Fueros

 

El brillante periodista del diario La Nación, Carlos Pagni, se refirió, en su programa del lunes pasado, al fuero contencioso-administrativo federal, afirmando que en Estados Unidos no existen ni un fuero ni tribunales similares. Señaló también la inconveniencia de fusionarlo con el fuero civil y comercial federal, tanto por el fuerte carácter político del contencioso-administrativo, como por la razón técnica de que sus competencias respectivas serían muy distintas, o no asimilables. Sobre esta última aserción, basta señalar —para refutarla— que las competencias fusionadas del eventual nuevo fuero conviven, desde siempre y hasta hoy, en cabeza de todos los tribunales federales con asiento en las provincias; por el contrario, fue la escisión de estos dos fueros en la Capital Federal (con ciertas particularidades de competencia ampliada que sí posee el fuero contencioso administrativo y, en menor medida, también el civil y comercial federal) la que marcó la excepción a la regla general para los tribunales federales argentinos.

En cuanto a la primera aserción de Pagni, disculpable por su condición de periodista, pareció basarse en un argumento de segunda mano o prestado: arguyó que, como en Estados Unidos la concepción social predominante no sería “Estado-céntrica” —como en  la Argentina—, y se considera, entonces, al Estado como un sujeto igual a “los privados”, la traducción de tal concepción, en la organización del poder judicial norteamericano devino en que no existiera allí un fuero especial para demandar o litigar contra el Estado. De modo opuesto, en la Argentina, su cultura “Estado-céntrica” llevó a que se creara el fuero contencioso administrativo federal, especial para aquellos litigios en que el Estado era parte. Señaló que, en Estados Unidos, los litigios en los que es parte el Estado se sustancian en los mismos tribunales en que se resuelven todos los juicios: el Estado demanda y es demandado igual que cualquier ciudadano o empresa, careciendo de un tribunal “propio”, con una competencia especial para él y las materias inherentes a su esfera de actuación.

Todas esas afirmaciones son erróneas. En Estados Unidos, como en la Argentina, son los tribunales federales —existentes a lo largo de todo su territorio— los especialmente creados para, en general, demandar al Estado federal (y para que este demande, si fuera el caso), son sus tribunales “propios”, y están ciertamente especializados en las cuestiones atinentes a la esfera de actuación estatal. Además, existe también en Estados Unidos un tribunal especial con sede en Washington D.C., asimilable al fuero contencioso (administrativo federal argentino) con sede en la Capital Federal, la U.S. Court of Federal Claims, con más de 150 años de fecunda historia. 

Los contratistas del Estado que cometen fraudes contra el tesoro público en Estados Unidos, si llegan a salvarse de la cárcel (no es una nación benévola ni garantista en ese aspecto) pocas veces tienen la misma suerte respecto de la reparación económica integral que deben oblar al Estado por sus fechorías económicas, máxime si terminaron con un juicio ante los estrados federales. Célebres teorizaciones judiciales argentinas, como la del “mantenimiento equitativo de la ecuación económica financiera del contrato de obra pública”, son solamente un producto autóctono de nuestro rico folklore judicial. Estados Unidos, en esa materia, es el áspero lugar de juicios ferozmente disputados entre empresas y el Estado, con pruebas profusas e intervención de contadores, economistas, financistas, ingenieros, valuadores y un interminable número de expertos imparciales.

La Court of Claims —hoy U.S. Court of Federal Claims— fue creada por el Congreso de los Estados Unidos en 1855 a instancias del Presidente Franklin Pierce (refrendado por sus sucesores Abraham Lincoln y  Ronald Reagan, mediante su arquitectónica Federal Courts Improvement Act del año 1982). Sus funciones jurisdiccionales concentran una competencia casi completamente análoga a las de los fueros contencioso-administrativo federal, y civil y comercial federal de la Argentina, que es la que tendrán estos fueros si son finalmente fusionados, conforme el proyecto de reforma judicial del Poder Ejecutivo.

Durante casi toda su historia —y lo sigue siendo hoy—, la Court of Claims fue un tribunal legislativo, esto es un tribunal de Justicia ubicado fuera del Poder Judicial federal. El hecho de que fuera, desde su creación, un tribunal legislativo (similar a tantos tribunales técnicos de USA, como la Tax Court —tribunal federal impositivo— y, antes de 1980, la Customs Court — el tribunal federal aduanero) no desdecía en nada su naturaleza constitucional, igual a los judiciales, ni su importancia fundamental en el sistema de Justicia estadounidense. La Suprema Corte de Estados Unidos ha reconocido esta naturaleza judicial de los tribunales legislativos en su jurisprudencia, extendida a lo largo de dos siglos. (American Insurance Co. v. Canter, 1 Pet. 511, 546 -1828-; Ex parte Bakelite Corp,279 US 438 -1929-; Williams v. United States, 289 US 553 -1933-; Glidden Co. v. Sdanok, 370 US, 530 -1962-; Freytag et. al. v. Comissioner of Internal Revenue, 501 U.S. 868 -1991.)

Apenas al crearse la Court of Claims, y a instancias del Presidente Lincoln, el Congreso dispuso que sus sentencias tuvieran los mismos efectos y alcances que las sentencias judiciales, siendo apelables directamente ante la Suprema Corte (con el paso del tiempo se estableció una instancia judicial intermedia). La indistinción entre los tribunales legislativos y judiciales es tal que la actual U.S. Court of Federal Claims tiene, desde hace décadas, su sede física en el mismo edificio en que se encuentra su cámara de apelaciones, la U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (que forma parte del Poder Judicial). Ese edificio es el National Courts Building, en el 717 de Madison Place NW, al este de Lafayette Square y al norte de la Casa Blanca.

 

 

 

 

Estos dos importantes tribunales federales, uno legislativo —la primera instancia—, el otro judicial —instancia de apelación del primero—, poseen una competencia jurisdiccional que los asimila casi por completo al nuevo Fuero Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal que crea el proyecto de reforma judicial del gobierno. Basta señalar que la U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, además de dirimir en instancia judicial de apelación las causas aduaneras provenientes de la U.S. Court of International Trade, lo hace también respecto de los grandes conflictos entre el Estado y las empresas privadas —entre los que se cuentan los de obra pública—, como en los juicios sobre marcas, patentes y propiedad intelectual que provienen tanto de la mentada U.S. Court of Federal Claims, como de los tribunales federales de distrito de todo el territorio de Estados Unidos.

De hecho, la U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit es uno de los tribunales más reconocidos del planeta en materia de propiedad intelectual. La gran diferencia entre sus competencias y las de la eventual Cámara del Fuero Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal se encuentra en que la primera no revisa ninguna de las sentencias de la Tax Court —que son apelables ante las diferentes Cortes de Circuito establecidas en todo el territorio de Estados Unidos—, mientras que la segunda conservará esa competencia concentrada sobre todos los juicios impositivos y aduaneros que tramitan en el Tribunal Fiscal argentino.

Una reforma que puede sugerirse es que la apelación de las sentencias impositivas y aduaneras del Tribunal Fiscal se desconcentren territorialmente, sumando a las cámaras federales con asiento en las provincias, bajo el criterio del domicilio fiscal de los contribuyentes. De este modo, se ampliaría y federalizaría a la Justicia Federal en estas relevantes materias, contrarrestando un fenómeno de concentración que no resulta históricamente explicable.

El hecho de que la Court of Claims de Estados Unidos haya sido creada y mantenida durante más de un siglo como un tribunal legislativo, actuando como una primera instancia judicial fuera del Poder Judicial (un verdadero órgano extra-poder), obedece a su naturaleza de tribunal eminentemente técnico en las funciones jurisdiccionales que cumple (similares a la de la Tax Court y la antigua Customs Court, hoy US Court of International Trade). El carácter de tribunal legislativo sirve para aislar a estos tribunales del mundo judicial federal que, al igual que en la Argentina, suele verse sacudido allí por enfrentamientos con el Poder Ejecutivo. No resulta raro ni condenable que existan tales conflictos entre los poderes constitucionales; son, incluso, un síntoma de salud institucional. Sin embargo, es bueno también que cierta clase de tribunales, aquellos de funciones predominantemente técnicas, que deciden conflictos económicos importantes entre el Estado y el sector privado —involucrando grandes recursos del primero—, sean puestos, por disposición legal, relativamente a salvo de esos conflictos de poderes, al menos en una primera instancia de discusión de la que se espera una sentencia de alta solvencia jurídica y técnica en sus fundamentos, propia de un tribunal imparcial e independiente.

Por tales razones, existen y existieron siempre en Estados Unidos estos importantes tribunales legislativos: la Court of Claims, la Tax Court, y —hasta 1980— la Customs Court. El principio constitucional de separación de poderes tuvo allí, en ese sentido, una interesantísima evolución multisecular que, aunque parezca paradójica, llevó a que ciertos tribunales económica e institucionalmente relevantes fueran sacados por el Congreso del Poder Judicial, dejándolos en una posición aislada —isolated courts— del resto de los poderes, precisamente para cumplir mejor el programa constitucional de independencia e imparcialidad judicial.

El Tío Sam, ni tonto ni ingenuo, creó la Court of Claims, la Tax Court y la Customs Courts como tribunales legislativos de primera instancia, con naturaleza judicial, pero con un concomitante quiebre orgánico con el mismo Poder Judicial ante el que luego se apelaban sus sentencias. De ese modo, reaseguró la independencia e imparcialidad de sus jueces en la solución de estos importantes conflictos en los que se encuentran involucrados, igual que en la Argentina, recursos cuantiosos de las arcas estatales. La fórmula orgánica de creación de la Court of Claims —que la experiencia posterior a 1855 reveló como sabia para para el Estado— fue, por tales motivos, repetida setenta años después cuando, en 1924 y en 1926, el Congreso, durante el mandato del Presidente Calvin Coolidge, estableció la Tax Court y la Customs Court. Puede decirse que el Tío Sam era ya en 1855, en 1924 y en 1926 algo más avanzado que Alberto Fernández, Vilma Ibarra, Marcela Losardo y Gustavo Béliz en el año 2020.

 

 

 

Colofón: Si el lector desea averiguar más sobre la US Court of Federal Claims puede navegar en su sitio institucional. Sobre la importancia de la U.S. Court of Federal Claims como tribunal legislativo eminentemente técnico -ajeno al Poder Judicial- y los juicios de particulares y empresas contra el estado federal que allí tramitan, basta referir las cifras brutas del valor de los litigios que sentenció en los últimos años. En 2012 se dictaron sentencias que involucraron discusiones por más de 46 mil millones de dólares; en 2013 por más de 5 mil millones; en 2014 por más de 5 mil millones; en 2015 por más de 211 mil millones; en 2016 por la increíble suma de más de 995 mil millones; en 2017 por más de 146 mil millones; en 2018 por más de 31.600 millones y en 2019 por más de 7 mil millones.

 

 

•  El autor es Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación

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