Gas para todos y todas

 

Muy especialmente en épocas como la actual, eleccionaria, el debate político es –las pocas veces que se da– de extrema chatura en ideas y propuestas, limitándose a cuestiones de coyuntura, casi exclusivamente con el propósito de chicanearse entre candidatos de diferentes partidos.

El oficialismo se jacta –con sobrados motivos por las obras recientemente concretadas e inauguradas– de que el futuro del país será auspicioso gracias al gas de la Vaca Muerta (¿yacimiento hidrocarburífero todopoderoso que de por sí habrá de generar el desarrollo económico y social del país?) y significativamente desde la oposición mayoritaria no critican dicha predicción ya que en gran medida coinciden con ella, aunque la aprovecharían para fines más crematísticos de orden privado.

Imaginar que la mera existencia del gasoducto (una faraónica obra de ingeniería conectora de caños) implica soberanía energética y que será capaz de proveer al pueblo argentino con la cornucopia de la abundancia (acceso universal a energía barata para los millones de hogares desposeídos de ella y abaratamiento de un insumo clave que permita generar desde el Estado una estrategia de transformación productiva que involucre a buena parte del pueblo y los territorios) es, por lo menos, de suma ingenuidad. Al peronismo (autodenominado “campo nacional y popular”), creer que con la obra se ha alcanzado la puerta de entrada a la soberanía energética debido a las incrementales exportaciones de gas –aun con el sufrimiento en carne propia experimentado estos años, al ver la facilidad con que se esfuman los dólares exportados– esto le resulta un atajo cómodo para no debatir y discutir cómo hacer para que el aprovechamiento del gas genere riqueza efectiva para el tan castigado pueblo argentino. Un debate y una discusión necesarios para poder aclarar y tamizar versiones diversas y hasta contrapuestas entre las distintas fracciones del “campo nac & pop” que termine confluyendo en un plan de gobierno, ya que el gas y la minería (sobre la cual hay consideraciones en común) podrían ser pilares de un programa orgánico de aprovechamiento de recursos naturales para la transformación económico-social del país, en lugar de ser, como en los últimos años, una avanzada más del extractivismo que no mejora los estándares de vida de la población sino las cuentas en el exterior de los grandes exportadoras, mientras destruye la salud, fuentes de vida y culturas de los pueblos así como los territorios involucrados.

Para la dirigencia política peronista es fácil ensoñarse con la inexistencia de contradicciones en torno a la orientación del país e ignorar la necesidad o la posibilidad de transformarlo. La incapacidad de dicha conducción política para formular un programa integral que posibilite el desarrollo económico-social del país obedece a la falta de reconocimiento de su necesidad, lo que conlleva al desconocimiento en profundidad de los problemas del pueblo y sus territorios. Con esta impronta, la acción política se reduce a intentar mantener cierto nivel de persistencia en el poder e impedir el acceso de la derecha al gobierno, sin reconocer las implicancias de esta táctica.

Una condición necesaria para que el programa de gobierno esbozado pueda implementarse con éxito aprovechando el boom del gas es redefinir el rol del Estado, las funciones y la estructura tributaria correspondiente, capaces de garantizar una conducción efectiva del programa, y que deje de haber filtraciones de todo tipo capaces de arruinar cualquier posibilidad de romper con el statu quo reinante.

Sin duda, la concreción de la construcción del gasoducto es una noticia muy positiva para la Argentina. Puede ser bien aprovechado si se define una adecuada regulación del mismo y, entonces, resultará transformador del país en un conjunto de dimensiones. Primero desde lo social y productivo, segundo desde lo macroeconómico (la balanza de pagos) y tercero desde lo fiscal. Para antes que nada hay que conectar al servicio de gas natural por red a los millones de personas de reducidos ingresos de localidades provinciales que todavía carecen del mismo y usan fuentes de energía mucho más caras, trabajosas de conseguir y contaminantes para hogares y territorios, ajustando el Estado el precio de la energía para que les sea accesible. Esto es posible porque el gasoducto va a disminuir los costos de producción, ya que el sector gasífero es una industria en donde hay importantes economías de escala y, por lo tanto, la mayor capacidad de transporte lograda va a permitir un mayor volumen de producción de gas. Justamente, hoy la cuestión del transporte es uno de los principales cuellos de botella para el incremento de la producción. De esta manera, los costos totales de acceso al gas van a reducirse y el Estado deberá velar para que esa caída en los costos medios de producción –debido a las economías de escala, por la mayor producción de gas– se traslade a una baja en los precios de la energía, posibilitando así que toda nuestra industria pueda ser más competitiva e incluso puedan concebirse nuevas producciones que con los precios anteriores no resultaban viables.

De cualquier manera, la prioridad de un gobierno nacional y popular, antes que la industrialización, debe ser posibilitar el acceso y consumo del gas a alrededor de diez millones de personas hoy privadas de hacerlo. Para ello hay que poner en claro que el gasoducto fue realizado y pagado por el Estado, por lo cual éste debe –mínimamente– regular su utilización y establecer criterios para el aprovechamiento óptimo desde la perspectiva social y económica de los beneficios resultantes de las obras. Por una parte, esos criterios deberán posibilitar el acceso al gas a precios ajustados a los nuevos costos reducidos, entre otras cosas para brindar un insumo clave a la industria, en lugar de que –como suele suceder– un par de empresas monopólicas proveedoras se queden con el excedente generado por esta industria y que el Estado induzca una industrialización que implique mejores salarios reales. Sobre este punto no van a estar todos de acuerdo porque ciertamente habrá ganadores y perdedores de acuerdo a los nuevos criterios a fijar por el Estado.

No en todo puede haber consenso, pero sí sobre la idea de actuar como un Estado-Nación que construye condiciones en materia de infraestructura, que brinda acceso a los desposeídos de una fuente energética muy reclamada y conveniente, así como fomenta industrias que son clave para eslabonamientos hacia otros nuevos sectores de actividad económica que incorporen crecientemente ciencia y tecnología, al tiempo que absorban mano de obra calificada (y/o a calificar) con buenos salarios.

Siempre hay que pensar a la industrialización en el centro de cualquier estrategia de política económica porque los países que se industrializan son aquellos que pueden progresar más fuerte y rápidamente, brindando condiciones de vida dignas a la población. El Poder Ejecutivo y el Congreso tienen que trabajar mancomunadamente de forma tal que definan los incentivos apropiados a dicha industrialización.

 

 

 

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