Fueron 30.400

 

Para Valeria del Mar Ramírez caer detenida era moneda corriente en 1977. Durante ese año había pasado largas horas, noches enteras y hasta días en las comisarías de Llavallol, Luis Guillón, Esteban Echeverría, Claypole y en las Brigadas de Moralidad de Monte Grande y Avellaneda. La mayoría de las veces, la policía se la llevaba del Camino de Cintura, entre Seguí y la rotonda de Lavallol, en la ruta 4, al sur del Conurbano bonaerense. Allí, con 20 años, Valeria se había iniciado en la prostitución a principios de 1976. Paraba con otras travestis que había conocido en una fiesta en la casa de unos vecinos de su ahijada, en Rafael Calzada. Gracias a “la Sarita”, quien se transformó en “su madre” (oficiaba de madama) había conseguido “una plaza” para trabajar en Llavallol. Cada semana debía dejar parte de sus ganancias al jefe de calle, quien supuestamente velaba por su seguridad, pero la obligaba a tener relaciones sexuales con él. Cuando en septiembre de 1977 dos hombres la obligaron a subir a un Ford Falcon y la acomodaron escondida entre sus piernas junto a otra compañera, Valeria supo que no se trataba de una detención como las otras. No había esposas, placas de policías, desconocían los motivos del arresto y no se dirigieron a la comisaría.

Ese día, Valeria del Mar había llegado temprano a la parada. Hacía el turno de la noche. Eran las seis de la tarde cuando encontró a su compañera Romina intentando juntar unos últimos pesos antes de iniciar su descanso. Su charla fue interrumpida por los hombres del Falcon. “Nos subieron del brazo y nos hicieron arrodillar. Creíamos que íbamos a Lavallol, pero el viaje era largo. No nos decían a dónde íbamos y cuando tratábamos de mirar nos pegaban en la cabeza para que la bajáramos”, cuenta Ramírez a El Cohete a la Luna.

El vehículo se detuvo en lo que parecía un galpón. Mientras abrían el portón de chapa, Valeria llegó a asomar un poco su cabeza. Enfrente todo era descampado. No reconocía dónde estaban. Más tarde supo que se trataba del centro clandestino de detención y tortura conocido como “El Pozo de Banfield”, ubicado en las calles Siciliano y Verne.

Valeria ya había estado en el Pozo, a finales de 1976. Había sido detenida junto a otras 15 ó 20 travestis por la Policía Bonaerense y fueron derivadas a distintas comisarías de la zona. A ella le tocó la comisaría de Llavallol, en donde le tomaron las huellas digitales y luego la trasladaron a la antigua dependencia de la Brigada de Investigaciones de Banfield. Estuvo sólo dos días.

“Acá están las cachorras que habían pedido”. En la puerta, un uniformado, sentado detrás de un escritorio macizo verde con una tapa de vidrio, comunicó por radio su llegada. Subieron dos pisos por escalera. A Valeria la tiraron en el primer buzón y durante su estadía no volvió a ver a Romina. No vio a ninguna otra presa con excepción de una joven mujer ensangrentada que acababa de parir, a quien se cruzó una tarde en el baño. “Cada una estuvo en una celda de un metro por dos, con un banco de cemento, una lamparita y donde la única ventilación era el buzón de la puerta. Me obligaban a tener relaciones sexuales con el guardia y de eso dependía que me dejaran comer o ir al baño”, denunció años después en el documento que presentó para ser querellante en la investigación por los crímenes cometidos en el Pozo y cuyo juicio oral inició a fines de 2020.

Valeria pasaba el día en la oscuridad de la celda. La luz era sinónimo de tortura. "El guardia –recuerda– ponía su miembro en el buzón para que le haga sexo oral. Cuando abrían la puerta era para hacer sus prácticas sexuales, sus aberraciones, las vejaciones. Para ellos éramos un pedazo de carne, un pedazo de basura”. Después de cuarenta y cuatro años, asegura que aún lleva las heridas en su cuerpo y que no se las podrá quitar hasta el día de su muerte.

El día 14 de encierro fue liberada. Sus compañeras y su madre habían logrado encontrar un abogado, amigo de un vecino de la familia, que presentó un habeas corpus en la Justicia para que regresara a su casa. “Me dieron mis pertenencias y me dejaron en Llavallol. Romina pudo salir una semana más tarde. El doctor Morán (el abogado) me dijo que deje de trabajar en el Camino de Cintura porque iba a aparecer muerta en una zanja. Fue un milagro que haya salido”, rememora Valeria.

  

 

Un plan sistemático

La historia de Valeria del Mar es una de las 442 que forman parte del juicio iniciado en octubre de 2020 en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata por los crímenes de lesa humanidad cometidos en tres centros clandestinos de detención: El Pozo de Banfield, albergado en el edificio de Delitos contra la Propiedad de la Bonaerense; El Pozo de Quilmes, que funcionaba en la Brigada de Investigaciones de esa localidad y El Infierno, en la Brigada de Investigaciones de Lanús.

Son 18 los imputados en la megacausa, entre los que se encuentra el genocida Miguel Etchecolatz. El Pozo de Banfield era parte de los centros clandestinos del llamado Circuito Camps. Allí funcionó una maternidad clandestina, donde parían las embarazadas secuestradas de la zona sur de la provincia, y un casino, que visitaban los oficiales.

 

 

 

 

Es la primera vez en la historia de nuestro país que un juicio de lesa humanidad juzga el sometimiento y los delitos contra una persona trans en un centro clandestino de la dictadura. El proceso se encuentra en la etapa de testimoniales y antes de que finalice el año Valeria del Mar deberá declarar ante el tribunal.

Sin embargo, Valeria del Mar no fue la única. No fue un caso aislado, la persecución trans-travesti de esos años fue sistemática. Ana Oberlin, especialista en temas de género e integrante de la Unidad Fiscal Federal que interviene en los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata, contó a El Cohete que el Ministerio Público Fiscal investiga casos similares. “Los testimonios son parecidos al de Valeria. Describen que las secuestraron generalmente en Camino de Cintura o en algún lugar cercano, que las trasladaban a este centro clandestino de detención, que la sometieron a condiciones inhumanas de vida, las privaban ilegalmente la libertad y las sometían a violencia por medios sexuales”, reveló la funcionaria.

En una resolución de abril, el juez federal Ernesto Kreplak procesó a Etchecolatz y a una decena de militares y policías retirados por perseguir, secuestrar, torturar y abusar a otras siete personas travestis y trans en El Pozo de Banfield. Sus casos se encuentran en la etapa de instrucción y buscan ser sumados a la megacausa que tramita en los tribunales de La Plata.

A través de la resolución de Kreplak, la Justicia considera por primera vez que la persecución al colectivo trans-travesti se trató de una práctica sistemática y generalizada en los años del terrorismo de Estado. Hasta el momento, el caso de Valeria del Mar había sido abordado como un caso individual, aislado, porque no se contaba con pruebas de otros casos. En el escrito, el juez hace hincapié en que se trató de delitos perpetrados hacia un grupo de personas por su identidad de género.

“En esa época te arrestaban por el solo hecho de ser travesti. Si estabas en la ruta a la noche ejerciendo la prostitución o si estabas en la panadería comprando pan era lo mismo, siempre había que esconderse de la policía”, manifestó Valeria del Mar en su denuncia.

En la misma línea, la auxiliar fiscal señaló: “La violencia estatal contra las travestis y trans existió antes durante y después del terrorismo de Estado. Lo que marcamos desde el Ministerio Público Fiscal es que en esos años se intensificó esa violencia”.

Valeria expresó que, antes de su secuestro, ni ella ni sus compañeras estaban al tanto de que existían centros clandestinos de detención. “No sabíamos lo que pasaba en el país. Éramos murciélagos. Vivíamos de noche. Oscurecía y ahí empezaba el día para nosotras. Había una persecución muy grande contra las travestis. Nosotras no militábamos en ningún partido, pero ya entendíamos lo que significaba ‘mi cuerpo es mi decisión’ y tomamos la decisión de travestirnos. Había que tener coraje en ese momento para salir a la ruta con tetas y travestidas de noche”, reflexionó. Hoy se considera militante por el reconocimiento de sus derechos laborales como trabajadora sexual y los de sus compañeras en la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR).

La primera vez que declaró acerca de los tormentos que vivió en El Pozo fue en la Secretaría de Derechos Humanos. Aún no existía la Ley de Identidad de Género. Cuando le tomaron los datos para indemnizarla –por la ley 24.411 de indemnización por desaparecidos o víctimas de la dictadura–, la llamaron por su nombre de nacimiento y ella se negó a recibir el dinero. “Les dije que no iba a cobrar porque Oscar Eduardo Ramírez no existía. A mí me habían secuestrado por ser Valeria del Mar y quería cobrarlo como tal”, explicó. En 2012, tras recibir el documento de identidad con su nombre, decidió rectificar su denuncia y pidió ser incluida en la causa judicial que tramitaba en La Plata como querellante.

 

 

 

 

 

 

Sólo el inicio

Hace algunos años, las organizaciones de los colectivos de la diversidad sexual tomaron la consigna “Fueron 30.400” para visibilizar a las 400 personas de la comunidad LGBTIQ+ que se estima fueron víctimas del terrorismo de Estado. Es una cifra simbólica que reclama Memoria, Verdad y Justicia para las personas pertenecientes al colectivo. Lo cierto es que recién en los últimos años empezaron a escucharse historias como la de Valeria del Mar. Muchas de ellas, la mayoría, no han llegado a la Justicia aún. No hubo hasta el momento ningún juicio que involucre a personas LGBTIQ+ desaparecidas, si bien hay algunos casos que se están investigando. Oberlin apuntó que en ocasiones las sobrevivientes, como fueron perseguidas y violentadas por las propias fuerzas policiales o judiciales, no se sienten cómodas para declarar. “Hay gran desconfianza en las instituciones porque eran, en parte, las que habían ejercido las violencias sobre ellas”.

A esto se suma que la expectativa de vida del colectivo trans es corta –35 años– y muchas de las que hoy podrían prestar su testimonio murieron. Del grupo con el que fue secuestrada, Valeria del Mar es la única sobreviviente. Su compañera murió de HIV, al igual que varias de las que paraban en el Camino de Cintura, y otras por la indigencia o la pobreza. Con 65 años, Valeria se piensa a sí misma como una privilegiada. “Siempre digo: tuve un Diosito aparte”, afirma.

Germán Camps, abogado de Valeria del Mar, señaló otro motivo: “Hace 20 ó 30 años, una gran cantidad de víctimas se sentían muy avergonzadas de lo que habían vivido. Sobre todo, si se trataban de delitos sexuales”. La mayoría de las víctimas de delitos sexuales durante la dictadura develaron sus historias tiempo después de la vuelta de la democracia. Valeria del Mar dice que en su declaración no se animó a contar todo lo que había vivido por vergüenza, pero que considera revelarlo en la audiencia del juicio oral. “Mi abogado me dijo que cuente todo. Lo estoy pensando. Es importante que se sepa para que otras también hablen y se empiece a hacer justicia”, resalta.

El contexto actual, en que la Argentina cuenta con una legislación de avanzada, años de lucha de los feminismos y el colectivo LGBTIQ+ por el reconocimiento de sus derechos y una Justicia que se muestra un más receptiva, parece abrir una nueva etapa en la que los delitos contra las diversidades sexuales ocurridos durante la dictadura cívico-militar podrían ser finalmente reconocidos y juzgados. El caso de Valeria del Mar es sólo el inicio.

 

 

 

 

 

 

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