Guerras digitales

 

El gobierno español, conformado por una alianza entre el Partido Socialista, la izquierda de Juntas Podemos y partidos nacionalistas de diversas regiones autonómicas, aprobó en el último mes la denominada Tasa de Servicios Digitales. Dicho tributo busca impedir que las grandes plataformas como Google, Facebook y Amazon logren evadir impuestos a través del desvío hacia guaridas fiscales. La aprobación del gravamen, que supondrá una recaudación adicional de 2.000 millones de euros anuales, se inicia a fin de enero a pesar de que Washington amenazó en forma reiterada en establecer aranceles especiales contra Madrid. El gobierno de Trump exige que los impuestos a las actividades digitales sean abordados en forma conjunta en el marco de la OCDE y del G-20. Francia aprobó una tasa similar, pero pospuso su aplicación hasta fines de 2020 en aras de llegar a un acuerdo multilateral a través de negociaciones que se extenderán durante el año en curso.

A los casos de España y Francia se suman los debates parlamentarios que se desarrollan en la actualidad en la República de Irlanda y en Alemania, donde se estudia incluir como actividades imponibles en términos fiscales los servicios digitales de intermediación similares a Airbnb (ofertas de hospedaje), Glovo (envíos domiciliarios, delivery), Uber (transporte con conductor) e intermediación comercial como Mercado Libre. La inmensa mayoría de estas empresas multinacionales ubica sus beneficios en territorios con baja tributación, en los que sus servicios no cuentan siquiera con facturación. Washington se opone a todas las regulaciones planteadas por la Unión Europea debido a dos factores centrales: por un lado, porque las corporaciones agrupadas en torno a la economía digital tributan sus actividades exteriores dentro del territorio de los Estados Unidos y fragmentar dicha recaudación supondría una pérdida para el balance de sus cuentas públicas. En segundo término, porque una gran parte de las guaridas fiscales son controladas por Washington –como por ejemplo Delaware—, donde la opacidad de las transacciones es derivada hacia el lucrativo comercio de la industria del juego de Las Vegas –tanto presencial como virtual– y a la intermediación de la comercialización de estupefacientes.

Los debates sobre la denominada Tasa Google esconden otro tipo de problemáticas estructurales que las regulaciones soberanas intentan controlar. Los 5 ejes clave de esta contienda, disimulada bajo velados debates tributarios, son:

1. El espionaje político y gubernamental.
2. El monitoreo de la información estratégica.
3. La manipulación de las redes sociales y la opinión pública.
4. La monetización de los datos privados mediante la utilización de la inteligencia artificial.
5. La inteligencia competitiva empresarial.

 

 

 

Cinco jinetes

 

 

 

 

El primer eje se relaciona con la captación de datos estratégicos, básicamente de índole gubernamental, con el objeto de influir en las relaciones exteriores de los países monitoreados. Incluye además el seguimiento de actores políticos clave y potenciales enemigos de las políticas corporativas.

La segunda cuestión está referida al manejo de la información sobre ciberdefensa, inteligencia e investigación militar. Incluye la capacidad de los países para regirse a sí mismos, sin interferencias corporativas extranjeras interesadas en evitar regulaciones limitadoras de sus beneficios. El esquema de globalización triunfante ha legitimado una flexibilidad financiera que les permite a las transnacionales la relocalización permanente, el aprovechamiento de plazas con salarios paupérrimos (de baja sindicalización), condiciones fiscales favorables y estándares ambientales menos exigentes. Las plataformas virtuales recuperan información útil para detectar oportunidades de negocios, impedir cambios regulatorios que los perjudiquen o socavar ventajas de potenciales competidores.

La tercera área de disputa se vincula con la injerencia supranacional de procesos electorales. Eso incluye la estigmatización de candidatos disfuncionales o rebeldes a los intereses monopólicos y la concomitante difusión de las supuestas ventajas de las ofertas y servicios de las marcas transnacionales. Desde una perspectiva más estratégica, esta dimensión busca también desvalorizar todo impulso de la conciencia nacional, deslegitimando cualquier esfuerzo de desarrollo autónomo. Los contenidos dispuestos para cumplir con esta misión consisten en etiquetar como chauvinista, enemigo de la libertad y de la modernidad a quienes se esfuercen por cimentar un camino independiente.

La cuarta remite a la comercialización de datos por parte de las plataformas digitales, convertidos en insumos básicos de la Inteligencia Artificial (IA). Los parámetros brindados por esos flujos de información permiten detectar nichos de oportunidad comercial, cambios de demanda, áreas de vacancia, estados de ánimo y soportes para el marketing personalizado, entre otros conocimientos. El conjunto de estos saberes habilita a las corporaciones monopólicas a realizar estudios prospectivos y modelizar el mercado a su imagen y semejanza.

La última dimensión consiste lisa y llanamente en el robo de patentes, la copia de desarrollos empresariales y la detección temprana de posibles emergentes que limiten la penetración en un mercado determinado. Las plataformas venden a valores exorbitantes estos hallazgos, bajo el paraguas mendaz de I+D (Investigación y Desarrollo).

Todo país o región que posea aspiraciones soberanas, tanto en los aspectos políticos como económicos y culturales, debe afrontar los riesgos crecientes que implican estas plataformas y sus usos al servicio de los intereses concentrados. Para aquellos que suponen que estos desafíos son cuestiones demasiado ligadas a un porvenir lejano, se hace imprescindible citar a Albert Einstein: “No pienso nunca en el futuro, porque llega muy pronto”.

 

 

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