Guadañazos de año nuevo

Despidos en el Conti , el Archivo de la Memoria y Parques Nacionales

Por Juan Manuel Mannarino
James Ensor

 

A la par que elevaban las copas por un nuevo fin de año con sus familias, en sus correos electrónicos acontecía el infortunio. La modalidad de la comunicación fue, en efecto, planificadamente perversa. En muchos casos había sido un mensaje de WhatsApp, en otros un mensaje verbal, en algunos casos ni les avisaron y, finalmente, recibieron la notificación por correo electrónico oficial el último día hábil del año. Así, de esa manera impersonal y cruel, más de un centenar de trabajadores del Centro Cultural Conti, del Archivo Nacional de la Memoria y de la Administración de Parques Nacionales (APN) se enteraron que desde el 1º de enero no iban a continuar en sus puestos.

Fue un recorte más en Parques Nacionales: en un año ya despidieron a 130 personas. “Nuevamente, desde la angustia y la bronca, compañeras, compañeres y compañeros junto a sus familias van a iniciar un camino de lamentos y luchas por subsistir en este país actual, que propone demonizar a trabajadores estatales de organismos fundamentales para las distintas regiones y territorios”, comunicaron en estos días desde la Coordinación Nacional de Delegados de la APN. Entre distintos guardaparques, entre otros, firmaron el comunicado Gabriel Brizuela, delegado del Parque Nacional (PN) Condorito, Región Centro; el técnico asesor Marcelo Rojas, delegado de la Dirección Regional Patagonia Norte; el técnico asesor Alejo Farjoudme, paritario por Brigadistas de Incendio; Andrea Torres, paritaria de Brigadistas de Chaltén del PN Los Glaciares; y Eloy López, delegado del PN Calilegua, Región NOA.

En los primeros días del 2025, aprovechando la inercia del verano y la distracción de las vacaciones, Milei afiló la motosierra con otros sectores del Estado. Los trabajadores del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que funciona desde hace 16 años en el Espacio de la Memoria ex ESMA, fueron notificados el 31 de diciembre a las 14 por WhatsApp sobre su cierre para una presunta “adecuada reestructuración interna”. En el Conti hay cerca de 90 trabajadores y más de la mitad serían despedidos, según admitió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Dentro de la Secretaría de Derechos Humanos el panorama que se traza hacia los próximos meses es de paulatina destrucción. Entre las áreas especialmente dañadas se encuentran los sitios de memoria que funcionan en ex centros clandestinos y el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado. También hay enorme preocupación en el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), donde se custodia valiosa documentación sobre el terrorismo de Estado acumulada desde la conformación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1984 y durante los 40 años siguientes.

 

 

La legisladora porteña Victoria Montenegro, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, denunció penalmente al ministro Cúneo Libarona y al secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, por incumplir la Constitución y la ley 26.691, que en 2011 declaró Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos, y obligó al Poder Ejecutivo a garantizar su preservación. El gobernador Axel Kicillof repudió el “brutal ajuste del Gobierno nacional a las políticas de derechos humanos”.

 

 

Sin piedad con Parques Nacionales

De acuerdo a lo que informaron desde la Coordinación Nacional de Delegados de ATE Parques Nacionales, los nuevos recortes apuntaron a lugares estratégicos, con el despido de trabajadores calificados en la planificación de tareas operativas alrededor de las áreas protegidas, “lo cual, a los que toman decisiones de turno les molesta”.

El desguace en los Parques Nacionales avanza a paso firme, lo que se verifica en la merma de contratos entre fines de 2023 y de 2024. En ese sentido, indicaron los delegados gremiales, para este modelo de Estado poco importan la promoción y protección del patrimonio natural y cultural de las áreas protegidas y “sus zonas de amortiguación junto a comunidades indígenas, organizaciones campesinas y trabajadores de jurisdicción provincial y municipal”.

La historia, de hecho, arrancó con la primera tanda de despidos del 2023, con la no renovación de contratos a trabajadores de hasta 19, 15, 12 y 9 años de antigüedad que se desempeñaban en tareas de educación ambiental, generación de contenidos, comunicación y manejo de redes. En aquella oportunidad, el gremio solicitó una mesa de diálogo con el directorio de la APN y se lograron algunas reincorporaciones de trabajadoras en situación de maternidad o de personal que realizaba tareas de importancia en las áreas protegidas, algo que no casualmente era desconocido por la nueva gestión, dispuesta a avanzar en el desmantelamiento de las dinámicas territoriales locales.

En la segunda tanda de despidos del 2024 fueron aún más perversos. Como primer indicativo, pusieron un examen de evaluación a estatales para la continuidad de sus labores, desconociendo sus tareas de investigación científica. Pese a eso, sin piedad, igualmente no renovaron contrato a trabajadores que aprobaron el examen de idoneidad. Como segundo indicativo no renovaron los contratos amparados en la ley 27.636 del cupo trans, obviando infringir una ley aprobada en el Congreso de la Nación. Como tercer indicativo, por si fuera poco, notificaron la no renovación de contratos a aquellos que estaban transitando licencias por temas de salud. Y como último indicativo, no renovaron a Brigadistas de Incendios, uno de ellos con casi veinte años de antigüedad y en plena temporada de incendios en la Patagonia, con un fuego candente y en expansión en el PN Nahuel Huapi.

 

 

Tras estos nuevos despidos, el gremio ATE pidió una nueva mesa de diálogo al directorio de la APN, que se realizará mañana. Allí exigirán la inmediata reincorporación de los cesanteados. En cada región, hay asambleas permanentes en los lugares de trabajo con campañas de difusión que denuncian el desguace de la nueva gestión, liderada por el presidente del organismo, Cristian Larsen. El panorama es crítico y de incertidumbre, lo que para los delegados gremiales implica un largo plan de lucha.

 

 

En el total de los Parques Nacionales de la Argentina hay poco más de 2.000 trabajadores entre brigadistas, guardaparques, científicos, profesionales, técnicos y administrativos. “Desde las 53 áreas protegidas que conforman el sistema y los diversos sectores técnicos tenemos la función de garantizar la conservación de la biodiversidad, el cuidado de nuestro patrimonio natural y cultural, y planificar el disfrute sostenible en donde ello fuera posible”, señalaron en otro fragmento del comunicado los delegados gremiales. Además, denunciaron que Larsen se encuentra imputado en una causa abierta por la Oficina Anticorrupción por el delito de falta de ética pública. “Buscan vaciar el organismo, destruir su historia, desconocer la importancia y necesidad de la planificación a largo plazo y dejar en la calle a trabajadores con experiencia, capacitación, compromiso y multiplicidad de funciones y tareas en pos de la conservación”, dijo Eloy López, delegado del PN Calilegua, Región NOA.

 

Cristian Larsen con los hermanos Milei y con la ministra Patricia Bullrich.

 

Mientras se consolida la centralización de APN, los trabajadores dejaron en claro que con el recorte de personal quedará en riesgo la gestión del territorio en el día a día, desconociendo su valor como organismo de conservación. Como ningún otro, Parques Nacionales es el único organismo dedicado al cuidado, protección y conservación de los ambientes naturales con toda su diversidad biológica y cultural. “Este gobierno con su desidia y sus cómplices capitalistas ponen por delante las ganancias materiales antes que la Pachamama y toda su totalidad en naturaleza, salud y vida. Nuestras tareas requieren de análisis que trascienden las designaciones de directivos (no idóneos en muchos casos), los gobiernos e incluso nuestra propia existencia. Los tiempos de la conservación necesitan de nuestros mayores esfuerzos para garantizar que el patrimonio, que decimos y promocionamos cuidar y garantizar para las futuras generaciones, realmente se encuentre protegidos, y su aprovechamiento y disfrute sea real y sobre todo ambientalmente sostenible”, se lee en otra parte del comunicado.

Por último, la Coordinación Nacional de Delegados de Parques Nacionales ha lanzado una campaña por las redes sociales denominada “NO DA LO MISMO”. Los puntos principales son los siguientes:

  • NO DA LO MISMO nuestro trabajo si no hay quien, desde la ciencia, en cada área protegida y sector técnico, genere el conocimiento de base y los análisis teóricos que los profesionales y técnicos/as podrán aplicar a sus informes con un plan ordenado.
  • NO DA LO MISMO tener o no profesionales y técnicos/as con quienes brigadistas y guardaparques puedan trabajar en territorio para supervisar, fiscalizar, remediar, relevar y –en gabinete– planificar y consultar.
  • NO DA LO MISMO trabajar sin administrativos/as que conocen los procedimientos y saben cómo garantizar la operatividad y logística, tanto en temas presupuestarios como de tramitaciones, permisos y autorizaciones, entre otras.
  • NO DA LO MISMO prevenir y atacar incendios o efectuar rescates sin brigadistas capacitados/as, bien pagos y con estabilidad laboral.
  • NO DA LO MISMO desconocer la convivencia y el intercambio de saberes en el territorio con comunidades indígenas y campesinas para garantizar viabilidad y contención en el día a día del trabajo de campo.
  • NO DA LO MISMO desguazar el Estado rematando infraestructura y bienes de la APN, que pueden cubrir múltiples necesidades del organismo, o que esperan hace años convertirse en espacios educativos o recreativos para la comunidad.

 

 

 

 

 

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