Fideicomiso tuerto

 

La Inspección General de Justicia (IGJ) advirtió que el fideicomiso ciego que armó Mauricio Macri a cuatro meses de asumir la presidencia fue una operación “ficticia y simulada”. El ex mandatario sumaría así una nueva causa judicial en su contra, entre otros ilícitos por haber incluido apenas el 40% de su patrimonio en dicho fideicomiso.

En campaña electoral, Cambiemos hizo de la transparencia su caballito de batalla. Decían que iban a terminar con la corrupción. En ese contexto comenzó a surgir la idea de que el abultado patrimonio de Macri se alojara en un fideicomiso ciego, una figura legal que no está prevista en la Argentina. Esta operación se aceleró en abril de 2016 tras la aparición del nombre del ex Presidente en los Panamá Papers como integrante de empresas offshore. El 12 de abril de 2016 Macri firmó un “Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración” con la empresa privada Seguridad Fiduciaria S.A., en el que manifestaba que buscaba evitar “conflictos de intereses” y “otorgarle transparencia a la administración de su patrimonio” mientras fuera Presidente. Para la IGJ nada de eso ocurrió.

La primera objeción del organismo de control que conduce Ricardo Nissen sobre el supuesto fideicomiso ciego es que sólo se incluyeron una parte de los bienes de Macri. Al no incluir a todos se “frustró la causa de la constitución y razón de ser” de ese fideicomiso, aseguran. También señalan que la autoridad de control no fue estatal sino una empresa privada.

“Los bienes fideicometidos por Macri en el fideicomiso ciego de administración no constituían, ni por asomo, la totalidad de su patrimonio”, afirma Nissen en una resolución emitida esta semana.

¿Cómo se llega al número del 40% del patrimonio de Macri en ese fideicomiso? En 2015, al asumir la presidencia, presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (que dirigía Laura Alonso, ferviente militante de Juntos por el Cambio) en la que declaró 110 millones de pesos. Ese mismo año las acciones de las empresas que incluyó en el fideicomiso valían 44 millones de pesos: el 40%.

 

 

Pero hay un elemento más: Macri se enriqueció durante su presidencia. Al terminar su mandato en 2019 declaró un patrimonio total que ascendía a más de 273 millones de pesos –un 518% más que al comienzo–, tanto por lo que estaba directamente a su nombre como por lo que ingresó en el fideicomiso ciego.

Parte de esas ganancias fueron por cuatro transferencias ilícitas que detectó la IGJ, por un monto total de 54 millones al fideicomiso Sociedad Fiduciaria S.A. por parte de la firma Agro G, que a su vez provenía de la empresa Latín Bio, dedicada a la fabricación de biocombustibles. Una de las accionistas de Latín Bio era Juliana Awada, con una participación de alrededor del 20%. Pero la ex primera dama no estaba sola. También eran accionistas el ex secretario Legal y Técnico de Macri, Pablo Clusellas, y Alejandro Braun Peña, primo del entonces jefe de Gabinete Marcos Peña. Las utilidades de Latín Bio fueron a Agro G y de ahí al fideicomiso ciego bajo la figura de acciones preferidas, que se cobran con prioridad. ¿Quién era el único que gozaba de este privilegio? Macri. Las ganancias fueron en el período que va desde abril de 2016 hasta diciembre de 2019.

 

 

Los escribanos

En la resolución que dictó esta semana, la IGJ resolvió:

*Promover acciones de nulidad respecto del “Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración” y de la sociedad “Seguridad Fiduciaria Sociedad Anónima”;

*Declarar la irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos de un sinnúmero de actos societarios llevados a cabo en el ámbito de las cuatro sociedades (Cuatro Leguas S.A., María Amina S.A., Agropecuaria del Guayquiraro S.A./Agro G y Molino Arrocero Río Guayquiraro S.A.) en las que Mauricio Macri tenía y tiene participación como accionista;

*Remitir copia de todo lo resuelto a la Oficina Anticorrupción y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que tomen la intervención e inicien las acciones que estimen corresponder.

¿Por qué se informa al Colegio de Escribanos? Como ya contó El Cohete a la Luna, los escribanos con matrícula en la Ciudad de Buenos Aires tienen prohibido por ley ejercer actividades comerciales. Seguridad Fiduciaria S.A. se constituyó en 2001. La sede social quedó radicaba en la escribanía ubicada en Lavalle al 1400, plena zona de Tribunales. ¿A quién pertenecía dicha escribanía? Al escribano Carlos D’Alessio, presidente de Seguridad Fiduciaria S.A., quien asumió el 23 de diciembre de 2015 como Escribano General de la Nación en reemplazo de Natalio Etchegaray. Tras su nombramiento, D’Alessio salió de la sociedad anónima y lo reemplazó José María Fernández Ferrari en calidad de presidente. Con él firmó Macri el Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración en abril de 2016.

Además de Fernández Ferrari, integraban Seguridad Fiduciaria S.A Guillermo Francisco Fornieles, Esteban Enrique Ángel Urresti y Jorge Edmundo Esponda, todos escribanos. Fernández Ferrari falleció en agosto de 2019. El 7 de noviembre de ese año, cuando Macri ya había perdido las elecciones pero aún era Presidente, una asamblea de la sociedad anónima resolvió que el directorio quedara integrado por Urresti (presidente), Fornieles (vicepresidente), Esponsa y se sumó un nuevo integrante: el escribano Rodrigo María Iturriaga, el único no accionista. Las acciones de Fernández Ferrari pasaron a su hijo Gonzalo, también escribano. Sobre este punto la IGJ pidió al Colegio de Escribanos que adopte “las medidas disciplinarias que correspondan” por las posibles incompatibilidades al ejercer como integrantes del directorio de esta sociedad.

 

 

Sin fondos para la certificación notarial: decilo en alemán

La IGJ sostiene que “los bienes aportados al fideicomiso ciego carecían de toda vocación por generar réditos y se trataba, en su gran mayoría, de participaciones accionarias en cuatro sociedades en las cuales Mauricio Macri tenía una participación accionaria minoritaria que no superaba el 19 por ciento del capital social”, que desde 2010 no distribuían dividendos entre sus accionistas y que funcionaban de manera “irregular”.

A principios de abril, El Cohete dio cuenta de las dilaciones de estas sociedades para presentar los documentos que reclamaba el organismo de control. Luego, el 6 del mes pasado, el abogado Estanislao José Uriburu se presentó ante la IGJ y pidió que se suspendan los plazos para presentar dicha información. El organismo que encabeza Nissen consideró que se trataba de una “maniobra dilatoria” y sostuvo que “era indisimulable que no existía la menor intención de cumplir con (la) intimación efectuada”. Prueba de esto es que Uriburu dijo que en el caso de los libros de la sociedad anónima Agro G “la sociedad no cuenta con fondos suficientes” para el pago de la certificación notarial de la información solicitada. Justo Agro G fue la firma que hasta 2019 le inyectó a Macri 54 millones de pesos, vía transferencias, en su fideicomiso ciego.

La documentación societaria de “Cuatro Leguas S.A”, “María Amina S.A”, “Molino Arrocero Río Guayquiraró S.A.” y “Agro G” fue presentada el 14 de abril por Uriburu, quien sumó un poder general amplio de administración de los bienes sociales otorgado por las empresas excepto “María Amina S.A”. Del análisis de dicha información, la IGJ dio cuenta de que Macri tampoco incluyó en su fideicomiso ciego (donde debía haber estado, por contrato, todo su patrimonio) acciones de la sociedad “Molino Arrocero Río Guayquiraró SA”, que se le reintegraron dos meses después de dejar la presidencia, el 11 de febrero de 2020. Sobre esta empresa, de la familia de José Alberto Andrés Uriburu, la IGJ consideró que “no son verdaderas sociedades sino solo un mero condominio disfrazado de sociedad anónima”.

Uriburu no es un productor agropecuario más. En mayo de 1999, hace exactos 22 años, asumía como ministro de Trabajo de un dañado gobierno de Carlos Menem, en reemplazo de Antonio Erman González. Un perfil de La Nación describía por esos días a Uriburu como una persona de “no” fácil y señalaba su “papel clave” en la negociación con el Fondo Monetario Internacional de la reforma laboral propuesta por González. Susana Viau señaló en Página/12 que José Alberto Andrés era hijo de José Camilo Uriburu, interventor de Córdoba durante el “Viborazo” de 1971, dos años después del Cordobazo. Fue justamente su padre quien pronunció la frase que dio origen a dicha pueblada: se comprometía a cortar la cabeza de la “víbora” subversiva. Uriburu está casado con María José Algorta y tienen cinco hijos.

En Agro G también hubo un “olvido”. La IGJ advierte que dicha sociedad anónima “nunca confeccionó la memoria de los estados contables anuales” y subraya que tuvo lugar la “insólita aparición” de 150 acciones que no fueron objeto de transferencia fiduciaria. Aquí también Macri era socio minoritario de los cinco hijos de José Alberto Andrés Uriburu.

En Cuatro Leguas Sociedad Anónima, Macri fue (¿es?) socio minoritario de los hermanos Oliver y Marc Samwer, con domicilio en Alemania. Sobre ellos, la IGJ expone lo extraño de que no hayan hecho “la menor reclamación en materia de distribución de dividendos por ganancias obtenidas con posterioridad a su ingreso, cuando ellos mismos reconocieron ser (…) los beneficiarios reales” de Cuatro Leguas SA.

Oliver y Marc Samwer junto con un tercer hermano, Alexander, son una especie de Marcos Galperín alemanes. Oriundos de la ciudad de Colonia, en la década de 1990 se mudaron a California, estudiaron el fenómeno de las compañías de comercio electrónico y lo llevaron al mercado alemán, adonde montaron el clon de la empresa estadounidense eBay: Alando, luego vendido a la misma eBay en 43 millones de dólares.

El 11 julio de 2016 Macri transfirió las acciones de Cuatro Leguas S.A. a Seguridad Fiduciaria. El 18 de febrero de 2020 se le retransmitieron las acciones. Aquí los investigadores detectaron otra irregularidad: la empresa Ventilux S.A era propietaria del 37,89% del capital social de la sociedad Cuatro Leguas Sociedad Anónima. Ventilux es una empresa uruguaya radicada en la Argentina, en la provincia de Santiago del Estero. No estaría debidamente registrada como empresa extranjera.

 

 

Edificio Molina Ciudad

El fideicomiso ciego de Macri, además de su participación en cuatro empresas dedicadas al agro, incluyó sus derechos como “adherente” en el Fideicomiso Inmobiliario Caminito, que construyó el edificio Molina Ciudad. El estudio de arquitectos que dirigió la obra fue “Dujovne y Hirsch”. En este edificio el gobierno porteño que conduce Horario Rodríguez Larreta “hace las veces de inquilino de muchas unidades funcionales” y allí viviría de forma aparentemente gratuita el diputado de Cambiemos Fernando Iglesias.

En lo relativo a Macri, otra vez tuvo suerte: la IGJ advierte que en 2013, cuando se constituyó el fideicomiso para construir el edificio, el entonces jefe de Gobierno porteño iba a ser titular de 13 unidades. El 18 de marzo de 2020, Seguridad Fiduciaria S.A comunicó que Macri había aumentado su inversión en ladrillos a 28 unidades: lofts de unos 300 metros cuadrados. Seguridad Fiduciaria S.A no objetó este aumento repentino sino que sólo lo consignó. “Un dogma de fe”, resumió con ironía una fuente ligada al expediente. Los especialistas calificaron al fideicomiso Caminito como un “holding rizomático”.

 

 

 

 

El incansable Pepín

En el tema del fideicomiso ciego está también involucrado el abogado todoterreno Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Cuando se publicó que Macri tenía participación en distintas empresas offshore, allá por abril de 2016, buscó un pronunciamiento de la Justicia que lo favoreciera. Pepín presentó una acción declarativa de certeza para instalar que el responsable de todas las irregularidades era su padre, Franco, por entonces con graves problemas de salud. Pepín consiguió además el fallo de la Justicia “en tiempo absolutamente récord y con sentencia definitiva en absoluta consonancia con el objeto de dicha demanda”, según dijeron desde la IGJ.

Ahora el organismo de control impugnó esa acción “a través de una acción judicial de nulidad por cosa juzgada fraudulenta”. Desde la IGJ explicaron a El Cohete que el fuero ante el que presentó Pepín la denuncia era “incompetente”: no era un tema civil.

 

 

Próximos pasos

Desde la Oficina Anticorrupción confirmaron a El Cohete que el expediente de la IGJ ingresó el viernes. No precisaron qué delitos encuadrarían estas conductas pero  extraoficialmente se mencionó evasión fraudulenta y posibles violaciones a la ley de ética pública. Desde el organismo que conduce Félix Crous quieren ser muy cautos. “No vamos a hacer show con esto”, dijo un vocero. Pronto se tomarán resoluciones.

 

 

 

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