GOLPE DE ESTADO EN PERÚ

 

Como si no fueran suficientes las graves crisis sanitaria y económica por las que atraviesa el país, el Congreso peruano dio un golpe de Estado institucional el 9 de noviembre al destituir al Presidente Martín Vizcarra, lo que ha generado una crisis política de magnitud impredecible. Perú es el segundo país en el mundo con mayor número de muertes por Covid-19 por habitantes, y es el país que registrará la menor tasa de crecimiento económico (14%) en América Latina y el Caribe, sólo precedido por Venezuela.

A pesar de que apenas faltaban cinco meses para las elecciones convocadas para el 11 de abril, el Congreso aprovechó la imprecisa figura de la vacancia “por incapacidad moral permanente” prevista en el artículo 113 de la Constitución para destituir al Presidente. Se basó en acusaciones de aspirantes a colaboradores eficaces que señalan que Vizcarra recibió sobornos cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014), una región en el sur de Perú. Como corresponde, la Fiscalía ya está investigando el caso. Sin embargo, la Constitución no contempla la vacancia por delitos mientras el Presidente se encuentre en funciones. El Presidente de la República sólo puede ser destituido por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento.

La moción de vacancia fue aprobada por 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones. Martín Vizcarra se ha convertido así en el cuarto Presidente de la historia republicana del Perú en ser destituido de la presidencia por el Congreso. El último en ser vacado al amparo de la norma sobre incapacidad moral permanente fue Alberto Fujimori en el año 2000. Este envió su renuncia a la presidencia por fax desde Brunei, al haberse difundido videos que lo involucraban directamente en actos de corrupción. Esta es parte de las razones por las cuales –además de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y secuestro agravado– purga una pena en prisión por 25 años.

El nuevo Presidente Manuel Merino de Lama, un oscuro congresista de Acción Popular elegido por poco más de cinco mil votos, ejercía la presidencia del Congreso. El día que asumió las funciones de Vizcarra desató un estallido de protestas multitudinarias en todo el país, que no han cesado. Como respuesta dio lugar a la más cruenta represión en varios lustros, que ha sido rechazada por Human Rights Watch y la Defensoría del Pueblo entre otros organismos de derechos humanos que alertan de los excesos policiales y la falta de control de la Fiscalía.

 

 

 

Con este golpe infringido a la Constitución, el Congreso ha entregado el poder a los sectores más conservadores de la derecha en el Perú, enemigos del diálogo y del consenso, y con intereses creados que intentarán dar marcha atrás y aprobar reformas que venían siendo resistidas y observadas desde el Ejecutivo, como veremos más adelante.

 

 

Un poco de historia

Martín Vizcarra, en su calidad de Vicepresidente, asumió la presidencia el 23 de marzo de 2018, después de que Pedro Pablo Kuczynski se viera obligado a renunciar por la divulgación de videos en los que se aprecia la compra de votos a un congresista del principal partido de oposición (el fujimorista Fuerza Popular) para evitar que lo vacaran. Informes de la Unidad de Inteligencia Financiera habían puesto en evidencia los actos de corrupción cometidos durante su gestión como ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo —preso actualmente en Estados Unidos— por la trama Lava Jato.

A diferencia de Kuczynski, la más genuina personificación del poder económico en el Perú, Vizcarra no forma parte de esa elite. Ingeniero civil graduado de una universidad pública, ex gobernador de una pequeña región del sur del país, Moquegua, hijo de una maestra y casado con una mujer de la misma profesión que su madre, no pertenece a ningún partido político.

Al asumir la presidencia, Vizcarra propuso a los congresistas un pacto social para luchar contra la corrupción e impulsar el desarrollo democrático e integrador. Asimismo exhortó a poner punto final a una política de confrontación que propiciaba inestabilidad y zozobra institucional y que se vivió desde el inicio del gobierno de Kuczynski. Esta se debía en parte a las pugnas con el partido Fuerza Popular, cuya lideresa, Keiko Fujimori, había perdido la presidencia por segunda vez. En 2011 había sido derrotada por Ollanta Humala y en 2016 por Kuczynski con el apoyo de la izquierda, en la segunda vuelta electoral, por una diferencia mínima.

Pero las tensiones entre el Congreso, donde el partido Fuerza Popular tenía mayoría, no cesaron. En septiembre de 2019 la bancada fujimorista en alianza con el APRA (liderada entonces por el difunto Alan García Pérez) decidieron elegir, en tiempo récord y a la medida de sus intereses, a seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional, órgano máximo de interpretación de la constitucionalidad de las normas y actos en el Perú, cuyos mandatos habían expirado. A este Tribunal le correspondía decidir muy próximamente la liberación de Keiko Fujimori, quien se encontraba con prisión preventiva. Sin tiempo para que la ciudadanía conociera a los candidatos o pudieran presentarse tachas, el presidente del Congreso convocó al pleno para nombrar un nuevo Tribunal Constitucional a primera hora del 30 de septiembre.

 

Disolución del Congreso

Para evitar esta manipulación en la designación de los magistrados, el Presidente Vizcarra decidió enviar un proyecto de ley al Congreso para que se aprobara la modificación de los procedimientos para elegirlos. Argumentó que la falta de participación y transparencia en el proceso de selección afectaba la lucha contra la corrupción. Y anunció que haría cuestión de confianza al respecto.

La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional por el cual el Poder Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente si cuenta con su confianza para seguir gobernando. Si el Congreso niega la confianza al Primer Ministro, todo el gabinete ministerial debe renunciar y recomponerse. Cuando se rechaza por segunda vez en un mismo período presidencial, el Presidente puede disolver el Parlamento y convocar de inmediato a nuevas elecciones congresales. El Congreso ya le había negado la confianza al gabinete presidido por el entonces primer ministro Fernando Zavala en 2017.

Por lo tanto, la decisión de Vizcarra de presentar una cuestión de confianza sobre el mecanismo para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional implicaba una fuerte presión. Si el Congreso no la aprobaba, el Presidente estaba facultado a cerrarlo. Urgía entonces que la cuestión de confianza fuera presentada por el Primer Ministro antes de que se produjera la elección de los magistrados. Era la última carta que le quedaba para impedir que el fujimorismo, en alianza con el APRA, controlara el Tribunal Constitucional.

Es en estas circunstancias que el Presidente, en un acto estrictamente constitucional, disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020. Los congresistas electos deberían completar el mandato de los destituidos, hasta el 28 de julio de 2021, y no podían ser reelectos. El nuevo Congreso instalado en marzo es el que decidió vacar a Martín Vizcarra.

 

¿Por qué destituir a Vizcarra?

Hay un conjunto de intereses espurios que están detrás de su vacancia. El tema que más preocupa es el apuro del nuevo gobierno por reemplazar a los seis magistrados del Tribunal Constitucional. El Congreso ha diseñado un proceso de selección rápido para colocar a candidatos afines a las bancadas cuyos líderes políticos tienen problemas con la justicia.

Otro de los temas que le interesa al Congreso, en armonía con los deseos del Poder Ejecutivo, consiste en modificar la reforma universitaria y la magisterial así como flexibilizar las normas de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para permitir que las universidades privadas sigan proliferando sin estándares de calidad. En los últimos cinco años la Sunedu clausuró 47 universidades por no cumplir con los estándares mínimos. Varios de los líderes de los grupos políticos que promovieron la destitución de Vizcarra eran dueños, autoridades o profesores en dichos establecimientos e intentan usar el Parlamento para quitarle atribuciones a la Superintendencia. Según la organización civil Transparencia, la Comisión de Educación del Parlamento ha programado una modificación a la ley de reforma universitaria y la creación de nuevas universidades.

El recientemente nombrado primer ministro, Antero Flores-Aráoz, es abogado y cuenta con títulos de doctorado honoris causa de este tipo de universidades. Ha anunciado que las universidades con licencia denegada deben tener una segunda oportunidad. Los mismos intereses tienen los fujimoristas, quienes han tenido financiamiento y candidatos de estas universidades. En el gobierno de Alberto Fujimori las medidas neoliberales se extendieron al campo de la educación, especialmente a la creación de universidades, un negocio muy lucrativo. Los requisitos para su constitución fueron flexibilizados y proliferaron como quioscos de golosinas.

A otro de los partidos representados en el Congreso, Unión por el Perú (UPP), que también impulsó el pedido de vacancia, le interesa lograr la liberación de su líder Antauro Humala, quien purga una condena de 25 años debido al asalto a una comisaría en la que murieron cuatro policías y dos de sus reservistas. A algunos integrantes de otros partidos, la Alianza para el Progreso (APP) por ejemplo, les interesa abordar los temas ambientales. Así, el congresista Omar Chehade (ex Vicepresidente de Ollanta Humala, convertido después en uno de sus más feroces críticos) ha presentado un proyecto de ley para modificar la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y flexibilizar dichos estándares. Se busca ejecutar proyectos sin contar con certificación ambiental.

El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores-Aráoz, ex ministro del segundo gobierno de Alan García, tiene intereses personales en la agenda parlamentaria y pretende actuar como bloque junto al Ejecutivo sin ningún respeto a la separación de poderes. Flores-Aráoz es además vicepresidente de la Coordinadora Republicana, de extrema derecha, de la cual forman parte seis de sus nuevos ministros.

El nuevo gabinete de ministros, lejos de estar conformado por connotados ilustres de una amplia base como se había anunciado, cuenta entre sus integrantes a representantes de grupos económicos con reclamos pendientes en el Estado o de estudios de abogados que tramitan causas administrativas o judiciales contra el Estado. Asimismo, el ministro del Interior y la ministra de la Mujer están investigados por presuntos casos de corrupción, mientras que el ministro de Economía tiene seis investigaciones pendientes por manejos públicos, según información del diario La República de Lima.

El periodista peruano César Hildebrandt le ha manifestado muy claramente al nuevo Presidente Merino: “Ha dado usted un golpe instigado por lo peor de la política peruana. Ha reunido usted a la mugre y al miasma, al prontuario y a la requisitoria, a la ignorancia y a la avidez, y con todo ello ha hecho una ceremonia de investidura presidencial”.

 

 

La concentración de poderes

La Asociación Civil Transparencia ha difundido un pronunciamiento que alerta sobre la concentración del poder en el Ejecutivo y el Congreso por parte de los grupos que depusieron a Vizcarra, y la vulneración al derecho a la protesta. “El Gobierno nace con problemas de legitimidad y con una legalidad que debe zanjar en el Tribunal Constitucional”. El pronunciamiento advierte riesgos como “el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos dentro del Estado, lo que abre un espacio a posiciones arbitrarias y demagógicas”. Además advierte sobre la falta de garantías en el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

Ante estas circunstancias, ex cancilleres del Perú han remitido ayer una carta al secretario general de la OEA en la que solicitan el envío de una misión lo más pronto posible dada la existencia de situaciones que pueden afectar gravemente las condiciones de la vida democrática en el país. Según los ex cancilleres, el mandato de la Misión debe incluir la observancia de la evolución de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en el país; el respeto al principio de legalidad; las condiciones de vida democrática que garanticen un proceso electoral democrático y justo; la vigencia de la división y autonomía entre los poderes del Estado; el respeto de los derechos humanos y las libertades individuales; el no uso abusivo y desproporcional de la fuerza pública; y la efectividad de las garantías judiciales.

Cabe señalar que la OEA no ha reconocido al Presidente Manuel Merino y ha señalado que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas. En efecto, dicho Tribunal deberá resolver el 18 de noviembre una demanda competencial que presentó el Poder Ejecutivo contra el Congreso por el uso abusivo de la causal de la vacancia presidencial por incapacidad moral, motivo por el cual Vizcarra fue destituido.

Si el fallo del Tribunal considera que se violó la Constitución y que se destituyó al Presidente por una falta que no está contemplada en la Constitución, tal como señalan la mayoría de los expertos, este podría emitir una resolución que anula todo lo actuado. En ese caso habría dos opciones: Vizcarra podría retomar la presidencia, o se elegiría a congresistas que no participaron de la violación a la Constitución para conformar la mesa directiva y nombrar un nuevo Presidente. Entre tanto, el país se ahoga en una triple crisis que navega en un mar de incertidumbre.

 

 

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