Final de época

 

Marzo está transcurriendo con un gran estado de movilización popular en respuesta a diversas convocatorias. El 8M superó las marcas anteriores frente al llamado internacional al paro de las mujeres. Impactó no sólo ver la Plaza de Mayo, colmada y repleta de mujeres en las diagonales convergentes y calles laterales, sino cada convocatoria del resto de las capitales y ciudades del interior del país. En Rosario superaron las 60.000 personas quienes marcharon desde la Plaza San Martín hasta la explanada del Monumento a la Bandera. En Santa Fe, Córdoba, Mendoza, y casi todas las capitales de provincias, pero también en ciudades como Villa Constitución, San Nicolás, Reconquista, Mar del Plata Bariloche y hasta Río Grande en Tierra del Fuego, la respuesta fue muy positiva y el reclamo de un paro general contra el ajuste  fue muy extendido. De poco sirvió la provocación de grupos marginales destacada por La Nación y Clarín para empañar la pacífica marcha de millares de mujeres.

Una gran cita será la del 24M, a 43 años del golpe genocida de Videla, Massera y Agosti. Se estima que este año volverá a superar las convocatorias anteriores con réplicas en todas las ciudades del país. Uno de los proyectos de Macri, el de reconciliar víctimas con genocidas, se acumula a la lista de fracasos con la desquiciada economía y a su errático plan de gobierno. Los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado y aún antes por las bandas de ultraderecha siguen transcurriendo y las sentencias confirmándose en el mismo sentido que cuando comenzaron las condenas tras el paréntesis impuesto por las leyes de impunidad. La novedad de este último período es que comienza a juzgarse la responsabilidad de los empresarios en aquellos sucesos. Significativo resulta el llamado a indagatoria de 46 sospechosos por los hechos acaecidos en Villa Constitución desde marzo de 1974. La noticia conmovió la sureña localidad santafesina, justo cuando organismos de derechos humanos se estaban preparando desde la Municipalidad, junto a los familiares de las víctimas, para la colocación de 60 baldosas recordando a los asesinados y desaparecidos, alrededor del mástil ubicado en el centro de la plaza San Martín, en el centro de la ciudad. Viejas heridas se reabren en la memoria de los trabajadores perseguidos y castigados durante ocho negros años por una patronal implacable que logró posicionarse a sangre y fuego en el puesto de comando de la economía durante la dictadura militar. Desde allí “compitió” por la concentración de la rama siderúrgica y salió posicionada como la principal firma a la par de Techint, megaempresa de los Rocca. Vale recordar que fue el mismo esquema económico financiero que aplica este gobierno el que llevó inexorablemente a la crisis a las demás firmas de la competencia. Santa Rosa, Genaro Grasso, Gurmendi, Navarro, Heredia, Laminfer, Industria Siderúrgicas Grassi y varias más terminaron en las fauces de Acindar.

Llamativo fue el caso de Industrias Siderúrgicas Grassi. Miradas al Sur relataba lo siguiente: “Era un día normal para Juan Grassi, dueño de Industrias Siderúrgicas Grassi junto a su hermano Luis. Compartían una reunión social en la Bolsa de Comercio en plena dictadura. Había empresarios amigos de los militares y altos miembros del gobierno. Corrían el champagne francés y los canapés de caviar. En medio de la reunión, Juan se cruzó con el ex titular de Acindar ungido ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. El funcionario mostró su interés por adquirir, en nombre de la siderúrgica que había comandado, la empresa de los Grassi. Ante la firme negativa de los hermanos, el titular de Economía disparó una respuesta lacónica, casi una sentencia: 'Me la vendés o te la saco'”.

Esa nada sutil amenaza se concretó cuando los hermanos Grassi se hicieron cargo del Banco de Hurlingham junto al grupo Chavanne, cuando intervinieron directa o indirectamente en la compra del Banco que fuera de los Graiver. Lo que siguió fue el secuestro del directorio de ambas empresas. Tras ser brutalmente torturados y en presencia del Presidente de la Comisión Nacional de Valores, Juan Alfredo Etchebarne, cedieron el paquete accionario a Acindar. Entre las víctimas de esta atrocidad se encontraba el padre del actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La figura de “subversión económica” fue creada para expropiar bienes y empresas bajo tormentos. Es visible aquí que cuando los grandes empresarios encuentran condiciones para eliminar a sus competidores la condición de clase se somete a la estrategia concentradora de los grandes capitalistas. El pez grande se come al más pequeño.

 

 

Estas historias se ventilarán seguramente durante el juicio. Es la contracara de la reivindicación de los 30.000 detenidos desaparecidos como parte de la historia del movimiento obrero. El mundo de los grandes grupos empresarios, las fuerzas armadas y el plan económico de Martínez de Hoz están en el ADN del terrorismo de Estado. Este pequeño episodio de aquella larga historia viene bien a cuento de la causa “de los cuadernos”, del accionar del juez Bonadío, del fiscal Carlos Stornelli y del agente orgánico e inorgánico de cuanta agencia de inteligencia pulula en el país Marcelo D'Alessio. La centralidad del plan económico irradia hacia todas las políticas del gobierno. Cuando la gran mayoría de las empresas están en crisis, arrecian las presiones concentradoras.

El tercer intento de desarrollo industrial por sustitución de importaciones está soportando una ofensiva violenta. La apertura irrestricta al ingreso de productos importados, las tasas de interés inalcanzables para cualquier esquema productivo, la contracción del consumo y la imposibilidad de salida de la crisis ponen a todo el aparato productivo en una situación de vulnerabilidad extrema y en el frente de las firmas más tradicionales aparece la bandera de remate. No hay errores en la política económica, no hay excesos en la toma de decisiones: la actualidad empresaria es la réplica calcada de lo que hizo Martínez de Hoz. El origen del gobierno por el voto popular no explica la diferencia entre este modelo económico y el de la dictadura, más bien potencia sus efectos.

Esta semana se realizó un encuentro nacional de Secretarios de Derechos Humanos de sindicatos de todo el país enrolados en las diversas centrales sindicales y corrientes sindicales existentes. La sofisticada represión que acecha a diestra y siniestra, en cuyo extremo están las especulaciones del incriminado agente Marcelo D’Alessio con sus dichos sobre la “extracción” de personas y la rutina de garrotazos callejeros que comenzó con Cresta Roja ya en diciembre de 2015 y esta semana sufrieron los artesanos de San Telmo, coloca la política de derechos humanos de los trabajadores en el centro de la escena. El profundo sentido reunificador que tuvo la convocatoria se sintetizó en la consigna “Los 30.000 detenidos desaparecidos forman parte de la Historia del Movimiento Obrero” y las intervenciones y conclusiones de los talleres dan cuenta que la unidad de la que se habla no es una táctica coyuntural sino la recuperación de la cultura ínsita en el propio movimiento.

Peugeot, Honda, lácteos Verónica, Carrefour, Zanella, Garbarino, Coca-Cola, Villa del Sur, Editorial Atlántida, Metalpar y la ex Nidera son sólo una muestra de grandes empresas que se reestructuran o apelan al procedimiento preventivo de crisis (PPC). A esto hay que añadir grandes pérdidas operativas de Arcor, Molinos Río de la Plata y Mastellone. La empresa de lanchas del Tigre, la Cacciola, pide el PPC para ahorrar en indemnizaciones y gastos. En Molino Cañuelas y Fate hay retiros voluntarios y despidos, cunden el achicamiento de horas de trabajo, las quiebras o directamente cierres de empresas.

El otrora poderoso sindicato metalúrgico, aún vivo, tomó la iniciativa y la repetición de la Marcha del Acero se realizará el próximo 3 de abril en el sur de la provincia de Santa Fe, desde Rosario a Villa Constitución y luego a San Nicolás, con el apoyo de todo el arco sindical y el mundo de las pequeñas y medianas empresas y algunos representantes de la Unión Industrial Argentina como Guillermo Moretti, uno de los vicepresidentes, que a su vez encabeza la Federación de Industriales de Santa Fe (FISFE). Las políticas anti industrialistas que no van acompañadas de una cuota de terror paralizante encuentran una fuerte resistencia en el entramado social que tiene nuestro país. Esto le está pasando a Mauricio Macri, elegido por el voto popular. La presencia de un juez federal en la Cámara de Diputados trasmitiendo en vivo durante cuatro horas, desnudando una red de espionaje, chantaje y armado de causas de la que fueron víctimas varios pesos pesados del mundo empresarial es una poderosa señal de final de época. En este contexto de crisis autogenerada con este nivel de endeudamiento, atado a las decisiones del FMI y con una recesión cada día más profunda, la idea de la incapacidad de Macri para conducir el país se constituye en el centro del razonamiento de estos sectores que hace casi cuatro años lo apoyaron.

El impacto que causó la imagen de una interminable cola donde miles de desocupados pretendían dejar sus datos personales para ocupar alguno de los diez puestos de operario de limpieza para los pasos fronterizos para los que se convocó en la ciudad correntina de Paso de los Libres, es la nota de color negro que hace visible la tragedia a la que el neoliberalismo somete cotidianamente al pueblo argentino. La resistencia promete endurecerse. Las huestes lejanas de los municipales jujeños comandadas por Carlos “El Perro” Santillán volvieron a las calles con un paro activo para repudiar la presencia del Presidente en la provincia. Los movimientos sociales de todo el arco opositor muestran sus banderas y sus ollas en el cotidiano reclamo por el centro porteño. Los acampes fueron ya directamente hacia los supermercados en 14 provincias para exigir alimentos. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la Federación Nacional Territorial (Fenat) y la CTA Autónoma fueron algunas de las agrupaciones que llegaron al Obelisco para reclamar una "paritaria social".

Mientras, el sucesor del Momo Venegas en el gremio de los trabajadores del campo reclamó “veinte años más de Cambiemos para salir de la crisis”. Se llama Ramón Ayala y será recordado por su repugnante traición.

La marcha del 4A del sindicalismo opositor pone en tensión a la CGT residual de Héctor Daer y Carlos Acuña, quienes ni siquiera citaron al Consejo Directivo, donde los dialoguistas se muestran morosos para ir a las reuniones, esquivan el apoyo a la movilización y no quieren oír hablar del dilatado e imprescindible paro general. La espera se prolonga bajo el recuerdo del emblemático atril volador y el endurecimiento de los gremios movilizados del 21F de Moyano, la Corriente Federal y las CTA.

Se viene la protesta de millones de personas en las calles con el empuje de las regionales unificadas del interior y los movimientos sociales. El reclamo vendrá fogoneado por la imparable necesidad que pasan las bases sindicales hambrientas de una canasta básica que no llegan a cubrir con sueldos rezagados, por las carencias de comedores sin mercaderías para cocinar, pero más aún de dignidad y justicia que el gobierno sistemáticamente niega a trabajadores y desocupados para imponer el modelo del Fondo Monetario.

 

 

 

 

 

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