FMI, y el Congreso como vidriera

“Ahora la ley depende del Presidente, que la puede mandar por cualquiera de las Cámaras. Ya sacamos el dictamen. Yo ya hice mi trabajo.” Marcelo Casaretto (FdT – Entre Ríos) se muestra apurado. Es jueves cerca de las dos de la tarde y el proyecto sobre una nueva fórmula para la movilidad jubilatoria ya cuenta con dictamen de la Comisión Bicameral del Congreso. El momento de su presentación formal no es azaroso. El ministerio de Economía lo anunció el lunes pasado y a los pocos días consiguió el dictamen correspondiente.

Ese mismo jueves pero por la noche, el bloque del Frente de Todos comunica la convocatoria a una sesión especial para tratar el Aporte Solidario Extraordinario tras estar cajoneado por Sergio Massa casi dos meses desde la firma de su dictamen.

Probablemente sean gestos de certeza que el Gobierno nacional intenta exhibirle, como ofrenda, al Fondo Monetario Internacional (FMI) cuya comitiva encabezada por Julie Kozack y Luis Cubeddu llegó al país el martes de la semana pasada. El mismo Fondo había ponderado un tributo de estas características.

“Los gobiernos deben tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables. Los ingresos resultantes contribuirían a pagar servicios críticos”, dijo Vitor Gaspar, director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, en octubre de este año.

Dentro de esos gestos – que tienen al Congreso como vidriera - también podría citarse el proyecto de ley que busca ponerle un límite al endeudamiento en moneda norteamericana, y un aval parlamentario al futuro acuerdo con el FMI.

La sesión especial será el próximo 17 de noviembre, día del militante. La vidriera parlamentaria también le exhibirá al staff del Fondo la aprobación definitiva del Presupuesto 2021.

El Gobierno define a la Ley de Leyes como “el plan para la recuperación económica” en el contexto de la post pandemia, con una estimación de crecimiento de 5 por ciento y un déficit fiscal de 4,5 por ciento, que parece poco frente a la caída del 12 por ciento que se registrará este año.

Aunque hay quienes consideran que la reapertura económica de estos últimos meses, con indicadores positivos como la industria (4,3 por ciento de crecimiento, según el Indec), sumado al relativo éxito de la estabilización del mercado cambiario, podría ser la antesala de un crecimiento exponencial en 2021, similar al experimentado tras la salida de la convertibilidad.

Pero en el medio está el FMI. Guzmán insiste que el nuevo programa de Facilidades Extendidas no traerá aparejado condicionantes hacia la política económica local. ¿Pero por qué habría de suponerse que el Fondo le dará un trato preferencial a la Argentina si en los principales 15 programas vigentes --en países como Grecia, Ucrania, Ecuador, Angola o Nigeria--, se incluye la frase “ajustes estructurales”?

 

Movilidad

Hay un cierto apuro por mostrar desde el Congreso determinados gestos de previsibilidad que sirvan en la negociación con el Fondo. El caso de la fórmula para actualizar los haberes jubilatorios es uno de ellos. Es una manera de prever el gasto semestral en jubilaciones (y al mismo tiempo contenerlo).

La fórmula de actualización que había aprobado el macrismo en 2017, durante la bochornosa sesión en que la Policía Federal y de la Ciudad reprimieron a jubilados y legisladores por igual, les hizo perder ingresos a los adultos mayores. Eso es un dato.

Según un informe que presentó la Anses en la Comisión Bicameral, el haber mínimo registró una caída real (deflactada la inflación) de 20 por ciento, entre 2016 y 2019. Y eso que la variación de precios durante la gestión macrista batió todos los récords.

“Una fórmula atada a la inflación no es deseable en la Argentina. Porque los ingresos de las jubiladas y los jubilados han perdido poder adquisitivo y el objetivo político es recomponer esos ingresos. En diversos países, las fórmulas de movilidad se basan en inflación siendo que los precios en esos países crecen menos que los salarios, lo cual quiere decir que no hay un objetivo de recuperación real de los ingresos. Además, los niveles promedio y las variaciones de la inflación en esos países son mucho más bajos que los que se observan hace lustros en Argentina, lo cual les permite dar cierta previsibilidad al gasto previsional”, indicaron desde el Ministerio de Economía.

Durante el debate parlamentario de 2008, cuando se sancionó la primera ley de movilidad jubilatoria luego de los fallos de la Corte Suprema, la oposición (UCR, PRO y Coalición Cívica, que luego devendría en Grupo A y más tarde en Cambiemos) hizo sus mejores esfuerzos para argumentar que los jubilados y jubiladas perderían plata. El, por entonces, senador Gerardo Morales quedó varias veces en ridículo durante los debates con Amado Boudou, por entonces titular de la Anses. Otro dato de la realidad.

Según un trabajo de la Anses difundido en septiembre de 2015, con la fórmula aprobada en 2008, los jubilados y jubiladas registraron un incremento de su índice de movilidad de 523 por ciento.

La fórmula de aquel año se construía tomando tres variables: según la evolución de los salarios de los trabajadores activos medidos por el Indec. Esto incluía los sueldos de los empleados en blanco, los públicos e informales; o por el índice elaborado por la Secretaría de Seguridad Social (el Ripte). Entre ambos, debía tomarse el más favorable.

Y la otra mitad de la fórmula consideraba la evolución de la recaudación previsional, pero sólo en la parte de los aportes tributarios (IVA, Ganancias, Combustibles, entre otros).

En la nueva fórmula se contempla por igual el Ripte y la recaudación tributaria vinculada a la Seguridad Social. Y se deja afuera el índice de salarios del Indec que también aportaba una referencia sobre la evolución de los salarios de los trabajadores informales. Y obviamente se quita la indexación por inflación instalada por el macrismo que terminó por perjudicar a los adultos mayores.

El nuevo proyecto no es la fórmula ideal ya que busca contener un poco más el incremento de los haberes en relación a 2008, pero tampoco es una ecuación de ajuste como proclama la oposición.

El problema es que tras el ciclo macrista los haberes de los adultos y adultas mayores quedaron rezagados. “Me parece que lo central es recomponer primero los haberes que en los últimos tres años registraron una pérdida de 40 por ciento. La fórmula en sí no es mala. Yo incluso creo que habrá alguna cláusula de actualización por inflación. La clave es alcanzar una recomposición por lo que ya perdieron”, sostuvo a este Cohete Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad.

Para el especialista en gerontología, el momento en que el proyecto ingresó al Congreso nada tiene que ver con la presencia del FMI porque era algo que se venía discutiendo desde meses antes. Aunque aclaró que el Fondo siempre es el mismo Fondo y que los requisitos que impone en sus programas de Facilidades Especiales suelen ser siempre los mismos: es decir, no habría que confiar tanto en ellos, sostuvo.

El otro debate clave para Semino es cómo financiar el sistema previsional. De hecho, es un tema crucial en todo el mundo. “También deberíamos hablar de dónde se va a sacar la plata para sostener este esquema de solidaridad social. Es decir, ¿a quiénes se les van a sacar recursos para que siga siendo sustentable”, arengó.

 

Reforma tributaria

El pasado 25 de septiembre, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que conduce Carlos Heller, consiguió el dictamen para el Aporte Solidario de Emergencia que pretende recaudar por única vez aproximadamente 300.000 millones de pesos. Desde entonces, la iniciativa había quedado subsumida al día a día de las corridas cambiarias, marchas y contramarchas de las decisiones del Banco Central y Economía, al mismo tiempo que los grandes dueños de empresas – nucleados en la UIA y AEA – hacían malabares para voltearlo. La contra propuesta empresaria que igualara esta recaudación especial nunca llegó.

Por eso finalmente será tratado en una sesión especial convocada por diferentes legisladores: Máximo Kirchner y Carlos Heller, sus autores, y también Cecilia Moreau, alfila parlamentaria de Massa, entre otros. “La sesión especial es para apurar los tiempos”, informaron a este Cohete desde el bloque del FdT.

El martes, el staff del Fondo podrá seguir en vivo la sesión donde también se terminará de aprobar el Presupuesto 2021 luego del traspapeléo de planillas de obra pública que quedaron en el pasillo que conecta el Salón de los Pasos Perdidos con la Cámara alta.

El Congreso será una gran vidriera en las próximas semanas. Economía siguió avanzando con la reforma tributaria que enviará en breve. También se está negociando con las provincias un nuevo Pacto Fiscal que debería ser rubricado por los legisladores y legisladoras nacionales y provinciales.

Los popes del empresariado suelen quejarse de la “presión impositiva” que existe en la Argentina. Como mantra, cada vez que pueden solicitan que les bajen algún impuesto. En las últimas reuniones, Guzmán les advirtió que reducir tributos en función de la demanda de cada sector – el agropecuario siempre está a la cabeza – era imposible. Por eso la necesidad de una reforma progresiva, que amplié la base de ingresos.

“El Gobierno nacional se encuentra trabajando intensivamente en una armonización de la estructura tributaria argentina de manera tal de consolidar una distribución del ingreso más progresiva y en alinear los incentivos que el sistema tributario emite al sector privado con foco en la producción nacional, las exportaciones y la generación de empleo digno”, puede leerse en el mensaje del Presupuesto 2021.

En 2020, los ingresos por el Impuesto a las Ganancias representarán 5 por ciento del PBI, mientras que IVA será del 6,76 por ciento y Bienes Personales apenas un 0,56 por ciento. Claramente se necesita mayor progresividad.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la presión impositiva en relación al PBI de Francia es de 46 por ciento, al igual que en Bélgica; en el caso de Italia llega a 45 por ciento y en Holanda, a 41 por ciento. El promedio de la OCDE es de 35 por ciento. En Argentina es de 30 por ciento, según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda en base a datos de la OCDE. Los dueños de empresas deberían leer más esos informes.

Deuda

El Congreso también tendrá por delante otros temas que hacen a la urgencia y necesidad de la coyuntura. Economía envió un proyecto para limitar dentro del Presupuesto la deuda en dólares sobre el porcentaje total de emisión de títulos (sin establecer aún ese porcentaje), y en caso de superar ese lineamiento, se debería recurrir a otra ley especial.

Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff escribieron sobre la ratio deuda PBI. Un paper histórico. Un investigador junior les pidió la base de datos para chequear la información y replicó las cuentas. Estaban todas mal.

“Desde ese momento los economistas dejamos de mentir con lo de la ratio deuda producto. Hay trayectorias de deuda que a priori pueden parecer sustentables. Pero luego pasa algo, una devaluación inesperada, una pandemia, una recesión mundial, y tenés una crisis de deuda. Y luego está el endeudamiento que Macri pudo tomar porque lo votaron. Pudo subir las tarifas como las subió porque lo votaron. Es bastante difícil legislar sobre un tema que es tanto político como económico pero donde no hay un número mágico”, analizó un ex funcionario de Economía ante la consulta de este Cohete.

También deberá pasar por el Parlamento cualquier acuerdo con el FMI, ya sea un nuevo programa de financiamiento u operación de crédito público como también la ampliación de esos mismos programas.

Según el reciente informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), la gran urgencia sigue siendo la falta de dólares, más allá del éxito transitorio de haber calmado las tensiones cambiarias. Quizás por eso el apuro con cerrar lo antes posible una renegociación con el organismo supranacional a pesar de que los vencimientos de capital más fuertes empiezan a correr a partir de 2022.

“Es previsible que el Gobierno busque fuentes adicionales de financiamiento que refuercen la oferta de dólares, en una estrategia que podría incluir al FMI”, sostuvo la FIDE en su último trabajo de noviembre.

El agro no aportó lo que se suponía que debía adelantar, incluso se incrementó la importación de soja para que la industria local pudiera avanzar con la molienda. La industria fue la única ganadora ya que consiguió un diferencial en el esquema de retenciones. Los grandes productores de granos, muy bien representados por la Sociedad Rural que también pidió la baja de retenciones al Fondo, siguen sentados en sus silos bolsas.

“Hoy deberíamos tener un respaldo de 8.000 millones de dólares, pero se perdieron 4.000 millones. Por eso creo que se aceleraron los plazos con el anuncio del programa de Facilidades Extendidas”, indicó a este Cohete Nicolás Zeolla, economista jefe de la FIDE.

¿Inevitable?

Yo soy inevitable, es la frase que inmortaliza Thanos, el personaje de la película Los Vengadores que hace desaparecer a la mitad de los seres vivos del planeta con un chasquido. ¿Será evitable o inevitable algún grado de ajuste?

Zeolla analizó los principales programas de Facilidades Extendidas vigentes. En cada uno aparece la tan temida fórmula de ajustes estructurales. Entonces, la pregunta es por qué el Fondo tendría un trato diferencial con la Argentina.

“En Ucrania, por ejemplo, hasta reclamaron una ley anticorrupción. En Ecuador, además de este programa se firmó una línea de liquidez rápida. Quizás la única carta es que Argentina se transformó en el principal cliente del organismo, pero no es que su supervivencia dependa de la Argentina. Habrá que ver la letra chica. Ninguna buena noticia vendrá del Fondo. Incluso el mejor acuerdo posible tendrá algo de mala noticia. Hay que pasar el mal trago, cerrar el capítulo de la deuda, y conseguir la mayor libertad económica posible para solucionar la herencia de Macri”, concluyó el economista en jefe de la FIDE.

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