Un gobierno adicto a la ilegalidad
Helicópteros chilenos combaten incendios argentinos sin validación
El 22 de diciembre pasado, el Ministerio de Seguridad argentino alquiló ocho helicópteros chilenos de los que se usan para combatir incendios. Cuatro días después —y no antes—, la empresa chilena le solicitó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) una medida de excepción por 45 días para permitirles operar en territorio argentino. Un par de días después, los helicópteros Bell-Garlick UH-1H ya estaban volando por nuestro cielo, sin que la habilitación hubiese sido concedida. El trámite prosigue, "en proceso de validación del Certificado de Tipo Argentino".
El diario Río Negro confirmó que las aeronaves están operativas. En cambio, personal de la ANAC sólo admitió ante el medio web Letra P que el pedido excepcional de la empresa chilena Helicópteros del Pacífico (HDP) existió, aunque nada dijo de que le hubiese sido concedido.
Hasta mediados de 2017, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego dependía del Ministerio de Ambiente y Espacio Sustentable, liderado por el rabino Sergio Bergman. Ahora está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que depende de Patricia Bullrich. El secretario de Protección Civil es —paradójicamente— el coronel retirado Emilio Renda. Su segundo, el subsecretario Daniel Russo, es quien firmó la contratación de las aeronaves, por un monto que aún es incógnito.
Tanto Russo como sus superiores deberían saber que el artículo 131 del Código Aeronáutico sostiene que existe "una protección a favor de las personas y empresas argentinas para la realización del trabajo aéreo" y que toda empresa debe obtener "autorización previa de la autoridad aeronáutica".
Según la nota No. 128 del 29 de marzo de 2017, la ANAC establece que empresas extranjeras sólo podrían operar en nuestro territorio "excepcionalmente y cuando su actividad satisfaga una necesidad que no pueda ser atendida por empresas argentinas". La ANAC ya le había entregado al Ministerio de Ambiente un listado de empresas locales certificadas para realizar ese tipo de trabajo aéreo. Por su parte, el organismo que controla la aviación civil también está en falta en términos legales: su anterior titular, Juan Pedro Irigoin, cesó en funciones el 31 de diciembre pasado, y el nombramiento de su actual titular, Tomás Insausti, todavía no fue comunicado por el Boletín Oficial.
Una saga de irregularidades legales
El poco afecto de la administración Cambiemos por las normativas legales vigentes ya es tradición y recorre todo el espinel del Gobierno, de lo más bajo a lo más alto. Uno de los ejemplos más recientes lo protagonizó Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados por el PRO. El 28 de diciembre pasado —Día de los Inocentes—, argumentando a partir de una caprichosa interpretación del sistema D'hont, Monzó designó a los ocho diputados que integrarán la bicameral de trámite legislativo dedicada a supervisar cada decreto de necesidad y urgencia del Presidente de la Nación. De esos ocho, cinco pertenecen a Cambiemos a pesar de que esa alianza no llega el 40% de la representación en el Congreso. De ese modo impedirá que los opositores lleven al recinto un dictamen contrario a cualquier de las DNU de Macri por venir.
Si la vicepresidenta Michetti y Luis Naidenoff, jefe de los senadores de Cambiemos, logran meter tan sólo tres senadores suyos en la bicameral, Macri obtendría mayoría operacional en una comisión que le garantizaría la validez de los DNUs a los que, todo indica, piensa echar frecuente mano durante 2018.
De este modo, aunque toda la oposición se uniese, los DNU de Macri serían validados por el Congreso.
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