FARMANEGOCIOS

 

Macri quiere cerrar su sistema de dominación pro-negocios en los días que corren hasta el 10 de diciembre, para dejarlo todo atado y bien atado (como gustó decir el Generalísimo Franco) para él y sus beneficiarios. No lo tiene fácil. Es un final que antes que una transición atenta a facilitar la próxima gestión en democracia, evoca tiempos oscuros de decretos confidenciales y de autoamnistía que obligaron a un plan alimentario nacional. Un final que trata de asegurar el sistema de expoliación instituido, manteniendo a la vez el poder necesario para condicionar al próximo gobierno. Pero son tantos los pedidos que se suman a las iniciativas propias que es imposible saber cuál será el último de los decretos que firme el Presidente saliente en esa vorágine predatoria de la caída. Entre todos ellos, hay uno que ya puja por adelantarse en alguna de las sortijas: un Plan Nacional de Investigaciones Clínicas para los próximos diez años.

Así lo adelantó Jorge Aguado, subsecretario de Planeamiento de la Secretaría de Ciencia y Tecnología a cargo de Lino Barañao, en una reunión de la Red de Asistencia a Pacientes de Terapias Avanzadas (APTA), realizada el 7 de noviembre. La Red agrupa a organizaciones de pacientes y familiares con enfermedades poco frecuentes. Fueron invitados a esa reunión la Federación Argentina de Enfermedades poco Frecuentes (FADEPOF); la Fundación Natalí Flexer de ayuda al niño con cáncer; la Fundación para la investigación, docencia y prevención del cáncer (FUCA); la Fundación donde quiero estar, para humanizar los tratamientos oncológicos y mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y sus familias; la Asociación Sostén que brinda apoyo, orientación y asesoramiento a personas con cáncer y su entorno; el Movimiento de Ayuda en Cáncer de Mama (MACMA); la Asociación de Leucemia Mieloide en Argentina (ALMA); Familias AME Argentina orientada a pacientes con Atrofia Medular Espinal; y la Fundación Lautaro te necesita, dedicada a pacientes con leucodistrofias.

Las asociaciones de familiares y pacientes que padecen enfermedades poco frecuentes, que en general ocasionan graves sufrimientos y discapacidades con altos costos, ponen un gran esfuerzo en lograr apoyos para sus padecimientos. En ese esfuerzo tratan de conocer los avances que hay en las enfermedades de las que se ocupan y de identificar investigaciones o ensayos clínicos con medicamentos en terapias avanzadas. Y es habitual que esas asociaciones busquen el apoyo del Estado. Así lograron, por cierto, la sanción en junio de 2011 de la ley 26.689 para la promoción del cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes.

Pero ahora, el gobierno que mostró tempranamente que su finalidad eran los negocios y no la salud de las personas seleccionó dos incisos del artículo 3° de esa ley para invertirles su finalidad y espíritu. El inciso o) señala el objetivo de “promover la investigación socio sanitaria y el desarrollo de tecnologías apropiadas para la problemática de personas con EPF”. Y en el inciso s) se persigue “promover el desarrollo y la producción de medicamentos y productos médicos destinados a la detección precoz, diagnóstico, tratamiento y recuperación de las personas con EPF”. Pero ahora el Plan de Macri es promover las investigaciones clínicas de la industria farmacéutica y favorecer el registro y comercialización de medicamentos de alto costo por los laboratorios farmacéuticos. En el Plan, además, se adelanta el pedido de un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo que sin duda sería aplicado a subsidiar esas investigaciones de los laboratorios privados.

 

Ver la investigación acá: Mesa de Trabajo .

 

Es quizá desde el conocimiento que el trabajo cotidiano en el tema les ha podido dar a esas organizaciones, que al menos varios de las participantes en la reunión del 7 de este mes salieron a denunciar el acuerdo del gobierno con los laboratorios: "Nos explican muy amablemente que este plan que incluye toda la política nacional de medicamentos es para los próximos 10 años", pero "los pacientes no estamos para ser utilizados a favor de intereses espurios". Esa percepción era acertada. La maniobra de Macri y Barañao repite un modus operandi con el que la industria farmacéutica procura agitar la demanda de familiares y pacientes para legitimar con su dolor la producción y venta de medicamentos a precios de catástrofe personal y sanitaria.

En 2005, el 77% del presupuesto de la asociación Alianza para el apoyo Bipolar y de la Depresión fue proporcionado por 15 donantes, de los cuales 12 eran empresas farmacéuticas. La mayor parte del presupuesto de la asociación Coalición del Cáncer Colorrectal proviene también de dicho sector. Otras asociaciones han recibido donaciones de empresas farmacéuticas cuyo medicamento está relacionado con el objetivo de la asociación. Así, por ejemplo, la Fundación del Síndrome de Piernas Inquietas recibió más de U$S 450.000 (32% de su presupuesto de 2005) del laboratorio GlaxoSmithKline® (GSK), que comercializa Adartrel® (ropinirol), y 178.000 dólares de los laboratorios Boehringer Ingelheim®, que comercializa Sifrol® (pramipexol). Estos dos fármacos son prescritos para combatir las formas severas del síndrome de las piernas inquietas idiopático (SPI). La Alianza Nacional para los Enfermos Mentales, a su vez, es un organismo relacionado con los laboratorios Lilly en USA. En la Red APTA, la Asociación Sostén que antes mencionamos orientada a pacientes con cáncer y sus familiares, recibe apoyo de varios laboratorios que venden medicamentos oncológicos: Bayer, Merck, Astra-Zeneca, Pfizer, MSD, Bristol-Myers-Squibb, Novartis.

 

 

Ese poderío global de la industria farmacéutica es un dato de la realidad. Poder en el sentido de Max Weber: la capacidad de hacer que la voluntad de los otros se someta a la propia. Y quienes trabajamos en ética tenemos conciencia de la problematización de sus límites en la dimensión política de la realidad. Pero en la tarea de revisar las investigaciones clínicas, el conocimiento de ese poder tiene importancia específica en algunas cuestiones y ninguna importancia en otras. Quienes hacemos evaluación ética de las investigaciones clínicas debemos revisar, en primer lugar, la consistencia científica de las investigaciones propuestas. Y algunas de ellas no tienen esa consistencia y no deben ser aprobadas. No todo proyecto de investigación es científicamente consistente aunque poderosos laboratorios o destacados académicos quieran imponer por la fuerza lo que son incapaces de conseguir con la razón. Y esto no es “poner palos en la rueda”. Es exigir los límites de la seriedad científica. Y los negocios, el ingreso de dólares para aliviar la balanza comercial, la competencia de mercado, etc., nada tienen  que ver con la búsqueda de la verdad ni pueden justificar los objetivos que promueve el plan de Macri y Barañao.

Por otro lado, debemos revisar la adecuación de la propuesta a la protección de los derechos de las personas que son incluidas en investigaciones clínicas. Ya hemos denunciado en varias oportunidades las inmoralidades de muchas de las investigaciones clínicas que se realizan en nuestro país con recién nacidos, niños y niñas, personas sin capacidad de dar su consentimiento, relación riesgo y beneficio injustificable, etc. Pero los organismos de la administración nacional o de las administraciones provinciales no han puesto el énfasis en esa protección sino en una burocratización vacía de contenidos éticos.

Y sin embargo muchos funcionarios, académicos y profesionales se obnubilan con los “beneficios” (económico-comerciales) que promete la apertura irrestricta de las investigaciones sobre seres humanos. Pero esto, simplemente, está mal. Las personas tienen primacía. No hay ninguna justificación para hacer negocios –grandes o chicos— subordinando el lugar de las personas. Es al revés, de esto se trata. De la definición de conflicto de intereses como: “Un conjunto de condiciones en las cuales el juicio del profesional con relación al interés primario (tal como el bienestar de los pacientes o la validez de una investigación) tiende a ser excesivamente influido por un interés secundario tal como una ganancia financiera” (Thomson, 1993).

Nuestro país necesita, y ojalá pueda alcanzarse con el próximo gobierno, una autoridad nacional que revise el desarrollo tecno-científico en medicina y ciencias de la vida con la más rigurosa evaluación científica y ética. Y no como pretendía la AGNET para quitarle obligación de prestaciones a la medicina prepaga. Necesitamos también un organismo nacional de ética de la medicina y las ciencias de la vida que pueda revisar con seriedad y ecuanimidad, sin prejuicios de ningún orden, las investigaciones clínicas. El 90% de las investigaciones que se proponen son factibles aún cuando requieran alguna modificación. Y el porcentaje de protocolos inaceptables científica y éticamente desde el inicio son, afortunadamente, los menos. Pero nadie debería alarmarse porque estos proyectos fueran rechazados. El desarrollo tecno-científico y los negocios deben tener límites para poder vivir en una sociedad seria, responsable y justa.

Es por esto que en la danza de ministeriables del próximo gobierno resulta ofensivo leer que “el empresario Hugo Sigman jugará un rol clave en la elección del próximo ministro de Salud” (La Política Online, 27/09/19). Sigman es CEO del Grupo Insud dedicado a la industria farmacéutica, que en esa nota evalúa las alternativas de Lucía Corpacci, Pablo Yedlin y Arnaldo Medina. Pero su opinión se oscurece en su moralidad por el conflicto con sus intereses financieros. Por eso creo que los eticistas no debemos asistir con una falsa neutralidad a la realidad política y social, y debemos dar opinión. Y digo, libre de intereses secundarios, que no tengo opinión formada para dar sobre Corpacci o Yedlin. Sin embargo, pude conocer a Medina por quien fue para mí un médico ejemplar dedicado a la salud pública en Florencia Varela y en la provincia de Buenos Aires, que fue el doctor Vicente Ierace. Él fue una de esas personas humildes en su grandeza, ejemplo del buen médico y su amor por los más pobres y vulnerados, que me honró con su amistad. Trabajaba con Medina en la Universidad Jauretche, y si la orientación que el nuevo gobierno va a darle al Ministerio de Salud restablecido, es aquella por la que Vicente Ierace luchó toda su vida, no puedo más que celebrar por ello. La salud de todos, y en especial de los pobres que más padecen, estará bien cuidada.

 

 

 

 

 

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