Fuego cruzado

 

La intensa agenda que tuvo el Grupo de Alto Nivel de la OEA en el Perú durante tres días con representantes de los poderes del Estado y de la sociedad civil no resolverá las profundas causas de su crisis política. Pero su presencia podría facilitar un diálogo que apacigüe la conflictividad que tiene paralizado al país, inmerso en graves problemas económicos y sociales desatendidos.

La misión de la OEA no ha encontrado indicios de un golpe de Estado con tanques en la calle, como muchos analistas señalan, irónicamente, para subestimar esa visita. Pero sí, una precaria institucionalidad y una irreconciliable pugna entre los poderes del Estado que podrían derivar en un quiebre institucional y estallidos sociales. Después de la partida de la Misión la crisis se ha intensificado y, a falta de la UNASUR y de una CELAC más institucionalizada, no queda otra que contar con el papel mediador que ha ofrecido la misión de la OEA, acusada de comunista por sectores opositores al gobierno.

 

 

El acoso del Congreso

Es innegable que Castillo no ha dado la talla para gobernar el país a través de amplios consensos. No se ha rodeado de gente idónea, ha cambiado a más de setenta ministros y tiene acusaciones serias de corrupción. Pero cierto es, también, que ha sido acosado por sus opositores desde que fue electo, limpiamente, para evitar que asumiera el cargo. Proclamada su investidura, las acciones por sacarlo del poder no han cesado: dos fracasados intentos de vacancia en apenas seis meses, denuncia constitucional por traición a la patria, impedimentos de salida para participar en eventos internacionales, rechazo del Congreso para que Lima fuera sede de la IX Asamblea General de la OEA —por el pedido del organismo de instalar un “baño neutro” para el evento que fue luego reconsiderado después de un prolongado debate en torno al inodoro– entre otros.

Como señalamos en una nota publicada en El Cohete, la gota de agua que determinó que el gobierno peruano invocara los artículos 17 y 18 de la Carta Interamericana Democrática de la OEA y solicitara la presencia de ese organismo fue la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación Patricia Benavides ante el Congreso de la República el 12 de octubre por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión. Entonces, la fiscal señaló haber hallado muy graves y reveladores indicios que sustentan la denuncia constitucional.

Con la entrega de los supuestos elementos probatorios la fiscal le dio la posta al Congreso para que este intentara incluir los delitos de corrupción en la Constitución, como causal para iniciarle un juicio político al Presidente Castillo con el fin de vacarlo. La Constitución del Perú, en el artículo 117 establece solo cuatro causales para que un Presidente en ejercicio pueda ser juzgado: traición a la patria, impedimento de las elecciones, presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolución arbitraria del Congreso e impedimento del funcionamiento de los organismos electorales. Existe otra causal, el ambiguo concepto de “incapacidad moral permanente” en el artículo 113, que se invocó para vacar a Castillo en dos oportunidades, sin éxito. La mayoría del Congreso quiere deshacerse de él, pero no quieren perder sus curules ni sus sueldos.

Paralelamente a esta denuncia constitucional, corría una acusación por traición a la patria, causal contemplada en la Constitución para entablarle un juicio político al Presidente. El sustento empleado para esta fueron las declaraciones a un programa periodístico de la CNN en la que Castillo señaló la importancia que tendría para Bolivia una salida al mar.

En plena visita de la Misión de la OEA, tuvieron lugar dos sentencias. Primero, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, declaró improcedente la acusación por traición a la patria, por considerar que el informe carecía de sustento técnico. O sea, un mamarracho. A pesar de que sus miembros fueron elegidos por este Congreso, dicho Tribunal blindó a Castillo al sentenciar que “solo asuntos de especial relevancia pueden activar un antejuicio político en los términos previstos en el artículo 117 de la Constitución pues lo contrario podría exponer recurrentemente al jefe de Estado a escenarios de inestabilidad y desgobierno, que alteran la institucionalidad democrática y la legitimidad de los poderes públicos”.

También en presencia de esa Misión de la OEA, la Corte Suprema de Justicia desestimó una acción de amparo que la defensa de Castillo había presentado para impedir que fuera investigado por corrupción durante el ejercicio de su mandato. Es decir, Castillo podrá continuar siendo investigado por la Fiscalía de la Nación, pero solo a nivel preliminar. No se lo puede acusar ni procesar porque la Constitución, reforzada por la sentencia del Tribunal Constitucional, no permite el juicio político por delitos de corrupción a un presidente en ejercicio.

 

 

El respaldo de AMLO y la Alianza del Pacífico

La tercera victoria de Castillo, en presencia de la misión de la OEA, fue la decisión del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien después de coordinar con los otros Presidentes socios, Gabriel Boric de Chile y Gustavo Petro de Colombia, suspendió la cumbre de la Alianza del Pacífico, programada para el viernes. Ello, en señal de protesta porque Castillo no recibió autorización del Congreso para viajar a ese país para recibir la presidencia pro tempore de manos del Presidente mexicano.

Tanto AMLO como Boric, quien llegó a México el martes, criticaron “con todo respeto” la actitud del Congreso peruano. “Es un acto de humillación (...) es mucha arrogancia no darle permiso a un Presidente legal, legítimamente constituido, para asistir a un encuentro formal a otro país”, reclamó el mexicano. Dijo que no serían cómplices de quienes se quieren imponer mediante la politiquería y que México no aceptaría una Cumbre de la Alianza del Pacífico sin el Presidente de Perú por lo que anunció que estaría dispuesto a viajar a Lima para realizar la Cumbre en esa ciudad. El canciller Marcelo Ebrard dijo que la próxima semana anunciaría la fecha, a lo que un vapuleado Castillo agradeció al señalar que no habría inconvenientes en realizar la cumbre en territorio nacional y les dio la bienvenida .

Por su parte, Boric dijo que era lamentable que el Congreso de la República del Perú limite al Presidente a participar en eventos de suma importancia como lo era la entrega de la presidencia pro tempore del organismo. Asimismo, calificó como “un gesto de solidaridad” que AMLO haya decidido suspender la cumbre y manifestó que la próxima semana recibiría en Santiago a su par peruano y su visita a Chile serviría para tener una conversación sobre las condiciones para retomar la Alianza del Pacífico.

En efecto, el 17 de noviembre, el Pleno del Congreso rechazó aprobar el permiso para que Castillo viajara a México a la XVII Cumbre de la Alianza del Pacífico entre el 24 y 26 de noviembre. Fue la tercera negativa del Congreso a un pedido del mandatario para salir del país.

Sin embargo, el mismo día que se le negó el viaje a México se autorizó su salida a Chile para participar en el IV Gabinete Binacional entre Perú y Chile, que se realizará a principios de la próxima semana. Lo que sucede es que la Cumbre de la Alianza del Pacífico en México había suscitado expectativas por ser la primera vez que los cuatro miembros del bloque, otrora estrellas del éxito de su ortodoxia económica neoliberal, hoy tienen un discurso de izquierda y son críticos de esas políticas por las cuales fueron presentados como estrellas del progreso en la región desde la creación del selecto club en 2012.

En el escenario descrito, las Cumbres de la Alianza del Pacífico continúan realizándose, pero sin grandes reflectores. La última, a la que el Presidente Biden amagó con asistir, tuvo lugar en enero de este año, con Iván Duque todavía como anfitrión. El Presidente de Perú, Pedro Castillo, participó de la misma, pero AMLO no, a pesar de que su país recibió la posta de la presidencia. En su primer gesto de diferenciación política con Sebastián Piñera, Boric, entonces recién electo Presidente de Chile, rechazó la invitación para acompañarlo.

Así, la suspensión de la Cumbre de la Alianza del Pacífico en respaldo a Castillo no ha sido muy compleja. AMLO ha aprovechado la visita de ambos, así como también la de Guillermo Lasso de Ecuador, que aspira a ser parte del Club desde hace años, para mantener encuentros bilaterales. La reunión con Gustavo Petro el viernes dio lugar a importantes acuerdos que, entre otros, presenta una nueva estrategia frente al narcotráfico, para lo cual propusieron la creación de una Conferencia Internacional de Mandatarios de Latinoamérica con el objetivo de rediseñar y replantear la política de drogas, ante el fracaso de su las instrumentadas hasta ahora.

 

 

La bala de plata del gobierno

El 17 de noviembre, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se presentó en el Congreso para presentar un proyecto de ley que buscaba derogar la Ley 31.399 aprobada por la oposición en enero de este año sobre los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, que dificulta la realización de referéndums. En efecto, el ministro buscaba restablecer la participación política de la ciudadanía, por lo que anunció que haría cuestión de confianza al Congreso que si este no aprobaba su proyecto de ley.

La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional por el cual el Poder Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente si cuenta con su confianza para seguir gobernando. Si el Congreso niega la confianza al presidente del Consejo de Ministros, todo el gabinete ministerial debe renunciar y recomponerse. Cuando se rechaza por segunda vez en un mismo período presidencial, el Presidente puede disolver el Parlamento y convocar de inmediato a nuevas elecciones congresales.

Toda vez que la Comisión de Asuntos Constitucionales rechazó la aprobación de la propuesta presentada por Torres, este renunció y se reconfiguró el Gabinete. El viernes en la noche se nombró en su reemplazo a Bettsy Chávez, una abogada que fue interpelada y censurada por el Congreso en su calidad de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, acusada de nombrar como funcionarios del Estado a familiares de su pareja.

Los ánimos no pueden estar más caldeados. El gobierno, sin decirlo explícitamente, ha interpretado que el Congreso no le ha otorgado la confianza y por eso ha recompuesto el gabinete y ha nombrado una presidenta del Consejo de Ministros, altamente cuestionada. Para el Congreso, el rechazo a la cuestión de confianza debe darse en el pleno del Congreso y no en una Comisión. Mientras los juristas debaten si hubo rechazo o no, la polarización se agrava. El Congreso no está dispuesto a darle la confianza al nuevo gabinete presidido por una funcionaria que, como ministra de este gobierno, fue interpelada y destituida, pero tampoco está dispuesto a que Castillo disuelva el Congreso. Es probable que la salida a esta crisis pase por el adelanto de elecciones generales presidenciales y del Congreso, y que el Grupo de Alto Nivel de la OEA, del cual la Argentina forma parte, se convierta en facilitador de ese proceso.

 

 

 

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