Fraude electrónico en ciernes

 

Después del fracaso del proyecto del voto electrónico, el gobierno pone en agenda el escrutinio digital. Esa es una atribución del Ejecutivo. En diciembre la presentaron a los jueces electorales de todo el país, hicieron acuerdos con el ministerio de Educación y Arsat por las computadoras y la conectividad y avanzaron las licitaciones para el software. Es decir, todo parece avanzar. Pero el proceso electoral que debe estar basado en su esencia: la confianza. Este cambio en uno de los aspectos clave del sistema con el paradigma de la despapelización todavía no fue sometido a consensos con los partidos políticos. Y ya despierta sospechas y todo tipo de alarmas, incluso de fraude, entre dirigentes de la oposición.

La cara del proyecto es el Director Nacional Electoral, Adrián Pérez. Viene del espacio de Elisa Carrió. No consiguió aval político para impulsar ninguno de los proyectos anteriores, y con esta idea encontró vía libre.

 

 

Anunció la propuesta públicamente vía diario La Nación. Y explicó ahí lo que supuestamente sería un avance en términos de modernidad. El sistema busca trasformar las escuelas en centros de cómputos para trasmitir los resultados de las actas de escrutinio que antes viajaban como telegramas a las sedes del Correo de cada localidad. Pérez dice que el proyecto busca agilizar el conteo y homogeneizar la entrada de datos. Pero tiene varios problemas. Algunos de logística. Otros de seguridad. Uno de los importantes es eliminar los telegramas. Ese papel llegaba al Correo pegado a la parte exterior de las urnas y hasta ahora servía de doble control para garantizar la fiscalización de los partidos. En un contexto en el que también se pone en duda la vulnerabilidad de un sistema que según los expertos fue prohibido en buena parte del mundo, la eliminación del papel le saca a los partidos la única posibilidad de control en mano. Y los obliga a confiar en la votación ciegamente.

Teresa García es una de las personas más preparadas para hablar del tema porque tiene la práctica del territorio. Fue fiscal general de la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana en las últimas elecciones, con la celebración de Cambiemos en el prime time televisivo y el conteo febril durante la madrugada que dio vuelta el resultado. Ella está convencida de que este proyecto es la ingeniería para preparar un escenario de fraude electoral. No es la única. Pero lo explica de la siguiente manera.

En 2017, antes de las elecciones notó un cambio sorpresivo en el perfil de los presidentes de mesa. Hizo una investigación. Sabía que históricamente solían renovarse alrededor de un 20 por ciento de las autoridades. Esa vez, los nuevos eran 70 por ciento. Cuando se puso a averiguar, buscó datos en las redes, entendió que muchos eran activistas del PRO, preguntó y supo que habían salido de una bolsa de voluntariado de una fundación cercana al gobierno. Luego llegaron las elecciones. Y el recuento de votos. Esa noche Teresa se dio cuenta de que en algunas mesas publicadas, los votos de Unidad Ciudadana eran 000. Ahí entran en escena los telegramas. Ella chequeó datos con las planillas de sus fiscales y los números eran distintos. En un caso encontró que el presidente de mesa había enviado al Correo una acta de escrutinio (telegrama) distinta a la que tenían los fiscales. Lo pudo demostrar más tarde, dice, porque comparó los dos documentos: el acta física y la planilla de fiscales.

 

 

"Así descubrí 17 casos como esos", dice. "Hice una investigación con dos compañeros en un local, viernes, sábado y domingo. En total, encontramos un promedio de 190 votos por acta, creo debimos haber tenido 2.000 planillas con deficiencias. Es decir, 2.000 mesas de las cerca de 35.000 de la provincia".

En una elección como la última, con diferencias de menos de un punto, esos números dan vuelta un resultado. Si bien es cierto que siempre existe el escrutinio definitivo y las urnas, es más cierto que los jueces no permiten abrir las urnas salvo excepcionalmente, con diferencias muy importantes.

Pero volvamos al principio, para comparar los cambios.

Hasta ahora el recuento de votos se hacía de esta manera: las autoridades de mesa contaban los votos y cargaban los resultados en un acta de escrutinio. Cada fiscal se quedaba con una copia firmada por todos. Con el acta de escrutinio se hacían dos cosas: una se introducía en la urna y una copia igual llamada telegrama se guardaba en un sobre y se lo colocaba en la parte exterior de la urna. La urna tenía otro sobre externo con novedades. Luego, las urnas las recogía en cada escuela un oficial del Correo y las llevaba al centro del Correo más cercano, habilitado en cada localidad. Allí, empleados del Correo tomaban las actas y las cargaban al sistema vía data enter o escaner. Los datos se trasmitían al Correo Central. Y ahí la empresa española Indra lo tomaba para el conteo provisorio y visualización de resultados. En tanto, ¿qué pasaba con los telegramas físicos? Eran guardados por el Correo concentrados en un sólo lugar hasta el escrutinio definitivo.

Parte de esta dinámica desaparecería con el escrutinio electrónico.

De lo poco que aún está claro, se sabe esto: el acta de escrutinio será trasmitida directamente desde la escuela. Y hasta aquí no está previsto nada para reemplazarla. Más bien todo lo contrario, el gobierno le habló a la Cámara Electoral de "reemplazar" a los telegramas con la digitalización. El nuevo sistema no necesita que la urna mantenga pegado el sobre. Es decir, eliminan el papel. ¿Quién se queda con copia del acta de escrutinio? ¿La escuela? ¿Los operadores que estén a cargo de la carga? ¿Los presidentes de mesa? ¿Nadie?

Pero no es el único problema. ¿Quién controla la carga de los datos en la escuela? Uno de los jueces le preguntó en diciembre a Adrián Pérez cómo pensaban operativamente la transmisión desde la escuelas. ¿Habrá sólo una máquina por escuela? ¿Quién llevará la planilla? ¿Sólo el presidente de mesa? ¿Irán los fiscales? En una escuela con 12 mesas y 6 partidos, la hora de transmitir los datos va a juntar a 70 personas en un aula y detrás de un data enter. ¿Cómo harán esas 70 personas para controlar la carga? ¿Cómo lo hará el fiscal que esté en el tercer anillo de las 70 personas presentes?

Adrián Pérez dijo que los fiscales podrán estar presentes a la hora de la carga. Pero no está claro cómo podrán hacerlo en ese escenario. También mencionó el acuerdo con Arsat, pero tampoco se expuso cómo harán para conectar los centenares de escuelas de la provincia de Buenos Aires que están en emergencia estructural.

Esta semana se escucharon voces de alerta por potenciales problemas de vulnerabilidad y manipulación de datos. Ya en 2017, con la carga de los 000 de Unidad Ciudadana, Teresa García se preguntaba dónde había estado el problema original, si en los telegramas falsos o en la transmisión del Correo. Pero las sospechas agravan, si además a los partidos se les quita la herramienta clave para el doble control. Una de las personas que habló es la presidenta de la fundación Vía Libre, conocida en el área de transparencia electoral. En una entrevista con radio Caput, Beatriz Busaniche pidió no despapelizar las elecciones y que los telegramas no sean reemplazados por un sistema informático. “Si bien el escrutinio provisorio no es el que tiene valor legal, sólo se abre una urna para recontar los votos cuando hay una queja o una observación de algún partido, la Justicia es reacia a hacerlo”.

En síntesis, hay que sumar todos los factores para entender la preocupación. La trampa con los presidentes del PRO, el antecedente de voltear a los presidentes de mesa históricos, el cambio de firma en las planillas, los telegramas con el 000, la carga, la mano de Indra y el Correo Argentino, siempre territorio sinuoso, que estuvo en la mira a la hora de pensar responsabilidades entorno al desfase en la carga de datos.

"Pero lo que viene es peor", vuelve a decir Teresa. "Están preparando el fraude y lo digo convencida. El cambio del escrutinio para hacer traspaso de datos electrónicos y evitar el telegrama es la primera muestra de fraude. Si ellos estuviesen tan bien y tan seguros de los resultados, ¿por qué van a querer cambiar las reglas de juego de un año de elecciones?"

Todo esto ocurre en un contexto donde la oposición tampoco sabe ni dónde ni cómo se va a votar en la provincia de Buenos Aires. Diputados y senadores bonaerenses fueron convocados a una supuesta Bicameral la semana pasada en Mar del Plata. Bicameral que no fue aprobada por ley ni es vinculante. Fue organizada administrativamente por el oficialismo con el apoyo de Sergio Massa. Allí Cambiemos puso en agenda el cronograma electoral. Anunciaron tres temas. Desdoblar elecciones de intendentes y gobernación, a pedido de Massa. Desdoblar las elecciones de la Provincia de la Nacional. Y el sistema de boleta única y escrutinio electrónico. Ninguno de los temas necesita de la Bicameral ni de los partidos. Por eso hay quienes creen que en realidad se trató de una puesta en escena para poner en agenda el tema electoral y tapar la catástrofe económica.

El desenganche de los intendentes es inconstitucional, lo prohíbe la ley provincial. Si Vidal quiere desengancharse de Nación, puede hacerlo sin el acuerdo de los partidos porque es una atribución de su Ejecutivo. Y el tema de la boleta única está basado en un antecedente de falta de boletas que ya fue resuelto con cuartos de contingencia. E implica un tema logístico de difícil resolución en un año electoral.

Esas discusiones continuarán el 17 en Azul en otra reunión de la Bicameral, que descartó poner en agenda el financiamiento. En un escenario de caída del gobierno nacional como lo marca el número de provincias que anunciaron el cronograma electoral desenganchadas de las nacionales, la gobernadora juega al veo veo y la oposición no sabe ni dónde ni cómo van a hacer las elecciones.

Teresa García cree que en realidad todo esto es para posicionarla como candidata a la Nación. Y lo dice porque Macri está dando señales de retirada: se fue de vacaciones veinte días, no fue a la asunción del socio más importante de Argentina, no va a Davos y cierra el año con el costo de un tarifazo de 50 por ciento.

"Yo estoy hablando directamente de fraude", dice Coco Garfagnini de la Túpac Amaru. "Esto es como saber que va a haber un partido, pero no te dicen si vas a jugar en cancha de cinco, de siete o de doce. Hoy no sabemos nada porque todo lo manejan ellos. Y es importante decir que si querés cambiar las reglas de juego, tenés que dar la discusión durante un año que no sea electoral. Hoy tenés presidentes de mesas a los que todavía les cuesta llenar el telegrama para el escrutinio, ¿te imaginás si a eso le agregas un cambio en la tecnología? ¿Cuánto tiempo necesitas para explicar esas cosas? Pero además, para mejorar el sistema democrático necesitas construir consenso de todos los partidos políticos, que todos estemos de acuerdo, así se hacen las cosas. Acá, ¿dónde discute la oposición estas cosas? Por eso creo que están instrumentando un fraude, una ingeniería para quedarse en el poder la mayor cantidad de tiempo posible".

Todo procedimiento electoral que no facilite el control amplio y universal de parte de la población es la antesala del fraude, dice uno de los integrantes del PJ. El hombre, experto en ingeniería electoral, no habla del escrutinio electrónico sino del voto electrónico. Ese fue uno de los argumentos que tomó de la justicia electoral alemana para pelear contra la implementación del voto electrónico en estas tierras. Pero eso mismo puede aplicarse en este caso. Y explica el fantasma que se agita entre dirigentes del campo popular.

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