GIL LAVEDRA Y ROSENKRANTZ TIENEN FE
Honorarios por hasta 25.000 millones de pesos
La Corte Suprema de Justicia tiene que resolver cuántos miles de millones de pesos deberá pagar la provincia de Santa Fe a los abogados que litigaron contra el Estado Nacional en un juicio por coparticipación que duró 14 años. Se trata de 151.000 millones de pesos en total que fueron reconocidos por el ex ministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados. La Corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra.
En 2017, Rosenkrantz se presentó en la Corte que él mismo integra para pedir que le regulen sus honorarios a través de un escrito firmado por su socio Bouzat. En la última página de esa presentación, Bouzat demandó honorarios por más de 18.000 millones de pesos, valuados hasta 2015.
El contrato que firmó el ex gobernador Hermes Juan Binner con los estudios de Gil Lavedra y Rosenkrantz se mantuvo bajo siete llaves hasta ahora. El Cohete logró hallarlo no sin pocas trabas de la burocracia de Santa Fe y del Poder Judicial. Aquí se publica por primera vez.
El asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene a Rosenkrantz como juez y parte.
La trama
En noviembre de 2008, Santa Fe mantenía un litigio con el Estado Nacional por una demanda en reclamo de la coparticipación federal. El mismo incordio tenían San Luis y Córdoba. Los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá contrataron al ex integrante de la Corte menemista, Rodolfo Carlos Barra, y José Manuel de la Sota al estudio de Alberto García Lema.
Fue en aquel contexto que Binner decidió contratar a los abogados Rosenkrantz, su socio Bouzat y a Gil Lavedra con su ex pareja, María Cristina Romero Acuña. El problema es que el contrato se fijó de forma directa a través del decreto 3.165/08 , firmado por Binner. Lo avaló Jorge Barraguirre, el ideólogo de la iniciativa de contratación de los letrados cercanos a la Corte, al PRO y la UCR. El trámite fue revisado por el Tribunal de Cuentas de Santa Fe sin ninguna objeción. Barraguirre agrega que él no tiene coincidencias ideológicas con Rosenkrantz, de quien se siente distanciado por el fallo del 2x1 a los genocidas y la abjuración de las enseñanzas del jurista Carlos Santiago Nino.
Al ser consultado por este cronista, Rubén Weber, fiscal de Estado de Santa Fe, no descartó refutar u oponerse el monto de los honorarios de los abogados contratados que debe regular la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si son muy onerosos para la provincia. Dijo que no coincide con la contratación de abogados externos, cuando la Fiscalía de Estado provincial cuenta con un plantel de expertos y expertas. Pero, llamativamente, Weber evitó dilucidar el contenido del decreto pactado en 2008.
Se trata de dineros públicos y el pueblo de la Argentina tiene derecho a saber en qué se gasta y por qué la provincia de Santa Fe, en un diferendo con la Nación, fue a buscar el lobby de abogados porteños, algo que logró porque la solución resultó pragmática. Cada una de las partes paga sus costas, aunque Weber no precisó qué pagaría Santa Fe.
En 2015, el diputado provincial Eduardo Toniolli había sido el primero en presentar un pedido de informes, que se perdió entre pasillos y cajones.
Lo cierto es que Santa Fe deberá pagar a sus abogados con el dinero que proviene del gobierno nacional. Fuentes de la Casa Rosada adujeron la semana pasada que el trámite en cuestión lo debería resolver el Ministerio de Economía.
Realismo mágico
El escrito presentado por Rosenkrantz ante la Corte que integra –a través de su socio Bouzat–, en reclamo de la regulación de sus honorarios fue firmado por sus colegas Gil Lavedra y Romero Acuña, entre otros. Frente a esta historia tan surrealista, cabe recordar que ninguno de los jueces de la Corte pasa hambre. Ganan millones de pesos al mes, tienen chofer, profesor de gimnasia particular, nutricionistas a domicilio, dos meses de vacaciones pagas al año, no abonan impuesto a las ganancias, se van de vacaciones y viajan al exterior, y cuentan con cargos vitalicios, jubilación del 82 por ciento móvil, y nombramientos a sola firma.
El acuerdo inicial firmado por Binner marcó que Santa Fe pagó 40.000 pesos por mes –cifra probablemente ridícula y multiplicada diez mil veces mejor que las paritarias de los trabajadores agremiados de la Argentina– desde 2008.
Los estudios porteños habrían obtenido más de 10 millones de pesos en meses. Una especie de inversión en el mercado del litigio para esquilmar al Estado.
Antes de renunciar vía Twitter, el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, acordaron que el Estado Federal le pagará a Santa Fe 151.000 millones de pesos a diez años con bonos. Resulta obvio que de ese monto millonario se pagarán los honorarios de Rosenkrantz y Gil Lavedra. En dólares, Santa Fe quería recuperar un valor semejante a 700 millones.
El convenio entre Binner y los abogados Rosenkrantz y Gil Lavedra marca que los litigantes podrán cobrar “hasta el 80 por ciento de los honorarios estipulados” en el caso de ganar el diferendo con la Nación y el 50 por ciento de haber resultado perdidosa Santa Fe, algo que no pasó.
El 24 de noviembre de 2015, con los votos de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, la Corte declaró “inconstitucional la deducción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”.
La sentencia llegó casualmente justo antes de que finalizara el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y fue a favor de Santa Fe y San Luis. Soplaban otros vientos.
La estrategia inicial de Binner y los socialistas resultó exitosa, pero el debate es ético y moral. ¿Hay un artículo de la Ley de Ética que impida a Rosenkrantz hacerse de tantos miles de millones a la vez?
Cada vez que surge este espinoso dilema, en la Comisión de Juicio Político del Congreso, que juzga el presunto mal funcionamiento de la Corte por el tráfico de influencias a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el fallo de coparticipación, los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, y Eduardo Valdés deben soportar los insultos de Juan Manuel López, cercano a Elisa Carrió.
Gil Lavedra prefirió no hablar de Carrió. Jura que vive de su trabajo de abogado y que no obtiene ganancias como presidente del Colegio. “Mi cargo de presidente del Colegio de la Abogacía es ad honorem y defiendo el trabajo de los abogados y esto es eso. Me toca una parte entre muchos abogados y se discute tanto que estoy pensando seriamente en donarla. De todas maneras no veo qué falta ética habría en cobrar por mi trabajo, en un asunto que ha arrojado tantos beneficios al federalismo fiscal de todo el país”, dijo el ex integrante del tribunal del Juicio a las Juntas, que está en contra de juzgar a los cómplices civiles de la dictadura. Piensa en donar sus honorarios. No afirmó que los donará. Su colega Rosenkrantz está bajo sospecha. Lo lógico sería que se excluya de semejante decisión beneficiosa para sus ahorros.
¿Qué votarán los supremos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti?
Desde el despacho de Lorenzetti, deslizaron que esperarán a que Rosenkrantz ratifique o no el pedido de honorarios que estipuló en más de 18.000 millones de pesos hasta 2015.
Los supremos Maqueda y Rosatti guardaron silencio.
Ayer nomás
La gente cambia. Y es lógico. Luego de que los jueces Rosatti y Rosenkrantz asumieran por decreto de Mauricio Macri como ministros de la Corte, se desarrolló una asamblea en el salón azul del Senado. Ocurrió el 12 de marzo de 2016. Allí se lo pudo escuchar al entonces senador Perotti preguntándole a Rosenkrantz por el contrato que recién ahora –siete años más tarde– estamos revelando.
A partir del minuto 26:10, Perotti comenzó a hilvanar la trama del acuerdo con Binner. El juez Rosenkrantz no paraba de transpirar, encajado en su corbata. Lo rodeaba Federico Pinedo, quien lo auxilió.
Doce minutos antes, Rosenkrantz dijo que hizo “un estudio de las transiciones democráticas” con la ONG de que la fue fundador y presidente, y aclaró que de Japón aprendió las tres D: “democratizarlo, desmonopolizarlo, y desmilitarizarlo”. “Constituimos una Asociación en el año 2000 –sostuvo– para poner a la competencia en el panteón de las virtudes públicas”.
Rosenkrantz promovió “la competencia”, pero defendía al Grupo Clarín como abogado junto a su socio Bouzat. En el 2000 creó una ONG tan capitalista como los socialistas de Santa Fe. Bouzat aparece en litigios semejantes en otras provincias. Su amigo Rosenkrantz sostuvo los intereses de Fibertel.
“En atención a los expuesto, solicitamos que se practique una regulación conjunta asignándole un 50 por ciento a los doctores Bouzat y Rosenkrantz y el otro 50 por ciento a los doctores Gil Lavedra, Romero Acuña, Zírpoli y Cano”, pidieron los letrados ante la Corte.
Hay 151.000 millones de razones en juego con un porcentaje de honorarios de abogados con el que se podrían pagar muchos planes sociales, canastas básicas y jubilaciones.
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