El gobierno va por Rafecas
La nueva embestida oficial contra el magistrado arranca el 22
El Gobierno no cede en su afán por domesticar al Poder Judicial. Ahora insiste con iniciar el proceso de remoción del magistrado Daniel Rafecas. No le perdona que haya desestimado la denuncia del fiscal Natalio Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y algunos de sus funcionarios por firmar el Memorándum de Entendimiento con Irán que, a los ojos del difunto procurador, se utilizó para encubrir a los autores del atentado a la AMIA.
El 22 de febrero, desde las 15.30, la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura tiene en carpeta tratar el “proyecto que propone la apertura del procedimiento de remoción y suspensión” de Rafecas que fue instruido por el consejero y senador radical Ángel Rozas, según se desprende del orden del día. El dictamen acusatorio, de 104 páginas, se basa en la denuncia contra el juez que realizó la diputada y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió. Se imputa a Rafecas el mal desempeño de sus funciones.
Para aprobar el dictamen acusatorio en comisión, el oficialismo requiere de una mayoría simple (5 voluntades) sobre los 9 integrantes. Si no logra esa cantidad de consejeros, se descuenta que no se tratará el tema. Si logra reunirlos, el proyecto de remoción habrá dado un importante avance y pasará al plenario. Allí la voluntad del Ejecutivo deberá ser respaldada con los dos tercios de los miembros, es decir, 9 de los 13 integrantes del consejo.
La comisión de Disciplina y Acusación está presidida por el diputado nacional por Cambiemos, Pablo Tonelli, y suele inclinarse a favor del oficialismo cuando conforma una mayoría de 5 miembros entre el mentado alfil judicial del PRO; Adriana Donato; Juan Bautista Mahiques —representante del Ejecutivo en el consejo—; Rozas y el diputado por la UCR Mario Negri.
No obstante, la posición de los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes será la que determinará la suerte de Rafecas en caso de que la acusación llegue al plenario. Si no alcanzan los 9 votos para remover al juez, el macrismo y sus aliados podrían conformarse como premio consuelo con una sanción administrativa para la que se necesitan 7 votos.
En el entorno del magistrado —quien se defendió el 7 de diciembre en el Consejo— estaban confiados en que logrará el respaldo de sus colegas.
La intención del oficialismo de insistir con la denuncia contra el titular del juzgado federal Nº3 de la Capital Federal tiene una explicación burocrática. Según explicaron fuentes del Consejo de la Magistratura, el 9 de marzo caduca la acusación. Si el oficialismo no logra reunir los votos necesarios hasta esa fecha, se caerá el dictamen y Rafecas no podrá ser acusado nuevamente por el mismo hecho.
La acusación
Entre los diversos cargos que se le pretenden adjudicar a Rafecas, se destacan:
* Haber incumplido intencionalmente el deber judicial de investigar la comisión de delitos que llegaron a su conocimiento.
* Haber obstaculizado intencionalmente el avance de una causa relacionada con el atentado de AMIA.
* Haberse negado a producir prueba, actuado con parcialidad y desestimado con insuficiente fundamentos la denuncia de la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en el atentado a la mutual judía.
* Haber dictado un fallo con alto contenido político, realizando apreciaciones positivas a favor de una de las personas denunciadas y agravios en contra del denunciante.
El Memorándum de Entendimiento con Irán fue aprobado por el Congreso de la Nación y, a pesar de ello, nunca entró en vigencia ya que no fue convalidado por la República Islámica. Por tal motivo —y siguiendo la aplicación de la lógica—, Rafecas consideró que en la denuncia de Nisman “no había delito”.
Tenaz, Rozas requirió que se cite a declarar como testigos para apuntalar su denuncia a:
* Soledad Inés Castro, ex secretaria de Nisman. Tal como se desprende del listado de personal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente cumple funciones como secretaria letrada en la vocalía del ministro cortesano Horacio Rosatti, quien accedió al cargo durante la gestión macrista.
* Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que suele manifestarse en sintonía con los deseos de la Casa Rosada. Recientemente fue muy criticado por la Cámara a causa de su accionar en el caso Chocobar. No presentó ningún recurso en el proceso y decidió defender al policía que mató por la espalda a un delincuente. El uniformado recibió este viernes 16 de febrero la confirmación de su procesamiento por homicidio agravado, por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber.
* Waldo Wolff, ex vicepresidente de la DAIA y actual diputado nacional por Cambiemos, quien llegó a denunciar a Rafecas por amenazas.
* Armando Víctor Manuel Antao Cortez, ex secretario de Nisman en la Unidad Fiscal AMIA. Actualmente desempeña tareas en la Procuración General de la Nación como funcionario letrado de la Secretaría de Coordinación Institucional. El 14 de febrero pasado, el procurador interino Eduardo Casal lo designó como responsable de la gestión operativa del “Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica Interjurisdiccional de 'Datos Abiertos'” que rubricó el MPF con “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Instituciones Nacionales y Provinciales con actuación en el Ámbito Judicial".
* A ellos se suman Julio Schlosser, ex presidente de la DAIA; y Jorge Knoblovits, ex miembro del consejo directivo de la misma institución.
El perfil de los testigos citados marca el rumbo de la acusación del consejero instructor.
Un hueso duro de roer
Desde que asumió, el oficialismo desea remover del cargo a Rafecas. El juez de primera instancia integraba desde 2016 junto a Eduardo Freiler y Carlos Rozanski una de las tantas listas negras que confeccionó el macrismo. Los tres magistrados tenían denuncias en el Consejo de la Magistratura. No fue su único común denominador: los tres tuvieron también algún tipo de participación en el caso Papel Prensa, que tanto afectó al Grupo Clarín. Por su parte, Freiler había sido uno de los camaristas —junto a Jorge Ballestero— que ratificó la decisión de Rafecas cuando la denuncia de Nisman llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Al gobierno le llevó más tiempo que el anunciado por sus operadores mediáticos el deshacerse de Rozanski y Freiler. Y lo logró no sin escándalos. El caso de Freiler, removido a instancias del Consejo de la Magistratura, necesitó la complicidad del presidente de la Corte de Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien se prestó a brindarle una mano al Ejecutivo para dar inicio al desplazamiento: retrasó la jura del consejero Juan Mario Pais para demorar su asunción en el órgano que sanciona jueces y así dejó al Consejo de la Magistratura con 12 miembros para que el oficialismo dispusiese momentáneamente de una mayoría especial que con el plenario completo no poseía. Con ese escenario, el macrismo y sus aliados pudieron votar con 8 voluntades el comienzo del jury a Freiler y la suspensión en su cargo. Cuando esa escandalosa maniobra se concretó, corría agosto de 2017. Tres meses más tarde lograron destituir a Freiler. Aquel es el último y peligroso antecedente.
El caso de Rafecas podría tener un desenlace distinto. El titular del juzgado federal Nº3 de la Capital Federal se transformó en un hueso duro de roer para el oficialismo, que realizó diversas embestidas pero no logró, al menos por ahora, derribar al magistrado. El próximo jueves irá una vez más a la carga.
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