electorado de derecha –que, por momentos,  parece escurrírsele a Juntos por el Cambio para acercarse a las opciones más extremistas–, como la implementación de las prácticas laborales obligatorias en los últimos años de secundaria y la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas, el pasado lunes se informó que se endurecerán las condiciones impuestas a los estudiantes menores de edad para ser considerados “alumnos regulares”. La exigencia se encuentra directamente ligada y condiciona el pago de subsidios para hogares en situación de pobreza e indigencia previstos en el programa social Ciudadanía Porteña.

El plan establece el pago de un monto adicional por cada menor integrante del hogar que se encuentre escolarizado. La nueva medida, que  regirá a partir de septiembre y abarcará los tres niveles –inicial, primario y secundario–, contempla la baja del suplemento en el caso de que los estudiantes no asistan a la escuela regularmente.

“Los chicos tienen que ir a clase todos los días. Y esto es una responsabilidad compartida por el Estado y las familias”, aseguró Rodríguez Larreta en su anuncio, realizado en el Ministerio de Educación porteño, ubicado en el Barrio 31 de Retiro. Lo acompañaron la ministra de esa cartera, Soledad Acuña, su par de Desarrollo Humano, María Migliore, y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel.

Las cifras difundidas por el gobierno porteño indican que el 30% de las y los alumnos de la Ciudad tuvo más de cinco faltas en el último mes, y que incluso algunos asistieron a clases sólo tres días a la semana. Según datos proporcionados por la Asociación Docente Ademys en base a la matrícula total publicada por el gobierno, alrededor de 180.000 chicas y chicos tienen  dificultad para asistir a los establecimientos educativos. Sin embargo, como única respuesta, la Ciudad promueve una medida que alcanza únicamente a 23.600 estudiantes, aquellos pertenecientes a familias con menores ingresos.

Ciudadanía Porteña fue creado en 2005 por la ley 1.878. Entonces la Ciudad estaba a cargo del ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra y la encargada de implementarlo fue la hoy portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien dirigía el Ministerio de Derechos Humanos y Sociales de la Ciudad. El programa busca brindar acompañamiento económico a familias en situación de vulnerabilidad social con ingresos por debajo de las líneas de pobreza e indigencia para garantizarles el acceso a productos de primera necesidad. El subsidio se entrega a través de una tarjeta pre-cargada, emitida por el Banco Ciudad y Cabal, que se utiliza únicamente para la adquisición de alimentos, productos de limpieza e higiene personal, útiles escolares y combustible para cocinar. Dar de baja el adicional implica recortar alimentos y productos de necesidad básica a chicas y chicos.

Ciudadanía Porteña otorga hoy apenas 11.000 pesos a un universo de 41.669 hogares, integrados por 100.057 personas. Los hogares con menores reciben un pago adicional de $5.256,30 por cada uno de ellos si es considerado un hogar pobre, y de $7.884,50 si es indigente. Tan solo 23.686 menores reciben el beneficio. El universo de beneficiarios es pequeño porque pueden aplicar quienes ya perciben otra ayuda a nivel nacional, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En su último informe sobre la situación de los planes sociales en la Ciudad, la Auditoría porteña señaló que pese a que el INDEC ya actualizó la canasta básica alimentaria en junio, el monto extra recibido por las familias aún no se incrementó. Además reveló que, entre 2020 y 2021, el programa llegó a menos beneficiarios de los que estaban pautados y que el gobierno porteño no llevó a cabo “tareas de promoción de reingreso al sistema educativo formal de niños, niñas y adolescentes que hubieran desertado, a través de la gestión de vacantes”.

 

 

 

Mano dura y disciplina

La ley que creó el programa Ciudadanía Porteña indica como co-responsabilidades o contraprestaciones la regularidad escolar, la vacunación obligatoria y la búsqueda de trabajo para los adultos del hogar. Entonces, cabe preguntarse qué tiene de nuevo el anuncio de Rodríguez Larreta. Aquí entra a jugar la delimitación de la “regularidad” escolar.

La resolución 3.732/MEDGC/22, de fecha 29 de julio y publicada el 1° de agosto en el Boletín Oficial porteño, definió cuáles son las condiciones que deberá cumplir un estudiante a partir de ahora para ser considerado un “alumno regular”. Las y los estudiantes deberán asistir un mínimo de 85% de clases por bimestre y no podrán tener más de 25 inasistencias a lo largo del año. De ocurrir, se les quitará la ayuda social. Podrán recuperar la condición de alumno regular luego de haber asistido un mínimo del 85% de días efectivos de clases en el siguiente bimestre y de haber podido abordar los contenidos dictados en su ausencia.

En diálogo con El Cohete a la Luna, la secretaria gremial de Ademys y legisladora porteña por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Amanda Martín, aseguró que detrás de la medida “hay un anuncio de tipo electoral, propagandístico, porque no innova. Sólo modifican algunos aspectos que ya estaban planteados en el reglamento escolar sobre el concepto de alumno regular”. Por su parte, Gabriel Solano, también legislador del FIT y quien presentó esta semana un proyecto en el recinto para que se anule la resolución del Ministerio de Educación, dijo que “se trata de una cuestión meramente política porque ya existía por ley el requisito de regularidad. Sólo cambian parcialmente la definición de ésta”.

En la misma línea, Angélica Graciano, secretaria general de UTE-CTERA (Unión de Trabajadores de la Educación-Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), indicó que “el anuncio es una señal para un sector libertario y de derecha en la sociedad. Horacio Rodríguez Larreta se tiene que mostrar con mano dura y disciplina. Piensa a la escuela como una contraprestación: a quienes no cumplen, les sacan el plan”.

La Auditoría porteña consideró que con la resolución se modifica un aspecto de la ley sin pasar por la Legislatura. La norma que crea el programa obligaba a los padres a presentar un certificado de regularidad escolar de sus niños o niñas cada tres meses. La resolución acota el período a dos meses y define a la regularidad al 85% de las clases.

El anuncio de Larreta se da, además, en un contexto de furiosa crítica por parte de los medios de comunicación y el ala opositora a los planes sociales. Se suma a la tensión producida por la movilización y acampe realizado la semana pasada en reclamo de asistencia por parte de militantes de organizaciones sociales, tras la determinación del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, de que se auditarán los planes nacionales. “Larreta no quiere quedarse atrás y apunta nuevamente contra los más desprotegidos”, opinó Solano.

 

 

 

El tema de fondo

Si bien no existen datos oficiales, se estima que al menos 500.000 estudiantes en todo el país no empezaron las clases en la educación obligatoria este 2022. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que “equivaldría a una niña o niño menos por aula y podría aumentar hasta a 3 adolescentes por clase en el nivel secundario”. En la Ciudad también faltan estadísticas. A principio de año, Acuña afirmó que la deserción escolar en el distrito escaló a 6.500 alumnos desde marzo de 2020, con motivo de la pandemia. Muchos de ellos fueron revinculados, y hoy serían sólo 100 menores los que continúan alejados de la escuela.

Los especialistas en educación, los docentes y las organizaciones sociales coinciden en que la deserción en CABA es mucho mayor y que su principal causa es la pobreza. Las estadísticas oficiales indican que el 33% de los niños, niñas y adolescentes porteños viven en hogares pobres.

Martín reflexionó que “la crisis social impacta y complejiza la vida de los estudiantes y de las familias y muchos chicos deben dejar de estudiar para trabajar”. En tanto Graciano, quien fue directora de una escuela durante muchos años, dijo que “los niños y los jóvenes no dejan de ir voluntariamente a la escuela, más bien todo lo contrario: hacen infinitamente lo imposible para no dejarla. Si dejan es porque están transitando por alguna situación particular. Un chico puede estar enfermo, tener enfermo a los padres, al hermano. Se pueden estar prestando entre los hermanos las zapatillas un día y un día o la familia puede estar transitando alguna dificultad económica y tiene que salir a trabajar”.

En consecuencia, el rol de la escuela y la presencia estatal son dos factores claves para que no se pierdan las trayectorias educativas. Mientras que a principios del siglo XX, el Estado desplegaba dispositivos para poder ampliar una oferta de educación básica para alcanzar a más niñas, niños y adolescentes, en el siglo XXI tiene que buscar otras herramientas porque la deserción está ligada a causas sociales que dan cuenta de la relación directa entre la pobreza, la crisis social y el abandono escolar.

Graciano señaló que “hay que construir un puente entre la escuela y la casa”. Y profundizó: “Para garantizar la escolaridad, deben formarse equipos con trabajadoras sociales, pedagogas, que estén en contacto con barrios. Ese puente tiene que tener todos los recursos disponibles de políticas públicas para proponerles alternativas a las familias. En la Ciudad hoy los recursos y equipos son escasos”. En similar sentido, Cerruti fue una de las primeras en alzar la voz en contra de la iniciativa de Rodríguez Larreta.

 

 

 

 

 

Solano afirmó que “castigar a un chico o a su familia de ninguna manera va a solucionar el problema, por el contrario, lo va a agravar”, mientras que para Martín “la medida no responde a una preocupación pedagógica y menos a una preocupación social. Hay una motivación de ajuste económico y de castigo a las familias pobres, que son víctimas de las medidas que aplica el gobierno”.

El sociólogo especializado en educación e investigador del CONICET Emilio Tenti Fanfani explicó a El Cohete que la deserción escolar hoy se da principalmente en el colegio secundario, y que es elástica. “Sabemos que en quinto año se gradúa la mitad de los chicos, pero la mayoría de las veces retoman los estudios y vemos que entre los 25 y 30 años hay un 75% de jóvenes que han terminado los estudios secundarios”. Por lo tanto, cabe destacar la importancia de los conocimientos que los estudiantes reciben en su paso por la educación formal, que también están atravesados por la condición de clase de los estudiantes.

“En los últimos años los niveles son muy desiguales. Los que tienen más posibilidades de aprender son los hijos de los sectores de la clase alta. Los resultados dependen de la posición que tiene la familia en la distribución de recursos estratégicos, económicos y culturales. Un chico que come salteado, que no tiene garantizada la salud, que vive en un ambiente de inseguridad, que no cuenta con adultos que lo contengan, tiene más dificultades. Los sistemas escolares fueron hechos iguales para todos, pero cada vez es más evidente que no se puede aplicar el mismo método de aprendizaje para todos porque los puntos de partida son disímiles”. La medida punitivista planteada por Larreta para resolver el abandono escolar parece entonces tener como único destino la ampliación de estas diferencias.

 

 

 

 

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