Gerardo Morales, el supremo

 

Durante los últimos meses, se multiplicaron los delitos de violencia institucional en la provincia de Jujuy como forma de persecución a quienes se movilizaron en rechazo de la inconstitucional reforma a la Constitución provincial que impuso, con todo tipo de recursos, el gobernador Gerardo Morales. En la denuncia presentada el miércoles 20 de septiembre del año en curso, son detallados 108 delitos y más aún son las víctimas afectadas por estos ataques. La denuncia fue elaborada por las y los integrantes del Colectivo Nacional de Abogades en Causas por Crímenes de Lesa Humanidad “Mario Bosch” junto a más de 12 organismos de derechos humanos de distintos lugares del país, encabezados por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

 

 

Jueces jujeños, de inquisidores a investigados

La denuncia fue dirigida al Poder Judicial federal y buena parte de su sólida fundamentación expone las razones por las cuales no puede considerarse competentes a magistradas/os penales de la provincia de Jujuy, ya que resultan coautores de las masivas violaciones a los derechos humanos que allí se vienen practicando. En la presentación también se describen todas las vertiginosas e irregulares reformas institucionales con las cuales Gerardo Morales, desde diciembre de 2015, se aseguró la complicidad judicial para su persecución a quienes se le oponen de manera real y no meramente aparente.

Son conocidos los padecimientos de Milagro Sala y su esposo Raúl Noro por los secuenciados procesos judiciales que Gerardo Morales le aplicó a la lideresa indígena para sentirse en las mejores condiciones de llevar adelante sus planes gubernativos, tal como los ha investigado Horacio Verbitsky en La Libertad no es un Milagro (2017). Entre los meses de junio y agosto de este año se recrudecieron los hostigamientos a Sala, a pesar de que Raúl Noro transitaba sus últimos días de vida. En estos mismos meses, los allanamientos ilegales y vejámenes se dirigieron contra varias/os activistas más de una diversidad de comunidades indígenas, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, sindicales y partidarias.     

Las violaciones a los derechos humanos que se denuncian también abarcan amenazas, intimidación y seguimiento de personas con vehículos no identificados, lesiones gravísimas, abusos sexuales, tormentos y privaciones ilegales de la libertad, dando cuenta que no resultan episodios aislados ni acontecimientos inconexos. Dentro de los hechos que deben ser investigados de manera conjunta, se encuentra el accionar contra integrantes de la comunidad de la Universidad Nacional de Jujuy, en sedes de la propia universidad, que ineludiblemente corresponde a la competencia federal.

Las autoridades del Poder Ejecutivo y del Judicial que se consideran imputables son el gobernador Gerardo Morales, el fiscal de Estado Miguel Ángel Rivas, el procurador general Sebastián Albesa, el fiscal general Sergio Lello Sánchez, el ministro de Seguridad Ernesto Guillermo Corro, el jefe de la Policía de la Provincia Horacio Herbas Mejías; los jueces Rodolfo Fernández y Emilio Carlos Cattan, y los fiscales Diego Funes, Walter Rondón, Rodrigo Fernández Ríos y Fernando Alancay junto a varios oficiales y suboficiales de policía.

 

 

El “Bosch”, espacio federal por los procesos de memoria, verdad y justicia

Aproximadamente 60 son las y los profesionales que integran el Colectivo Nacional “Mario Bosch”, quienes actúan como querellantes en las distintas jurisdicciones argentinas en las causas contra genocidas de nuestra historia reciente. Llevan realizadas nueve jornadas nacionales, prácticamente con una frecuencia anual. Las últimas tuvieron lugar en julio de este año en la ciudad de Paraná y en su documento final ya denunciaban al poder judicial jujeño como brazo ejecutor de las persecuciones impulsadas por Gerardo Morales.

Guadalupe Godoy, abogada de la Liga por los Derechos Humanos e integrante del Colectivo “Mario Bosch”, patrocina la denuncia promovida el miércoles pasado junto a Dolores Aragón. Godoy recuerda: “[desde el ‘Bosch’] se presentaron habeas corpus cuando comenzó en Jujuy esta oleada de privaciones ilegales de la libertad contra quienes se manifestaban en oposición a la reforma constitucional pretendida por Gerardo Morales. Y desde entonces, se siguió reuniendo una gran cantidad de información sobre el centenar de delitos perpetrados. Por nuestros vínculos con los distintos organismos de derechos humanos de la Argentina, los convocamos a presentar esta denuncia, que buscamos fuera lo más completa posible, expresando la fuerza de una amplia construcción colectiva. Queremos también dejar en claro con esta confluencia de los organismos de derechos humanos que esta situación involucra a todo el país, a diferencia de la pretensión de Gerardo Morales, que considera una intromisión toda actuación que no esté a cargo de las magistradas/os provinciales que le responden. Si el Poder Judicial federal, como sucedió en anteriores oportunidades, vuelve a desentenderse de la gravedad de las prácticas lideradas por Gerardo Morales, entonces, no dudaremos en acudir a la Comisión y a la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, porque está en juego una responsabilidad internacional de la República Argentina por estos ataques masivos y sistemáticos a los derechos humanos”.

La maniobra de Gerardo Morales de aislar a Jujuy de los reclamos y acciones que se hacen desde todo el país junto a las jujeñas y jujeños perseguidos resulta inaceptable. Así lo manifestó Lucía Tejera, abogada de la ciudad de Paraná e integrante del “Bosch”: “Morales nos quiere hacer creer que son ajenos a nuestra patria sus ataques contra jujeñas y jujeños y sus planes de explotación de los territorios. Así como en las causas sobre las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar nos resulta evidente la participación activa de funcionarios judiciales de quienes ninguna protección podía esperarse en defensa de militantes perseguidas/os, en la denuncia, nos ocupamos de identificar las distintas medidas que organizó Morales para contar con un Poder Judicial local que nada haga respecto de la fuerte violencia contra los cuerpos que se manifiestan en defensa de sus territorios y sus formas de vida”. Tejera explica que no podemos dejarnos conducir al sin sentido de “hechos aislados”, de los “excesos” de algún agente estatal, sino que hay que “poder reconocer signos constantes, superiores a ciertas coyunturas, en estas construcciones de aparatos de expoliación y represión, en línea con lo que Raúl Zaffaroni investiga sobre el patrimonio cultural negativo y criminal de la humanidad”. “No le aceptaremos a Gerardo Morales —dicen desde el “Bosch”—, su propuesta de no considerar parte principal de la Argentina al pueblo jujeño y sus territorios”. Por esos la denuncia se realiza con la participación profesional y testimonios de jujeñas y jujeños en conjunto con todas/os quienes repudiamos estos ataques desde los distintos lugares de nuestro país.

 

 

 

*Guillermo Munné es integrante del Colectivo Nacional de Abogades en Causas por Crímenes de Lesa Humanidad “Mario Bosch”.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí