Franklin corre en el año electoral

 

La inflación impregna la escena política del país. Su fuerza destructiva ha logrado levantar la bruma del blindaje mediático, mostrando la incoherencia de un Presidente que sustituye la realidad por el espejismo de sus deseos. Su alegría porque “la inflación ya está bajando” fue desmentida oficialmente horas después: la inflación del mes de enero superó a la del mes de diciembre. Más aun, en los primeros quince días de febrero los precios acumularon aumentos equivalentes a los obtenidos en todo enero. Este desmadre inflacionario no solo puso en cuestión los dichos del Presidente, mostró la ineficacia de la política monetaria del FMI, que tiene por objetivo controlar la inflación con tasas de interés que impulsan una profunda y rápida recesión económica.

Así, a pesar de la caída de la producción, del consumo, del empleo y de los salarios impulsados por el brutal ajuste estructural impuesto por el FMI, la inflación continúa. La atenta y sistemática aspiración de los pesos en circulación por parte del BCRA no la ha detenido. Esta persistencia del fenómeno inflacionario desparrama a la política monetaria oficial por el aire y expone la debilidad extrema de un gobierno que es asediado por la desconfianza de los sectores mas poderosos de la economía. Hoy la inflación expresa una sorda lucha entre los principales socios de este gobierno. Esta lucha se rige por la lógica implacable de la usura: la acumulación de riqueza sin límite alguno. Esta lógica se incorpora a la suba de los precios y desencadena el canibalismo social y el endeudamiento al infinito, especialmente de los estratos más vulnerables de la población. Impone así dos formas perversas de disciplinamiento social, que han sido rechazadas por la humanidad desde tiempos inmemoriales porque conducen a la destrucción de la vida en sociedad.

 

Inflación y monopolios

Desde que asumió este gobierno, el principal desafío a las políticas implementadas surgió al interior de los sectores económicos más poderosos, aquellos que constituyeron el núcleo principal de su base de apoyo. Las grandes empresas que controlan monopólicamente los puntos estratégicos de la economía tienen una posición dominante en sus mercados. Esto les permite fijar precios de acuerdo con sus expectativas de ganancia. Históricamente, han aumentado sus ganancias y rentas monopólicas abusando de su posición dominante y subiendo sus precios sin limitación alguna. Por este medio han absorbido ingresos del conjunto de la población al mismo tiempo que han disputado entre si una mayor cuota de esos ingresos. Esta lucha sin cuartel por acumular riqueza ha corroído no solo la posibilidad de crecimiento económico del país, sino también su estabilidad política y la paz social. Desde la caída del Terrorismo de Estado, estos sectores han resistido las políticas económicas que intentaron mitigar sus intereses inmediatos. Su control de sectores clave de la economía les permitió desabastecer de productos estratégicos al mercado interno, desatar corridas cambiarias y hacer de la fuga de capitales un rasgo endémico de la economía argentina. Por estas vías, controlaron las políticas de los distintos gobiernos surgidos en democracia.

Hoy asistimos a la reiteración de estos fenómenos en un contexto nuevo. Por primera vez un gobierno que representa a los sectores económicamente más poderosos tiene legitimidad de origen al haber llegado al poder político a través de la vía electoral. Utilizando este poder, pretendió abrir la economía del país a un capitalismo global monopólico que ha integrado la producción y las finanzas mundiales a niveles inéditos en la historia de la humanidad. Desde un inicio, pues, las políticas económicas de Macri impulsaron la fuerte presencia del capital financiero en el ámbito local a través del endeudamiento externo y la especulación financiera como principales mecanismos de apropiación y fuga del excedente económico, los ingresos y la riqueza del país. Paralelamente, el gobierno adoptó políticas económicas que provocaron enormes transferencias de ingresos desde los que menos hacia los que más tienen. Contentaba así a su base de apoyo. Sin embargo, bien pronto se harían visibles los márgenes de este encantamiento.

En la era Macri los asalariados trataron de circunscribir las transferencias de ingresos involucradas en la inflación luchando por mejorar sus salarios. Esta lucha, sin embargo, no impidió que el salario real cayera en un contexto de creciente desempleo. Así, la puja entre sectores económicos por la apropiación de una mayor cuota de los ingresos de la población se constituyo en el principal desencadenante de la inflación y dominó el escenario económico. Esta puja fue especialmente acicateada por la dolarización impuesta por el gobierno de Macri a los precios de los combustibles y de las tarifas. Esta dolarización ocurrió al mismo tiempo que cobraba relevancia nacional e internacional la explotación de Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas no convencional. Ocurrió también, conjuntamente con una diversificación de las inversiones del grupo Macri, su familia, amigos y entenados que tuvo un norte claro: la rápida penetración en el campo de la producción, distribución y transporte de energía.

De este modo, aprovechando el control de los resortes del Estado, un pequeño grupo de empresas multinacionales locales y extranjeras penetró el campo neurálgico de la acumulación del capital: la energía. Desde allí ha adquirido poder de veto en las disputas que sacuden la apropiación de los ingresos, el excedente y la riqueza acumulada en el país. El costo de la energía condiciona a todos los sectores de la economía y a todos los estratos de la población. Sin control estatal alguno, la energía se convierte en la llave que permite la acumulación ilimitada de riqueza y de recursos no renovables de importancia estratégica. El poder adquirido por este grupo de empresas ha sido y sigue siendo cuestionado por poderosos sectores económicos que se resisten a absorber los costos energéticos y persisten en su afán de maximizar ganancias con precios monopólicos, transfiriendo el aumento de sus precios a las cadenas de valor y por esta vía a la sociedad en su conjunto.

Un primer atisbo de este problema emergió  en vísperas de las PASO de 2017. Por ese entonces, la dolarización del precio de los combustibles y de las tarifas impuesta desde principios de ese año fue transferida inmediatamente y con creces a los precios, llevando a Macri a denunciar a “una cantidad de empresarios vivos que cada vez que hay dos de inflación, te enchufan cuatro y por las dudas te enchufan ocho” (cronista.com 16 6 2017). Así, en pocos meses la inflación derivó en una estampida del dólar. Algunos bancos amigos del gobierno intentaron contenerla vendiendo dólares. Su fracaso motivó la intervención directa del BCRA, pocos días antes de las PASO. Esta primera corrida cambiaria de la era Macri puso en riesgo tanto el resultado electoral como la estabilidad del propio gobierno. Dos días después de las PASO vencía una masa de dinero invertida en la bicicleta financiera de las LEBACs, equivalente al 57 por ciento del stock de esa deuda y al 60 por ciento de las reservas. (Elecciones al ritmo del dólar, MPR, 2017.) Este episodio fue un anticipo lo que habría de ocurrir en 2018 y de lo que puede ocurrir en vísperas de las próximas elecciones.

 

Inflación e intervención del Estado en la economía

Desde un inicio este gobierno ha pretendido sustituir la intervención del Estado en la economía, atribuida al denostado populismo K, por la expansión de la creatividad empresaria impulsada por el libre juego de las fuerzas del mercado. Sin embargo, el Estado no es un aparato neutro que se activa o desactiva a gusto de los consumidores o de determinados sectores sociales. Es un terreno donde, a través de políticas específicas, se expresan intereses sectoriales muy diversos, contradictorios e incluso antagónicos. Nunca hay neutralidad en las políticas de Estado, en el mejor de los casos hay búsqueda de armonía entre intereses en conflicto. Esto implica que en estas sociedades la intervención del Estado en la economía tiene una importancia crucial.

Este gobierno ha intervenido constantemente en todos los ámbitos de la vida económica para beneficiar a unos pocos a costa de la miseria de la enorme mayoría. Su política monetaria intenta hoy imponer un chaleco de fuerza a todos los sectores que tienen interés en un desarrollo económico nacional, integrado e inclusivo. Esta política también busca imponer una determinada relación de fuerzas entre los sectores económicos más poderosos que, por motivos diferentes, se resisten a ella. Paradójicamente, esta resistencia desnuda la fragilidad de esta política y amenaza la estabilidad política del gobierno.

Esta política monetaria fue impuesta por el FMI a partir de octubre de 2018, con el fin de dominar la inflación impulsando la recesión de la actividad económica a partir de altísimas tasas de interés y flotación del tipo de cambio entre bandas previamente designadas. Este torniquete monetario logró estabilizar por un tiempo al dólar en un nivel cercano al piso de la banda. Este nivel funcionó como un seguro de cambio para una bicicleta financiera impulsada por las tasas de interés más altas del mundo. Esta bicicleta financiera ha impedido hasta ahora que las inversiones en pesos se pasen masivamente a la compra de dólares e induzcan una corrida cambiaria.

Esta calma financiera empezó a alterarse a partir del 11 de febrero cuando, como vimos en la ultima nota, una minicorrida de los bancos hacia el dólar expuso su disgusto ante el intento del BCRA por poner límites a su tenencia de LELIQs y a su posibilidad de especulación ilimitada con el carry trade entre el dólar y las inversiones de cortísimo plazo con estos instrumentos financieros. Esta operatoria bancaria basada en la importación de dólares para invertir a siete días en un instrumento financiero que solo pueden operar los bancos, provocó una expansión de la base monetaria sin una expansión correlativa de la demanda en pesos, situación que amenazaba los objetivos de la política monetaria. Aunque contenida, esta minicorrida sirvió para mostrar la capacidad que tienen los bancos para dolarizarse instantáneamente. También expuso la vulnerabilidad de la política monetaria ante la voracidad de un sector bancario que busca maximizar ganancias siempre y en cualquier circunstancia.

Pocos días después, el 14 de febrero la fragilidad de la política monetaria habría de ser expuesta por otro fenómeno: el descontrol de la inflación. Luego de la corrida cambiaria de 2018, la inflación de precios al consumidor trepó a un nivel máximo del 6,5% en septiembre de dicho año como consecuencia del traspaso de la devaluación a los precios. Luego descendió paulatinamente hasta el 2.6% en diciembre de 2018. En enero, sin embargo, se revirtió la tendencia, y contra todos los pronósticos la inflación se incrementó al 2.9%. Mas preocupante aún, la inflación núcleo que refleja el sendero de precios más allá de las subas estacionales creció un 3%, indicando remarcaciones de precios en sectores de la actividad económica altamente concentrados y vinculados, entre otros, a la producción de alimentos.

Ni bien conocidos los nuevos índices de inflación, el BCRA dio marcha atrás con su política de disminución gradual de las tasas de interés, una política reiteradamente demandada por las organizaciones empresarias que representan a diversos sectores productivos amenazados por la recesión. Al mismo tiempo, la autoridad monetaria notificó al mundo financiero su intención de aumentar las tasas de interés en los próximos meses todo lo que fuese necesario para combatir la inflación. Esto, lejos de pacificar los ánimos, ha contribuido a sembrar dudas sobre la eficacia de la política monetaria. Estas dudas impulsaron un rebrote del interés por el dólar que lo llevó el miércoles a 41,30$, su pico más alto desde que se iniciara esta política monetaria. El jueves el BCRA aplicó la mayor suba de tasas desde agosto pasado para contenerlo. Esto se dio conjuntamente con un incremento del stock de LELIQs, deuda de cortísimo plazo que representa ahora el 40% de las reservas del BCRA.

La política monetaria esta encerrada en una trampa: las altas tasas de interés perpetúan la recesión pero no logran contener a la inflación. Esto hace que la posibilidad de una corrida de los depósitos en pesos hacia el dólar para impedir la pérdida de valor adquisitivo esté a la orden del día. La amplitud de las bandas impuestas a la flotación del dólar y por tanto la distancia entre el techo y el piso del campo de libre flotación hacen que una rápida suba del dólar, aunque contenida entre las bandas de no intervención del BCRA, pueda provocar una estampida. Esto agrega incertidumbre a una situación ya convulsionada, ante la posibilidad cierta de una recesión de profundidad desconocida en vísperas de una elección presidencial.

La posibilidad de que esta incertidumbre desemboque en una corrida cambiaria de envergadura mucho antes de las elecciones, el impacto que esto podría tener sobre la inflación y una posible ruptura de la cadena de pagos, pende como una espada de Damocles sobre el proyecto de reelección de Macri. El gobierno busca disipar las dudas sembrando la certeza de que posee los dólares necesarios para cortar de cuajo cualquier intento de corrida. Su credibilidad, sin embargo, se esfuma ante el recuerdo de la vorágine cambiaria que en 2018 arrastró al presidente del Banco Central —el Messi de las finanzas argentinas— y junto con él a buena parte de las reservas del BCRA, arrojando al mismo tiempo al gobierno a los brazos del FMI con el fin de impedir un default.

 

 

De dónde venimos y a dónde vamos

En vísperas de elecciones, una realidad implacable nos interpela y nos obliga a preguntarnos por las circunstancias económicas y políticas que hicieron posible el acceso de Macri al gobierno. Solo comprendiendo de dónde venimos podremos saber hacia dónde vamos. En esta búsqueda de comprensión de las limitaciones de nuestro pasado que hicieron posible el desastre actual algunas cuestiones adquieren cada vez mayor importancia. Entre ellas:

• el surgimiento de la patria contratista,
• su rol en el desarrollo de una forma de acumulación del capital que reproduce la dependencia tecnológica y el desarrollo desintegrado y conflictivo de los sectores agrario e industrial,
• la desintegración de las cadenas de valor,
• la restricción del mercado de trabajo,
• la exclusión social y el endeudamiento creciente.

Sin embargo, hay algo mas: todos estos fenómenos son expresión última de un comportamiento social esencialmente destructivo: la acumulación indefinida de riqueza. Esta usura no surge de la nada. Requiere de una estructura institucional dominada por la corrupción y las mafias clientelistas que la hacen posible. De ahí la importancia de rascar el fondo de la olla para encontrar en nuestra historia reciente los tentáculos de este monstruo que ha engendrado el nudo gordiano que impide el crecimiento económico, la estabilidad política y el bienestar del conjunto de la población.

 

 

Si no respondemos a estos interrogantes, las próximas elecciones serán una oportunidad de cambio perdida.

 

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