Gente de bien

 

En una entrevista con la periodista estadounidense Bari Weiss, el Presidente Javier Milei reveló cuál es su deseo profundo: “Amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas”. En ocasiones anteriores, Milei ya se había declarado admirador del anarco-libertario norteamericano Murray N. Rothbard, autor de La ética de la libertad (Unión Editorial), para quien “el Estado es la vasta maquinaria de la delincuencia y de la agresión institucionalizadas, la organización de los medios políticos con el objetivo de enriquecerse, esto quiere decir que nos hallamos ante una organización criminal (…) a la que nadie tiene la obligación moral de obedecer”. Lo que ignorábamos es que la destrucción del Estado no la inició Milei el 10 de diciembre de 2023, sino que ya había tenido ocasión de infiltrarse para llevar a cabo su labor de topo en el período en que Daniel Scioli fue gobernador de la provincia de Buenos Aires (2007-2015). De acuerdo con una investigación del periodista Hugo Alconada Mon, publicada en La Nación, Milei se alzó con una cantidad que actualizada asciende a alrededor de 120.000 dólares mediante una maniobra que no sólo es éticamente cuestionable sino que también, si se confirman los extremos señalados en la nota, podría configurar la figura penal del artículo 174 inciso 5 del Código Penal, que castiga con dos a seis años de prisión al “que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”.

 

 

 

La maniobra de Milei

Según los datos reunidos en la investigación, la maniobra tuvo lugar durante el período en que Milei se desempeñó como “economista jefe” de la Fundación Acordar, un think tank presidido por el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se había constituido para aportar ideas y propuestas de políticas públicas al gobernador Scioli. Durante el período que se inicia en enero de 2014 y finaliza en octubre de 2015, Milei emitió mensualmente, en papel y con su firma, una serie de facturas consignadas a nombre de la empresa pública Provincia Seguros, que pertenece al Grupo Provincia. De este modo pudo cobrar a través de cheques o mediante transferencias a su cuenta bancaria distintos importes en concepto de “consultoría”, “estudios complementarios”, “gastos” u “honorarios por trabajos pedidos”. Según la investigación periodística, en los archivos de Provincia Seguros no quedan constancias de los presuntos trabajos de “consultoría” del economista Milei ni de ningún otro tipo de contraprestación de servicios. Ni siquiera aparecen ingresos de Milei en el registro de visitantes a la sede de la empresa, ubicada en el microcentro porteño. Debido a que Milei tampoco declaró esos ingresos en la AFIP, debió enfrentar luego una inspección fiscal que terminó en un acuerdo de moratoria, en virtud del cual debió abonar una importante suma mensual a la agencia Impositiva a lo largo de cinco años.

Es fácil deducir que al no existir constancia alguna de los servicios de consultoría supuestamente prestados a Provincia Seguros, las facturas emitidas y cobradas eran un simple subterfugio para compensar los servicios que prestaba en la Fundación Acordar. Debe tenerse en cuenta que, según declaraciones de Milei efectuadas en varias ocasiones, su colaboración con la Fundación Acordar era ad honorem. Por lo tanto es evidente que con la complicidad de los directivos de la Provincia Seguros designados por Scioli se le pagaban facturas truchas por servicios no prestados a una empresa pública, lo que constituye un claro fraude al Estado provincial.

 

La casta que rodea a Milei

El periodista Juan Luis González ha añadido en Perfil algunos datos muy significativos al episodio de las facturas truchas. Señala en su nota que todos los funcionarios que pagaron las facturas emitidas por Milei contra Provincia Seguros en los años 2014 y 2015 han sido recompensados con cargos públicos en el actual gobierno.

Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires en aquel entonces, es el actual secretario de Estado de Ambiente, Turismo y Deportes. El presidente de la Fundación Acordar, Guillermo Francos, es el actual jefe de Gabinete. El presidente de Provincia Seguros que firmaba los cheques que Milei cobraba es el actual secretario de Coordinación Administrativa, Alberto Jorge Haure, al tiempo que su hija María Victoria pasó a ser vocal del directorio de Parques Nacionales. El entonces vicepresidente de Provincia Seguros, Ignacio José Isidoro Subizar, es gerente de administración de comisiones médicas dentro de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, bajo la órbita del ministerio de Capital Humano, y otro directivo de Provincia Seguros en la época de las facturas cobradas por Milei es Lisandro Catalán, actúa vicejefe de Gabinete. Todas estas circunstancias desmienten la idea, seguramente proveniente de periodistas ensobrados, de que Milei es una persona insensible y fría. Por el contrario, demuestra que cumple generosamente con una de las reglas de honor de la casta que prescribe “hoy por ti, mañana por mí”.

 

Nuevos topos

Siendo La Libertad Avanza un partido de advenedizos, no debiera sorprender que apenas transcurridos casi nueve meses de gobierno comiencen a estallar los primeros escándalos de corrupción. Según publicó La Política Online, en Tucumán, un centro médico sin prestaciones de alta complejidad le facturó al PAMI 2.500 millones de pesos en ocho meses. El escándalo involucra a funcionarios libertarios y también a Ricardo Bussi, presidente de Fuerza Republicana, aliado de Milei en la provincia.

Según otra investigación de González en la revista Noticias, la construcción de una nueva fuerza partidaria que vienen haciendo Karina Milei y su mano derecha Eduardo Lule Menem se basa en el loteo del PAMI y la ANSES de cada provincia entre referentes políticos de su espacio. De este modo se entregan estos organismos para que los miembros de La Libertad Avanza cuenten con ingresos que financien su actividad militante.

Según el periodista, “entre los nuevos titulares hay de todo: ex candidatos a gobernador de LLA en 2023, familiares de dirigentes de primera línea del gobierno, socios comerciales, pastores y hasta el paso de un stripper”. Añade que si bien son prácticas que se han registrado en gobiernos anteriores, tienen la peculiaridad de que en este caso retrata fielmente la inconsistencia ética que supone adoptar los comportamientos típicos que Milei le asigna a la casta: el uso del Estado como botín.

Por su parte, el senador de La Libertad Avanza (LLA), Bartolomé Abdala, adsmitió haber contratado asesores en el Congreso para que trabajen en su campaña a gobernador de San Luis.
En una entrevista televisiva confesó que “parte de sus 20 asesores los tiene trabajando en San Luis”, porque aspira a ser gobernador. Esos asesores no brindarían ningún servicio de
asesoramiento legislativo, sino que estarían destinados a hacer política en la provincia puntana, con el objetivo de que Abdala alcance sus aspiraciones de convertirse en gobernador.

Reforma del Estado

El gobierno, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, ha anunciado una reforma del Estado consistente en establecer un examen que se deberá aprobar para trabajar en la Administración Pública Nacional. La idea es reproducir los exámenes de ingreso a la función pública que existen en los países con servicio civil profesional. Sin embargo, los hechos no acompañan a los enunciados. Según el diario Perfil, el gobierno incorporó un total de 154 funcionarios en los 22 días hábiles de agosto, según consta en el Boletín Oficial. Es decir un promedio de siete funcionarios por día que acceden sin siquiera cumplir con el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) que establece las condiciones bajo las cuales una persona se incorpora al Estado, variando las condiciones según la categoría.

 

El spoil system

El sistema de gobierno que se conoce en la literatura política como spoil system o “sistema del botín” predominó en la mayoría de los países europeos y en Estados Unidos hasta bien entrado el siglo XIX. Fue abandonado a finales de ese siglo debido a las guerras, al comprobarse que el reino que no construía un Estado fuerte y no contaba con fuerzas armadas eficientes terminaba sometido. En la Argentina, a pesar del tiempo transcurrido, el Estado –tanto en su formato nacional, provincial como municipal– ha venido siendo usado tradicionalmente, independientemente del color político de los gobiernos, como botín para cubrir una considerable cantidad de cargos con militantes del partido que gana las elecciones. Los “republicanos” atribuyen a los “populistas” estas prácticas, pero como se ha podido comprobar durante el gobierno de Mauricio Macri y como sucede en la actualidad con Javier Milei, nadie ha renunciado al uso partidista del Estado.

Pablo Semán, en el ensayo Está entre nosotros: ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir? (Siglo XXI), destaca que según un relevamiento hecho entre los jóvenes, la idea del Estado como bien público no está puesta en cuestión. La crítica se refiere al “estado del Estado” y la forma en que se gestiona la salud pública, la educación y otros bienes públicos. Por lo tanto, ahora que conocemos el precio electoral que se paga por ciertas adicciones, es hora de asumir la necesidad de contar con un Estado profesional, eficiente, donde la incorporación del personal se haga en base a la capacidad acreditada para la función asignada. Por coherencia, a la cabeza de estas iniciativas deberían estar quienes reivindican el rol regulador del Estado y sus políticas de redistribución para alcanzar el bienestar social. Por otra parte, para que las iniciativas de reforma del Estado resulten convincentes deberían ser fruto de acuerdos alcanzados en sede parlamentaria y refrendados con una legislación aprobada en el Congreso que penalice las desviaciones de poder. Esa labor no debiera quedar en manos de tecnócratas neoliberales que sólo aspiran a reducirlo a la insignificancia. Es difícil imaginar que los topos libertarios que se han apropiado del Estado para destruirlo lleven a cabo las políticas encaminadas a relegitimarlo ante los ciudadanos.

 

 

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