Golpearon arriba y abajo

 

Los presos del penal de Villa Gorriti no estaban en huelga de hambre como informó El Tribuno de Jujuy. Tampoco reclaman domiciliarias como informó el gobierno de Gerardo Morales. El fin de semana pasado, un oficial y un suboficial del Servicio Penitenciario habían sido aislados por Covid-19. Junto a ellos, las autoridades del penal aislaron a cuatro detenidos: tres realizaban tareas de fajina con la limpieza del baño de los oficiales y otro atendía el kiosco del penal. El resto de los detenidos comenzó a saber la noticia. Pidieron explicaciones. No se las dieron. Les dijeron que no había contagios. O había uno sólo. En esas condiciones se desató el motín, sin antecedentes en la historia de Jujuy ni en número ni en muertes. La protesta alcanzó a un número de entre 300 y 400 personas de tres pabellones. Y la violencia dejó dos muertos que, según los testimonios recogidos por El Cohete, fueron consecuencia de las balas de goma utilizadas por el Servicio Penitenciario y del cuerpo de Infantería de la Policía que entró para golpear.

Uno de ellos murió con un perdigón de supuesta bala de goma en el cuello. Y el otro por una contusión en el tórax producto de los golpes. Sus nombres son Marcelo Montenegro y Dardo Vicente Yapura. Pese a haber firmado un acuerdo para cesar la protesta sin represalias, esa misma noche las autoridades del penal tuvieron a quince detenidos en aislamiento y a otros retenidos en el patio del penal bajo la helada. Hubo decenas de heridos. Debieron ser cosidos arriba de los escritorios del penal porque no había camillas. Y heridos con traumatismos múltiples producto de golpes, quienes sólo comenzaron a ser trasladados al Hospital Pablo Soria cuando llegaron las autoridades del Ministerio Público de la Defensa.

 

 

 

 

 

 

El confuso relato de lo que ocurrió en Jujuy el jueves sólo pudo ser reconstruido por este medio después de innumerables contactos. Las autoridades mintieron. El secretario de Seguridad, Ekel Meyer, dijo a la prensa que los detenidos “al final, el acuerdo que firmaron no reclamaron situación de Covid, sino otras condiciones de su estadía y de sus causas, que no se les aplique sanción para legajo y permisos de salidas transitorias”. El juez de ejecución penal Carlos Cattan nunca respondió los innumerables pedidos previos de los presos para revisar las condiciones sanitarias de la cárcel, ni respondió los pedidos de por lo menos 20 domiciliarias que sólo están a la espera de su firma de personas que están en condiciones de irse a su casa con acuerdo fiscal desde hace semanas. Tampoco hizo cumplir el acuerdo firmado con los detenidos para el cual se constituyó en el penal, ni se detuvo a garantizar la investigación por los muertos y heridos que dejó en manos de uno de los fiscales que depende de Sergio Lello Sánchez.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por este medio, la protesta tiene una historia larga y otra corta. La larga comenzó hace veinte días con una resolución del fiscal general Lello Sánchez que obliga a los detenidos de todas las comisarías a trasladarse al penal de Villa Gorriti para hacer las indagatorias desde ahí, por video conferencia. Una medida que se produjo en paralelo al aumento del brote de Covid en la provincia que en sólo en los últimos 30 días trepó a 640 casos, una parte de ellos focalizada en la Policía y los grupos de seguridad.

El traslado de presos para entrevistas a la cárcel de Gorriti aumentó un malestar más general. Ya en abril, la Cámara de Apelaciones de Jujuy ordenó a los jueces de ejecución –en este momento hay sólo uno, Cattan— hacer cesar el agravamiento de las condiciones de detención de los presos de riesgo en el contexto de Covid-19 a raíz de un pedido de la Defensora Penal Ivonne Haquim y un amicus curiae de ANDHES, que el viernes volvió a presentar un amparo. En aquel momento, los jueces Maria del Rosario Hinojo, Claudia Cecilia Sadir y Lucas Grenni señalaron que las condiciones de hacinamiento y superpoblación carcelaria representaban “una tormenta perfecta que enfrenta a nuestro Estado a una catástrofe humanitaria y los ciudadanos privados de libertad que pertenecen al denominado grupo de riesgo, a un elevado riesgo de morir".

Gerardo Morales cerró los penales en marzo. Prohibió el ingreso de familiares. Y abrió las comisarías para los nuevos detenidos. Allí está la población también desbordada que empezó a ir en tránsito a Gorriti para las audiencias con comisarías, un escenario que atribula a defensores y detenidos.

Finalmente, también las familias empezaron a quejarse. Con visitas prohibidas, estaban preocupados por las condiciones sanitarias y de bioseguridad. Debían dejar a sus parientes material básico para el aseo como jabón en pan y lavandina que deben entrar en envases transparentes ante autoridades que les ponen todo tipo de trabas.

Ese es el contexto mayor del motín del fin de semana. El más corto tiene que ver con los contagios que hubo pero que las autoridades se negaron a admitir. A través de los medios, los detenidos sabían que se había dispuesto un aislamiento entre integrantes del SPJ. Y adentro de la cárcel supieron que por lo menos dos de ellos estaban ahí. Un celador y un suboficial, según la información que supo este medio. Pero las autoridades sólo les confirmaron uno. También aislaron a cuatro detenidos, pero también les negaron conocer esa información. La desinformación y la mentira generaron pánico y miedo.

El jueves a las tres de la tarde mientras un grupo hacía actividades deportivas, cuatro subieron al techo para iniciar la protesta. Según explican, un grupo de penitenciarios intentó doblegarlos. Eso disparó la protesta masiva: los integrantes del Pabellón 3 que eran unas 23 personas buscaron subir al techo mientras la protesta escaló hasta sumar al Pabellón 5 y 7, con un total de entre 300 y 400 personas.

 

 

 

 

 

 

La provincia desplegó a las fuerzas de seguridad, entre ellas el cuerpo especial de la Infantería. Por lo menos una de las personas muertas habría caído del techo con un disparo de bala de goma en el cuello. El otro tuvo una contusión en el tórax producto de los golpes que según los testigos habrían provenido de la Infantería. Los detenidos dijeron que “golpearon arriba y abajo”. Arriba de los techos y a los que estaban abajo en el penal. Eso quedó en evidencia por la cantidad de heridos. Luego de una primera resistencia de parte de las autoridades, unos trece pudieron ser trasladados al hospital Pablo Soria entre las siete de la tarde y las ocho de la noche donde ingresaron con traumatismos y fracturas múltiples y golpes. Otra parte fue atendida dentro de la unidad sanitaria del penal en el que como no alcanzaban las camillas debieron ser colocadas arriba de los escritorios para curarlos.

 

 

 

 

A las 18.30 ingresó al penal el juez de ejecución Carlos Cattán a pedido de los presos. Y se atribuyó la negociación para frenar el motín. Los detenidos firmaron un acta de compromiso en la que exigieron que las autoridades del penal no ejerzan ningún tipo de represalia. El juez informo eso mismo a las familias en la puerta y lo repitió ante los medios. Sin embargo, la medida no se cumplió. A la noche, 15 detenidos fueron colocados en celdas de aislamiento. Y las familias que permanecieron en la puerta del penal hasta las doce de la noche vieron que a otros los colocaron en el patio.

A la noche estuvo en el penal el fiscal Ariel Carlos Urquiola, a cargo de la reconstrucción y de la investigación sobre las muertes. Según testigos, estaba realizando las primeras medidas de observación en el lugar. El lunes y martes será el turno de las autopsias. Este medio no pudo saber si se quejó de las condiciones en las que estaban los detenidos a esa hora, pero era una situación de la que debió haber sido testigo.

Los organismos de derechos humanos de Jujuy, organizaciones sociales y gremiales anoche circulaban un comunicado aún en borrador. Allí señalan que los familiares hablan de heridos, golpes y que aparentemente a varios los habrían tenido desnudos y de rodillas en el patio del penal. Esta es una práctica de los años de la dictadura. Y en agosto de 2013 también fueron sometidos a estas prácticas trabajadores y trabajadoras estatales movilizados.

Morales terminó la jornada ante la pantalla del COE con sus salidas en YouTube: “No habrá liberación de detenidos”, dijo. Nadie le dijo que esa no es una decisión que deba tomar el Poder Ejecutivo sino que depende del Poder Judicial. Pero Macondo no sorprende. El viernes, el Poder Ejecutivo Nacional lo premió con un lugar entre los cinco gobernadores que acompañaron los anuncios sobre la pandemia y la cuarentena.

 

 

 

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