Fruto envenenado

 

La nueva derecha en la Argentina promueve un espacio político propio para confrontar con el avance organizativo y territorial del movimiento de los pueblos originarios (PO), registrado en los últimos treinta años –especialmente en el sur– con el proceso de autoafirmación del pueblo mapuche-tehuelche. Consenso Bariloche (CB) “por una Patagonia sustentable y en paz” apareció como una coalición de intereses económicos y sociales de los sectores dominantes que acaparan y explotan los bienes de la naturaleza de diferente manera. Aunque tiene una mesa local integrada por 20 instituciones, cuenta con una conducción estratégica porteña, de acuerdo a lo que se plasmó la última semana en su primer foro público realizado en el hotel Inacayal, sobre la costa sur del lago Nahuel Huapi.

CB tomó como propio el proyecto de la gobernadora de Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, de creación de un parque público en tierras del dominio del Estado nacional dentro del ejido municipal de Bariloche. Son 3.600 hectáreas donde están asentadas seis comunidades mapuches. La defensa de esas tierras, que consideran públicas, es el objetivo inmediato de la coalición, lo que puede interpretarse como la necesidad de relocalizar el foco del conflicto ante el estancamiento del caso con la comunidad Lafken Winkul Mapu, reasentada en Villa Mascardi (Parque Nacional Nahuel Huapi) en noviembre de 2017. Para articular sus alianzas en torno al nuevo parque central, el foro convocó a la gobernadora para abrir el debate y al intendente local Gustavo Genusso para cerrarlo. Entre la apertura y el cierre, en menos de siete horas, Genusso abrió el diálogo con gente mapuche por fuera del foro y frustró un cierre previsible después de discursos y propuestas prácticamente monolíticas, que se transmitieron online.

 

 

 

 

 

 

El viraje pudo haber descolocado la estrategia de CD. Un día después de finalizado el foro, una de sus figuras centrales –Diego Frutos, presidente de la comisión vecinal de Villa Mascardi, con varias denuncias contra la Winkul– protagonizó un confuso episodio que molestó a la gobernadora. Dijo que el jueves al anochecer fue atacado por encapuchados, que debió refugiarse en la ladera de la montaña, con temperaturas bajo cero y nieve acumulada. La Fiscalía en pleno se dirigió al lugar, junto con efectivos del grupo especial COER, que lo ubicaron sano y salvo. El viernes a la mañana, la gobernadora consideró que “se trató de un hecho policial”: un modo elegante de decir que no se creyó la historia de quien fue el héroe 48 horas antes, cuando se quebraban en llanto con ganas de abrazarlo, como balbuceó Daniel Sabsay, el constitucionalista.

 

 

Nuevo foco de conflicto

Juan Lascano, vicepresidente de la junta vecinal Llao Llao, presentó a la gobernadora, quien usó un tono y retórica cuasi escolar. En su condición de local, propuso el proyecto del parque central como ejemplo de que es posible la construcción de consenso en una mesa de diálogo amplia con todos los actores del CB, “más los que faltan”. En 2009 se aprobó una ordenanza que reconoció el proyecto cuando era concejal. Ya diputada provincial, en 2016 se creó por ley una comisión provincial mixta para promover su creación, sin que ningunx de lxs legisladorxs advirtieran la plena vigencia de la Ley Integral del Indígena 2.287, el funcionamiento del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), como órgano de aplicación de esa misma ley, y el mecanismo de consulta libre previa e informada previsto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras normas. En el foro reconoció lo evidente: que en esas tierras viven comunidades, por lo que llama la atención que insistiera en que terceros ajenos (como son todos los integrantes del CB) discutan y hasta decidan sobre el destino, uso y ordenamiento interno del territorio comunitario.

Carreras habló por ella y por Genusso cuando afirmó que “se toman decisiones sobre las tierras de la provincia o del ejido municipal a espaldas de la población, lo que se percibe como abuso de autoridad”, cuestionando las resoluciones administrativas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sobre los territorios de Buenuleo y Quijada (comunidades de Bariloche), sin nombrar a Magdalena Odarda, titular del organismo. “Hoy vemos un riesgo real, el riesgo que a tierras públicas se les otorgue un uso distinto al que la población, en su mayoría, decidió darle por ordenanza hace doce años”. Así anticipó su oposición al reconocimiento territorial a las comunidades Millalonco-Ranquehue, Tripay Antü, Tambo Báez, Huala We, Carriqueo y José Celestino Quijada, que necesariamente impediría el parque diseñado. Los ancianos de esas comunidades enfrentaron desalojos ante las tanquetas del Ejército de la Escuela de Montaña, la destrucción de rukas y sembrados y los animales dispersos por los cerros Otto y Bellavista con las detonaciones de los ejercicios militares. De todos modos, después de los aplausos a su posición dura, se reunió con representantes de tres de las seis comunidades directamente afectadas, quienes les habían requerido una audiencia al conocer por la prensa la reactivación de proyectos sobre sus territorios.

 

 

 

A la misma hora, a pocas cuadras de distancia, Genusso se reunió en la sede de gobierno comunal con treinta o cuarenta mapuches de distintas comunidades, la mayoría de la zona andina. “Desde el municipio no tenemos ningún problema ni con las comunidades, ni con los territorios comunitarios. Sólo le hemos dicho al INAI que nos pregunte (antes de hacer un reconocimiento administrativo) para saber si tenemos que llevar servicios, o tenemos que hacer obras. No tenemos nada contra Quijada”, dijo en palabras documentadas por los presentes. También se comprometió a iniciar una mesa de diálogo por la situación de las comunidades asentadas dentro del municipio, declarado intercultural por ordenanza. En la espontaneidad del reclamo en la calle, la Coordinadora del Parlamento Mapuche supo renovar la representación ante el intendente e iniciar un diálogo directo, no subordinado ni intermediado por otros actores. Dentro de dos semanas, cuando se haga la primera reunión, se verá qué tan firme fue la decisión de Genusso y con qué fines. En tanto, el CB perdió la principal pata local.

 

 

 

 

 

 

Núcleo duro

De todas las exposiciones, algunas expresaron el núcleo central del espacio, en tanto que la gran mayoría ilustró o corroboró la historia oficial. Expusieron Patricio Santibáñez Carmona, presidente de la Multigremial de la Araucanía (Chile); Carlos Maizón (forestador de El Foyel); Cristina Mohana y Facundo Kohan Mohana, propietarios de la estancia Chenqueniyen; Emiliano Ezcurra, de la ONG Banco de Bosques y ex vicepresidente de Parques Nacionales; Guillermo Paats, prestador de servicios turísticos de Puerto Madryn; y Federico Massoni, ministro de Seguridad y candidato a senador por Chubut, entre otros. Y Frutos, claro.

En lo político, todxs –incluida la conductora Mónica Gutiérrez– cuestionaron la gestión de Odarda por ineficaz, la aplicación de la ley nacional de emergencia de relevamiento territorial de comunidades indígenas 26.160 y la decisión del Obispado de San Isidro de no impulsar el desalojo de su propiedad en Mascardi. Los herederos de la doctrina Bullrich hicieron apología del genocidio de la llamada Campaña del Desierto del general Julio Argentino Roca, agitaron el fantasma de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) y del peligro a la soberanía nacional que presuntamente representa la demanda territorial indígena.

 

 

 

El panel de abogados estaba destinado a darle basamento jurídico al programa anti-tomas, coordinado por Miguel del Pino, socio del estudio Marval, O'Farrell & Mairal. Además de Sabsay, participaron Ernesto Saavedra, Hugo Burgenik y Mercedes Lasmartres, secretaria legal y técnica del municipio. “El Papa Francisco confundió al cuestionar la propiedad privada”, dijo Sabsay, lamentado la posición tibia del Obispado en Mascardi y de los jueces miedosos “de Justicia Legítima” que no ejecutan los desalojos. Saavedra fue el más explícito, al describir como “un cáncer que se extiende” la presencia de la Winkul, que a su juicio “es una familia, no una comunidad”. Burgenik no habló de ninguno de sus casos abiertos en Villa La Angostura, cuestionando al INAI por la inseguridad jurídica que crean sus resoluciones. Por su parte, Lasmartres fue muy cuidadosa en circunscribir su exposición a un caso concreto de desinteligencia con el INAI, por el que impugnó la resolución por el reconocimiento de 370 hectáreas a Quijada en la ladera sur del cerro Otto, espacio comprendido en el proyecto del parque central. “Los derechos de los pueblos originarios lo discutió la sociedad con la reforma constitucional del '94”, recordó, y se distanció de los cuestionamientos de los colegas a la supuesta ilegitimidad de algunas comunidades en conflicto.

Del Pino, moderador, consideró insuficiente el planteo de sus colegas, por lo que remató el panel diciendo: “La propiedad comunitaria no tiene rango superior a la propiedad privada. No permitamos que desde Roma nos reformen la Constitución Nacional”.

Después de las críticas al jefe del Estado Vaticano, Genusso reivindicó su trayectoria docente en los talleres Monseñor Angelelli, creados por el Obispado de Viedma en los '80 para jóvenes de los barrios populares de Bariloche. “Muy pocos se reconocían mapuche en ese momento. Hoy, aunque no lo parezca, estamos mejor”, afirmó, valorando positivamente el proceso identitario de amplios sectores de la población local. Reconoció la asimetría respecto a las comunidades y planteó que cualquier mesa de diálogo tiene que basarse en tres principios: reparación histórica, respeto y justicia (en un sistema injusto).

“La sociedad quiere orden”, había dicho secamente Lascano al presentarlo. Genusso cerró con palabras del fallecido obispo de Viedma Miguel Esteban Hesayne, quien acompañó el proceso de organización del pueblo mapuche en los '80, cuando la movilización de base conquistó la primera ley del indígena del país.

 

 

Jugadas

Los movimientos coyunturales de la gobernadora y del intendente de ninguna manera alteran el avance real en el territorio del proyecto de defensa de la Propiedad Privada Patagonia (PPP), que se canaliza a través de la Fundación Naturaleza para el Futuro (FuNaFu), de acuerdo a documentos internos de la organización. Tres de los moderadores de los paneles son conducción política del PPP: del Pino, socio de Marval, O'Farrell & Mairal, que hace el asesoramiento legal general del proyecto; Sabsay, asesor legal; y Luis Castelli, referente de la FuNaFu en la recaudación de aportes en dólares para el funcionamiento del proyecto a un año. Un aportante del PPP es Hugo De Barba, propietario del hotel Inacayal, donde la ex ministra Patricia Bullrich lanzó el movimiento anti-tomas en abril.

 

 

 

 

 

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