FIN DE ÉPOCA

 

El principio de acuerdo al que llegó el gobierno con los bonistas privados descomprime la situación del sector externo argentino y aumenta los grados de autonomía para llevar a cabo otra política económica. La deuda reestructurada es de aproximadamente 67.000 millones de dólares y, según calcula el CEPA, los vencimientos de la misma caen —entre 2020 y 2024— de 63.692 millones de dólares a 7.556, debido a la refinanciación. El Centro de Economía Política Argentina calcula que la tasa de interés se reduce del 7% al 3,1% y el alivio de la carga de la deuda es de 37.000 millones de dólares, si se toman en cuenta todos los vencimientos en moneda extranjera, tanto los sujetos a legislación local y los que de legislación extranjera. Ese Centro registra que en el inicio de las negociaciones los fondos acreedores reclamaban un 98% y la Argentina ofrecía un 40%, respecto de un valor presente de la deuda, cálculo efectuado con una tasa de descuento que presupone una serie de supuestos de un valor relativo. El arreglo alcanzado fue en un porcentaje menor al 55%, lo que muestra que el país cedió mucho menos en la negociación que los acreedores.

La presentación del CEPA denominada “Las Claves del Acuerdo” (agosto, 2020) tiene la virtud de exponer para la comprensión popular lo pactado, con la claridad que permite correr el velo respecto de los lenguajes alambicados y confusos utilizados por los financistas del establishment, siempre usados con la intencionalidad de formar opinión a favor del capital financiero, al que son adictos. Cabe agregar que si el análisis se efectúa de acuerdo a la deuda en valores nominales y no al de los valores presentes estimados, las concesiones hechas durante la negociación por parte del gobierno nacional parecen ser menores. Además, cabe acotar que se mejoraron dos variables sobre tres, tal como se enunció como objetivo al principio de la negociación, plazo y tasa. No es tampoco menor que se haya arribado al acuerdo con la participación activa del equipo independiente del ministro Guzmán, pese a las presiones de la derecha argentina y los fondos de capital especulativo internacional, para reemplazarlo por los economistas que siempre los beneficiaron tomando y arreglando deuda. Cabe destacar que, en cuanto a la deuda privada, Argentina ha logrado un margen suficiente de años para encarar un proyecto de recuperación económica y comenzar a cambiar su matriz productiva.

Pero el paso dado no resuelve el problema total de la deuda de nuestro país para el corto y mediano plazo. Quedan por resolver los más de 44.000 millones de dólares de endeudamiento con el FMI. La negociación que se deberá encarar con ese ente no sólo incluye la cuestión de la tasa, el plazo y el capital adeudado, sino también a las condicionalidades que el Fondo acostumbra a exigir. Seguramente el tema de la tasa no será el más grave. Sí es una amenaza el de las condicionalidades. Porque un programa de reactivación económica requiere de una dirección inversa a los preceptos que el Fondo Monetario incluye para sus refinanciaciones.

La actitud de su directora-gerenta frente a la negociación del país con los acreedores privados, se regía seguramente por los propios intereses de la institución, preocupada por mantener el mejor margen de negociación para el Fondo. Pero en el momento de la negociación, el objetivo del gobierno popular que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que es el crecimiento y desarrollo de la Argentina, asociados a la aspiración de la igualdad, de una mejor distribución del ingreso, al cierre de los canales para la fuga de capitales, al cambio de la matriz productiva, a la imprescindible mejora de los salarios, no son los cursos de acción que sintonizan con los regímenes de política promovidos por el FMI. Así lo entendieron junto a Néstor Kirchner cuando promovieron el desendeudamiento y la cancelación total de la deuda con ese organismo durante la primera década del milenio.

Lo que le aguarda al gobierno es una discusión en los mismos términos que con la deuda privada en los temas de alargamiento de plazos, reducción del peso de la deuda, el despeje del corto plazo de vencimientos y, lo más gravitante, excluir las condicionalidades regresivas. Es lo necesario para completar un arreglo del sector externo que habilite la posibilidad de construcción de una Argentina distinta para la pospandemia, como enunció el Presidente.

 

 

Cambio de matriz y estructura

El país deberá encarar un cambio en su matriz productiva y en su estructura social. Lo que requerirá para el primer objetivo del alivio de la restricción externa, que siempre pende como amenaza durante el despliegue de los procesos populares. En lo atinente a la segunda transformación, la igualdad requiere de una mejor distribución del ingreso y la riqueza. Pero no hay independencia entre matriz productiva y estructura social. Porque el carácter de la demanda se define por la estructura social y, también, porque cada estructura de oferta tiene destinatarios diferentes. La gran conquista de la autonomía de la política proviene de lograr que la estructura social se defina en el ámbito de la democracia política y no en el terreno del ámbito privado de la sociedad civil. Primero la promoción de la igualdad, podría ser una gran consigna de un proyecto nacional y popular.

La situación de la pandemia ha producido una mayor polarización social y un incremento de la pobreza. Eso ocurrió a pesar de todas las medidas de apoyo a los sectores más vulnerables. Pero como muestra Magdalena Rua en su nota para El Cohete a la Luna de esta edición, el esfuerzo del gasto social en nuestro país respecto del PBI fue mucho más alto que en las otras naciones de la región pero más bajo que en los países centrales. El gasto social requiere ampliarse sustancialmente para el período que viene. O sea que la cuestión del marco conceptual del equilibrio fiscal, o la consolidación fiscal, o la prudencia fiscal, están más que sobre-contraindicadas en estas épocas. Mucho más que en períodos de normalidad. Este precepto, que es una exigencia inamovible en las políticas fondomonetaristas, debería ser excluido por la Argentina en las negociaciones que entable con ese organismo. Porque nunca sirve y en esta instancia sería todavía más dañino. Pero aun son más amenazantes y perjudiciales las reformas previsionales y laborales que impulsan los organismos internacionales de crédito. La primera es regresiva, discriminatoria para un sector etario de la sociedad, opuesto a la vigencia de los derechos humanos. La segunda tiende a abaratar la capacidad de negociación de la fuerza laboral y favorece la concentración del ingreso, porque beneficia al capital frente al trabajo.

Tal vez la lección central y definitiva del último endeudamiento sea que esta debe ser la última refinanciación sobre una deuda de un carácter y un nivel que no debe repetirse en el futuro. Ya no más. Hay que asumir el carácter desastroso del marco conceptual de una economía abierta comercial y financieramente. Siempre se termina con recesión, reprimarización, desigualdad, pérdida de soberanía y trabas al desarrollo nacional.

 

 

Otra economía

El proyecto nacional tendrá que omitir la recurrencia a la apertura del mercado de capitales de corto plazo. Sólo aporta combustible para la valorización financiera y la fuga de capitales, que se nutre también del endeudamiento externo. Esta deuda se adquiere, muchas veces, para fines sostenidos desde miradas erróneas sobre el funcionamiento de la economía, cuyos fracasos han sido reiterados, como el financiamiento del déficit presupuestario en moneda local con deuda en dólares.

El tema de la restricción externa para un país de desarrollo medio, con un tejido social desplegado y activo y con un objetivo de crecer con mejoras distributivas y diversificación y complejización productiva, con la idea de fusionar igualdad con mejora del nivel de vida, requiere del diseño de una estrategia y de una planificación. El proyecto de la apertura fracasó, el modelo del crecimiento tirado por exportaciones sostenido en un tipo de cambio competitivo-alto deriva en la continuidad de la dinámica sostenida por la exportación de commodities, a los cuales se le sumaría la de algunas industrias cuyo perfil competitivo se basaría en  salarios bajos.

Tampoco la esperanza debe ser puesta en la inversión extranjera directa. Como sostienen Abeles, Grimberg y Valdecantos en La inversión extranjera en América Latina: algunas implicancias macrofinancieras (CEPAL,2018- Estudios sobre financiarización en América Latina), “la idea de que la IED es una fuente más estable de financiamiento externo presupone que ese tipo de flujos constituye una inversión de capital fijo que no puede ser repatriado con facilidad e inmediatez. Esta presunción, sin embargo, ha ido perdiendo validez en las últimas décadas, en la medida en que tendieron a borrarse las diferencias entre los flujos de inversiones directas (consideradas, con frecuencia, ilíquidas y de largo plazo) y de cartera (asimiladas a inversiones líquidas y de corto plazo). La dilución de esas diferencias se debe en parte a que, desde el punto de vista de las casas matrices, una porción considerable de la IED (inversión extranjera directa) puede estar motivada por factores ajenos a objetivos de alcance productivo, como el arbitraje tributario, la cobertura frente al riesgo, la diversificación financiera o la especulación. Como consecuencia de esos factores, los flujos de IED han tendido a seguir, ya sea por propia lógica o por su complementación con otras operaciones, una dinámica semejante  a la de los movimientos de activos fijos de corto plazo”. Las inversiones extranjeras se han constituido también en una fuente creciente de remisión de utilidades, estableciéndose centralmente en áreas de servicios, de producción de commodities y de comercialización. Su presencia en procesos fabriles de mayor valor agregado ha sido concebida con criterios de maquila o armaduría, en los que su perfil productivo, en los países periféricos en los que se asientan, supone una alta demanda de importaciones.

Argentina podría asumir una imagen-objetivo para una sociedad de iguales con demandas crecientes de bienes y servicios de menor componente importado. El proyecto de un país con independencia económica insumirá un gran esfuerzo de investigación científico tecnológica por parte del Estado, para mejorar las condiciones de productividad del trabajo que brinde posibilidades de incrementar las exportaciones y diversificarlas, sin recurrir a estímulos sustentados en políticas cambiarias de competitividad espuria, sino por un salto en las condiciones de productividad de la economía. La condición clave para garantizar la redistribución progresiva del ingreso es que los salarios crezcan por encima de esa mejora de la productividad. La pretensión empresaria de ajustar los salarios al ritmo del aumento de la productividad del trabajo constituye la forma implícita de congelar la distribución, y si la voluntad fuera que crezcan menos que la productividad, sería una lógica que amplificaría la desigualdad.

 

 

Modelos para no volver

La posibilidad de afrontar la nueva instancia, trazando un sendero de desarrollo en el que la igualdad sea una cuestión central y la creación de riqueza contribuya a elevar el nivel de vida de la sociedad, evitando el corset de la restricción externa que se convierte en un racimo de condicionamientos, debe abrevar en los siguientes aprendizajes y verificaciones históricas, como así también en las perspectivas estructurales y de funcionamiento de la economía, que aleccionan respecto a:

• La necesidad de mantener regulada la cuenta de capitales, impidiendo los movimientos de entrada y salida que desequilibraron permanentemente la macroeconomía. Lo que debe ser completado con el mantenimiento de la regulación cambiaria que resulta un complemento ineludible de lo anterior. La libertad cambiaria no tiene ningún sustento en supuestos beneficios económicos, sólo parte de la reivindicación del derecho a la propiedad privada ilimitado sobre un recurso estratégico para el desarrollo nacional: las divisas.
• Esta regulación se completa con un dispositivo que permita la intervención del Estado en el comercio exterior, que le otorgue el poder necesario para regular y orientar su desenvolvimiento sin que ocurran las habituales maniobras en perjuicio del ingreso de las divisas al país, ni sobre la correcta tributación que contribuya con el presupuesto estatal.
• Este tipo de políticas indispensables son opuestas a cualquier nuevo ensayo neoliberal.
• Evitar el camino de los modelos de demanda tirada por las exportaciones, que dan origen a una lógica de acumulación basada en salarios bajos, la mayoría de las veces asociados a un pobre desarrollo industrial que ocupa los eslabones más atrasados de las cadenas de valor globalizadas. Las excepciones tienen sólo causas explicadas por políticas sostenidas en “el desarrollo por amistad” (Corea del Sur) o casos de organización sociopolítica particulares como el chino.
• No dejarse seducir por las políticas basadas en la IED, pues generan modos peculiares de financiarización y reprimarización de las economías, que incluyen también experiencias de maquilas. De todos modos, las inversiones extranjeras dirigidas por la decisión pública hacia sectores en donde se generen condiciones de superávit de divisas por el exceso de las exportaciones sobre las importaciones y el giro de utilidades, pueden ser útiles para el desarrollo nacional. La política de direccionamiento y regulaciones sobre la inversión extranjera requiere de una modificación de la pésima ley de inversiones extranjeras hoy vigente y el abandono de los más de 50 convenios multilaterales de inversión que afectan el diseño de políticas adecuadas de aprovechamiento de la inversión extranjera que esté dispuesta a aceptar el destino y las condiciones decididos por el Estado.

Así, el camino para una política nacional y popular de desarrollo requiere de un aumento genuino de la productividad. De un desarrollo de la ciencia y la tecnología de carácter propio en función de una sociedad proactiva por la igualdad y con pautas de consumo nuevas, producto de un programa cultural que incida sobre ellas. También necesita de una intervención estatal en la regulación de las inversiones extranjeras y del comercio exterior. De la existencia de servicios públicos que se provean adecuadamente a tarifas respetuosas de los derechos humanos a toda la ciudadanía. De un mercado interno impetuoso y un crecimiento exportador sostenido sobre la base del despliegue de ese mercado y de las ventajas que se mantienen en la producción de bienes con renta diferencial.

Pero la clave fundamental es que el ciclo de endeudamiento que estamos viviendo sea el último de nuestra historia. El fin de una época. Tal vez el inicio de la nueva esté marcado por el enfoque sobre la pandemia que tuvo el gobierno nacional, que lejos de priorizar la maximización de las ganancias privadas, privilegió el derecho a la vida y la salud. En el momento más delicado de la expansión del coronavirus, esa sigue siendo —y debe seguir siéndolo— la prioridad. Al fin de la pandemia se presentará la oportunidad de una nueva sociedad, como lo expresó el Presidente en la última reunión del G20.

 

 

 

 

 

 

 

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