¿Estamos a tiempo de desactivar una catástrofe financiera, económica y social de enorme magnitud?
Con el 24.5% de inflación acumulada para los últimos 12 meses; el 2.3% en marzo y el 2.6% de inflación núcleo en el mismo mes, la pauta del 15% perdió por goleada y una vez más, está claro que las metas de inflación del Banco Central —intervenido desde la conferencia del Día de los Inocentes— es retrasar salarios, de manera contrastante con la liberalización del resto de los precios de la economía y la apertura importadora. Un modelo con estas características evidencia un enorme retroceso en los derechos adquiridos por toda la sociedad y resulta regresivo respecto del proceso distributivo, dado que solamente beneficia a la oligarquía financiera y perjudica a los trabajadores. Así se formó el poder económico durante la última dictadura cívico militar y continuó en los años '80, de los que el clan Macri es un emergente destacado y ejemplificador de los enormes réditos generados al estar de los dos lados del mostrador.
En el plano cambiario el dólar recupera ritmo alcista cada vez que la mesa de operaciones de la entidad monetaria se retira del mercado. Por eso la estabilidad del dólar depende hoy más de los golpazos que mediante ventas superiores a los 100 millones realiza el Banco Central, que a la libre flotación cambiaria; un ideal que sólo sirvió para llevar la inflación aproximadamente al 40 % durante 2016 y al 25% en 2017. El resultado del 2018 no bajará de un piso de 24%.
En este marco de situación, la paritaria de los bancarios continúa sin resolverse favorablemente a los intereses de los trabajadores del sector. Federico Sturzenegger es el que más aprieta para que la negociación no supere el 12% real, un guarismo que se diluye con el correr de los días. Enfrente, Sergio Palazzo anunció un paro de 48 horas para el lunes 16 y el martes 17. La unidad, la solidaridad y la organización gremial son el único camino para recuperar terreno y frenar la pérdida de derechos en un escenario desequilibrado a favor de los grupos económicos, que cuentan con sus representantes orgánicos en las sillas más decisivas del poder ejecutivo, en el parlamento y con magistrados siempre dispuestos a retrasar o hacer la vista gorda en las causas que por delitos económicos debieran investigarse y llegar a condena.
Al igual que en el resto de la región, la investigación y persecución de los delitos económicos continúa manteniendo una invariable histórica, de la que la complicidad civil de la dictadura es la principal beneficiada. No hay condenas, no hay decomisos contra el poder económico; tan solo sobreseimientos, absoluciones y prescripción. Esa es la regla, como en su momento mostró la investigación del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que daba cuenta del retraso promedio de 14 años para los casos graves de este tipo de delincuencia. En aquel computo, cuantificamos numerosos delitos en los que se debía investigar el vaciamiento de entidades bancarias que, por supuesto, ya forman parte de la historia del crimen bancario que nuestro país se niega a reconstruir.
Entre alguna de las causas incluidas dentro de esa medición estaba el Expediente Nro. 9437/02 en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 4, en el que se investigaban maniobras de vaciamiento bancario por subversión económica (un delito que el FMI logró derogar en medio de la crisis del año 2001). En aquella causa, aún resta determinar la responsabilidad penal de importantes entidades financieras por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del erario público, a raíz del perjuicio generado a los ahorristas durante el vaciamiento financiero del año 2001. La lista de bancos involucrados incluye a las siguientes instituciones: Banca Nazionale del Lavoro; Banco Comafi; Banco de la Ciudad de Buenos Aires; Banco Frances; Banco Rio de la Plata; Banco Societe Generale; Banco Sudameris; Bank Boston; Banque Nationale de Paris; Bansud; Cia Financiera Columbia; Citibank NA; HSBC; Itau Buen Ayre; Scotiabank; Suquia.
Muchas de las mencionadas fueron liquidadas o absorbidas por otras entidades. Sin embargo, buena parte de sus directivos hoy forman parte de otras entidades privadas de capitales extranjeros que poseen un rol y peso propio dentro del mundo financiero. La lista de personas físicas implicadas en la causa incluye a Peter Baumann; Jose María Dagnino Pastore; Antonio Roberto Garces ; Carlos Gonzalez Taboada; Manuel Sacerdote ; Jose Luis Cristofani ; Eduardo Escasany ; Timothy Gibbs; Alan Macdonal; Victor Zervino. A pesar de que varios de ellos fueron indagados, aún no se ha resuelto su situación procesal. Por eso hay impunidad en este país. En los casos graves que involucran al poder real, la justicia no llega o llega para protegerlos.
Durante la semana pasada, en el marco de las reuniones que tuvieron lugar en el Ministerio de Trabajo, se desconoció la vigencia de acuerdos paritarios previos. Esta estrategia que busca paulatinamente esmerilar derechos adquiridos, echó mano al 1% de aporte solidario que las entidades de sector tienen que aplicar para el financiamiento de la obra social. Una cautelar frenó el saqueo de derechos.
Mientras eso sucedía, el Directorio del BCRA emitió comunicaciones muy sensibles que le permiten a las entidades financieras girar utilidades al exterior sin autorización previa de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. La balanza está drásticamente desequillibrada, al igual que en el año 2001. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre Fuga de Divisas fustigó la falta de control y supervisión sobre el sistema financiero, dado que el Banco Central nunca pidió a las entidades financieras información relacionada con movimientos de capitales y el mecanismo para favorecer y facilitar la fuga de divisas que incluye una participación directa de bancos en vinculación con sociedades off shore en el exterior.
La pelea sindical de los bancarios por la protección de los puestos de trabajo y del salario frente a la inflación es también una pelea contra este modelo de fortalecimiento del poder financiero y por eso, junto al Presidente del Banco Central, los presidentes de los dos principales bancos de capitales extranjeros que operan en el país, HSBC y Santander Rio (este último de capitales reales oriundos del país del cual no debemos sentir angustia por habernos independizado en 1810), están presionando para doblegar la fuerza del gremio, auxiliados por un Ministerio de Trabajo que hace la vista gorda tanto a las mesas de negociaciones como a respetar lo acordado en las paritarias de 2017 y el principio de ultractividad, que asegura continuar con el aumento de acuerdo a la cláusula gatillo hasta que se resuelva la paritaria 2018.
A nadie escapa que la fuga de capitales es el talón de Aquiles del modelo y una de las principales tensiones que caracterizan al mercado financiero en la Argentina. Debilitar a los trabajadores bancarios, que administran día a día el ahorro de todos los argentinos y a su organización sindical, es funcional al fin de las regulaciones financieras dentro del sistema.
Aún estamos a tiempo de desactivar una catástrofe financiera, económica y social de enorme magnitud. Aprender de nuestro pasado para construir un presente distinto debería guiarnos para apoyar a quienes defienden los derechos de los trabajadores y con ello el ahorro de todos los argentinos.
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