Frente sin concesiones

 

Cristina Fernández de Kirchner en un sustantivo discurso pronunciado el jueves hizo referencias fundamentales en relación al significado y contenidos de una política popular en las condiciones que hoy enfrenta la Argentina. En sus caracterizaciones y posicionamientos tuvieron un lugar destacado dramáticas referencias a las condiciones del país debidas a la pandemia mundial y también a la particular “deuda casi criminal” de 45.000 millones de dólares que el gobierno de Cambiemos contrajo con el FMI. Previamente la Vicepresidenta había hecho un balance del destino de esos fondos, concluyendo que el endeudamiento con ese organismo y con fondos privados no se había traducido en ningún tipo de inversiones ni destinos productivos. En realidad, sustancialmente fue utilizado durante la tercera experiencia neoliberal como exclusiva fuente de fuga de capitales. La lideresa del Frente de Todos remarcó el carácter regresivo que tiene el endeudamiento con el FMI, enfatizando en los fuertes condicionamientos que ese organismo intentará imponer a la Argentina. Señaló que el “Plan Cunitas” fue una política acertada y reivindicable, destacó también el “Conectar Igualdad” y manifestó su convicción de que “los derechos universales siempre sirven: cuanto más universales son, más se desarrolla la sociedad”. Además reflexionó respecto a que la pandemia en su conclusión dejará más ricos y más pobres, sin cumplirse los vaticinios de una sociedad con más humanismo e igualdad.

 

Los derechos universales siempre sirven. Y cuanto más universales son, más se desarrolla la sociedad. pic.twitter.com/B3fZWtZkEA

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 1, 2021

 

Esta mirada resulta contundente en el contexto de vivencias y sufrimientos mundiales derivados de la peste, frente a la cual el capitalismo de los monopolios y la financiarización continuó con su dinámica despiadada, siendo el Foro de Davos un espacio en el que se desplegó la hipocresía de una propuesta de construcción de un paradigma para la pos-pandemia, que habría de basarse en un dispositivo de “responsabilidad social empresaria” para mitigar las injusticias de la globalización neoliberal que precedió a la época del coronavirus. Puras palabras, ningún hecho. En ese Foro, Alberto Fernández hizo un llamado a un mundo diferente, humanista y menos consumista. No fue escuchado por los líderes occidentales, que no renunciaron a acaparar vacunas en exceso, construyendo una desigualdad obscena que radicalizó, como una fractura abierta, el abismo de las diferencias sociales. Estas se manifestaron en la violación al derecho humano primario, el de la vida, garantizado en épocas de peste por un acceso igualitario a la salud.

 

Los espíritus del capitalismo

En El nuevo espíritu del capitalismo (Akal,2002), Luc Boltanski y Eve Chiapello consideran que “para el régimen salarial, con independencia de las formas jurídicas contractuales de las que pueda revestirse, lo importante es que existe una parte de la población que detenta nada o muy poco capital y en cuyo beneficio no está orientado naturalmente el sistema, que obtiene ingresos por la venta de la fuerza de trabajo (y no por la venta de los productos resultantes del trabajo), que además no dispone de medios de producción, que depende para trabajar, por lo tanto, de las decisiones de quienes los detentan (pues en virtud del derecho de propiedad , estos últimos pueden negarles el uso de dichos medios) y finalmente que abandona, en el marco de la relación salarial y a cambio de su remuneración, todo derecho de propiedad sobre el resultado de su esfuerzo, que va a parar íntegramente a manos de los detentores del capital”. Como lo expresan los autores, queda claro que los participantes del patronato no “dan trabajo”, sino que ponen en movimiento su propiedad de medios para producir, lo hacen para obtener una ganancia, y necesitan contratar a los que sí “dan trabajo” para que estos, subordinados a una relación salarial, hagan posible el acceso a un acrecentamiento de la propiedad de quienes detentan ya un stock previo de la misma.

Sin embargo, Boltanski y Chiapello distinguen tres épocas del capitalismo, a las que asignan sendos espíritus diferenciados. El primero lo sitúan a fines del siglo XIX, “colocando su epicentro en el burgués emprendedor, capitán de la industria, conquistador, quien sería el ´héroe´ de la etapa signada por el juego, la especulación, el riesgo y la innovación”.

La segunda época construye otro espíritu, cuya figura “heroica” es el director, quien en lugar de motorizarse por el incremento del ingreso personal, está motivado por hacer crecer la empresa para ampliar una producción en masa, basada en “las economías de escala, la estandarización de los productos” y en la extensión de los mercados. Es un espíritu que se sustenta mucho más en el crecimiento de la demanda que en la maximización de la ganancia como motor de la actividad económica. Este espíritu esta articulado con referencias al bien común con un ideal en el orden industrial, la fe en el progreso, y la vocación de la centralidad del desarrollo científico-técnico. Inversamente al orden anterior, descansa y promueve un ideal cívico, pues pregona “la solidaridad institucional, la socialización de la producción, de la distribución y del consumo, así como la colaboración de grandes firmas y el Estado en una perspectiva de justicia social”. Es una etapa en que la organización fue conducida por técnicos asalariados y en que las personas jurídicas como propietarias sustituyeron a las personas físicas. Esas características coincidieron con un crecimiento de los derechos de los asalariados que limitaron el derecho de propiedad. Boltanski y Chiapello afirman que estos rasgos conformaron un tiempo de disminución de la lucha de clases, de disociación entre la propiedad del capital y la conducción de la empresa y de despliegue de una mayor justicia social. Este período, a mi criterio, duró algo menos de medio siglo XX, entre 1930 y 1975 (para los autores citados se remite a los treinta años entre 1930 y 1960). Fue la época de la poscrisis del año treinta, de apogeo del proyecto keynesiano, de la construcción de la economía del bienestar y del despliegue del mundo bipolar.

El espíritu de la época siguiente, cuyo cenit sería la década final del siglo pasado, se sustenta en el motor de la productividad de las inversiones. Ya no se trata del héroe emprendedor, ni de la organización con objetivos cívicos y el perfil desarrollista que valoraba a los cuadros técnicos. Destruida la bipolaridad, retorna el criterio maximizador de la ganancia, ya no la del “emprendedor Capitán de la Industria” sino la de los accionistas grandes y chicos que buscan el beneficio rápido, con una lógica marcada por el predominio de empresas monopólicas que promueven la mundialización de mercados y la fragmentación productiva en pos de la disminución de los costos. Vuelve a reinar la ganancia y no la demanda y el consumo. El inversor productivo cada vez más es el mismo que el especulador financiero, los industriales concentrados están a la búsqueda tanto de ganancias como de rentas. No hay planificación ni sentido de justicia social en la vida económica. La exclusión del Estado es una clave de este tercer espíritu del capitalismo, como expresión del recorte de la democracia, como cuestión de poder, creando las condiciones para que la economía quede bajo el gobierno exclusivo del capital –en este período muy concentrado y financiariazado–. El control de la eficiencia se desplaza de la organización interna a la satisfacción del cliente. Los argumentos clásicos de defensa del capitalismo vuelven a ser puestos en la “cuestión de las libertades”. Sin embargo, resulta opacado el tema del progreso económico, que queda subsumido por la dinámica de la competencia exacerbada. El crecimiento de la desocupación es un signo de este tiempo. Se impone como paradigma de comportamiento la “cultura” que postula que cada asalariado debe comportarse como una empresa. Esta creencia inducida es el pilar ideológico para el abandono de una de las claves de la sociedad industrial previa: la búsqueda de la seguridad en el empleo. Esta cuestión resulta necesaria para la precarización de los no propietarios de los medios de producción, con la expansión del antagonismo inserción-exclusión, que Boltanski y Chiapello suponen como reemplazante de la dinámica de lucha de clases que precedió al liberalismo neo. La nueva dinámica de la miseria social constituye a los excluidos como el sujeto de miseria. El retroceso social, económico, político y cultural que introdujo este tercer espíritu es dramático: la caída de un concepto claro de explotación y, también, el decaimiento de la esperanza de una transformación social. Ante la ausencia de esta última, el rechazo de la injusticia social sufrió una regresión para situarse en la indignación ante la miseria. La de un “excluido sin palabra, sin domicilio, indocumentado, sin trabajo, sin derechos”.

 

La flexiseguridad

Cristina Fernández reivindica en su discurso los derechos universales, que fueron típicos del segundo espíritu del capitalismo. Su impugnación al tercero resulta radical. Advierte sobre los condicionamientos del FMI. Parte de estos son las reformas estructurales que el organismo pregona y cuya adopción edificaría un puente para volcar el tránsito acentuado de la Argentina hacia el degradado liberalismo neo. La flexibilización laboral y la reforma previsional constituyen las reformas claves que sustenta ese organismo, y que componen junto a la lógica del equilibrio fiscal –construido con la reducción del gasto público y de los impuestos progresivos– el trípode core de la política de sus condicionalidades.

En tal sentido resulta más que inapropiado, y sugerente de una actitud oportunista que debilita el objetivo de una negociación firme con el FMI, el debate lanzado sobre flexiseguridad. Una renominación de la flexibilización laboral. Promovida por parte del empresariado, el nuevo titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, es un entusiasta de la misma. “No puedo proteger el empleo en una empresa, pero tengo que proteger al trabajador y a su familia cuando está sin empleo, que pueda recuperar otro empleo, para hacerlo empleable. La cuestión es vincular educación y empleo, vincular protección al trabajador y a su familia”, afirmó. Sin hacer memoria que en los ‘90 todas estas prácticas de capacitación y formación laboral, en el marco de la precarización de las condiciones laborales, no resolvieron nada sino que fueron el manto que protegió los despidos que llevaron a la desocupación a superar la tasa del 20%. La flexiseguridad es un proyecto de flexibilización que postula la eliminación de la indemnización por despido y su reemplazo por un fondo de desempleo que garantiza un seguro por tiempo limitado al trabajador cuando resulta despedido por una empresa. Así quedaría instituida la precarización de la presencia de los trabajadores en un lugar de trabajo determinado y su exposición a intercalar períodos de actividad y paro.

La inestabilidad como fortalecimiento del poder empresario frente a los trabajadores, tal como ocurre en la construcción. Proyectos que circulan otros empresarios como Tomás Karagozian, proponen que la administración del fondo lo tenga el ANSES, cuestión que no mitiga ninguna consecuencia negativa para los despidos de asalariados. Algunos países que adoptaron la flexiseguridad otorgan la administración a compañías privadas, que hacen un negocio financiero similar al que llevaron a cabo las AFJP, administradoras que el gobierno nacional y popular presidido por Cristina Fernández renacionalizó junto a la reconstrucción de un sistema de reparto en el régimen jubilatorio. Resulta evidente que algunas pequeñas empresas, en determinadas circunstancias no pueden afrontar el costo de indemnizaciones, que son una realidad presente aunque indeseable en las relaciones de trabajo. Será necesario pensar en qué tipo de asistencia y financiamiento debería implementarse para afrontar esa realidad. Pero nunca debe acudirse a la pérdida de derechos de los trabajadores. Es necesario anotar aquí que el que encabeza la flexibilización del mercado laboral es el gran empresariado, buscando el fortalecimiento del capital frente al trabajo, y aprovecha la problemática de las pymes para intentar alinearlas detrás de esa reforma regresiva. Pero en realidad los problemas de las pymes se resuelven recomponiendo el mercado interno, financiando adecuadamente su desarrollo y capital de trabajo, interviniendo para construir infraestructura y regímenes regulatorios para sostener su rentabilidad, haciendo investigación científica y tecnológica para aumentar su productividad. Ese es el camino para fortalecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y no el ofertismo reaganiano que conduce a la recesión de la economía y a la desaparición de esos millones de empresarios pequeños.

Respecto de este delicado tema corresponde señalar que la Argentina conserva una estructura sindical de un tamaño típico del segundo espíritu del capitalismo. Muchos de sus gremios tienen direcciones afines con las ideas predominantes en aquella época, otros adhieren a posiciones aún más radicalizadas, también existen –y no son pocos– los que practican un sindicalismo debilitado en relación con aquellos tiempos. Pero esa estructura de conjunto coincide en proteger los marcos legales heredados de aquélla época, que en algunos períodos fueron debilitados pero nuevamente fueron fortalecidos durante los gobiernos democráticos, nacionales y populares de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. También la estructura de los trabajadores en la Argentina se ha desplegado en el ámbito de lo que Boltanski y Chiapello llaman los excluidos. Esas organizaciones tienen nuevas características organizativas, que recientemente se han dado la forma de corrientes, uniones y sindicatos que suman a la resistencia al neoliberalismo, sostenido en el tercer espíritu del capitalismo.

Resulta absolutamente inaceptable que el FMI promueva, sugiera o imponga ese tipo de reformas. Por otro lado, como decía el intelectual Rodolfo Puiggrós, el agente externo imperial requiere de un agente interno aliado con el que articular sus políticas. La AEA y la remozada UIA han asumido el rol de ser instituciones que concurren a promover cambios institucionales regresivos que debiliten a los trabajadores. También apoyan el equilibrio fiscal regresivo, para lo que pregonan la reducción del gasto social, del cual el previsional es su componente fundamental. La flexiseguridad se propone para los nuevos trabajadores, una forma de evitar la resistencia a la pérdida de derechos por parte de quienes están empleados. Así, de facto, se introduciría una nueva fragmentación en la clase trabajadora. Este intento de flexibilización laboral disfrazada de hallazgo virtuoso debe llamar la atención debido a que algunos medios de prensa, tanto escritos como audiovisuales, en general afines con el oficialismo, han estado activos para propiciar el debate de este tema. Así, estas discusiones respecto a pérdidas de derechos son introducidas en un pésimo momento, justo cuando el FMI se apronta a demandar la implementación de programas que suelen incluir esas reformas.

Cuando Cristina Fernández señaló la defensa de los derechos universales, recordó que Juan Perón fue quien estableció la gratuidad de la educación pública universitaria. Derecho universal al que los liberales siempre tildaron de pro-rico y trataron de derogar con el edulcorante de arancelar la universidad y becar a los pobres. El debate es el de siempre: focalizar el gasto o universalizar derechos. Mitigar miseria o construir igualdad. El tema del arancelamiento universitario tiene parangón con las controversias respecto de las tarifas públicas y la cuestión de los subsidios. Los servicios públicos esenciales son un derecho universal y no una mercancía, es un concepto que no puede estar ausente respecto del debate de la segmentación de tarifas. La cuestión fundamental, en realidad, es la reforma impositiva progresiva para financiar de modo más equitativo un gasto público mayor. Sin embargo, aquellos liberales neo que se rasgan las vestiduras respecto de una supuesta posición pro-pobre para criticar derechos universales son los más reacios a mejorar las condiciones fiscales que mejoren sustantivamente la distribución secundaria del ingreso (que resulta de la primaria entre ganancias más rentas respecto de los salarios, agregándole el efecto del gasto social y la recaudación impositiva).

El Frente de Todos es un ámbito plural muy amplio. Incluye a quienes reivindican con convicción la posibilidad de reconstruir un capitalismo que retome el espíritu de la segunda época, quienes piensan en el mismo camino pero con correcciones y también los que pensamos en la necesidad de transformar la sociedad hacia un Humanismo que construya una igualdad más sustantiva y cooperativa que la existente en aquellos tiempos. El elemento de consolidación del sentido del Frente es su resistencia a las reformas neoliberales. Por eso la flexiseguridad resulta impensable para un gobierno de la amplitud que tiene el de Alberto Fernández. Por su carácter cae fuera de sus anchos pero definidos contornos.

 

 

 

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