Función en el piso 7

 

Los represores tuvieron el show que tanto querían. Se presentaron como víctimas del proceso de justicia. Dijeron que no reciben el trato que merecerían por su edad y que son discriminados porque las autoridades les retacean el acceso a la prisión domiciliaria o a la libertad condicional. La audiencia, que se extendió durante casi cinco horas, se hizo por disposición de la Cámara del Crimen, un tribunal que no tiene competencia para juzgar los delitos de lesa humanidad por los que ellos están detenidos.

El juez Martín Yadarola tiene su despacho en el séptimo piso del Palacio de Justicia de la calle Talcahuano, tres pisos más arriba de donde están las oficinas de la Corte Suprema. Allí, esperaba a las 10 de la mañana a quienes iban a participar de la audiencia que tuvo que convocar por decisión de los camaristas Magdalena Laiño, Rodolfo Pociello Argerich y Hernán López, que así se lo indicaron en dos fallos distintos.

La puerta del despacho 7079 se cerró definitivamente a las 10.30. En ese momento comenzó la audiencia. Yadarola había decidido que los represores podrían hablar, pero que no podrían hacerlo todos. Les indicó que debían elegir a un representante por pabellón. Eso provocó la reacción de los abogados de Justicia y Concordia, la organización que promovió el hábeas corpus en favor de los detenidos por crímenes de lesa humanidad.

Las exposiciones fueron largas. Hablaron de sus dolencias. Se quejaron porque en algunas unidades no había una ambulancia para traslados. Dijeron que a ellos se los discrimina con respecto a los otros detenidos mayores de 70 años que sí tienen medidas alternativas a la prisión.

Los datos, en realidad, los desmienten. La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) estima que el 80% de los represores están detenidos en sus casas, lo que mostraría que la justicia federal no es reticente al otorgamiento de prisiones domiciliarias cuando corresponde.

En representación del Ministerio Público Fiscal estuvo el fiscal Marcelo Munilla Lacasa. Hubo representantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad. Todos dependen de Patricia Bullrich, que públicamente dijo que el proceso de justicia había mutado en un proceso de venganza. Su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, publicó el año pasado en La Nación que los equipos de Bullrich trabajaban en una “solución” para los mayores de 70 que están detenidos por crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, quienes participaron de la audiencia en representación del Ministerio de Seguridad no llevaron esa postura, según pudo reconstruir Página/12 de la audiencia, que fue a puertas cerradas. El SPF, por ejemplo, informó que había un expediente iniciado por la falta de una ambulancia para los traslados y, de alguna manera, respondió que los pedidos de domiciliaria o de excarcelación no eran cuestiones penitenciarias, ya que eso debe resolverlo cada juez.

Por Zoom también estuvieron representantes de los servicios penitenciarios de Córdoba y Mendoza, donde también hay detenidos por crímenes de lesa humanidad.

Hubo cuatro abogados que tomaron la representación de los presos de lesa humanidad: Alberto Solanet, presidente de Justicia y Concordia, junto con Guillermo Fanego, María Laura Olea y Ricardo Saint Jean. La defensa pública afirmó que nada tenía para decir, dado que había una representación particular de los represores.

Olea y Saint Jean han tenido un año más que activo. En diciembre del año pasado fueron a pedir que la Cámara Federal de Casación Penal convocara a un plenario para decidir si la prisión domiciliaria debía ser automática a partir de los 70 años. El intento fue desbaratado en marzo por la propia Casación. En los últimos meses saltaron a la fama porque compartieron grupos de WhatsApp con los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que fueron a visitar a Alfredo Astiz y al resto de los represores que están presos en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza.

A la delegación de Justicia y Concordia se la vio salir satisfecha del despacho de Yadarola cerca de las 15.20. “Lo que más reconforta a los presos es que un juez los escuchó”, celebró uno de los abogados. El show estaba hecho.

En el séptimo piso casi no hubo presencias. Del movimiento de derechos humanos se acercaron Margarita Cruz, sobreviviente de la Escuelita de Famaillá e integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), y Ana Bianco, hija de María Eugenia Ponce de Bianco y una de las Madres de Plaza de Mayo señaladas por Astiz y secuestradas en la Iglesia de la Santa Cruz.

Un grupo de sobrevivientes de los campos de concentración y familiares de detenidos-desaparecidos pidió ser escuchado por el juez antes de tomar una decisión en el hábeas corpus. No asistieron a la audiencia, pero presentaron un escrito. Explicaron que permanecer en el mismo sitio –sea digital o presencial– junto a sus carceleros, secuestradores y torturadores era una nueva forma de revictimización. Plantearon, además, su absoluto rechazo al planteo de los represores de que sus condiciones de detención se agravaron y dijeron que la concesión de la libertad afectaría la sensación de justicia y reparación. Recordaron también que ninguno de ellos mostró arrepentimiento por sus crímenes.

Horas antes, seis fiscales que intervienen en las causas de lesa humanidad se presentaron en el expediente para decirle al juez Yadarola que no era competente y que ésta era una maniobra de Justicia y Concordia y de las otras organizaciones de “memoria completa” para sustraer la discusión de sus jueces naturales, que son los federales y no los de la justicia ordinaria. La presentación de Miguel Palazzani, Alejandro Alagia, Marcelo García Berro, Adolfo Villate, Félix Crous y Facundo Trotta exasperó a los integrantes de Justicia y Concordia, que despotricaron en sus redes sociales.

No fueron los únicos en plantear que la justicia ordinaria no es competente. También lo hicieron la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Yadarola tiene que analizar lo que sucedió en la audiencia y resolver si concede el recurso que plantearon los grupos afines a los represores, entre los que se encuentran el que lidera Cecilia Pando y el que tiene como referente a Silvia Ibarzábal, asesora de Luis Petri en materia de derechos humanos. La resolución debería conocerse en los próximos días.

En dos oportunidades, el juez Yadarola rechazó los planteos. En su último fallo, afirmó que no tenía competencia territorial ni material para intervenir. Y, en dos oportunidades, la Cámara del Crimen salió en auxilio de la estrategia de los criminales de lesa humanidad. Todo ante el silencio de la fiscalía de Cámara, que no sostuvo la postura del fiscal del caso ni de la Procuraduría ni de los seis fiscales federales.

 

* El artículo se publicó en Página/12.

 

 

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