FRUTILLAS NEGRAS

 

“Sacame la gente urgente del galpón y deciles que vuelvan el martes”. El intendente radical de Coronda, Ricardo Ramírez, hablaba por teléfono desde su campo de frutillas ubicado en el centro sur de la provincia de Santa Fe. Estaba nervioso. En un operativo coordinado por la AFIP, el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Renatre, con la colaboración de la Gendarmería, encontraron 19 peones no registrados. Para evitar que fueran fiscalizados los habían escondido dentro de un galpón.

Ramírez, apodado Bachi, no estaba en el campo al momento de iniciarse la inspección. Pero sí su hijo que se mostró intimidatorio ante las autoridades. No quería que los peones hablasen. El intendente no tardó en llegar. Cuando lo hizo empezó a mover algunos hilos para que los trabajadores escondidos en su galpón se fueran lo más rápido posible.

“Yo no vivo de la política, mi sueldo lo vuelco en la ciudad para comprar luces”, se jacta en cada entrevista que ofrece como si el trabajo público fuese una dádiva. En diciembre del año pasado asumió como intendente del Frente Cívico y Social (radicales más socialistas), alianza que está negociando la reunificación con la pata radical de Cambiemos de cara a las elecciones de medio término del próximo año.

Cuando llegó a su campo sacó a relucir su cucarda de patrón de estancia.

–¿Por qué tenía trabajadores en negro? –cuenta que le preguntó Andrés Alasia, titular del Renatre.

–Es que ellos mismos quieren seguir así para no perder los planes –respondió el intendente radical. Un calco de lo que suelen argumentar los integrantes de la Mesa de Enlace cada vez que son consultados por los índices de informalidad laboral en el sector. Y es que muchas veces los empresarios rurales pagan menos que el valor de una Asignación Universal por Hijo.

La inspección coordinada en más de veinte establecimientos de Coronda surgió de una investigación preliminar de la AFIP que incluyó el cruce de información entre la facturación, las compras y ventas, el volumen de la mercadería y las tareas periféricas sobre los movimientos llevados adelante en cada predio.

En total fueron inspeccionados, durante dos días, veinte establecimientos en donde se detectó que de 300 trabajadores rurales el 80 por ciento estaba en la informalidad. Incluso fueron encontrados menores de edad. Dentro del campo de Ramírez había 21 peones, de los cuales 19 estaban sin registrar y escondidos en un galpón.

Las infracciones por impedir las fiscalizaciones fueron labradas por el Ministerio de Trabajo. La AFIP realizará las determinaciones de deuda por aportes y contribuciones.

La explotación laboral en el sector rural es algo estructural. El Renatre informa que en el país existen aproximadamente un millón de trabajadores y trabajadoras del campo. ¿Cuántos están formalmente registrados? Solamente el 37 por ciento (366.000), es decir que la precariedad orilla el 63 por ciento según se desprende de los datos analizados por el Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial que depende del Ministerio de Trabajo.

Entre 2016 y 2019 la cartera laboral realizó 9357 inspecciones en establecimientos rurales de todo el país, de los cuáles 5170 presentaron distintos grados de irregularidades vinculados a la Ley Laboral, es decir el 55 por ciento de los casos. Y de los 77.722 peones rurales relevados, la informalidad promedio detectada fue del 42 por ciento.

A partir de 2018 todas las inspecciones comenzaron a regirse por el “Acta de Constatación de Indicios de Explotación Laboral (ACTA/IEL)” implementada a través de la Resolución 230/18. Hasta abril de este año se habían realizado 53 actas, de las cuales el 80 por ciento arrojó casos de explotación en el ámbito rural según surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por este periodista.

 

 

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