Gracias a la cuarentena

 

Uno de los primeros beneficios comprobables de la cuarentena decretada por el Poder Ejecutivo fue impedir que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernando Rosenkrantz, y su predecesor, Ricardo Lorenzetti, se tomaran a golpes. La tensión entre ellos ha superado cualquier precedente y sumido a la Corte en una crisis difícil de superar. El tribunal está fragmentado en cuatro. Por un lado, Rosenkrantz junto con Horacio Rosatti, quien fue nombrado en comisión en la Corte por el ex Presidente Maurizio Macrì en la misma lechigada que CFR. Por otro Lorenzetti y, hartos de todos ellos, pero cada cual por su lado, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.

Ni siquiera ante la grave emergencia del coronavirus los dos gallos judiciales de riña han bajado el tono de sus cuestionamientos recíprocos, que no pueden disimular. El viernes 13, el diario Clarín (del que Rosenkrantz fue abogado hasta 2015) informó que el presidente de la Corte le reclamó “al juez federal Ariel Lijo que tome medidas para probar la falsedad de un WhatsApp anónimo donde se lo acusa de tener cuentas en Panamá”. Según el diario, “Rosenkrantz descartó que esta nueva operación en su contra provenga del Presidente Alberto Fernández” y dijo que “tengo una sola conjetura”.

No es imposible imaginar cuál es esa hipótesis. Lorenzetti fue quien le informó al Poder Ejecutivo de la existencia de la denuncia, antes de que el fiscal Federico Delgado y Lijo decidieran investigarla. Esto fue parte de su ofensiva para recuperar la presidencia del tribunal, que ejerció durante más de una década, y que culminó con un desprestigio de la Justicia sólo comparable con el que llevó a las movilizaciones exigiendo “que se vayan todos” en 2001. Entonces, ninguno de sus actuales jueces integraba la Corte. La respuesta que le hizo llegar Fernández fue que, si tenía los votos dentro de la Corte, no necesitaba de su ayuda y que, si no los tenía, él no haría nada para modificar esa voluntad colegiada. La información sobre las cuentas secretas también llegó a esta nave, que no la publicó porque dudó de su veracidad y, aunque se comunicó con intermediarios financieros que se encargan de canalizar fondos negros hacia guaridas fiscales, no pudo comprobarla en forma irrefutable. La presentación de Rosenkrantz dice que se lo acusa “con absoluta falsedad y ninguna evidencia que lo avale". Agregó que nunca cobró un soborno y que todos sus bienes están declarados en el país. Según el magistrado, "la denuncia tiene el solo propósito de afectar mi reputación y de hacerlo durante el tiempo más largo posible. En efecto, el atribuirme el burdo hecho de haber abierto a nombre propio 71 cuentas en distintas jurisdicciones seguramente responde a la aspiración del anónimo denunciante de mantener abierta esta causa durante un tiempo prolongado". Rosenkrantz reitera que la denuncia es anónima, lo cual no le permite “accionar por el delito de falsa denuncia”. El artículo del matutino, tan anónimo como la denuncia contra su abogado, aduce que “desde hace meses dirigentes y medios K lanzaron una campaña contra el presidente de la Corte. La semana pasada, el máximo tribunal desmintió la adquisición de un servicio por 6,3 millones de dólares a la empresa Oracle, por un supuesto consejo del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz”. En la misma nota, dice que “la Corte en su conjunto desmintió una información publicada en el portal El Cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky, respecto a un supuesto plan para contratar sin licitación un sistema informático para el Poder Judicial”.

Esta afirmación de Clarín es lisa y llanamente falsa. Lo ponemos en negrita, como hacen ellos por la justificada desconfianza que tienen en su capacidad de comunicación por medio de la lengua castellana. La Corte no desmintió nada, pese al pedido de Rosenkrantz a sus colegas. Ante la negativa que recibió por parte de quienes habían escuchado de sus labios la propuesta de Oracle, Rosenkrantz redactó una declaración unipersonal y en la madrugada del sábado 29 de febrero consiguió que también la firmara el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones. En realidad, este texto de apuro confirmó que Oracle propuso migrar las bases de datos que actualmente se encuentran en el LEX 100 a un nuevo equipo informático que "fuera adquirido por la Corte Suprema con el propósito de contribuir a mejorar el funcionamiento del sistema" de ese software. Sólo agrega que Oracle envió la propuesta "sin una oferta formal" y que la Corte “se ha comprometido con el Consejo de la Magistratura a prestar colaboración para llevar adelante la migración de las bases de datos al nuevo equipo informático".

Eso tampoco es cierto. Los documentos que se publican a continuación prueban que sí se trató de una oferta formal, por la que se abrió un expediente administrativo, y que incluso menciona la cifra que reveló El Cohete, 6,3 millones de dólares.

 

 

 

 

 

Los informes técnicos solicitados como planteó el Consejo de la Magistratura a la Dirección General de Tecnología, a la Dirección General de Seguridad Informática y a la Dirección de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indicaron que el mismo sistema podía ser diseñado por el personal de esas dependencias, sin costo para el Poder Judicial. Esa respuesta, más la publicación del asunto en El Cohete a la Luna, forzó a Rosenkrantz a dar marcha atrás, que es el título de la segunda nota que publicamos al respecto. Rosenkrantz había alegado la urgencia. Pero Oracle afirmaba que podía completar la instalación en cuatro semanas, y los técnicos de la Corte requerían seis. A razón de 3,15 millones de dólares por semana, ni el estudio más caro de Wall Street valora tanto su tiempo.

Un dato fundamental es que la oferta de Oracle fue presentada a principios de noviembre de 2019, cuando aún gobernaba el presidente que designó a Rosenkrantz como su delegado en la República Autónoma del Cuarto Piso. Y el apagón informático se produjo en enero de este año, dando el pie para que Rosenkrantz llevara la propuesta formal de la compañía al Acuerdo de la Corte Suprema.

 

 

 

Vendedores de humo

Desde que asumió la presidencia de la Corte, Rosenkrantz dispuso que el suyo fuera el primer voto en todos los casos que pasan por la secretaría N° 7, de Asuntos Aduaneros, Tributarios y Bancarios. También designó como nuevo titular a Gustavo Naveira, desplazando a quien había ganado un concurso para el cargo. Naveira venía de desempeñarse durante dos décadas como subprocurador fiscal en la Procuración General. Los negocios son la pasión de Rosenkrantz, cuyas peroratas versan sobre los grandes principios. En diciembre, consiguió que se asignaran a esa secretaría seis nuevos cargos con rango de juez, en detrimento de secretarías con mayor carga de trabajo, como previsional y juicios originarios.

 

 

 

 

Como informamos hace dos semanas, Rosenkrantz dispuso abrir un recurso que, de acuerdo a los usos y costumbres, debería haber sido rechazado porque no iba contra una sentencia definitiva: el que interesa al duopolio tabacalero (la estadounidense Phillips Morris-Massalin Particulares y la inglesa British Tobacco Nobleza Picardo) contra la pequeña productora nacional Tabacalera Sarandí.

• Desde hace medio siglo, los dos gigantes sajones concentran más del 90% del mercado, proceso que el gran periodista Rogelio García Lupo describió con un título magistral: “Cómo nos fumaron la industria del tabaco”.
• En la crisis de fin de siglo, Sarandí logró captar una pequeña fracción del mercado, con marcas de bajo costo, para consumo en los barrios más pobres del conurbano bonaerense.
• Pero en 2017 Maurizio Macrì, acudió en auxilio del duopolio, al promulgar una ley de impuestos internos que rebajó los gravámenes para Philips Morris y British Tobacco y los aumentó para Sarandí.
• La fábrica local consiguió una medida cautelar que la eximió del aumento sobre sus marcas, la AFIP apeló y el caso llegó a la Corte, donde Philips Morris y British Tobacco figuran como “terceros interesados”.
• Por indicación de Rosenkrantz, el secretario Naveira en vez de recomendar el rechazo del recurso, propuso solicitar opinión a la Procuración General.
• La Procuradora de Derecho Público no Penal, Laura Monti, dictaminó por el rechazo de la cautelar. Es la misma funcionaria que se pronunció en favor del tarifazo del gas y el blanqueo de capitales por los familiares de Macrì.

 

 

 

• Rosenkrantz apoyó con su primer voto el dictamen de Monti.
• Debería haberse excusado, porque su hija Julia trabaja en el estudio Marval, O’Farrell y Mairal, que representa a Philips Morris en todas las causas tributarias, aunque no en esta, oh casualidad.
• En representación de British Tobacco aboga Alberto Tarsitano, quien habitualmente comparte asuntos con el socio histórico de Rosenkrantz, Gabriel Bouzat, aunque no éste, oh casualidad.
• Naveira, quien redactó el borrador contra la cautelar por indicación de Rosenkrantz, contrató como secretaria letrada a Diana Queirolo, la abogada patrocinante de la AFIP contra la cautelar de Tabacalera Sarandí.

 

 

 

Feria o días inhábiles

La siguiente trifulca giró sobre la respuesta del Poder Judicial ante la pandemia.

 

 

 

 

Lorenzetti postulaba declarar feria judicial por el lapso de aislamiento que decretara el gobierno nacional. Rosenkrantz se oponía, porque cree que la emergencia le podrá permitir ejercer alguna forma de liderazgo. Inicialmente, Rosenkrantz consiguió que la Corte declarara días inhábiles. Pero Lorenzetti presionó para que se revocara esa decisión. Se sirvió para ello de sendas declaraciones de la Asociación de Magistrados y de uno de los gremios judiciales y protestó ante sus pares que lo habían engañado, porque durante la discusión previa esas asociaciones fueron invocadas en contra de la declaración de feria. Por último, el viernes 20 se dispuso la feria extraordinaria y se designó como juez a cargo al propio presidente del tribunal. Asistido por su fiel Agustín María Casares, Rosenkrantz rocía con Lysoform los expedientes que sus empleados acarrean sin medidas especiales de protección. La asesora de imagen de Lorenzetti, María Bourdin, ya colocó dos notas del ex presidente en Infobae. En la última de esas colaboraciones, el jurista de Rafaela le dedicó un párrafo mordaz a Rosenkrantz: “El egoísmo lleva a algunos a creer que pueden salvarse solos hundiendo a los demás, o a poner en riesgo a todo un pueblo porque relativizan el problema. A veces se prefiere mantener la actividad priorizando el dinero o la apariencia del trabajo y aún sabiendo que tendrá un costo para los demás. En este momento todos somos vulnerables, pero a pesar de eso hay quienes prefieren ignorarlo”. En otra nota, sin firma, el mismo portal adujo que, de ampliarse la Corte Suprema, la integraría la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Nadie lo ha considerado, pero de este modo, la dupla Bourdin-Lorenzetti asusta a los propios, como Juan Carlos Maqueda, quien no se opone a la ampliación.

 

 

 

Cáscaras vacías

Cuando concluya la emergencia (cosa que con alta probabilidad no ocurrirá antes de un mes) y si los tribunales recuperan la normalidad, Rosenkrantz deberá enfrentar otra situación escandalosa, por su posición en favor de uno de los mayores grupos económicos del país, en contra del fisco. Se trata del aprovechamiento de los convenios de doble imposición para no tributar en el país por sus ganancias de fuente extranjera. El caso en el que Rosenkrantz ya inicialó una propuesta del secretario Naveira, favorece a Molinos Río de la Plata (del grupo Pérez Companc), en contra de la AFIP. Pero su alcance es mucho mayor, porque ese régimen también aseguró privilegios fiscales a las principales mineras y cerealeras del país, a la tabacalera Massalin Particulares, a directivos y accionistas de Aluar, Arcor, los bancos Patagonia y Macro y First Data, la empresa que hace la facturación de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, que utilizaron mecanismos de elusión tributaria similares, por centenares de millones de pesos.

La maniobra fiscal consistía en la creación de Sociedades Plataforma de Inversiones en Chile (país con el que la Argentina tenía un convenio que limitaba la doble imposición de la renta) a las que se distribuían los dividendos de otras sociedades que Molinos tenía en el Uruguay y el Perú. Esas sociedades son una cáscara vacía, un mero domicilio fiscal. Esa ganancia realizada por una empresa que tiene su establecimiento permanente en nuestro país, no tributaba a ningún lado de la Cordillera. La colaboradora del Cohete Verónica Grondona Olmi publicó una muy seria investigación sobre el tema.

Cuando la AFIP detectó el mecanismo, durante la presidencia de Cristina, el país denunció los convenios internacionales con Chile, Suiza y España. En la justicia, el caso siguió rumbos penales y administrativos. La familia Pérez Companc fue sobreseída por la jueza todo servicio Sandra Arroyo Salgado y por la sala Flybondi de la Cámara de Apelaciones de San Martín. En cambio, tanto el Tribunal Fiscal de la Nación como la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo fallaron en favor del fisco. Hasta que el caso llegó a la Corte Suprema.

En 2016  la Secretaria Judicial N° 7, a cargo entonces de Sergio Nápoli, propuso a los ministros el rechazo del recurso extraordinario, ya que al haberse derogado el convenio, carecía de trascendencia constitucional. Sostenía también que por tratarse de una cuestión de hecho y prueba, no correspondía a la Corte determinar si se trataba de una maniobra elusiva o de la legítima opción por un régimen más benévolo. Pero sugirió también una opción b, más conservadora: dar vista a la Procuración General porque estaba cuestionada la inteligencia de un tratado internacional, uno de los tres casos que el artículo 14 de la ley 48 habilita a la Corte para intervenir.

El asunto ingresó a la Procuración General en 2017 y aterrizó en el despacho del fiscal general adjunto Gustavo Naveira, a quien Rosenkrantz recién llevó a la Corte Suprema en 2018. Según el proyecto de Naveira, la Procuradora fiscal Laura Monti señaló que los beneficios del Convenio de Doble Imposición no pueden condicionarse a la aplicación de una cláusula “antiabuso”, que la ley argentina exige pero el tratado internacional no. A su juicio “no es reprensible el esfuerzo honesto del contribuyente para limitar sus impuestos al mínimo legal, es decir que el ahorro impositivo legítimo, por sí, no resulta cuestionable”. El dictamen redactado en la Procuración General por Naveira a favor de Molinos, recaló en la secretaría judicial de Naveira, quien en vez de excusarse suscribió su propio texto. Dijo para fundamentarlo que el principio de la realidad económica, que la Corte sostiene desde 1973 en el célebre caso Deltec (redactado por Héctor Masnatta y Horacio Arístides Corti) no puede oponerse a un tratado internacional. El proyecto circula con la inicial de Rosenkrantz, quien en una de sus clases magistrales ante la Corte sostuvo que el tribunal debía honrar sus anteriores decisiones, para no girar como veleta al viento. En la causa “Potrerillo”, de 2017, Rosenkrantz alegó que el principio de la realidad económica es la pauta de interpretación que habilita a determinar “cuál es el hecho imponible en todos los casos en los que se compruebe, más allá del esfuerzo honesto del contribuyente para limitar sus impuestos al mínimo legal, que las formas jurídicas utilizadas no coinciden con las estructuras que el derecho ofrece para instrumentar su cabal intención, con independencia de que hubiese existido ánimo de evasión”.

Más allá del caso en sí, la apuesta de Rosenkrantz es a la modificación de una jurisprudencia que desde hace casi medio siglo protege el interés colectivo frente a la codicia corporativa.

 

 

La música que escuché mientras escribía.

 

 

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