Feminismos para sociedades más justas

 

El surgimiento y consolidación de la agenda de género en el ámbito internacional tienen como trasfondo años de luchas emancipatorias de los feminismos, que llevaron a la arena de Naciones Unidas reivindicaciones históricas en materia de igualdad de género. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing son, en gran medida, el corolario de esas luchas a la vez que marcaron un hito en la historia de las disputas por el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

En el marco de las grandes conferencias de Naciones Unidas de los '90, la comunidad internacional plantea con énfasis que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y que la igualdad de género constituye un objetivo compartido y prioritario.

Beijing marcó un verdadero punto de inflexión a partir del cual se desarrollaron principios y estándares reforzados en esta temática. Desde entonces contamos con un robusto marco político y normativo a nivel internacional que establece pautas concretas para guiar la implementación de políticas, que incluyen a su vez parámetros precisos para el diseño de acciones positivas tendientes a desmantelar las situaciones de desigualdad estructural entre los géneros.

En el caso de Argentina, los estándares internacionales han constituido un marco conceptual insoslayable para la formulación de políticas públicas en materia de derechos humanos e igualdad de género. A la vez, estos principios internacionales también han servido como plataforma para la redacción de leyes protectoras de avanzada, así como también para fundamentar resoluciones judiciales vinculadas con estas temáticas.

En concreto, se han aprobado normas que, además de consagrar derechos, estipulan obligaciones precisas para los Estados, y también en muchos casos para los particulares. El abanico temático es amplio: se ha legislado sobre la igualdad de género en distintos ámbitos (incluidos el político, el sindical y el doméstico); sobre derechos sexuales y reproductivos; identidad de género; prevención de las violencias por razones de género y protección y reparación para las víctimas; a la que se han reforzado las herramientas en materia de política criminal para perseguir y erradicar estas violencias; entre muchos otros ejemplos.

En definitiva, se han implementado medidas contundentes, que involucran a todos los poderes del Estado y que implican en gran medida una conquista del movimiento de derechos humanos y de los feminismos.

Este proceso no fue lineal ni automático. Y en los contextos más hostiles, esos desarrollos internacionales siempre han servido como un recurso político fundamental a disposición de los feminismos, y de la sociedad civil en general, para disputar los múltiples y reiterados intentos de revertir las conquistas en materia de derechos.

Hoy el contexto local es promisorio. Una de las primeras decisiones de la actual gestión de gobierno fue jerarquizar estos temas y posicionarlos en un lugar preponderante de la agenda pública, con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. El mandato de esta cartera es claro y apunta a remover los obstáculos formales y fácticos a la igualdad de género, y a asegurar el ejercicio efectivo de derechos por parte de las mujeres y LGBTI+. La puesta en funcionamiento de este Ministerio está acompañada, además, de una serie de medidas que dan cuenta de la relevancia político institucional que se le ha asignado a esta temática, como es la creación del Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género, cuyo objetivo es garantizar la incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de las políticas públicas nacionales.

25 años después, la agenda de Beijing sigue vigente, y los desafíos que allí se plasmaron se actualizan y complejizan cada vez. En las 12 esferas o ámbitos de preocupación que se identificaron en Beijing subsisten al día de hoy sólidos nudos de desigualdad. No son compartimentos estancos, o ámbitos aislados, sino que se trata de desigualdades estructurales, que reconocen la misma matriz, vinculada con las condiciones materiales de existencia de los pueblos y con la organización patriarcal de nuestras sociedades.

La desigualdad entre los géneros es un dato empírico, que obliga a fortalecer las políticas domésticas, por supuesto, pero que también exige robustecer ese marco internacional que, como se señaló, fue clave para el avance y consolidación de la agenda de género. Es preciso retomar Beijing desde un feminismo crítico. Esto implica sofisticar la agenda de esta Conferencia, incluyendo y precisando temas como el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, a la vez que impulsando el reconocimiento de los derechos de otros grupos históricamente marginalizados, como el colectivo LGTBI+.

La disputa por los sentidos que se da en la arena internacional constituye un punto clave en la lucha por la emancipación de los géneros históricamente vulnerados. Es que las condiciones materiales y simbólicas que generan y perpetúan la desigualdad entre los géneros exceden las fronteras. La desigualdad es universal, de allí que la vocación feminista deba ser global.

Esta es la apuesta en materia de política exterior que asumió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que apuesta a un trabajo internacional con una impronta feminista. Desde allí se discute y tracciona la agenda, conscientes de los límites del sistema internacional como plataforma para motorizar cambios estructurales. Ello sobre todo en un contexto como el actual, en donde los sectores conservadores, reticentes al reconocimiento y avance de los derechos de las mujeres y las diversidades tienen fuerte presencia.

Esto exige apostar al multilateralismo, con propuestas novedosas como la del Foro Generación Igualdad, que reúne a gobiernos comprometidos con la agenda de género, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, para impulsar acciones concretas de cara a revertir patrones estructurales que persisten entre los géneros en temas nodales, como el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la distribución de los cuidados y las violencias por motivos de género, entre otros.

Y este desafío también obliga a crear y fortalecer alianzas entre liderazgos feministas y gobiernos progresistas, que actúen coordinados en los distintos foros internacionales, y que promuevan la generación de compromisos y estándares, así como creación de nuevos ámbitos de integración y cooperación potentes para construir sociedades más justas e igualitarias.

 

 

 

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