Frutos de explotación

 

La Justicia Federal de Mar del Plata procesó a dueños y responsables de la firma Compañía Industrial Frutihortícola S.A. (CIFSA) por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Los imputados son los empresarios Pablo Luis Moretti y Ana Karina Moretti, presidente y vice de CIFSA, y sus jefes de recursos humanos Carlos Walter Colmenero y Federico Maggio Cappelli, que empleaban en jornadas de sol a sol y por pagos de miseria a más de 150 trabajadores provenientes de Bolivia y de provincias del norte. El intendente Guillermo Montenegro supo promocionar en 2019 a “la empresa de la familia Moretti” como “ejemplo de la potencialidad” emprendedora, con el slogan “Juntos Podemos Más”.

 

 

 

 

Las quintas donde se cometieron los delitos están emplazadas en Sierra de los Padres y Tandil, provincia de Buenos Aires, y en la localidad de Bella Vista, provincia de Corrientes. La mayoría de las víctimas provenían de “zonas que en general padecen una situación social de pobreza extrema que sin duda ha condicionado las posibilidades de autodeterminación de las víctimas, y por lo cual por decisión de los directivos de la empresa investigada, con el objetivo de reducir costos, se han aprovechado de esta situación de vulnerabilidad”, señaló el juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, en su resolución del 29 de diciembre pasado.

 

 

 

 

“Compañía Industrial Frutihortícola S.A. es una empresa familiar fundada en 1987 para abastecer el mercado argentino y de exportación. En nuestros orígenes comenzamos ofreciendo frutillas frescas. A medida que la empresa crecía, fuimos incorporando frambuesa, mora, arándano; y otras frutas y hortalizas congeladas a nuestra cartera de productos”, cuenta la empresa en su página. Así han desarrollado “una empresa agro industrial productora y exportadora de frutas frescas y congeladas, como así también vegetales congelados. La implementación constante de tecnología tanto en los cultivos como en sus procesos permite posicionar a la empresa dentro de los mercados nacionales e internacionales más exigentes”.

 

 

 

 

La causa se inició el 13 de abril de 2016 después de una publicación del diario La Capital de Mar del Plata titulada: “La historia de una docente que decidió aprobar a una alumna que ‘no sabía nada’”. La nota periodística se desprendió de una publicación en su blog de la docente Lucía Gorricho, quien cubría unas horas en la Escuela de Sierras de los Padres y relató la evaluación de la estudiante, que daba a entender que ella, sus padres y otras personas podrían estar siendo víctimas de explotación laboral. “En la frutilla trabajan aproximadamente 200 personas que cosechan la fruta, limpian el campo, sacan las hojas, sacan la maleza, tienen que carpir. Ahora pagan más que antes, aún mejor, pagan todo lo que hacen si carpean, limpian la cunita, etc. Algunos niños trabajan ahí aproximadamente de la edad de 13 años para arriba y algunas embarazadas también pero no hacen tanto esfuerzo o si no, no trabajan. Eso depende de ellas. A veces lo hacen para ayudar a sus maridos”, fue parte de lo que la alumna de 14 años le transmitió en la evaluación a su profesora.

La fiscal federal Laura Mazzaferri y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, tomaron los testimonios de los trabajadores explotados, que dieron cuenta de jornadas de trabajo de sol a sol y también de los salarios percibidos, en su mayoría por debajo del mínimo vital y móvil.

En 2011 la misma firma ya había sido objeto de investigación por el presunto delito de trata de personas. A Pablo Moretti se le imputaba haber transportado personas desde la localidad de La Banda, Santiago del Estero, hacia su predio en la ciudad de Mar del Plata. Pero en noviembre de 2015 se dictó el sobreseimiento de los imputados.

Que la causa iniciada en 2016 derive en procesamientos a fines de 2020 sólo confirma la lentitud del Poder Judicial a la hora de procesar delitos de este tipo cometidos por empresarios. “Fue un caso muy complejo porque eran más de cien víctimas. La Cámara Federal Mar del Plata tiene una jurisprudencia que (exige que) para procesar tiene que haber escuchado a la víctima”, responde Alejandra Mángano ante la pregunta por la demora. “En general los dueños descargan responsabilidad en los capataces o cuadrilleros, que son los más débiles porque no son quienes reciben la ganancia económica. Este caso es importante porque dirige la imputación a los beneficiarios”, destaca.

Una de las víctimas que se encontraba empleada en El Frutillar, en Sierra de los Padres, que residió en los campamentos brindados por la empresa junto a su esposa y sus dos hijos, declaró que “llegaba a las 5 de la mañana y le hacían entrega del pedido que deberían producir a diario, luego se dirigían al campo a cosechar, hasta haber cumplido con la producción solicitada”. En su sector de trabajo “cumplía labores con su esposa, cobraba cada quince días durante la temporada, y luego el pago era mensual. Se abonaba en pesos en billetes en mano y otra parte era depositada en el banco Galicia. El monto no es fijo, varía según la producción sostuvo, entre 6.000 a 8.000 pesos. La parte abonada en negro variaba entre 1.500 y 2.000 pesos. Junto con el dinero se le entregaba el recibo de sueldo donde no figuraba su sueldo real sino solo una parte. En el primer allanamiento efectuado en diciembre de 2016 se relevaron 217 trabajadores, de los cuales 191 estaban sin registrar.

La investigación permitió identificar diferentes grupos de trabajo. Un tractorista cumplía su labor de lunes a lunes, desde las 5 ó 6 de la mañana hasta las 18, descansando un domingo al mes y cobrando una suma fija de 11.000 pesos. Un regador, de lunes a lunes de 7 a 17, por 10.000 pesos mensuales. El sector clasificación y empaque, lunes a sábado de 8 a 17, con una hora diaria de almuerzo, también por 10.000 pesos. Clasificación y despalillado de frutillas, lunes a viernes de 6:45 a 18:30 y sábados hasta 13:30. Dijeron cobrar por tanto, aproximadamente 3.000 pesos quincenales en mano. Cosecha de frutillas, dependía del factor climático. En líneas generales dijeron trabajar de 5 ó 6 hasta 16 ó 17, de lunes a sábados, y dos refirieron trabajar los domingos de 5 a 12 horas. El pago es por cantidad de calas: 7,20 pesos la mora y 11 la de frutillas. Dos personas dijeron desconocer cuánto les abonaban por cajón juntado.

Los informes de las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento para las personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que entrevistaron a los trabajadores en 2016 y en 2018 durante los registros domiciliarios, apuntaron que quienes se desempeñaban en el sector de clasificación y despalillado de frutillas contaron que la remuneración “estaba ligada a la cantidad de fruta con la que contara la empresa, ya que se les abonaba ‘por tanto’, por producción, recibiendo 2,30 pesos por kilo, lo cual quincenalmente representaba para el/la trabajador /a la suma de 3.000 pesos, abonados en mano”.

 

 

La “innovación” de los Moretti

El ex juez federal que en 2007 renunció a su cargo para acompañar a Mauicio Macri como ministro de Justicia y Seguridad porteño y que en 2019 asumió como intendente de General Pueyrredón, parece haber estado poco informado de la investigación judicial por trata de personas con explotación laboral en los campos de Moretti. El 31 de mayo de 2019 difundió y promocionó en su cuenta de Facebook que “la mejor frutilla es la de Mar del Plata”. “La empresa de la familia Moretti comenzó en 1987 a producir frutillas en Sierra de los Padres. Con esfuerzo, innovación y mucho trabajo, se convirtió en uno de los principales productores de Argentina”, escribió como introducción al video para promocionar a la firma.

–¿Hace cuántos años se arrancó Moretti con esto? –le pregunta el candidato devenido cronista al gerente general de CIFSA, Ignacio Casaccia.

–Y no, acá se arrancó en el año 1987. O sea, se detectó una forma de hacer frutilla que no existía en Argentina. Se fueron haciendo distintas pruebas de por acá hasta que se encontró un microclima acá en Sierra de los Padres y se empezó hacer frutilla de una manera distinta. Nosotros preparamos el terreno en noviembre, plantamos en febrero y empezamos a cosechar en octubre y tenemos frutilla en verano.

 

 

 

 

Del microclima que no habla Casaccia en el video de campaña de Montenegro es del que crearon en sus fincas, donde la mayoría de las personas y grupos familiares residían en viviendas provistas por la empresa, una limitación evidente a la hora de reclamar mejoras en las condiciones laborales ya que al temor de perder el empleo se sumaba el temor de perder la vivienda, consignó el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento.

El informe destacó también el modo de captación de las personas que prestaron su fuerza de trabajo. El trabajo se organizaba por parcelas en la que trabajaban los ayudantes cosecheros y el medianero, que era el encargado de contactar trabajadores para desempeñarse en la porción de terreno a su cargo. Los propios trabajadores eran quienes se debían encargar de ofrecer empleo a otras personas, priorizando reclutar algún familiar. De esa manera la empresa se desligaba de la responsabilidad de reclutar e involucrarse en la captación de personas. Moretti ya no haría lo mismo que en 2011, cuando traía a sus predios personas transportadas de otros lugares. Ahora vendrían solos y pagándose el transporte con la promesa de que la empresa que les devolvería el dinero al finalizar su labor, otra forma más de retenerlos.

Respecto a la situación laboral dentro las fincas allanadas, el informe destaca “extensión de las jornadas laborales, ya que si bien los días y horarios de trabajo varían en función del sector en el cual se desempeñaran (sector de la cosecha de frutales, despalillado, tractoristas, regador) algunas personas indicaron jornadas de entre 10 y en ocasiones hasta 13 horas diarias de trabajo, a la vez que algunos/as indicaron que no contaban con días de descanso contemplados”.

“Si bien después del allanamiento que se efectuara a la empresa CIFSA en el año 2011, y habiendo realizado distintas acciones a fin de crear una imagen positiva respecto de la actividad que allí se desarrolla, lo cierto es que las conductas se mantuvieron”, sostiene el juez, y la prueba está en que “los nuevos procedimientos llevados a cabo en el año 2016 y 2018 permitieron corroborar que más de una centena de trabajadores se encontraban en situaciones irregulares en cuanto al cobro de sus remuneraciones, siendo estas muy por debajo en lo establecido en las leyes laborales vigentes”. También señala que no se acreditó trabajo infantil ni la presencia de mujeres embarazadas prestando su fuerza de trabajo.

 

 

Una defensa frutilla al agua

En agosto de 2020 se tomaron las declaraciones indagatorias de los imputados. Pablo Luis Moretti se defendió a través de un escrito presentado por su abogado. “Hemos tenido siempre en cuenta a nuestra gente de la empresa, los hemos apoyado con préstamos sin interés para que los que así quisieran pudiesen comprarse su terreno o construirse sus viviendas, hemos creado una muy importante guardería infantil con maestras recibidas donde brindamos educación y comida sin cargo a los hijos de nuestros trabajadores”, sostuvo.

Pero en la declaración de Daniela Battán, quien se desempeña desde el 2008 como directora de la Escuela de Educación Primaria para Adultos 743, que está dentro del predio El Frutillar de la familia Moretti, adjuntó un informe efectuado por el docente Fabio Marcelo Damrauf que refleja la situación que se da con el alumnado del campo del frutillar, que dista mucho con lo planteado por Moretti. “El campamento frutillar es un nucleamiento laboral cerrado, a 2 kilómetros de la ruta 226, donde la actividad principal es la producción de frutillas, principalmente, y otros frutos como la cereza y arándanos. La población ronda las 150 familias en temporada alta y 80 familias en invierno. El lugar tiene aproximadamente 10 hectáreas, en donde se encuentran las ‘piezas’; habitaciones de mampostería y techos a dos aguas de chapa”, describió el docente. “Se ven lugares de esparcimiento para chicos (canchas de fútbol plaza con juegos). No existe dentro del mismo proveeduría alguna. También se ve cómo todo el perímetro del enclave está delimitado con un alambrado de 2 metros de altura y la única entrada y salida es por un portón principal al frente”. Destaca en su descripción que “en su inmensa mayoría los trabajadores, de ambos sexos, pertenecen a la comunidad boliviana, los cuales viven en habitaciones que el campamento les provee, con baños externos compartidos. El campamento no posee sala médica, pero cuenta con la visita de un médico de la sala del Coyunco, tres veces a la semana. El nivel socioeconómico es muy bajo. Se trabaja de sol a sol y el salario apenas si llega al mínimo oficial”.

Como diagnóstico grupal, el informe del docente reseña que “el grupo está conformado por 14 alumnos, 3 son varones y 11 mujeres, todos mayores de edad, 9 de origen boliviano y los restantes argentinos del norte del país. A su vez todos provienen de un nivel socioeconómico muy bajo, con escasos recursos, viven y trabajan dentro de un lugar que apenas les permite subsistir y criar a sus hijos. Su tiempo transcurre sin feriados, todos los días en el campo”.

En el aspecto pedagógico Damrauf describió que del grupo de 14 alumnos, 3 están en el ciclo de alfabetización y los restantes en el espacio de formación integral con distintos matices. De los adultos del primer ciclo, Leonardo de 54 años y Benita de 26 se encuentran en un periodo que alterna el silábico alfabético, escribiendo sólo en forma automática, copian sin entender, o sea sólo poseen un registro mecanizado.

Moretti, sin embargo, afirma en su defensa que han “creado programas de becas educativas terciarias y universitarias para los hijos de nuestros trabajadores, hemos implementado un transporte escolar para trasladar a los hijos de nuestros trabajadores hasta las escuelas rurales de la zona”, y en su afán por enumerar todo lo realizado dijo haber “respetado e incentivado su idiosincrasia cultural, por ejemplo festejando el día de la Pachamama” y “organizado con instituciones oficiales cursos y charlas de prevención contra la violencia de género, brindamos una capacitación para los trabajadores y sus familias en la cual se les informa acerca de sus derechos, condiciones legales”. Conmovedor. Ana Karina Moretti también presentó un escrito en la misma línea a modo de defensa.

El juez Inchausti no les dictó prisión preventiva pero trabó embargo sobre los bienes y/o dinero de Pablo Luis Moretti, Ana Karina Moretti, Carlos Walter Colmenero y Federico Maggio Cappelli hasta cubrir la suma de cincuenta millones de pesos.

 

 

 

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