Frente amplio contra las fake news

 

Los principales partidos políticos se comprometieron esta semana a combatir las fake news (noticias falsas) en redes sociales. Lo que suceda efectivamente durante la campaña, que todavía no arrancó oficialmente pero ya se hizo sentir esta semana con un festival de escuchas de dudosa procedencia, será otra cosa. El acuerdo lo promovió la Cámara Nacional Electoral y, por primera vez, incluyó a los gigantes de internet y con poder para torcer procesos eleccionarios a lo largo y ancho del mundo: Google, Facebook, Twitter y WhatsApp.

Hasta 2017, la Cámara Nacional Electoral no tenía ni los teléfonos de los representantes de los cuatro grandes de internet y redes sociales, pero algo cambió después del escándalo en el que la consultora Cambridge Analytica quedó señalada por haber robado datos de los usuarios de Facebook para favorecer las campañas de Donald Trump y el Brexit inglés. También después de que el ex CEO de la empresa reconociera ante el Parlamento británico que habían trabajado en una campaña “anti-Kirchner”. Si bien no quiso dar datos concretos acerca de su cliente, dijo que no había sido Paul Singer, el fundador del fondo (buitre) Elliot. De modo que muchos miraron hacia el PRO de Mauricio Macri, afecto a las redes sociales y el big data.

Esta semana, la Cámara convocó a los principales partidos a firmar un convenio para no hacer uso de las noticias falsas contra sus competidores, pero también estuvieron los cuatro grandes de internet, junto con un conglomerado variopinto de asociaciones ligadas a los medios, como la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Chequeado, la agencia de noticias Agence France-Presse, la Asociación de Periodismo Digital (APD) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. También acudió para estampar su firma el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO- Cambiemos).

 

 

 

¿Compromiso para qué?

El acuerdo promovido por la justicia electoral es general y no estipula acciones concretas, pero los cuatro de internet estuvieron discutiendo con la Cámara algunas acciones que podrían concretar para evitar la propagación de noticias falsas tendientes a generar climas de opinión en un determinado sentido. El primer escollo que hay en el país es que lo que se distribuye por internet es una materia no regulada y de una fragilidad evidente, porque lo que está en riesgo es la libertad de expresión.

Google, por ejemplo, dijo estar dispuesto a no vender publicidad para el período de veda. Hasta ahora, la campaña siempre siguió en las redes en las horas previas a las elecciones porque no había disposición que lo impida. Ahora tampoco la hay, pero los jueces de la Cámara quieren sellar un acuerdo de buena voluntad. Facebook, que ya designó un gerente para elecciones, se comprometió a entregar un listado de cuánta publicidad pagan las cuentas oficiales de los candidatos, lo que le permitirá a los jueces cotejar si lo que se invierte coincide con lo que después declaran los partidos. De WhatsApp se espera que detecte flujos irregulares de mensajes que se envían o si algunos usuarios se activan especialmente antes de las elecciones. Con Twitter, el tema de la publicidad es más opaco y todavía hay menos puntos de acuerdo.

Hasta ahora Facebook, por ejemplo, le hizo saber a los funcionarios de la CNE que estaría abierto a cotejar cuánto se gasta en publicidad propia de un partido, frente o candidato. Lo que no está claro es si efectivamente proporcionará datos sobre quién paga las campañas negativas en las redes. El año pasado hizo un acuerdo que despertó controversias con el portal Chequeado para testear informaciones que circulaban por esa red social.

 

 

¿Quién paga las Fake News?

La CNE sacó una acordada contra la propagación de noticias falsas en agosto del año pasado. Se basaban en algunos datos, proporcionados por Latinobarómetro, que indican que las redes sociales ocupaban en 2017 el segundo lugar en preferencia de los ciudadanos para informarse sobre cuestiones políticas, detrás de la radio y muy por encima de los medios gráficos. Además hay un dato que la justicia electoral viene mirando hace un tiempo: el incremento de la publicidad que se destina para las redes. En 2011, los partidos ponían un 4,71 por ciento de sus recursos en las redes. En las últimas legislativas de 2017, el porcentaje había trepado al 31,01.

En la acordada, los jueces ordenaron a los peritos contadores que cuando auditen presten atención a las consultoras de comunicación digital que trabajaron para los partidos y que revisen qué ítems facturaron. Para la Justicia argentina, lo que sucede en las redes sociales funciona como una caja negra. Si no es por acuerdo con las empresas de tecnología, puede saber poco y nada sobre los tráficos de información y de dinero. Hay un problema extra: toda la información se administra en sus centrales de Estados Unidos. Si no la mandan, y en general no lo hacen, la Justicia no puede ni fantasear con un allanamiento.

Lo que la Cámara hará es monitorear algunas piezas que circulan por redes y le pedirá que informe a Facebook sobre quién y cuánto publicita esas producciones. El monitoreo de la CNE será, en parte, manual y, en parte, realizado por una consultora de comunicación que tiene que ser elegida vía licitación. La Justicia argentina empezó a monitorear redes sociales en la campaña de 2015 y lo repitió en 2017. Las presidenciales de este año serán una prueba de fuego.

 

Lorenzetti contra los trolls

 

 

Aunque la foto del jueves se la llevó Rosenkrantz, el que arrancó una campaña para hacer un acuerdo entre los partidos contra las fake news fue su antecesor en la presidencia del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti.

Poco después de haber sido destronado de la jefatura de la Corte, hizo su aparición pública en una charla en el Congreso con el CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia, y con la diputada Victoria Donda (Somos), a la que se sumaron representantes de todos los bloques. En el Salón de los Pasos Perdidos, Lorenzetti pidió que se legisle para prevenir la propagación de contenidos falsos. “Me parece que es mejor una legislación que se base en los principios que la sociedad defiende, como la privacidad de los ciudadanos. La ley tiene que tener una estructura de principios claros y algunos aspectos que aseguren su eficacia”, dijo el supremo.

 

 

 

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