Fumigadas durante la campaña

 

“Sabíamos que nos merecíamos un país distinto y Pergamino hoy puede dar fe de que vivimos una realidad distinta”, celebró el intendente de Cambiemos, Javier Martínez. Al lado estaban la gobernadora María Eugenia Vidal y el Presidente Mauricio Macri. Ocurrió durante uno de los últimos actos de campaña. Pero quienes podían dar cuenta de los cambios verdaderos no pudieron hablar. Era un grupo de mujeres que enfrentaron a la comitiva con sus demandas contra los agrotóxicos escritas en carteles. Cuando la organización de las Madres de Pueblos Fumigados levantó sus pancartas, la gobernadora pidió que las bajasen y los integrantes de la comitiva de seguridad se acercaron a las mujeres para violentarlas.

Pergamino es parte de la zona núcleo sojera. Sabrina Ortiz es una de las mujeres de esa marcha. Ella, sus dos hijos y su esposo tienen un daño escrito en el ADN que se llama genotoxicidad. Desde hace años llevan adelante una batalla que comenzó con muchos intentos para tratar de entender qué les pasaba a sus cuerpos y continuó con la organización de una lucha colectiva para que el derecho a los negocios no esté por encima del derecho a la salud.

 

 

 

Un municipio a puertas cerradas

El último 30 de agosto el juzgado federal 2 de San Nicolás ordenó ampliar una medida cautelar que hasta entonces había alcanzado sólo a algunas urbanizaciones. Se trata de la prohibición del uso de pulverizaciones y fumigaciones que ahora se extendió a todo Pergamino. La decisión del juez Carlos Villafuerte Ruzo está enmarcada en una causa penal iniciada por Florencia Morales y la misma Sabrina, esa mujer de la marcha que durante estos años estudió abogacía para dar esta batalla.

“La asociación entre las condiciones ambientales y los resultados de estudios de genotoxicidad son una de las mayores preocupaciones de la comunidad científica”, expresó la científica Delia Aiassa en el informe que está en la base de la decisión del juzgado. “Las principales fuentes de contaminación se atribuyen a las actividades que se realizan en la industria y la agricultura. Muchas de las sustancias químicas derivadas de estas actividades, como los plaguicidas, son denominadas ‘contaminantes emergentes’”. El informe señaló que esos grupos de contaminantes no necesitan estar constantemente en el ambiente para provocar daños, debido a sus altas tasas de transformación.

La investigación judicial comenzó a partir del estudio de tres barrios con campos localizados alrededor de Villa Alicia, Luard Kayad y La Guarida. En estos campos destinados a la producción agrícola se aplican agroquímicos, herbicidas, productos fitosanitarios y fungicidas que en muchas ocasiones poseen como componente activo el glifosato o sales derivadas del mismo. Elementos como el 2-4D, atrazina y clorpirifos fueron hallados al comienzo en pequeñas muestras tomadas en el suelo y en las aguas de esos predios. Un estudio posterior determinó la existencia de un amplio número de moléculas de plaguicidas en el agua, que no resultaba apta para consumo humano, y también en el suelo.

El municipio pidió ser querellante en la causa, pero el juzgado lo rechazó porque considera que puede tener responsabilidades penales. La municipalidad apeló la medida y ahora se aguarda la respuesta de la Cámara Federal. Pero no es el única batalla que da el jefe comunal con este tema. La justicia le exigió agua segura para los vecinos. Pero el intendente Martínez apeló la decisión del juzgado, el juez rechazó el planteo y hoy el intendente está pidiendo a la Cámara la incompetencia del juzgado para sacarlo de la causa. A criterio de Sabrina, es razonable: el intendente “quiere manejar el caso en la justicia provincial para manipular el proceso y los resultados”.

 

 

 

Los aliados

En noviembre de 2018, las mujeres encontraron un aliado en el Consejo Deliberante. Los concejales aprobaron una ordenanza para que el municipio pague los análisis de agroquímicos en las personas y al medio ambiente. “Villa Alicia es una zona muy humilde, de mucha pobreza, con necesidades básicas insatisfechas —dice la misma mujer—. Pero la gente no recibe atención médica digna porque pese a que el juez sugirió poner especialistas de piel y en toxicología en el centro de atención primaria, la comuna todavía no lo hizo”.

Ahora "denunciamos públicamente al intendente de Pergamino y a la Secretaria de Salud Municipal por el abandono de personas en Villa Alicia. Sobre todo repudiamos el abandono a los nenes del barrio: pese a que la Justicia, y nosotras mismas, explicamos la realidad de la gente, todavía no respondieron al alerta”.

 

 

El comienzo

Sabrina comenzó a tener problemas en 2011. Ella vivía en una zona urbana frente a la cual había un sembrado de soja, que era fumigado con agrotóxicos en forma desmedida. Estaba embarazada de cinco meses pero perdió el bebé como consecuencia de una intoxicación por las fumigaciones. Su hija de diez años ya tenía problemas en la piel, y respiratorios. Y su hijo varón también había comenzado con problemas. En 2014, Sabrina tuvo complicaciones severas. Y estuvo internada tres veces.

“No podían encontrar de qué se trataba —dice—. Tenía una manifestación sintomática que me atacaba las piernas con una infección muy grande sin antecedentes, pero tampoco podían saber el origen”.

En 2017, después de mucho andar, establecieron que su hijo tenía osteomielitis crónica recurrente. Después de eso derivaron a la familia del área de infectología a la de toxicología, donde finalmente comenzaron a preguntarles dónde vivían y qué comían.

"Mi hijo ya estaba bastante deteriorado en su sistema inmune y yo presentaba episodios de alteración del sistema nervioso central”.

En ese momento, Sabrina Ortiz y sus hijos se hicieron estudios específicos en el laboratorio Farestaie de Mar del Plata. Los resultados mostraban que su hijo de cinco años tenía 120 veces más presencia de químicos de lo que tolera un cuerpo normal. Su hija, 100 veces más. Y ella, 58 veces más. En el municipio les dijeron que los estudios eran truchos.

“Yo no sabía qué hacer. Alguien tenía que ayudarme. Tenía que mudarme. La toxicóloga me había dicho que debía irme porque lo que tenían mis hijos en el cuerpo ya no se iba, tampoco podían seguir acumulando esos valores”.

 

 

De lo individual a lo colectivo

“Cuando dejamos de encontrar respuestas empezamos a juntarnos con otras mujeres del barrio y coincidimos en lo que nos estaba pasando. No veíamos los síntomas como hechos aislados, ni a los episodios de leucemia por los que fallecieron varios chicos que vivían a metros de los lugares fumigados”.

A través de la lucha lograron organizarse. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad que el Municipio pagara los primeros análisis.

“Para sorpresa nuestra, lo que nos estaba afectando era producto de la gran cantidad de agrotóxicos que teníamos en el cuerpo”, describe. Tras esa constatación comenzó a hacer presentaciones ante la Justicia, primero provincial y finalmente federal.

"Ante la falta de respuestas, decidí involucrarme un poco más", dice y explica que entonces se recibió de abogada. Era una manera de tener herramientas para defender a su familia y los derechos vulnerados. “Uno se siente morir una y mil veces cuando pasa esto con los hijos y no tiene respuesta”.

Una vez recibida se matriculó en la provincia de Buenos Aires e impulsó la primera denuncia en el fuero provincial. Cuando vio que la causa no prosperaba se matriculó a nivel federal y presentó la denuncia en el juzgado federal de San Nicolás. Al comienzo, hizo una denuncia anónima. Cuando vio que el expediente avanzaba se presentó como querellante. Amplió la denuncia, presentó más pruebas, pidió al juzgado más amplitud para investigar, que comience a tomar otros casos para entender la causa como colectiva con la inclusión de la gente que estaba afectada en el barrio.

“Desde el gobierno nunca fuimos escuchadas. Conformamos así el grupo de Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, porque había mucha gente que se preguntaba por qué le estaba pasando eso a su salud sin saber qué era”, dice la abogada.

El gobierno municipal no cambió. Desestimó las decisiones judiciales, los peritajes, los resultados de los exámenes, las evaluaciones del INTA y del CONICET. El martes 15 de octubre, cuando Macri llegó a Pergamino, Sabrina esperó con el resto de las madres. Querían presenciar el acto de campaña para exhibir el problema en paz.

 

 

“Sólo queríamos hacernos escuchar. Creímos que era el lugar más democrático, pero la gente que acompañaba a María Eugenia Vidal violentó los carteles que llevábamos. Con todo el dolor podemos decir que fuimos violentadas por la seguridad personal de la gobernadora y por otras personas: después supimos que pertenecían a la Federación Agraria Argentina”.

 

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