Gobernar para transformar

 

Posibilitar que no se pierda un crédito internacional para financiar una de las obras más importantes que tiene la provincia, luego de que la gestión de María Eugenia Vidal lo dejara caer, ha sido una de las acciones fundamentales del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Reconvertir neuropsiquiátricos, impulsar el fin del hacinamiento carcelario e invertir en infraestructura para que las escuelas sean seguras, es también parte de una política que se ocupa de los más olvidados. Kicillof habla de todo con El Cohete a la Luna. No escapa a las problemáticas del Frente de Todos y sostiene que algo hay que hacer para que los valores de la carne y el pan no se equiparen a los precios internacionales. Rompe con el prejuicio de que su gobierno no lleva adelante políticas en beneficio del sector productivo agropecuario y al mismo tiempo revela un estudio preliminar acerca de cuántos trabajadores existen cada 1.000 hectáreas, según la producción. La coparticipación sigue siendo escasa para la provincia más poblada del país, pero no es un impedimento para que su ingenio y audacia siga el objetivo de gobernar para transformar.

—Una de las obras más importantes que está llevando adelante es el Plan Maestro del Río Salado. ¿Podría explicar cómo recuperó el financiamiento, conseguido durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que María Eugenia Vidal había dejado caer, y cuál es el avance de esa mega-obra?

—La superficie total de la Cuenca del río Salado es de 17 millones de hectáreas. Es casi dos tercios de la provincia: son 59 de los 135 municipios. Es uno de los núcleos productivos de la Argentina porque concentra el 30% de la producción de carnes y granos al país. Es una obra que lleva más de veinte años. La obra pretende recuperar ocho millones y medio de hectáreas para la producción agrícola-ganadera. Es una mega-obra, en la que llevamos dragado el equivalente a dos canales de Panamá y cinco canales de Suez. Se trata básicamente de ensanchar el río y profundizarlo, ensanchando los 50 metros promedio originales a 200 metros. La profundidad pasa de uno a dos metros. Esto permite que, en caso de haber condición de inundación, el agua drene mucho más rápido y no vaya a los campos vecinos. La obra genera un crecimiento de la productividad, del valor de la tierra, del rendimiento y dejará de afectar a varias ciudades por la inundación que se producía. También recupera el valor turístico del río.

 

 

 

Durante la época del gobierno de (María Eugenia) Vidal se perdió muchísima posibilidad en términos de financiamiento internacional. Financiamiento que había: se ejecutó un 7% para obras de infraestructura. El gobierno de Vidal ha sido récord absoluto en endeudamiento, pero financiero, no con organismos multilaterales para hacer obra pública y obras de infraestructura. Es inexplicable. A nosotros nos tocó abordar la cuarta etapa, 212 kilómetros. Se recuperan cerca de tres millones de hectáreas. Esperamos concluir la etapa que afecta a 14 municipios bonaerenses. Este cuarto tramo es el más grande de todo el plan con relación al cauce principal de 700 kilómetros. Hoy está en el 92%, de los cuales Vidal hizo un 9% en todo su mandato y nosotros llevamos realizado un 83%. Venimos avanzando desde el inicio de la gestión en recuperar el financiamiento que se había perdido, en particular el del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Tuvimos varias reuniones para darlo de alta de nuevo. Estamos trabajando para que se financie con 110 millones de dólares el tramo quinto, que es el tramo final.

Siempre se dice que la provincia es el corazón industrial del país, pero también es la locomotora productiva de muchos sectores, y uno de ellos es el sector agropecuario. Esta es una mega-obra porque además al ensanchar el río, cada puente que cruzaba el río hay que hacerlo de nuevo, como es el caso del puente de Romero, donde estuvimos hace poco. Como también en Roque Pérez.

 

 

 

 

 

 

—Otra obra de importancia es la de caminos rurales. Al ver su estado, cuando recorrió los distritos bonaerenses en la campaña electoral de 2019, usted asumió el compromiso de que la provincia se hiciera cargo de llevar adelante un plan integral de mejora. ¿Cuál es su avance?

—La provincia de Buenos Aires tiene 307.000 kilómetros cuadrados. 135 municipios, de los cuales 100 son de perfil rural. Después está el Gran Buenos Aires o el Conurbano. La provincia de Buenos Aires es una potencia agropecuaria y la principal del país. Una de las cuestiones de las que tomamos nota es que en esa enorme superficie hay aproximadamente 120.000 kilómetros de una red caminera, los llamados caminos rurales. En su mayoría son de jurisdicción municipal, son caminos no asfaltados. Históricamente, el mantenimiento de los caminos rurales recae sobre los municipios. Durante el gobierno anterior, Vidal prometió intervenir 12.000 kilómetros de caminos rurales y no ejecutó ninguno. Nosotros decidimos mejorar la transitabilidad de los caminos y lanzamos un plan que contempla 2.000 kilómetros –20.000 millones de pesos– y estamos avanzando en 100 obras en 82 municipios. Eso genera más seguridad vial, más seguridad económica. Mejores traslados para mejor acceso a la salud y a la educación. Es conectividad para muchos pueblos del interior.

—El pasado 8 de marzo, en Expoagro, usted expresó que había que hacer algo con los precios de guerra para cuidar la mesa de los argentinos. El Presidente dijo que es importante el desacople de los precios, pero que si envía un proyecto al Congreso, cree que no lo votarán. Otra herramienta indispensable que tiene el Poder Ejecutivo para modificar el porcentaje de los derechos de exportación es la aplicación del artículo 755 del Código Aduanero. ¿Por qué cree que no se toma esa decisión?

—Hay que analizar lo que ocurre en el contexto excepcional en el que estamos. La pandemia primero y la guerra Ucrania-Rusia después, generaron efectos muy notables tanto en abastecimiento de alimentos como de sus precios a escala internacional. Todo esto ha llevado al precio récord de los principales cultivos. Los países productores, exportadores de alimentos, tienen la ventaja de los precios internacionales. Por ejemplo la soja, antes de la guerra y la pandemia, estaba a 300 dólares y ahora está a más de 600. El trigo estaba a 200 dólares y ahora a 400. El maíz a 150 dólares, ahora a 300. Pero es un imperativo asegurar y garantizar el abastecimiento en el mercado interno a precios accesibles. Eso es lo que algunos llaman desacople, diferenciación de precios internos y externos. Es evidente que nosotros no podemos, por el conflicto bélico, tener el pan a precio de guerra. La carne se produce en buena medida a base de alimentos balanceados a precio internacional y precio de guerra: no puede ser. Entonces, primero se debe garantizar el abastecimiento interno y después que los precios internos sean accesibles. La medida no es sólo de derechos de exportación, hay muchas medidas posibles. El objetivo tiene que ser ese, más allá de la discusión de instrumentos, para salir del fetichismo de las retenciones. Sostengo que hay que garantizar el abastecimiento interno a precios razonables, precios pagables por la población en general. Y no son precios de pérdida para el sector productivo. Al mismo tiempo, hay que incentivar y fomentar la expansión de la producción para generar más saldo exportable.

Hay que escribir de nuevo y analizar muy bien la nueva anatomía y sociología de lo que se llama “campo argentino”, donde hay diferentes sectores. Están los propietarios, están los que producen, que a veces son grandes empresas de servicios. Están pequeños y grandes, es muy heterogéneo. Además hay toda una cadena de intermediarios, que incluye desde acopio hasta proveedores de diferentes tipo de insumos, hasta la logística y el transporte, y luego las cerealeras. Creo que es posible e importante dar un debate público acerca de esta cuestión del precio externo e interno de los alimentos. No creo que se agote la discusión en “le quieren sacar al productor”. Porque muchas veces el productor es víctima de toda la cadena de intermediarios.

En un trabajo preliminar que encargamos hace poco –utilizando varias fuentes, no nuestras–, relevamos cuántos empleos se requieren cada 1.000 hectáreas en las diferentes producciones. Soja: 11 empleos; trigo: 8; maíz: 6; cebolla –en forma mecanizada–: 42; producción bajo cubierta (hortalizas, etc.): 1.209; porcino: 46 empleos cada 1.000 hectáreas. Es decir que hay un proceso de transformación de la estructura productiva, de propiedad y de la forma de explotación. Es importante dar esta discusión con los diversos actores.

—Luego de la explosión del 2 de agosto de 2018 en la escuela primaria 49 del distrito de Moreno, donde perdieron la vida la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, usted al asumir se comprometió a tener escuelas seguras en la provincia. Con ese objetivo, se lleva adelante el programa de infraestructura escolar Escuelas a la Obra. ¿Cuánto se ha avanzado?

 —El programa Escuelas a la Obra lo lanzamos antes de la pandemia. Tiene su vinculación con lo sucedido en la escuela donde perdieron la vida Sandra y Rubén. La infraestructura en la provincia es inmensa, cuenta con 12.000 edificios y cerca de 20.000 escuelas que funcionan en esos edificios, donde muchas veces comparten la infraestructura. La provincia tiene 5.200.000 alumnos. El estado de esos 20.000 edificios, cuando nosotros asumimos, era deplorable. El programa Escuelas a la Obra, que estamos ejecutando, acumula en total 5.900 obras. Cuando asumimos, no había ni siquiera registro de dónde hacían falta. Hubo que comenzar haciendo un censo de infraestructura. De esas 5.900 obras, ya tenemos 4.000 terminadas. De esas 4.000 obras terminadas, ya inauguramos 82 nuevos edificios.

—Un tema central son los recursos que tiene la provincia de Buenos Aires, porque si bien genera gran cantidad de riqueza, el Estado bonaerense no cuenta con los fondos suficientes.

 —Siempre digo que es la provincia más rica en términos de producción, pero también la más desigual y con el gobierno más pobre. Eso hace que haya que abordar problemas estructurales con soluciones estructurales de largo plazo. La provincia –para brevemente dar cuenta del tema de la coparticipación– aporta un 40% del producto y en la distribución secundaria de la coparticipación recibe un 20 y 22%. Se supone que tiene que haber alguna proporcionalidad, si aportamos el 40% del producto y tenemos el 40% de la población. En 1946, para tomar un dato, la Capital Federal tenía 3.000.000 de habitantes y el Conurbano, 3.000.0000. Hoy la Capital Federal tiene 3.000.0000 y el Conurbano, 13.000.0000. Eso tuvo que ver con migraciones internas también. La idea de darle coparticipación a las provincias era para que retengan población y generen posibilidades. Eso no ocurrió, y ahora tenemos que nos quedamos sin los recursos y tenemos 17 millones de habitantes. Hacen falta mayores recursos.

—Hay dos grandes temas que son parte de su política de ocuparse de los más olvidados. Uno es la construcción de nuevas plazas penitenciarias, fundamental para que no exista el hacinamiento y revertir la situación infrahumana de quienes están privados de su libertad. Otro, la aplicación efectiva de la ley de Salud Mental y el poner fin a los manicomios, con la transformación integral de los cuatro neuro-psiquiátricos que tiene la provincia, bajo la idea también revolucionaria de construir viviendas en esos lugares. ¿Cómo va esa transformación?

—La reforma de los neuro-psiquiátricos requiere una ampliación del sistema de salud. Para la externación fuimos habilitando casas en la comunidad. En esos lugares estamos realizando planes de vivienda más generales, que también incluyen viviendas para los externados. Incorporamos 38 personas al equipo de salud mental, que no había en las guardias de los hospitales. Tenemos promoción de la salud mental en las escuelas, un plan que alcanzó a más de 6.000 personas. Incrementamos los recursos humanos en salud mental. En cuanto al plan Buenos Aires Libre de Manicomios, tenemos cuatro planes de adecuación de los hospitales neuropsiquiátricos que son abordajes integrales: socio-productivos, culturales, deportivos, educacionales, de vivienda y memoria. Nosotros encontramos 1.824 personas viviendo en neuro-psiquiátricos, y esa cifra ya descendió un 30%. Tenemos 166 viviendas asistidas con externados que ahora viven en casas con un sistema de apoyo y cuidado. Tanto en el hospital Dr. José A. Esteves, de Lomas de Zamora, como en el hospital Dr. Alejandro Korn, de La Plata y el hospital Dr. Domingo J. Taraborelli, del municipio de Necochea, estamos construyendo viviendas. En el hospital Alejandro Korn, donde se construyen 175 casas, 30 serán para externados por salud mental. Ya cerramos 8 pabellones.

En el servicio penitenciario, lo mismo. Nosotros encontramos, cuando llegamos, casi 52.000 internos detenidos en el sistema carcelario bonaerense, en un sistema que tiene 24.000 plazas, que se hicieron en los 200 años de historia de la provincia. Estamos hablando de una sobrepoblación, hacinamiento del 120%. El sistema penitenciario estaba declarado por organismos internacionales como un grave problema de derechos humanos. Pretendemos construir 12.000 plazas, ampliarlo –en estos cuatro años– en un 50%. Esto va a permitir salir de la emergencia aguda. Implica construir, en el Conurbano, 15 alcaidías –que vienen a terminar con los calabozos en las comisarías– de 300 plazas cada una y 4 grandes unidades carcelarias: dos en Merlo, una en Florencio Varela y una en Moreno de 1.000 plazas cada una. En cuatro años vamos a realizar la mitad de lo que se hizo en 200 años en la provincia. Hoy tenemos terminadas 2.582 plazas nuevas y en construcción 5.994. También ampliamos el sistema de tobillera electrónica, de 1.400 a 1.900.

 

 

 

Cuando asumimos, teníamos el 45% de reincidencia. Las mediciones nos dicen que en los últimos catorce meses, la reincidencia cayó al 20%. Eso se explica por los planes de inclusión desarrollados. Uno es conservar el vínculo familiar del detenido. Estamos llevando adelante que los internos cursen la privación de su libertad cerca del domicilio. Por primera vez tenemos un registro de los internos por domicilio, que tiene que ver también con la posibilidad de que la familia lo visite. Porque el vínculo familiar es uno de los principales factores para su reinserción. La identidad es otro de los puntos, otorgamos 13.000 documentos de identidad. Había 400 internos que no sabían su nombre, por lo tanto estamos hablando de condiciones sociales de marginación total. Atacar el hacinamiento, las condiciones en las cuales cursan la privación de libertad las personas detenidas. La formación educativa: hoy tenemos 14.000 de los internos en algunos de los niveles del sistema educativo formal. Y hay 13.000 en el sistema de formación laboral. Eso reduce la reincidencia. También tenemos el vínculo con los municipios con un programa para su inserción laboral. Hay 7.000 internos en un sistema de cooperativas. Eso baja la reincidencia. Los que están en cooperativas, baja al 5% su reincidencia.

—En la provincia existieron acciones judiciales ilegales, operaciones mediáticas y judiciales en las que participaba el jefe de los fiscales. En El Cohete también dimos cuenta de que en San Nicolás hubo una operación contra la campaña de vacunación, y también contra dos dirigentes sindicales de Camioneros detenidos, que evidencia que la Gestapo antisindical goza de buena salud en esa ciudad. Hay un problema con un concurso irresuelto para designar fiscal general de ese departamento judicial, que se ha prestado a presiones por parte de Julio Conte Grand. ¿Cómo sanear al Poder Judicial mientras Conte Grand siga siendo procurador y con un Consejo de la Magistratura que no avanza en cerrar concursos?

—La designación del procurador es un tema de la Legislatura. Nosotros no contamos con la mayoría para poder hacerlo. A mí me preocupa. Por supuesto que en el caso de la Suprema Corte de la provincia estamos trabajando en tres vacantes existentes, y nombramientos por concurso para una cantidad de miles de nuevos jueces. Nuestro Ministerio de Justicia está trabajando en esa dirección. Pero me preocupa lo que pasó en la provincia. Lo he denunciado antes de ser gobernador y lo denuncié como gobernador. Se están dando pasos, tanto en el nombramiento de nuevos jueces como en la Legislatura, que ha tomado como propia la cuestión del procurador. La Cámara de Diputados tiene un pedido de juicio político contra Conte Grand por parte de nuestro bloque, por mal desempeño, abuso de autoridad y asociación ilícita. Requiere que este tema grave se trate en las cámaras. Con respecto a los concursos, estamos teniendo avances. Acabo de mandar algunos pliegos. Cambiamos y aceleramos el método de concursos.

—Recuperar el control de los planes sociales por parte del Estado, fue lo que expresó la Vicepresidenta en el acto de la CTA en Avellaneda. ¿Usted también adhiere a la idea?

—Nosotros, en la reunión con los gobernadores, en un documento firmado por los 17 gobernadores, se pidió tomar intervención y federalizar y descentralizar los planes. Como gobernador no tengo ni reporte ni registro de la cantidad de planes que hay en la provincia de Buenos Aires ni cuál es su distribución geográfica y su función. Con lo cual se habla de 600.00 y 800.000 planes en la provincia de Buenos Aires. El Estado provincial tiene cerca de 650.000 empleados públicos totales. Es decir que estamos hablando de una gran magnitud de planes. Hay mejora en el mercado de trabajo que permite abordar la cuestión, vamos a llamar, de transición, de aquellos que reciben planes y que puedan encontrar algún empleo. Hemos hablado con los intendentes y también realizan el planteo. Si bien esto es presentado mediáticamente como un tironeo para dirimir quién tiene el presupuesto, el objetivo es que en forma eficaz exista esta transformación de quienes por condiciones sociales recibían un plan, y que puedan acceder a un trabajo remunerado y, de ser posible, formal. Para eso resulta fundamental el rol del Estado, tanto provincial como municipal, y hoy estamos fuera de eso.

—¿De qué manera puede llegar fortalecido el Frente de Todos para el 2023?

—Es una etapa muy compleja. Porque, como hablamos, el contexto internacional contribuye a poner en tensión al Frente. A veces hay miradas distintas. A veces compartimos los objetivos, pero no los instrumentos. Y a veces coincidimos en los instrumentos, pero no en la forma en que se aplican. Pero esto es lógico dentro de un Frente. Pero ocurre que, como la situación es tan dinámica y tan excepcional, se requieren medidas rápidas y excepcionales. Como fueron en su momento el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y la ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), que fueron muy eficaces. Hay que seguir tomando fuertes medidas y tratar de conseguir resultados. Vino la pandemia, ahora hay una guerra, pero el objetivo nuestro y contra la tendencia agravada por la pandemia y la guerra, el deterioro de los índices sociales y en las condiciones distributivas. Creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande con medidas fuertes para esto. En el Frente de Todos hay que resolver esas cuestiones y tomar esas medidas para que se vean los resultados. Y digo también, quienes hablan del crecimiento y la distribución, en términos objetivos, podemos estar todos de acuerdo. Lo que ocurre es que el crecimiento, sin una mejora rápida y eficaz en la distribución de los ingresos, se hace poco sostenible. Porque se va deteriorando el mercado interno y el consumo, que son las fuentes principales de la demanda. Creo que, hasta por razones macroeconómicas, hay que tomar todas las decisiones que sean necesarias para dar esas respuestas, aún en condiciones que son excepcionales y complejas.

 

 

 

 

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