Gobernanza mafiosa

Para esconder esa carta, el ministro había acudido al recurso más ingenioso y sagaz de no tratar siquiera de esconderla.

Poe, La carta robada

El sistema no castiga a sus hombres; los premia. No encarcela a los verdugos, los mantiene.

Walsh, ¿Quién mató a Rosendo?

 

Joker

En ¿Quién mató a Rosendo? la palabra “maffia” aparece dos veces. Ese es un síntoma de que la mafia no es una anomalía del cuerpo social ni una desviación de un sistema político, sino un fenómeno dramático, expresión de un modelo político y social contaminado por una racionalidad privada-ilegal-organizada que coloniza el aparato público con un propósito de duración en el tiempo. Cuando esa racionalidad se activa y el resorte empieza a rechinar, determina la emergencia de experiencias de gobierno del Estado conducidas por el mismo espacio político por arcos temporales extensos. Es esto: se interrumpe la alternancia democrática. “La transformación no para” es un ejemplo destacado. Esa racionalidad expresa el (pre)dominio de los intereses privados (idiota: un ser social limitado a sí mismo, incapaz de interpretar cualquier realidad que no coincida con su exclusivo interés personal) por sobre los públicos y de los ilegales por sobre los legales. Cuando esa racionalidad se activa, difumina progresivamente la línea de demarcación entre lo legal y lo ilegal, entre lo lícito y lo ilícito. Ese anudamiento constituye la columna vertebral del poder mafioso. Y el poder es también la capacidad de influir en la manera en la que nos perciben (Sara Ahmed, ¡Denuncia! El activismo de la queja frente a la violencia institucional, 2022). Por eso mismo, hasta hace poco en la Argentina, el poder mafioso pasaba desapercibido.

La industria cultural que se expresa en el cine de Hollywood contrabandea esta misma lógica con The Dark Knight (2008) de Christopher Nolan. El caballero es Batman, un CEO libidinal que organiza una estructura de poder compleja-privada-ilegal, empalmada con la estatalidad representada por James Gordon, teniente de policía, y Harvey Dent, fiscal del distrito. Esos tres actores, que representan intereses más amplios, dicen querer desmantelar las “organizaciones mafiosas” –que en realidad son pequeñas bandas de gángsters organizadas según un principio étnico– de Ciudad Gótica. Pero: la mafia son ellos. Han configurado un Estado ilegal. Los Monos en Rosario reproducen exactamente la “lógica Batman”. Y la industria cultural de Hollywood trafica como aceptable la idea del Estado ilegal, nos la inculca como glamorosa y erótica. Se piense esto: Batman resulta atractivo y Joker, el Guasón, repelente. Es propio del mundo al revés, codificado por las formas cognitivas del poder mafioso. La figura del Guasón puede ser entendida como representación de los sectores populares desquiciados por el poder mafioso. Joker es la antimafia. En la Argentina, ese movimiento lo encarna el padre Paco Olveira. Con otra estilística, desde ya.

 

 

 

Polipartido

En 1962, el procurador de Palermo Pietro Scaglione estaba convencido de que la mafia tenía orígenes políticos y que a los mafiosos de rango había que buscarlos en las administraciones públicas. Resultado: la Cosa nostra lo asesinó el 5 de mayo de 1971. Esta estructura de poder en Italia se conoce como “poli-partito della mafia”. Esa categoría fue acuñada por Carlo Alberto Dalla Chiesa, un general de los Carabinieri. El 6 de abril de 1982, al ser nombrado Prefecto de Palermo, en un coloquio con Giovanni Spadolini –por entonces presidente del Consejo de Ministros– apeló a ese concepto para indicar el anudamiento entre la mafia siciliana y distintos segmentos del ámbito político-administrativo-empresarial. Resultado: también fue asesinado por la Cosa nostra el 3 de septiembre de 1982. La ristra de asesinatos de la Cosa nostra es asombrosa. Y en ese asombro hay una enseñanza: el poder mafioso no acepta un conflicto “regulado”, que afirme una relación jerárquica, superior/inferior, por ejemplo. Su conflicto apunta a la aniquilación de la otredad. Cuando acontece, no es posible convocar a autoridades morales comunes a modo de testigos o para que medien, ni apelar a acuerdos aceptados por ambos bandos. Tampoco existe una lengua común para establecer reglas. El conflicto mafioso es total. Por eso la convocatoria a un pacto democrático en la Argentina está siendo desoída (Marco Revelli, Le due destre, Bollati Boringhieri, 1996). En cuanto al “poli-partido”, estaba integrado por un protagonista absoluto de la vida política italiana: el primer ministro Giulio Andreotti (Sentenza 1564, 2/5/2003, emitida por la 1ª sezione penale della Corte di appello di Palermo). Y por Marcello Dell’Utri, intermediario de Silvio Berlusconi con la Cosa nostra (Sentenza della Corte di appello di Palermo, 29/6/2010).

La mafia es un sistema de poder criminal que no está ni fuera de la sociedad ni fuera del Estado y existe porque existe una “demanda de mafia” en el ámbito político, económico, judicial, empresarial y comunicacional. La mafia ya no es el producto de una mentalidad arcaica, sino el resultado de una característica de la sociedad (de un sector conspicuo de ella) y del Estado, que sienten una irresistible atracción hacia un poder oscuro. De este modo, estatalidad y mafialización se anexan. Ninguna banda de gángsters logra un éxito semejante. Para mafializar los fondos públicos se crean verdaderos “comités de negocios”, esto es, grupos de poder transversales, integrados por empresarios, políticos, funcionarios públicos, representantes del poder mafioso, que se constituyen para identificar y gestionar en beneficio propio recursos –bienes comunes naturales, por ejemplo el litio– y en particular bienes públicos (Rocco Sciarrone, Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione, 1998). La “moneda de cambio” entre estos sujetos no es estrictamente el dinero. La brújula que orienta la mafialización del Estado es la acumulación económica, aunque su objetivo último es el poder: el monopolio del poder, con vistas a una hegemonía totalizante. Lo que estos sujetos buscan es un compromiso colectivo preciso y expresable en la facilitación de financiación, contribuciones, contratos públicos, pedidos, disponibilidad de empresas constructoras, puestos de trabajo, actividades bancarias, financieras y de negocio aptas para facilitar procedimientos de lavado y blanqueo de capitales, y cualquier otra cosa que pueda contribuir no sólo a enriquecer a los miembros individuales de este tupido entramado, sino a fortalecer la estructura de poder en su conjunto. Otro ejemplo: para mafializar una investigación judicial existe un método. Gian Carlo Caselli y Guido Lo Forte –dos magistrados antimafia italianos, en Lo stato illegale. Mafia e politica da Portella della Ginestra a oggi (Laterza, 2020)– lo califican de “metodo dello spezzatino”. Spezzatino es una especie de guiso hecho con pedazos de distintas carnes. En vez de formular una valoración global de un caso investigado, se lo mafializa: “se prefiere segmentarlo y dispersarlo en mil riachuelos” (p. 23).

 

 

 

Lengua y literatura

El vacío expresado por la teoría y la sociología políticas nacionales respecto del poder mafioso y de la propia categoría social mafia es repuesto por la literatura argentina, que por su mayor grado de libertad percibe la complejidad de las potencias políticas. En este caso, se tensa entre Walsh y Viñas en un arco temporal suspendido entre la Fusiladora y el segundo menemato: “Pasando la mano por encima de sus textos, desde Variaciones en rojo, a través de Operación masacre, hasta desembocar en su Carta abierta a la junta militar del ‘77, resulta evidente ese balance: la política argentina ha segregado burocracia. La burocracia se ha institucionalizado al pretenderse permanente. Semejante institucionalización ha producido un poder corrupto. Y todo eso ha generado, a su vez, un proceso proliferante más y más degradado que suele llamarse mafia. [...] además, fue comprendiendo que, para entender lo que el Poder presentaba como algo fragmentado, resulta imprescindible encontrar el centro que articula una aparente polvareda de datos inconexos” (David Viñas, “Mafia y política en Rodolfo Walsh”, Página/12, 1995). Ese centro –hoy lo sabemos, podemos decirlo, también sabemos por qué– es Clarín, que integra una especie de poli-partido con un segmento conspicuo del Poder Judicial (concentrado sobre todo en el puerto de las nieblas de Comodoro Py y con ramificaciones hasta lago Escondido), con otro, conspicuo también, del poder político (interno y externo a las instituciones), y parte del gran empresariado (no) nacional. Si todo lo que está en la lengua nacional debe ser aceptado (aunque sea con un leve barniz de escepticismo), también es cierto que puede ser mejorado. Me refiero al concepto de “partido judicial”. Existe, sin duda, pero integra un organismo mayor: el poli-partido. Esta categoría es pasajera hasta tanto la lengua nacional no encuentre una especificación propia para referir al fenómeno.

El poli-partido que responde al poder mafioso determina la existencia de una entidad política que al legitimarse “democráticamente” digita un Estado ilegal cuyas manifestaciones se verifican en el Poder Ejecutivo, en un sector del Judicial, en otro del Legislativo, en la mediaticidad monopólica y en la economía. Complementariamente, la mafialización del Estado implica una gobernanza multinivel, en la que solo una capa, aquella más superficial, responde al interés público. Los niveles de esta gobernanza mafiosa son al menos nueve. Así lo detallan Caselli y Lo Forte: esa gobernanza concierne a “las relaciones y los negocios entre las distintas organizaciones criminales; identifica e inaugura nuevos frentes de colaboración e intercambio [entre ellas]; entrelaza los circuitos de las distintas mafias a nivel transnacional; favorece nuevas y rentables relaciones y alianzas; comparte poderes y canales de comunicación; pone a disposición de sus asociados, cada vez que lo precisan, el sistema de relaciones con el mundo económico; facilita acciones encubiertas de lobbying e influencia sobre la política y las instituciones; participa en el capital de bancos, instituciones financieras, fondos internacionales, editoriales y canales de televisión; ejerce una presencia constante en la web produciendo información sesgadas [fake news], o en la dark web promoviendo negocios sucios y oscuros” (p. 157). Si todo esto es cierto, también lo es el empleo –ininterrumpido– de la violencia extrema. El magnifemicidio contra la Vicepresidenta es un ejemplo. La regla, en este caso, es esta: se trata de matar (o se mata) a un sujeto poderoso cuando se ha vuelto demasiado peligroso (ha entendido nítidamente contra quién lucha, como Scaglione o Dalla Chiesa), pero se hace la tentativa de asesinato porque se lo percibe como débil o relativamente aislado.

Las nuevas mafias son organizaciones sofisticadas que sin embargo dejan rastros. Deben ser buscados en las actividades de lavado de dinero del narcotráfico, en sus posibles rutas, en sus posibles usos, en las conexiones internacionales, en las inversiones, los centros offshore, en la expansión del mercado de criptomonedas y monedas electrónicas, en las nuevas tecnologías del sector financiero, blockchain, high frequency trading, import-export, fondos de inversión internacionales.

Si la fuerza de ese poder reside en la compenetración orgánica –una auténtica alianza– entre criminalidad y (aparente) legalidad, la lucha contra ese poder debe tener en cuenta ambas dimensiones. Primero, codificar la asociación mafiosa en el código penal. La criminalidad mafiosa se ve favorecida por el hecho de que la legislación nacional no prevé el delito de asociación mafiosa, a pesar del compromiso adquirido por la Argentina con la Convención de Palermo de diciembre de 2000. Segundo, preparar una legislación para secuestrar los bienes mafiosos con vistas a transferirlos a la antimafia social o de los derechos.

Antimafia social de los derechos nombra un movimiento, incipiente en la Argentina –lo activó en Tribunales el padre Paco Olveira con una semana de ayuno y una misa colectiva– pero de carácter inevitable, de afirmación de la legalidad, porque el Estado en la Argentina somos nosotrxs: el pueblo trabajador.

 

 

 

 

 

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