FMI: la impunidad absoluta

 

Desde 1956, cuando una dictadura encabezada por el general Pedro Eugenio Aramburu resolvió incorporarnos al Fondo Monetario Internacional, los argentinos nos hemos acostumbrado a convivir con una deuda externa ilegítima, impagable y eterna.

El cumplimiento puntual del pago de la deuda y sus intereses ha obligado desde entonces a postergar o abandonar los proyectos de desarrollo autónomo.

Otra solución –se nos ha dicho desde entonces y vuelven a repetirnos hoy– es imposible, porque debemos respetar los compromisos contraídos tanto por dictaduras militares como por gobiernos constitucionales. La “continuidad jurídica del Estado” prevalece sobre cualquier otro principio vinculado a la defensa de la soberanía del pueblo y los derechos humanos.

 

 

Una deuda ilegal

Hemos sostenido en varios artículos publicados que la deuda contraída por el gobierno macrista en 2018 es ilegal y constituye en consecuencia un acto de nulidad absoluta, por cuanto ninguna de las partes –ni la República Argentina ni el FMI– ha cumplido con los requisitos formales y de razonabilidad.

No hubo intervención del Congreso, sistemáticamente apartado del procedimiento de negociación y aprobación del acuerdo. De acuerdo al artículo 75 de la Constitución Nacional, son atribuciones del Congreso: “4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación. 7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede”.

Los partidarios del endeudamiento han argumentado que la ley de administración financiera otorga al Poder Ejecutivo la potestad de tomar deuda con organismos multilaterales de crédito sin acuerdo del Congreso. El argumento es falaz por dos razones fundamentales:

1) El monto de la deuda contraída en virtud del acuerdo del Ejecutivo macrista alcanzaba una dimensión equivalente a casi el 50% del Presupuesto aprobado por el Congreso para 2018; y

2) Independientemente del monto, cualquier toma de deuda implica una modificación del Presupuesto, excediendo la flexibilidad otorgada al Poder Ejecutivo en la administración presupuestaria.

El endeudamiento contraído con el FMI no cumplió con el requisito de razonabilidad. No tuvo como finalidad cubrir necesidades o exigencias de planes de desarrollo y/o mejoramiento de la infraestructura o explotación de los recursos del país, ni paliar el déficit fiscal. Por el contrario, la deuda fue destinada a la especulación, a la fuga de divisas en beneficio de los representantes del capital financiero y sectores económicos concentrados que controlaban el gobierno.

También el FMI ha violado su Convenio Constitutivo. Su artículo VI dice que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”.

El FMI realizó una auditoría interna sobre el crédito otorgado, reconociendo que se trataba de un tipo excepcional de acuerdo, equivalente a alrededor de un 1.110% de la cuota de nuestro país en el Fondo; pero no adoptó medida alguna contra los funcionarios responsables del otorgamiento.

El volumen del crédito y la forma de pago convenida demuestra que –más allá de los objetivos políticos perseguidos: contribuir a la reelección de Macri– hubo una clara finalidad concertada entre dicho gobierno y el FMI: someter al país al control permanente de su economía.

De todo ello concluimos que la contratación de la deuda con el FMI constituye un acto ilegal y viciado de nulidad.

 

 

Pagar en lugar de crecer

El viernes 4 de marzo el gobierno envió al Congreso el proyecto de aprobación –en los términos del artículo 2 de la ley 27.612– del Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda entre la República Argentina y el FMI, correspondiente al acuerdo stand-by suscrito en 2018. Incluyó como anexos dos memorándums: el de Políticas Económicas y Financieras y el de Entendimiento Técnico.

Se acordó un refinanciamiento de deuda de 44.500 millones de dólares tomada por el gobierno macrista, que incluye diez revisiones a cumplirse trimestralmente durante dos años y medio, con desembolsos del Fondo que se efectuarán luego de completarse cada revisión. Con un plazo de gracia de cuatro años y medio, la deuda se comenzará a pagar desde 2026 y hasta 2034.

En el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, el gobierno nacional se compromete a disminuir el crecimiento económico del país, que en 2021 alcanzó el 10%: prevé que el Producto Bruto Interno crezca 3 ½%-4 ½% en 2022 y converja a un crecimiento potencial en torno a 1 ¾%-2 ¼% a mediano plazo. Esto es una señal evidente de los condicionamientos impuestos por el Fondo, destinados a lograr que el país llegue crezca este año un equivalente al 10% del crecimiento alcanzado en 2021.

El crecimiento económico necesario para la recuperación del país, para una mayor ocupación y la disminución de la pobreza debería sacrificarse en aras de fortalecer la capacidad de repago de la deuda contraída.

La Argentina fija como meta un déficit primario de 2,5% en 2022, que se reducirá a un 1,9% del PIB en 2023 y a 0,9% en 2024. Dice que “el sendero fiscal previsto se financiará principalmente mediante una firme expansión de la deuda pública denominada en pesos y el apoyo de la comunidad internacional, lo que facilitará la eliminación total del financiamiento monetario del déficit para finales de 2024”.

Pero para avanzar hacia un déficit fiscal del 2,5% en 2022 y seguir el sendero fijado hasta alcanzar el superávit fiscal, sin que sea posible utilizar el recurso de la emisión monetaria, se debería apelar a un nuevo endeudamiento, lo que implicaría agravar aún más la dependencia del país de los organismos de crédito internacionales.

La drástica reducción del déficit fiscal implica la disminución del gasto público, fundamentalmente el destinado a los fines sociales del Estado.

El gobierno acuerda un plan de reducción de los subsidios energéticos, y una segmentación de los mismos que conduciría a su total eliminación a partir del 1° de junio de 2022 para el 10% de los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago. Para los usuarios beneficiarios de la tarifa social los aumentos de tarifas serían equivalentes al 40% del promedio del coeficiente de variación salarial del año anterior; y para el resto la revisión de las tarifas será equivalente al 80% de dicho coeficiente. Pero dicho coeficiente se basa en los ingresos de los trabajadores registrados; y su aplicación a las familias de trabajadores no inscriptos, monotributistas sociales y otros precarizados con ingresos muy inferiores a los registrados generaría un aumento considerable de sus gastos que afectaría gravemente sus condiciones de vida.

 

 

La continuidad de la querella penal

El Presidente Alberto Fernández, en su informe al Congreso del 1° de marzo, ratificó la continuidad de la querella criminal iniciada por Decreto 239 de abril de 2021 contra Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Luis Andrés Caputo (en su doble carácter de ministro de Finanzas y presidente del Banco Central), y Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como presidentes del Banco Central.

La querella se funda en que los fondos otorgados por el FMI fueron destinados a “solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación”; que “el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados” y que los denunciados “ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional, quien en los próximos años deberá afrontar el pago de enormes cuotas del capital y sus intereses, circunstancia que implicó una transferencia extraordinaria, indebida y fraudulenta de activos desde el sector público hacia una parte del sector privado”.

Es importante que el Presidente haya recordado que el acuerdo con el FMI no implica la extinción del proceso y de los delitos que hubieran cometido dichos funcionarios, y la posibilidad de su condena.

Pero el acuerdo convalida el acto jurídico ilegal consumado en el 2018, quedando el FMI y sus funcionarios liberados de toda responsabilidad. Queda cerrada cualquier posibilidad de denuncia ante la Corte Penal Internacional, promovida por un sector de la militancia nacional y popular, y desechada por el gobierno nacional. El organismo de última instancia que legitima el orden económico internacional y que ha causado las peores catástrofes económicas para los pueblos goza de la misma impunidad absoluta que la que detenta la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el plano político-militar, ambas bajo la dirección de Estados Unidos. La deuda externa no es –ni lo fue nunca– sólo un instrumento de dominación económica, sino uno de los mecanismos permanentes de dominación política sobre los pueblos.

 

 

La reforma del proyecto oficial

La oposición derechista de Juntos por el Cambio y la gran burguesía local, hoy representada por la Asamblea Empresaria Argentina, la Cámara de Comercio y otras entidades empresarias, son aliados permanentes del FMI.

Deseaban que el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras incluyera expresamente las medidas que vienen reclamando: reforma laboral y previsional, con eliminación de las indemnizaciones por despido y la privatización del sistema previsional; una mayor reducción del gasto público y por ende un mayor ajuste sobre empleos, salarios y jubilaciones; rebajas de impuestos sobre la renta y el capital; la eliminación de cualquier tipo de control de cambios y de toda medida de carácter intervencionista en la economía. Pretendían que el acuerdo con el Fondo fuera más explícito en reforzar la dependencia, con una economía fundada exclusivamente en los agronegocios y la especulación financiera.

Por eso se opusieron al mismo, sosteniendo que no iban a avalar la política del Gobierno Nacional, amenazaron con el fantasma del default y forzaron al oficialismo a excluir los dos anexos que formaban parte del acuerdo en un nuevo texto, en el que el Congreso se limita a “aprobar las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el FMI para la cancelación del ‘Acuerdo Stand By’ celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario”. Se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a suscribir los “instrumentos necesarios” para dar cumplimiento a lo establecido.

Conforme al nuevo proyecto, el Congreso sólo aprueba las operaciones de crédito público para la cancelación del acuerdo de 2018 y “apoyo presupuestario”, lo que incluye las diez revisiones trimestrales que efectuarán los enviados del FMI –una cada tres meses–, que someterán al país a un monitoreo permanente que nos remontará a las peores épocas de nuestra historia. Excluidos los memorandos anexos, se abre la posibilidad de nuevos “instrumentos” que introduzcan las reformas legal y previsional reclamadas por la gran burguesía y la derecha.

La representación política del poder real (Juntos por el Cambio o las nuevas variantes que adopte) ha demostrado que no ha asumido ni asumirá responsabilidad alguna por la catástrofe económica, social y política provocada por el endeudamiento con los acreedores privados y el FMI; y –alentada por la modificación del proyecto que blanquea su propio endeudamiento– está dispuesta a repetir este ciclo en una escala superior en la hipótesis de que vuelva al gobierno.

Se ha aprobado un acuerdo de refinanciación de la deuda ilegal contraída por el macrismo en el que no se eliminan las sobretasas, no se prolongan los plazos de pago más de diez años, se impone la disminución del gasto público que implica la reducción de los beneficios sociales, que impone el camino hacia el superávit fiscal y las limitaciones a la emisión monetaria por parte del Banco Central.

El acuerdo afectará las posibilidades de reconstrucción del país, su reindustrialización e independencia económica, más aún si incluye la exigencia de producir reformas económicas, fiscales, laborales y previsionales que signifiquen resignar soberanía y empeorar las condiciones de trabajo y de vida de nuestro pueblo.

 

 

 

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