Gobierno de disputa

 

Los procesos políticos y sociales se expresan en oleadas, suele ilustrar Álvaro García Linera, recuperando un concepto que utilizó Carlos Marx para analizar las revoluciones europeas de 1848. Siguiendo esta idea podríamos agregar que, en esta segunda oleada de gobiernos populares, estas se expresan en forma más convulsa y contradictoria, podríamos decir en forma de remolinos; presentándose así de un modo menos nítido, con una complejidad mayor al par dicotómico gobiernos populares puros versus restauraciones conservadoras explícitas.

Esta mirada sobre nuestra coyuntura regional se aprecia claramente al recorrer los procesos electorales del último tiempo, que abarcan desde la abrumadora victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, a la imposibilidad de la Revolución Ciudadana para confirmar la victoria electoral en Ecuador tras el ballotage, pasando por la inesperada elección en Perú (cuyo pueblo se encuentra entre los más castigados de Latinoamérica, tras décadas de gobiernos neoliberales y/o neofascistas), que dejó a Pedro Castillo, un maestro campesino de izquierda, en condiciones de llegar a la Presidencia tras la segunda vuelta electoral. Todo ello mientras somos testigos del hartazgo del pueblo colombiano, que se levantó en forma intempestiva contra la violencia y la desigualdad aparentemente tan naturalizadas.

Asistimos entonces en América Latina a un escenario en disputa, a una suerte de empate hegemónico, pero con la cancha inclinada hacia la derecha por derrotas profundas como la caída del socialismo real en Europa del Este.

La encrucijada es doble: por un lado, el capitalismo, que históricamente tuvo capacidad para reinventarse, no puede salir de la ciénaga neoliberal y proponer alternativas atractivas a la sociedad (solo incorporó como “novedad” el aditamento neofascista de personajes como Bolsonaro, que no ofrece garantías siquiera para las clases dominantes para cuyo favor pretende gobernar); por el otro, desde la izquierda y los movimientos populares, tampoco existe un modelo capaz de ofrecer una narrativa alternativa de futuro.

Estamos ante una encrucijada histórica plagada de acechanzas, pero también de desafíos.

Argentina es parte de esa geografía en disputa, donde el tercer ciclo neoliberal (el más corto de los tres que periodizan el último medio siglo), expresado electoralmente por la Alianza Cambiemos, no pudo estabilizar un proyecto de largo plazo y fue derrotado electoralmente por el Frente de Todos en 2019, tan solo cuatro años después de haber asumido.

Sostenemos que hay cinco variables concomitantes que, a nuestro juicio, explican el efímero interregno macrista:

• el agotamiento del modelo neoliberal.
• la historia de lucha del movimiento popular.
• la memoria reciente de los doce años kirchneristas.
• el singular liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner.
• la unidad del Frente de Todos, que sintetizó en las urnas al conjunto de los elementos previamente mencionados.

Como es sabido, el nuevo gobierno encabezado por Alberto Fernández tuvo que enfrentar una crisis económica de grandes proporciones al asumir, que casi inmediatamente se vio agravada a niveles imprevistos por los efectos provocados por la pandemia de la Covid-19.

Los gobiernos populares que forman parte de la segunda oleada progresista, como el argentino, tienen que lidiar con constricciones económicas y políticas que limitan significativamente su capacidad de acción. Por un lado, reciben una presión continua desde el complejo mediático-judicial, que obliga a las funcionarias y funcionarios que se animan a afectar sus intereses a enfrentar situaciones que van desde la estigmatización social hasta la persecución penal; por el otro, deben lidiar con la las exigencias de austeridad y disciplina fiscal emanadas desde el FMI, condicionando el desarrollo de economías atravesadas por el endeudamiento, la pobreza y la recesión.

El condicionamiento es tan grande que nos obliga —entre otras cosas— a discutir si el aumento de tarifas del sector eléctrico debería ser del 30% o del 9%, luego que las empresas energéticas hayan obtenido aumentos del 3.000% durante la gestión de Mauricio Macri, en un contexto donde el Salario Mínimo Vital y Móvil —con los aumentos escalonados establecidos— se ubica muy por debajo de la línea de pobreza.

Tal vez sea el momento de poner en discusión el modelo energético en forma global y repensar su integración vertical bajo la dirección de una Sociedad del Estado.

 

 

¿Gobierno de transición?

Se han oído en los últimos días manifestaciones públicas de dirigentes del Frente de Todos caracterizando al gobierno de Alberto y Cristina como un “gobierno de transición”. Dichas expresiones —tal como fueron formuladas— e independientemente de sus intenciones, instalan la idea de un gobierno frágil, pudiendo representar un pasaje hacia proyectos diversos e, incluso, antagónicos.

Muchos pensamos que el gobierno de “les Fernández” debe constituir el primer escalón de la tercera etapa del kirchnerismo, inaugurando de esta forma un ciclo de gobiernos populares ininterrumpidos por un periodo de 50 años, que sería el tiempo necesario para edificar un proyecto de país industrializado, con capacidad para exportar con valor agregado y sostener un mercado interno sólido, con salarios altos y trabajadores plenamente formalizados.

Para alcanzar dicho objetivo, consideramos sustancial tomar medidas estructurales que fortalezcan las bases de un proyecto duradero de base popular. En este sentido, no caben dudas sobre el rol que les cabe a las organizaciones del campo popular, que deberán darse la tarea de reforzar (no debilitar) los cimientos presentes de ese horizonte anhelado. Tampoco surgen discrepancias en cuanto a la necesidad de sostener la tan mentada “unidad” del FdT.

Ahora bien, dicha unidad —concepto sacralizado en esta coyuntura— se limita, en ciertas miradas, al cuidado de la relación entre los componentes más destacados del Frente de gobierno, pudiéndose expresar como una unidad horizontal o inter pares.

Nosotros creemos que existe otra dimensión de la unidad, que es la que se estructura entre el gobierno y su base electoral. Esta relación es la que debe ser protegida no solo como condición necesaria, sino (y fundamentalmente) como imperativo ético.

Por otra parte, de producirse una desafección entre el gobierno y nuestra base electoral y política, habríamos de sufrir una fractura irreparable.

Desde luego que fortalecer los cimientos para la edificación de un proyecto de raíz popular supone ir derribando las limitaciones estructurales, al tiempo que se van atendiendo las urgencias. En este punto, resulta imperativo avanzar con la vacunación hasta detener la propagación del virus. Lo cual explica los inusitados ataques que sufre la campaña de vacunación y de cuidados por parte de una oposición cuya degradación es tal, que ya quedó a la derecha de Guaidó, el presidente holograma, en materia de abordaje de la pandemia.

Al mismo tiempo resulta indispensable multiplicar los esfuerzos presupuestarios que se están llevando a cabo desde el Ejecutivo nacional para desarrollar mercados y ferias estatales que equilibren la puja distributiva, disputando con sectores altamente concentrados (los oligopolios de “consumo masivo”, por un lado; las grandes cadenas de hipermercados, por el otro), que buscan incrementar sus utilidades incrementando precios en forma abusiva.

En tal sentido, la continuidad del estado de emergencia hace imprescindible restablecer el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), al menos mientras duren las restricciones sanitarias y sus efectos más inmediatos. El esfuerzo fiscal que ello supone debe considerarse en el marco de otras erogaciones del Estado, si pretendemos hacernos una idea de su carga relativa. A este respecto, cabe mencionar que solo en concepto de intereses por las famosas LELIQs, el BCRA le gira a los bancos $80.000 millones mensuales. Lo cual resultaría suficiente para sostener el mencionado programa para 8 (ocho) millones de compatriotas; prácticamente las 2/3 partes de nuestra población económicamente activa.

En su defecto se podría apelar como fuente de financiamiento —en línea con la propuesta del bloque de Senadoras y Senadores del Frente de Todos— los DEG (Derechos Especiales de Giro), que el FMI estará girando a la Argentina por el equivalente a U$D 4.300 millones.

Argentina no está en condiciones de afrontar los pagos de los vencimientos del FMI y del Club de París en esta coyuntura por demás excepcional. Auditar la deuda externa contraída por la Alianza Cambiemos, investigar a los responsables de tamaño desfalco al Estado argentino y reprogramar los vencimientos con quita de capital y extensión excepcional en los plazos de pago, se torna una necesidad macroeconómica imperiosa y, a la vez, un acto reparatorio y de afirmación soberana.

Como sabemos, pocas cosas maridan tan bien como la soberanía política y la independencia económica. Hoy más que nunca, resultan condiciones ineludibles para la distribución progresiva de la renta generada por el trabajo de las argentinas y los argentinos.

En esta misma línea, consideramos fundamental recuperar el control estatal sobre las vías navegables de la Cuenca del Plata, dando de baja la concesión menemista del dragado y balizamiento a la empresa Hidrovía S.A. Este hecho sería un paso indispensable para luego retomar la gestión de los puertos y reconstruir nuestra marina mercante, creada durante el gobierno de Juan Domingo Perón y desmantelada durante los años '90.

Según la querida socióloga Alcira Argumedo —recientemente fallecida— se fugan anualmente en concepto de contrabando y subregistro de exportaciones, por nuestro Río Paraná, la friolera de U$D 30.000 millones. Esta suma sería suficiente para financiar la construcción de las 2.200.000 viviendas que resolverían el déficit habitacional de todo el país.

Nadie defiende lo que no conoce, pero el nivel de conciencia popular sobre este tema —que hunde sus raíces en la gesta de la Vuelta de Obligado— va en aumento y nos quedan 80 días para seguir generando el bloque social y político que dé respaldo a esta imprescindible decisión gubernamental.

De forma equivalente, se acentúa el rechazo popular hacia un Poder Judicial que se ha constituido, con independencia de quién detente el Poder Ejecutivo, en la última línea defensiva de un modelo socio-económico de despojo a las mayorías.

La estrategia de los miembros de la Corte Suprema es convertir al gobierno de Alberto y Cristina en una administración impotente, pretendiendo revertir decisiones gubernamentales a través de sentencias judiciales arbitrarias y totalmente ajenas al rol que les asigna la Constitución.

Así, se impone la necesidad de avanzar con la ampliación de la Corte Suprema, de carácter federal como plantea el senador provincial Paco Durañona.

Ello no requiere de mayorías calificadas, a diferencia de la remoción por juicio político.

Sí, el nombramiento de los nuevos jueces que el carácter federal de la propuesta facilitará.

A estos efectos, numerosos sectores del campo nacional y popular hemos llamado a una gran caravana a Tribunales para este 25 de mayo, en tanto resulta imposible avanzar en la agenda descripta sin un elevado nivel de movilización social.

La militancia política, sindical y social tiene un rol central para empujar las transformaciones necesarias para que nuestro gobierno se fortalezca. La historia demuestra que eso no se logra sólo apelando al empuje desde el aparato estatal, sino fundamentalmente con el Pueblo en la calle.

Debemos, entonces, profundizar para ganar las elecciones de medio término, y lograr la victoria en las urnas para seguir avanzando en las transformaciones necesarias.

 

 

 

• Los autores son integrantes de Espacio PUEBLA-Frente de Todos.

 

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