Grecia esquina Argentina
Del endeudamiento compulsivo como elemento de control
En la última semana el gobierno griego anunció la finalización del programa de rescate y estabilización económico-financiera dispuesto por la troika conformada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE). El lunes 20 de agosto el premier Alexis Tsipras festejó el tercer y último desembolso que implicará el sometimiento a las lógicas impuestas por las políticas neoliberales, aplicadas por los organismos multilaterales de crédito en las próximas cuatro décadas. Las causas de la situación anómala vivida por los griegos y sus consecuencias permiten realizar analogías con la situación argentina.
El último 21 de junio, Atenas recibió la última parte de los 288.700 millones de euros, alrededor de 330.000 millones de dólares, de desembolsos comprometidos, supuestamente para permitir la continuidad de Grecia dentro de la Comunidad Económica Europea. En los próximos 41 años no sólo deberá pagar dicha deuda, con sus respectivos intereses, sino que tendrá prohibido orientar fondos crecientes a los servicios sociales. El denominado Plan de Ajuste Macroeconómico –que deberá cumplimentarse hasta 2060—, supone recortes en los gastos del Estado, ajustes en las pensiones y jubilaciones, privatización de empresas públicas, aumentos de impuestos para los sectores medios y bajos y venta de activos públicos.
La finalización de la tercera etapa de rescate (de unos 15.000 millones de dólares) tiene como exigencia prioritaria la continuidad de la política de austeridad exigida por la lógica financiera del FMI, que difundió el “fin del salvataje” con inusitadas muestras de algarabía en los centros de poder internacional. Estos festejos se explican por la exigencia intrínseca al sistema de control y endeudamiento: la obligación por parte del Estado de alcanzar un superávit fiscal primario (sin contar los intereses de deuda) del 3,5% del PIB de forma continuada hasta 2022 y del 2,2% hasta 2060, con las consiguientes restricciones presupuestarias futuras que exigirán aún más limitaciones en los gastos orientados a los sectores más vulnerables, los más castigados por la crisis.
Al irresponsable endeudamiento y consiguiente pago de tipos de interés usurarios a los acreedores se le sumó la pérdida de ingresos fiscales por fuga de divisas, los desarreglos producidos con la incorporación forzada de la moneda única (el euro) y la descapitalización de las sedes bancarias instaladas en Grecia.
El inicio de la crisis griega de 2007/2008 fue coetáneo con los desajustes en España, Portugal e Italia. En todos esos casos, los bancos habían inflado con créditos las burbujas especulativas, sin evaluar riesgos. Poco tiempo antes de que estas burbujas estallaran, los inversores, los empresarios y los mismos bancos fugaron divisas.
El endeudamiento asumido por el Estado griego fue tomado para capitalizar a esos mismos bancos, sin que dichas entidades (sobre todo las alemanas y francesas) asumieran los costos de sus créditos “basura”. Ante una situación similar, en Islandia en 2008, se dispuso que las entidades financieras asumieran los costos e incluso se sometió a juicio a quienes habían otorgado créditos que de antemano se sabían incobrables.
Mientras que el Estado griego podría haberse declarado en default –al igual que lo hizo la Argentina— y repactar con los acreedores (en lo referido al endeudamiento público), decidió el camino de la austeridad fondomonetarista, similar a la asumida por el macrismo en la actualidad de la Argentina. Un análisis de los desembolsos de la troika hacia Grecia muestra que el 89,7% de los flujos fueron asignados a devolver deuda, pagar sus respectivos intereses y recapitalizar a los bancos.
Los prestamos iniciales fueron otorgados a valores usurarios: 5% anual en un período en que la tasa de interés comunitaria era del 0,2 %. Su consecuencia es que la deuda pública actual alcanza el 178% del PIB. Paralelamente la OTAN le exige a Atenas un sistemático pertrechamiento acorde a la prestigiosa participación en dicha alianza, que debía ya en 2015 superar el 2 por ciento de su PIB. Grecia sobrecumplía con dichas exigencias, en ese mismo año, uno de los peores de la crisis: se ubicaba en el segundo lugar en la lista de los países con mayor gasto militar per cápita dentro de ese club. Como es de esperar, los vendedores de las armas fueron los mismos prestamistas del rescate: Alemania, Francia y Estados Unidos. A inicios de 2018, el premier Tsipras anunció junto a Donald Trump que el 10 por ciento del último desembolso de créditos de la troika se orientaría a la compra de 1.600 millones de euros en armas a Estados Unidos.
El plan de austeridad ha devenido en un auténtico saqueo que incluyó la reducción de los ingresos de los trabajadores en un 38,3 % desde 2007. La tasa de pobreza se ubica en la actualidad en el 22%, cuando en forma previa a la crisis (generada por las políticas financiaristas) no llegaba al 7%. Para mediados de 2018 se encontraban en situación de desocupación uno de cada 5 ciudadanos griegos pertenecientes a la población económicamente activa, al tiempo que se habían puesto en venta 71.000 bienes del Estado, entre ellos 1200 islas y tramos exclusivos de las playas costeras insulares y del continente. A inicios de 2018 el Instituto Nacional de Bienes Públicos ofrecía la isla Omfori en 61,9 millones de dólares, la Dulichium en 49,5 y la Aegean en 43,3 millones de dólares. En febrero de este año la revista germana Der Spiegel informó que el inversor estadounidense Warren Buffett había adquirido la isla de San Tommaso (St. Thomas), con un valor estimado de 15 millones de euros.
El sistema de pensiones (una de las cajas más reclamadas por la mezquindad multilateralizada) redujo poder adquisitivo de los ancianos en un 30 % durante la última década. Una tercera parte del comercio ha bajado sus persianas y la inversión privada se ha restringido en un 60 por ciento. Como contrapartida, en los últimos 9 años, el FMI ha acumulado 5.000 millones de euros de beneficios (por los intereses abonados por Atenas) y el BCE otros 8.000 millones. Además, el instituto alemán para la Investigación Económica de Halle contabilizó una ganancia neta de 100.000 millones de euros (desde 2010 para Alemania) gracias a que los inversores se fugaron de los bonos griegos y se trasladaron hacia los alemanes.
En la Argentina la dinámica del endeudamiento tiene el mismo registro impuesto por los centros financieros: en la actualidad el primer ítem de erogaciones del Estado le corresponde a la seguridad social. El segundo es el pago de la deuda, el tercero son los subsidios y el cuarto los salarios estatales. La austeridad acordada con el FMI por el macrismo ya ha permitido quitarle una décima parte de poder adquisitivo a las jubilaciones y un 20 % a los salarios de los estatales, sobre todo de los docentes. El programa de austeridad, y su justificación para legitimar el empobrecimiento de las grandes mayorías sociales, es lo que Alexander Sack —uno de los más afamados investigadores sobre finanzas internaciones-—denominó “deuda odiosa”, por ser contraída contra el interés general de la población del país y al servicio de los intereses de los más poderosos jugadores de bolsa internacional.
La Argentina no tiene tantas islas como Grecia y las pocas que tiene están ocupadas por un miembro de la OTAN. Pero en nuestro territorio hay recursos naturales que las grandes corporaciones ven con avidez. La deuda, en última instancia, es funcional a dos objetivos centrales: la posibilidad de agenciarse esos recursos y –paralelamente— contar con amplias masas de población dispuestas a vender su fuerza de trabajo a valores ínfimos a los codiciosos inversores, asociados con sus colegas locales, CEOs de un poder ejecutivo dispuesto a convertirnos en Grecia.
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