FUEGO CONTRA FUEGO

 

Demagogia y populista (Brenda Austin, UCR). Una incongruencia intrínseca (Gustavo Menna, UCR). Una arremetida contra el derecho a la propiedad (Jorge Enríquez, PRO). Contradicciones horribles (Luis Juez, PRO). Es una sobreactuación porque exagera la intencionalidad de protección ambiental (Maximiliano Ferraro, Coalición Cívica).

Las principales fuerzas de la oposición en la Cámara de Diputados rechazaron el proyecto para extender la prohibición del uso del suelo en áreas protegidas, bosques nativos o implantados, humedales, y zonas agrícolas que hayan sido incendiadas. Con estos argumentos, oficiaron de lobistas de los empresarios agropecuarios e inmobiliarios señalados como responsables, en gran parte, por los incendios masivos en Córdoba, el Delta del Paraná y el NOA que ya se cobraron 900.000 hectáreas.

El álgido debate ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana del 18 de noviembre luego de la maratónica sesión que se inició el día anterior con la ratificación del Prepuesto 2021 y la media sanción al Aporte Solidario Extraordinario. Más allá de estos rechazos, la iniciativa fue avalada por 132 votos contra 96 rechazos.

“Hay que atar a la pelea por el ambiente a los sectores populares, no hay posibilidad de construir un mundo sustentable ecológicamente si no atamos esos intereses a los intereses de los sectores populares; si no, imagínese...”, reflexionaba Leonardo Grosso, titular de la Comisión de Recursos Naturales, cuando fue interrumpido abruptamente por Cristián Ritondo. “Sos un mentiroso”, le espetó el cambiemita.

El lobby en contra de esta ley se expresó tanto en Diputados como en los medios de comunicación hegemónicos porteños donde la norma fue tildada de polémica o violatoria de la propiedad privada. Hablaron en nombre del poder económico real.

“Si uno ve los proyectos que en los últimos meses trató el Poder Legislativo, como el teletrabajo, el etiquetado frontal, el manejo del fuego y desde ya el impuesto a la riqueza, vemos que son todos temas que tienen un impacto directo en la industria, pero que además van por fuera de lo que es la realidad argentina”, sostuvo Miguel Acevedo, titular de la UIA, durante un reportaje con El Cronista.

¿Qué será lo que estará por fuera de la realidad argentina? Este lunes, el ministerio de Ambiente, a cargo de Juan Cabandié, presentará su nuevo informe sobre las áreas quemadas en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Río Paraná (PIECAS-DP). Los datos que se darán a conocer mañana –adelantados en esta edición de El Cohete– describen esa realidad que muchos eluden ver.

En el período que va de enero a septiembre de este año se quemaron 328.995 hectáreas protegidas del Delta, lo que representa aproximadamente el 14 por ciento de este territorio. Hubo incendios intencionales que afectaron Áreas Naturales Protegidas, bosques nativos y zonas ganaderas. En Córdoba se quemaron otras 300.000 hectáreas.

El PIECAS había sido desmantelado durante el macrismo. No por nada durante 2016-2018 hubo un incremento de la tasa de desmontes de bosques nativos, legislación que buscará modificarse en el corto plazo. Una vez reiniciado el plan interjurisdiccional, recrudecieron los incendios casi como un acto reflejo.

“El contexto político nacional cambió a partir del año 2016. La reducción o eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos (especialmente de soja) incentivó el desmonte para ampliar la frontera de esos cultivos en detrimento de la superficie de bosque nativo, especialmente en la región chaqueña. Esto provocó además el desplazamiento de comunidades que desarrollaban su economía y cultura en base al bosque nativo. Este escenario determinó un proceso de concentración de la tierra y riqueza acompañado por una homogenización de la producción en base a los monocultivos y la pérdida de generación de servicios ambientales forestales”, sostuvo otro informe oficial publicado en julio de este año.

 

 

Debate

El proyecto fue impulsado por Máximo Kirchner pero acompañado por legisladores y legisladoras de diferentes bloques. Su texto estable una prohibición de 60 años para modificar el uso o destino de los bosques que hayan sufrido incendios. Es decir, en las áreas naturales afectadas no podrán realizarse emprendimientos inmobiliarios ni la expansión de la frontera agropecuaria por el tiempo señalado.

“En las leyes hay algunas trampitas que todos conocen muy bien. Cada cinco años se produce una actualización del ordenamiento territorial, por ejemplo, de la ley de bosques. Lo que se quemó y estaba protegido empieza a ser verde. Si es verde se puede desarrollar económica e inmobiliariamente. Esto es algo de lo que queremos evitar con este proyecto de ley”, argumentó Grosso.

En el caso de las zonas agrícolas afectadas, la prohibición de realizar otros negocios en campos arrasados por el fuego será de 30 años. ¿Cuáles serán los intereses económicos industriales afectados? Una pregunta para Acevedo.

“Para colmo, hablan de los pobladores, de los pequeños productores, de los campesinos. Es casi como un mecanismo inconsciente: cuando están defendiendo a los que le arruinan la vida a esa gente, los nombran para ponerlos arriba de la mesa. Si hay algo que complica la vida de los campesinos, de los pequeños productores y de los pobladores, son los incendios que generan estos negocios inmobiliarios y rurales en nuestros montes nativos y en nuestros humedales”, agregó Grosso.

El radical Ricardo Buryaile es un contador y ganadero formoseño, ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) antes de recaer en el Congreso luego del conflicto por las retenciones móviles. En junio de 2008 no exhibía ningún prurito al reclamar la disolución del Congreso si no se avenía a rechazar las retenciones. “Si el voto es lo que dice simplemente la Casa Rosada, estaríamos en un régimen como el de (Alberto) Fujimori”, exclamaba.

En la mañana del miércoles también rechazó los cambios en la ley de manejo del fuego: “Lo que hace este proyecto es estigmatizar al productor agropecuario, ya que en ninguna parte de su articulado concibe situaciones fortuitas o bien intencionales ajenas a la víctima del hecho en cuestión, es decir del incendio”.

“No se trata de criminalización, ni de expropiación, ni de prohibición, ni de ninguno de los presupuestos prejuiciosos que se han vertido durante la reunión –respondió Graciela Camaño, una de las firmantes–. Se trata simplemente de cumplir con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que nos inviste de la posibilidad de fijar condiciones mínimas para la recomposición del suelo”.

En breve, el Congreso también podría tratar una ley de humedales, que se complementaría con la iniciativa que ya obtuvo media sanción.

 

 

Tierra arrasada

El nuevo informe sobre las áreas quemadas en el Delta –al que accedió en exclusiva El Cohete– aporta la información necesaria para comprender el porqué de este proyecto que es rechazado por la oposición y el establishment.

El territorio del Delta cubre una superficie aproximada de 2,3 millones de hectáreas, de las cuales un 8% corresponde a Santa Fe, un 16% a Buenos Aires y el 67% restante a Entre Ríos.

Entre enero y septiembre se quemaron 328.995 hectáreas, lo que representó aproximadamente el 14 por ciento del territorio. Del total de tierras afectadas, 173.816 hectáreas correspondieron a Áreas Naturales Protegidas y 2402 hectáreas fueron de Bosque Nativo.

 

 

Además, las zonas ganaderas que ardieron totalizaron las 290.000 hectáreas, el 14 por ciento del total de la superficie dedicada a esta actividad. De este total, 150.000 hectáreas corresponden a grandes productores y dueños de tierras en las islas, según el informe oficial que se publicará mañana en la web del Centro de Información Ambiental (CIAM).

Si bien los incendios han sido recurrentes en los últimos lustros, un antecedente inmediato de la situación actual se encuentra en 2008, cuando la Mesa de Enlace cortaba rutas en medio de la humareda generada por la quema de pastizales. Cuando se anunció la expropiación de Vicentin, el legislador santafesino Carlos Del Frade vinculó el inicio de los incendios a una “presión política” del establishment agropecuario, igual que doce años atrás.

“La región atraviesa hoy un contexto de bajante histórica del río Paraná y la escasez de precipitaciones (sequía extraordinaria) en la Cuenca del Plata y en el delta en particular. A esto debe sumarse la ocurrencia de heladas invernales que secaron la biomasa generando gran cantidad de material combustible. Sin embargo, el inicio de los fuegos es altamente probable debido a prácticas de manejo de pasturas naturales para forraje del ganado vacuno (quema para rebrote), actividades de caza irregular, actividades recreativas, entre otras, y también al vandalismo”, señala el informe oficial.

Nada nuevo bajo el fuego. El ministerio de Ambiente es querellante en la causa que tramita en la justicia federal de Entre Ríos, prácticamente paralizada. El área más afectada de la provincia es Victoria. Allí, veinte empresarios concentran el 25% de las cabezas de ganado, de un registro de 229 productores.

 

 

 

“Esta modificación a la Ley del Manejo del Fuego es necesaria y coherente, porque estamos viviendo una situación absolutamente compleja en todo el país. Tenemos más de 900.000 hectáreas incendiadas y focos detectados en veintidós de nuestras veinticuatro provincias. Además, el 95 por ciento de esos incendios fueron producto de la acción humana”, manifestó Daniela Vilar, miembra informante del oficialismo.

 

 

Bosques

Casi el 20% de la superficie total del país está compuesta de bosques nativos. En 2007 se sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El 13% de la población del país vive dentro de estos ordenamientos territoriales.

Según el balance que hace el área de Ambiente, el porcentaje anual de pérdida de bosque nativo respecto del total en las distintas regiones forestales del país registró una disminución desde la sanción de la Ley 26.331. Se pasó de una tasa de 0,9% anual hasta su mínimo del 0,34% en 2015.

Sin embargo, con la llegada del macrismo se relajaron los controles provinciales y nacionales y hubo un incremento de los desmontes. La tasa de deforestación fue del 0,42% anual en 2018, con una superficie desmontada de 183.368 hectáreas.

Del total de desmonte, el 53% sigue siendo ilegal –son las áreas protegidas por la ley de presupuestos mínimo que igual es vulnerada– y un 47 por ciento son los desmontes legales. Acá es donde entra a jugar lo que mencionó Grosso sobre las trampas en la normativa actual, vinculadas a los incendios delictivos. ¿Por qué? Los bosques nativos son incendiados, y luego, a partir de la connivencia con las autoridades provinciales, se realiza un reordenamiento territorial y la tierra que debía estar protegida cambia de categoría. En algunas jurisdicciones, las autoridades provinciales otorgan un plus salarial a los inspectores por cada desmonte “legal” que autorizan.

La mención de Grosso no fue azarosa. El gobierno nacional, junto a un conjunto de organizaciones ambientalistas, están pensando en algunos cambios sustanciales para la ley sancionada en 2007.

Por un lado, se buscará frenar todos los desmontes legales, según los aportes y comentarios que intercambiaron las organizaciones y el Ministerio de Ambiente. Es decir, el proyecto explicitaría que el principal objetivo de la Ley de Presupuestos Mínimos debería ser ponerle un coto definitivo a la expansión de la frontera agropecuaria, además de promover la conservación de los bosques nativos (objetivo que ya figura en la normativa vigente)

Actualmente, las categorías de conservación se dividen en sectores de muy alto valor de conservación (rojo), de mediano valor (amarillo), donde no puede haber desmontes, y de bajo valor de conservación (amarillo), que pueden transformarse para distintos proyectos económicos. Esa sería la trampa legal señalada por Grosso. Una idea posible sería quitar de la norma esta última categoría para que no haya más negocios sobre los bosques. Es decir la prohibición de todo tipo de desmonte y la transformación en áreas protegidas.

Una de las falencias de las leyes ambientales –además de los huecos en los controles provinciales, que es donde terminan de concretarse las trampas legales– es la ausencia de una tipificación penal vinculada al delito ambiental, donde aparecen involucradas grandes empresas.

Por eso también se estaría evaluando incluir un capítulo sobre delitos contra los bosques nativos para aquellos que practiquen desmontes, quemas o un usufructo económico ilegal; penas que también podrían alcanzar a los funcionarios y funcionarias que, a sabiendas de las irregulares, habilitasen negocios sobre las áreas protegidas.

 

 

Esto lo cambia todo

La canadiense Naomi Klein escribió el libro Esto lo cambia todo, una investigación sobre la incidencia del capitalismo y los abusos del poder en relación al cambio climático, algo no tan lejano. Un buen texto para leer en medio de una pandemia y, sobre todo, para entender que la extensión de las fronteras agropecuarias –como todo extractivismo intensivo– forma parte del problema “cambio climático”.

Se necesitan otras formas de relacionarnos con el mundo, dice la autora canadiense y concluye: “Debemos tener la visión de que no estamos separados de la naturaleza, sino que formamos parte de ella; la visión de que actuar colectivamente en pos de un bien superior no es ningún comportamiento sospechoso, y de que tales proyectos comunes de ayuda mutua son los que históricamente han permitido materializar los mayores logros de nuestra especie; la visión de que la codicia debe ser controlada y atemperada mediante la norma y el ejemplo; la visión de que es intolerable que la pobreza de muchos conviva con la abundancia de unos pocos”.

 

 

 

 

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