Flojo de papeles

La mayor deuda contraída por el país en tan corto lapso (que al mismo tiempo es la más grande concedida por el FMI desde su creación en 1944) careció del respaldo de un decreto del Poder Ejecutivo y de un dictamen jurídico favorable. Tampoco existe un acto administrativo que exponga la decisión de tomar el crédito, ni un dictamen del Banco Central que evalúe cómo impactaría en la balanza de pagos, ni resoluciones del Directorio del Banco Central y del Ministerio de Hacienda que afirmaran su legalidad, oportunidad y conveniencia. Ni siquiera hay constancia de que se haya suscripto acuerdo alguno: el expediente oficial sólo contiene la Carta de Intención y sus memorandos adjuntos. Esa Carta de Intención dice que tales memorandos son “hitos que deben usarse para el diseño del acuerdo stand-by”. Pero carecen de firma electrónica y membrete alguno y recién fueron presentados ante un reclamo judicial, motivos para presumir que fueron producidos después del acuerdo. Así lo confirmó el Ministerio de Hacienda: el expediente administrativo se inició una semana después de firmada la Carta de Intención. Difícil compatibilizar tamaña negligencia con la pretensión oficial de que valora la calidad institucional por sobre cualquier resultado económico.

Estas escandalosas constataciones surgen de varios pedidos de acceso a la información formulados por un ex director del Banco Central, cesanteado por cuestionar la política que condujo al acuerdo con el FMI y por un dirigente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Esto podría implicar responsabilidades penales y patrimoniales para los funcionarios que actuaron. Tampoco puede descartarse que acarree consecuencias para los funcionarios del FMI que intervinieron, como su ex directora gerente, Christine Lagarde, y Alejandro Werner, encargado de Centro y Subamérica en el FMI. O, en la jerga estadounidense, el “Hemisferio Occidental”.

Es prematuro predecir qué influencia podría tener en la renegociación que el próximo gobierno deberá emprender con el FMI, que de modo implícito comenzó en julio y continuó en agosto entre el candidato presidencial Alberto Ángel Fernández, Werner y el responsable de la Argentina en el Fondo, el italiano amante del bife de chorizo Roberto Caldarelli. Implícito, porque Fernández les dijo que no adoptaría ninguna decisión como las que le proponían los funcionarios del Fondo y el gobierno de Maurizio Macrì, mientras no fuera al menos Presidente electo. También se puede ser contundente por omisión.

El gobierno anunció un proyecto de ley para reperfilar bonos de mediano plazo, como ya hizo por decreto con los de corto plazo, pero no lo mandó al Congreso porque antes se ilusiona con obtener el respaldo de la oposición, que no tiene forma de conseguir. Si recurriera a un segundo decreto (cuya urgencia es difícil de fundamentar, dado que no hay otros títulos que venzan antes de 2020) el peronismo reunificado no tendría fuerza para derogarlo, pero la responsabilidad sólo ensuciaría los pies oficiales. Comprometer a Fernández para que avale la política que el Frente de Tods denunció y que el electorado repudió el 11 de agosto es una tontería poco democrática y menos viable. Si un gobierno en el ocaso no puede imponer sus políticas, hasta algunos acreedores prefieren esperar que el poder político vuelva a asentarse en Balcarce 50, a partir de diciembre. La fantasía oficial de que Lacunza pudiera continuar como ministro de Fernández sólo mide la descomposición y el extravío con que termina la aventura amarilla.

 

Teléfono descompuesto

A través de sus voceros de prensa, Macrì alega que está en contacto telefónico diario con Fernández y que hay un acuerdo entre ambos para contribuir a la estabilidad cambiaria. Pero desde España y Portugal, donde se reunió con gobernantes, dirigentes políticos, banqueros y empresarios, Fernández negó esas afirmaciones. El Cohete ya reprodujo los dos primeros diálogos sostenidos por el Presidente que llega y el que se va, el miércoles 14 y el domingo 18 de agosto. En ambos casos, y en los contactos posteriores, el mecanismo fue igual: Macrì envía un WhatsApp preguntando si pueden hablar, Alberto le indica en qué momento y el ex concesionario del Correo lo llama. Le anuncia que adoptará medidas que no detalla y le solicita que lo apoye. Horas después, por interpósita persona o con su propia voz, lo acusa en público de las siete plagas de Egipto. Jorge Ahumada deberá extender su agenda.

Cuando despidió al ministro homeless y aceptó la propuesta de colocar en su puesto al endeudador serial de la provincia de Buenos Aires, que le presentaron Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio y el Hada Buena, Macrì inquirió a Fernández con quién debería comunicarse El Vasco. Fernández le indicó a Emmanuel Álvarez Agis, pero Hernán Lacunza nunca llamó al mediático aspirante al ministerio de Economía.

Al miércoles siguiente, Macrì volvió a comunicarse para avisarle que anunciaría medidas, pero no le dijo cuáles. Sólo sugirió que estaba muy presionado y que las decisiones serían más afines con el gusto del próximo Presidente que con el suyo. Ese día se trató del extraño default de los títulos en pesos emitidos por el propio gobierno, cosa que azora a propios y extraños. Lo único que le dijo el futuro Presidente fue que cuidara las reservas, en lo que no viene teniendo éxito.

El domingo 1° de septiembre le anunció que firmaría un decreto, pero de su contenido Fernández se enteró por los medios: se trataba del cepo. Como explicó Walter Graziano en Ámbito Financiero, ese nombre no le cuadra, porque la autorización para comprar y transferir 10.000 dólares mensuales es suficiente para que se evaporen entre un tercio y la totalidad del superávit comercial (entre 500 y 1.500 millones de dólares al mes) hasta dejar la caja seca. Esa misma noche, cuando la televisión no encontraba jugadas del Ríver-Boca recién concluido que justificaran su repetición, por internet comenzaron a difundirse las instrucciones de Marcos Peña Braun a sus granjas de trolls, para responsabilizar al Frente opositor del descontrol cambiario, tal como Macrì había hecho en su antológica conferencia de prensa del lunes 12 de agosto, aquella en que pidió que los vencedores se autocriticaran y acusó a los electores de no saber votar. Fernández le transmitió su fastidio al diputado transformista Emilio Monzó, un ex ministro peronista cuya carrera triunfal en PRO chocó con la inquina del Hada Buena.

(Entre paréntesis: luego de las gestiones de Frigerio para apaciguar esos rencores, Macrì citó a Monzó a Olivos antes del cierre de las listas electorales. Allí podrían acordar la reintegración del ex intendente de Carlos Tejedor a la mesa chica:

—No tengo nada que hablar con vos— fue lo único que le dijo El Calabrés.)

Se diría que Monzó no es el mejor vehículo para transmitirle nada a Macrì. Sólo sirvió como desahogo. La última vez que hablaron, el hombre al que le quedan tres meses de mandato planteó la conveniencia de coincidir en un proyecto de ley para el reperfilamiento de la deuda en pesos a mediano y largo plazo. Fernández replicó que la forma lógica de proceder es que el gobierno negocie un acuerdo con los acreedores y que, cuando lo tenga, envíe al Congreso la ley que lo viabilice. “Es lo que hicimos en la renegociación de 2005 con Lavagna”, explicó. El reperfilamiento no es un invento argentino: forma parte del arsenal del FMI, en cuyos documentos se menciona como una alternativa a la reestructuración. Uno de los documentos del Fondo sobre el tema sostiene que el reperfilamiento es beneficioso ante “niveles moderados de deuda pero debe ser evitado con niveles mayores... La existencia de un programa del FMI en el momento de la reestructuración mejora la probabilidad de éxito. Lo contrario ocurre con las condiciones globales desfavorables, alto nivel inicial de deuda y shocks exógenos”. Siempre pasan cosas.

 

Está despedido

Pedro Biscay fue director del Banco Central a partir de 2014, a propuesta de Alejandro Vanoli. En julio de 2017 fue cesanteado, por cuestionar la política de su presidente, Federico Sturzenegger (que el propio gobierno abandonaría cinco meses más tarde) y la emisión descontrolada de Letras del Banco Central (LEBACs), para esterilizar los pesos que se adquirían con los dólares prestados por los mercados voluntarios de crédito. En febrero de 2018, esos mercados cerraron sus puertas en las narices del gobierno argentino, que entonces debió recurrir al FMI, cuando Sturzenegger ya había sido reemplazado por Luis Caputo, El Primo Toto. En sucesivas comunicaciones internas, Biscay había advertido al presidente del Banco que en algún momento esa bola de nieve de LEBACs podrían caer como un alud sobre la economía argentina. Sus predicciones, que pueden leerse en las ediciones anteriores de El Cohete a la Luna, amagaron cumplirse en mayo de 2018. El 15 de mayo vencían letras por 30.000 millones de dólares y ante la imposibilidad de afrontar el pago y el temor a que no se renovaran, el gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional.

 

 

El 7 de junio de 2018 se anunció la firma de una carta de intención por 50.000 millones de dólares con el FMI. El 8, el diario La Nación publicó una “Cronología de un programa gestado bajo extrema presión”. Allí se explicó la secuencia de la negociación, que arrancó una semana antes del vencimiento de las LEBACs:

“1) Contacto el 8 de mayo (…);

2) Luz verde, 18 de mayo (…);

3) Negociaciones técnicas (…);

4) Los condicionamientos (…);

5) Programa Nacional (…) y

6) La carta de intención…”.

Al leer la nota de La Nación, Biscay se sorprendió de que los funcionarios regresaran con el crédito otorgado de un viaje emprendido de urgencia a Washington, cuando sabía que semejante préstamo requiere un largo proceso previo.

Integrante del Centro de Estudios para la Integración Financiera (CINFIN), acordó con el Vasco Eduardo Manuel Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y con Eduardo Codianni (otro de los miembros de la subgerencia de derechos humanos del Banco Central, despedido por la gestión Sturzenegger), presentar una serie de pedidos de acceso a la información pública, para conocer el trasfondo de una negociación que desde el primer día les pareció sospechosa, por el monto, por la velocidad y por el sigilo. Antes de endeudar al país por semejante suma de dinero, debieron haberse tramitado procedimientos, dictámenes y actos administrativos. Debían ser conocidos, lo mismo que los términos de la carta de intención, sus memorandos adjuntos y el contenido completo del acuerdo. (Incluyendo cláusulas de prórroga de jurisdicción, por las que cualquier litigio debe dirimirse fuera del alcance de los tribunales argentinos, lo cual a la luz de la experiencia con el juez de Wall Street Tom Griesa, es más que inquietante.)

 

 

Para ello presentaron:

• Una demanda judicial directa de acceso a información pública, con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) como actor, que fue rechazada por el Poder Judicial (Expte. N° 47456/2018);
• Un pedido administrativo de acceso a información pública ante el Ministerio de Hacienda, con el Centro de Estudios para la Integración Financiera (CINFIN) como actor;
• Un pedido administrativo de acceso a información pública ante el Banco Central de la República Argentina, en este supuesto para conocer el dictamen del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 y los expedientes correspondientes, en los que se pronunciara el Banco Central sobre el impacto del crédito solicitado, y
• Una demanda judicial por la negativa implícita a darles la información pedida (rechazada en primera instancia y actualmente a decisión de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Expediente. N° 7651/2019).

En esa causa, hace poco más de un mes el Fiscal General ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que el Poder Ejecutivo, "mediante una respuesta vaga y evasiva, se ha negado a entregar […] información pública básica sobre los empréstitos contraídos con el FMI durante el año 2018. Nos referimos, entre otras cosas, al texto de los acuerdos suscriptos, a los números de expediente en los cuales tramitaron (y su contenido, por supuesto) y a los estudios técnicos que debieron precederlos” (fs. 2 vta., énfasis del original). Además destacó que tampoco se le informó respecto de la existencia de cláusulas de prórroga de jurisdicción, las características financieras de los acuerdos, de la normativa o actos que habilitaban la suscripción de la Carta de Intención, y tampoco se le proveyó copia de los solicitado “con relación a los señalados pdf que el Ministerio de Hacienda públicó en su página web” (fs, 7/7 vta.)”. Para el fiscal,  el Ministerio de Hacienda omitió entregar la información requerida en “soporte digital, como expresamente se solicitó en sede administrativa. Y tampoco acompañó esos documentos en tal soporte a este expediente judicial” (fs. 147). Agregó que “[n]o es lo mismo contar con fotocopias de los documentos en pdf impresos desde el sistema […] que con el expediente completo en formato digital. Esto último, permite controlar la autenticidad, fechas de producción, inalterabilidad y otras características del documento que no pueden verificarse en una fotocopia de papel” (fs, 147 vta., énfasis del original). Al avalar esto, el juez de primera instancia "violó los principios más fundamentales establecidos por nuestra Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" fs 148). Para la Corte Suprema, la información solicitada de carácter público, "no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina” y que “de poco serviría el establecimiento de políticas de transparencia y garantías en materia de información pública si luego se dificulta el acceso a ella mediante la implementación de trabas de índole meramente formal” (CSJN, “CIPPEC”).

 

 

Después de mucho resistirse, el Ministerio de Hacienda entregó dos expedientes administrativos, de los que surge que:

• el primer expediente administrativo fue iniciado por ese Ministerio el 21 de junio de 2018; esto es, una semana después de la demanda del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y nueve días después de la firma de la Carta de Intención para solicitar el crédito, el 12 de junio.
• No hay constancia de que existiera un dictamen jurídico previo a la firma de la Carta de Intención.
• Tampoco consta el dictamen del Banco Central sobre cómo impactaría el crédito que se pretendía tomar en la balanza de pagos (requisito exigido por el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156).
• Ningún acto administrativo expone la decisión de tomar el crédito,
• El Presidente Maurizio Macrì no firmó decreto alguno al respecto.
• En el expediente tampoco hay Resolución alguna del Directorio del Banco Central ni del Ministerio de Hacienda.
• Por último, ni siquiera hay constancia de que se haya suscripto acuerdo alguno: sólo está la Carta de Intención y sus memorandos adjuntos. Esa Carta de Intención dice que tales memorandos son “hitos que deben usarse para el diseño del acuerdo stand-by”.

El Banco Central no entregó los dictámenes del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 ni los expedientes donde deberían haberse emitido (tanto para el crédito de U$S 50.000.000.000 como para el posterior de U$S 7.100.000.000). En su lugar, se limitó a sostener que evaluó el impacto macroeconómico del crédito en conjunto con el Ministerio de Hacienda y con el propio Fondo Monetario Internacional, lo cual se aparta por completo de la legalidad vigente.

La documentación administrativa y judicial se encuentra disponible en la base de datos alojada en la página web https://fmiargentina.com/.

 

 

Tres meses, mucho tiempo

En las entrevistas mantenidas en Madrid y Lisboa, tanto las autoridades de España y Portugal como los empresarios que se reunieron con el próximo Presidente, expresaron la misma inquietud que el FMI: Macrì carece de todo poder y Alberto es apenas un candidato. La solución que plantean el actual gobierno y el Fondo es que Fernández suscriba las decisiones de Macrì ante los acreedores. Esto carece de toda racionalidad, porque esas fueron las políticas rechazadas por el electorado, que otorgó mandato al Frente de Tods para modificarlas.

Varios espontáneos bien intencionados han sugerido aplicar el artículo 88 de la Constitución, de modo que ante la renuncia de Macrì y Gabriela Michetti, el funcionario que asuma para completar su mandato convoque a elecciones. Semejante combinación sólo agravaría el vacío de poder. Otra solución ofrece el artículo 95, según el cual "la elección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del Presidente en ejercicio". Ya hay un antecedente. En 2002 desempeñaba en forma provisoria el Poder Ejecutivo el senador Eduardo Duhalde, designado por la Asamblea Legislativa. En junio de 2002, cuando la policía bonaerense mató en la estación Avellaneda a los militantes populares Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el senador de Lomas de Zamora presentó su renuncia, a hacerse efectiva el 25 de mayo de 2003. Las elecciones fueron convocadas para el 27 de abril, dentro de los dos meses que fija la Constitución y la segunda vuelta se hubiera realizado el 14 de mayo, si Carlos Menem no hubiera desistido, ante una segura derrota. Es decir que no hay obstáculos constitucionales para que este mes se elija al nuevo Presidente.

Nadie próximo a Fernández lo sugerirá. Es otra decisión que sólo compete al actual Presidente.

 

La música que escuché mientras escribía

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