Fin de un ciclo autoritario
Alfredo Cornejo y el retroceso en derechos humanos en Mendoza
Sin ninguna revolución que la preceda, a diferencia de la tradición mexicana, la Constitución de Mendoza prohíbe la reelección del titular del Poder Ejecutivo.
Después del fracaso de sus intentos nada republicanos por aumentar los integrantes de la Corte provincial y aprobar una modificación constitucional que posibilitara su reelección, el líder radical Alfredo Cornejo designó como sucesor al actual intendente de la ciudad de Mendoza, y no tuvo otra opción que presentarse como candidato a diputado nacional adosado a la boleta de Mauricio Macri.
Así las cosas, estamos frente al fin de un oscuro periodo de gobierno que quedará en la historia de la provincia no solo como una época de retrocesos en el plano económico. Nos deja también una pesada herencia en materia de calidad democrática e institucional y un tremendo retroceso en materia de derechos humanos.
No suenan coherentes sus diatribas de campaña contra un enemigo identificado como el populismo kirchnerista, al que perteneció como principal armador de la Concertación Plural que llevó a Cristina Fernández de Kirchner a su primer mandato presidencial. Si el populismo tal como lo señaló Ernesto Laclau es un significante vacío que admite diversos contenidos ideológicos, podríamos concluir que el discurso y las políticas de Cornejo se encuadran en un populismo de derecha alejado de la tradición democrática y republicana que encarnó Raúl Alfonsín y configura una expresión local de movimientos políticos que recorren el mundo con discursos del odio violentos, discriminadores, xenófobos y racistas. Sus continuas menciones a la mano dura, al orden y la autoridad como su principal capital político y la construcción simbólica de un enemigo de la sociedad que no merece ningún derecho me eximen de mayores comentarios.
La República Perdida
No existen registros en la historia post- dictatorial de otro gobierno provincial que haya degradado tanto las instituciones republicanas y quebrado tan burdamente la independencia del Poder Judicial como el del gobernador que finaliza su mandato.
Su primer acto beligerante al asumir el gobierno fue cargar contra la Suprema Corte de Justicia cuestionando un fallo ejemplar dictado en el hábeas corpus colectivo impulsada por la Asociación Xumek, sobre standards para la prisión preventiva. Lo hizo de la peor manera, recurriendo a los consabidos discursos de demagogia punitiva y eliminación de garantías constitucionales característicos del populismo de derecha. Luego amplió su ofensiva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos de Derechos Humanos.
Cornejo desplegó una política de copamiento y disciplinamiento del Poder Judicial sin precedentes en la historia democrática provincial. En esa línea se inscribe la designación de José Valerio como ministro de la Corte, a pesar de su cuestionada actuación en casos de violaciones de derechos humanos y la oposición del movimiento de mujeres. También se dio el gusto de designar a su ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, eliminando toda participación de las mujeres en el Tribunal. Designó a su amigo Alejandro Gullé al frente de la Procuración y se aseguró el control del Ministerio Público Fiscal, clave en un procedimiento acusatorio. Presionó y manipuló al Poder Judicial en temas clave como el “ítem aula”, que obliga a miles de docentes a concurrir enfermos a las escuelas. Apuntó contra la Cámara Penal de Apelaciones logrando desarticularla y después instó su destitución a través de un vergonzoso jury de enjuiciamiento aprovechando el fallo que liberó a los militantes de la organización barrial Tupac Amaru, lo que supuso la instalación del lawfare y el poblamiento de las cárceles mendocinas con presos políticos opositores, hecho inédito después de la nefasta dictadura cívico militar.
Prisión preventiva para todes
Asimismo, Cornejo también alteró los standards constitucionales en materia de prisión preventiva mediante la sanción de vergonzosas normas procesales y la presión al Poder Judicial para multiplicar los presos sin juicio previo ni condena, quebrando la tradición jurídica liberal que inspira nuestra Constitución Nacional que garantiza la presunción de inocencia, último refugio contra el poder punitivo autoritario del Estado. Diversos organismos internacionales vienen cuestionando la utilización de la prisión preventiva en nuestra provincia, como lo reiteró recientemente el Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Argentina, Luis Ernesto Vargas Silva.
El uso de la prisión preventiva no solo implicó el aumento de la tasa de prisionización a los niveles más altos del país en clara contraposición con las disposiciones constitucionales y los principios de excepcionalidad establecidos en diversos pactos internacionales de Derechos Humanos. También generó escandalosos casos judiciales donde quedó establecido el arbitrario encarcelamiento de ciudadanos inocentes, como el caso de los militantes tupaqueros o el empresario Gustavo Seré.
Recuperar la república perdida, la independencia de los poderes y normalizar el funcionamiento del Poder Judicial de acuerdo con los standards constitucionales será una difícil tarea que implicará un esfuerzo de todos los mendocinos.
Violando la libertad de expresión
El populismo de derecha ha afectado burdamente la libertad de expresión de los mendocinos. No solamente con la persecución de periodistas opositores, como Ernesto Espeche o Mariana Olguín entre muchos otros; sino también con el incremento en la pauta publicitaria oficial distribuida con arbitrariedad en 573 millones en el corriente año, lo que ha derivado en la instalación de un discurso único de los medios de comunicación hegemónicos que repiten en forma acrítica el relato oficial.
Se ha perseguido a quienes han difundido mensajes críticos al fracking por WhatsApp como el caso de Gisela Gauvron en General Alvear, o a quienes postearon opiniones críticas del gobernador en sus redes sociales, como el docente Richard Érmili en San Rafael.
Un caso particular es el de la vicedirectora Carolina Gutiérrez, en Junín, que fue sancionada y trasladada por el gobierno por utilizar lenguaje inclusivo.
Además, con la sanción del Código Contravencional, se reinstauraron los delitos de opinión como “ofensas” a funcionarios, derogados en nuestro país después del fallo “Verbitsky” y “Kimel” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por el mismo código se restringió el derecho a la libertad de expresión de niños, niñas y adolescentes e incluso se han criminalizado las expresiones críticas que se realicen en manifestaciones públicas.
Persiguiendo a manifestantes opositores
El derecho a manifestarse y peticionar ante las autoridades se ha restringido a través de limitaciones arbitrarias y la imposición de multas a las más diversas organizaciones políticas, gremiales y sociales opositoras en la ciudad de Mendoza. Durante la última manifestación en conmemoración del Día Nacional de la Memoria del pasado 24 de marzo, el intendente y candidato oficialista a la gobernación debió salir a desmentir a sus propios funcionarios que aplicaron estas restricciones, que obligan a que las manifestaciones se hagan en las veredas o en la explanada municipal.
Debemos recordar la criminalización de decenas de dirigentes gremiales como Raquel Blas, Roberto Macho, Guillermo Martínez Agüero y el diputado opositor Lautaro Giménez, entre muchos otros, por participar en un paro nacional convocado contra la política económica del gobierno. Se ha criminalizado a docentes por participar en una asamblea de estudiantes en contra del cierre de institutos terciarios, como el caso de Patrick Boulet. Once estudiantes de San Carlos fueron criminalizados por manifestarse contra el fracking.
La libertad de pensamiento también se ha visto afectada, cientos de trabajadores mendocinos han sufrido persecución laboral en ámbitos oficiales por publicaciones en sus redes sociales o su pertenencia a fuerzas políticas opositoras al actual gobierno.
Criminalización de la pobreza
Con las ordenanzas impulsadas por el actual candidato oficialista como intendente de la ciudad de Mendoza y el Código Contravencional, hemos visto afectada la cohesión social y el principio de igualdad y solidaridad de los mendocinos, impulsando la persecución y segregación territorial de los sectores más afectados por las políticas de ajuste.
Cuidacoches, limpiavidrios, cartoneros, mendigos, vendedores ambulantes, prostitutas, personas en situación de calle, artesanos y artistas callejeros son perseguidos por la policía y privados de libertad por el solo crimen de la pobreza, afectando, además, como lo señaló la Comisión Interamericana, la libertad de expresión de los sectores sumergidos.
Durante esta gestión gubernamental hemos visto multiplicarse las tristes imágenes de estigmatización y criminalización de quienes solo buscan sobrevivir en los espacios públicos. La idea de que aquellos trabajadores excluidos que se ven forzados a desarrollar estrategias de supervivencia en los espacios públicos carecen de todo derecho y pueden ser perseguidos sin límite alguno se encuentra en la base de la norma represiva.
Hemos asistido a las horrorosas imágenes de personas en situación de calle estigmatizadas por periodistas oficialistas, o a la realización de razzias con detención de pasajeros tendientes a evitar el préstamo de la tarjeta de transporte público.
Violencia institucional
Las detenciones masivas por averiguación de antecedentes dirigidas a jóvenes de sectores populares han sido incrementadas por el actual gobierno. La violencia institucional consagrada por la “doctrina Chocobar” y los protocolos de Patricia Bullrich respecto al uso de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de cumplir la ley fue asumida por el gobierno local, como lo revelan el reciente caso donde un empresario, Luciano Francheti, fue baleado en Godoy Cruz por un policía.
El trato policial a una inmigrante haitiana separada de su hijo sin asistencia de traductor o intérprete en el Hospital Lagomaggiore nos remite a las imágenes de discriminación, xenofobia y racismo que observamos en los países centrales, y señalan el trato que reciben miles de mendocinos pertenecientes a los sectores populares en forma cotidiana.
Violencia de género
A la designación de Valerio y la eliminación de toda forma de participación de mujeres en la Corte Provincial, se le suma la situación del Ministro de Seguridad de Cornejo, Gianni Venier, denunciado por violencia de género, que se mantiene en su cargo, y del Director General de Escuelas, Jaime Correas, denunciado por violencia de género cuando era gerente del grupo Vila-Manzano. Lo mismo se hizo, mientras se pudo, con el Subsecretario de Trabajo, Alejandro Jofré, acusado de practicar abusos sexuales en forma sistemática a las trabajadoras. Su primer ministro de Salud, Rubén Giacchi, tuvo que renunciar después de las denuncias que recibiera por parte de su pareja. Mientras la impunidad en estos casos es la regla, estalla el pabellón de violencia de género del penal de Boulogne Sur Mer, ofreciendo la respuesta punitivista a los reclamos sociales contra la violencia de género como una receta mágica ante una situación compleja que requiere medidas alternativas y políticas de prevención ausentes en el discurso oficial.
Nada es para siempre
La pérdida de derechos de los trabajadores es acompañada por un deterioro de las libertades públicas. Como dijo el sociólogo francés Loïc Wacquant, el régimen neoliberal combina la mano invisible del mercado y el puño de hierro del Estado. La mano de hierro impuesta por Cornejo ha implicado sin dudas una ruptura del estado de derecho, afectando el sistema republicano y la independencia de los poderes, la libertad de expresión y el principio de solidaridad que caracteriza toda democracia social, conformando la política de “orden” y “autoridad” que predica un verdadero catálogo de violaciones a los derechos humanos que no tuvo otro fin que la imposición de un régimen de control y disciplinamiento social.
El cultor de la realpolitik aprendió a sacar rédito político y electoral del “sacrificio de las libertades en el altar de la seguridad” durante su gestión como ministro de seguridad de Cobos. Su discurso de orden y mano dura logró penetrar no solo en los sectores más autoritarios donde conviven los nostálgicos de la dictadura, sino también a miles de trabajadores desesperados ante una sociedad cada vez más desigual y violenta, expuestos a la política del miedo de la demagogia punitiva y a la exclusión de las políticas económicas neoliberales.
Pero las políticas impuestas sin diálogo ni consenso no configuran políticas de Estado y el fracaso del macrismo amenaza hundir las aspiraciones de continuidad del caudillo radical. La sociedad mendocina es mucho más diversa, plural y solidaria que ese enano fascista que describen los focus groups de Jaime Durán Barba y que inspiran esos discursos del odio que hemos tenido que soportar los mendocinos.
Porque, como decía Arturo Jauretche, "la multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegios provoca rencor".
- Publicado en Zona Crítica
Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí