Familia muy normal

 

La familia Mahiques, propulsora de gran parte de las causas fraudulentas contra Cristina Fernández de Kirchner, no solo se financió durante el cuatrienio neoliberal con los puestos jurídico-políticos concedidos por el macrismo. Su ambición republicana la llevó, además, a financiarse de forma ilegal con recursos públicos y asociarse con conocidos delincuentes responsables de algunos de los casos más resonantes de la historia del narcotráfico de nuestro país, vinculados con el cartel mexicano de Sinaloa, liderado por el Chapo Guzmán.

El padre del clan, Carlos Alberto Mahiques, fue el primer ministro de Justicia de María Eugenia Vidal. Luego recuperó su histórico puesto de juez, pero con un traslado inicuo a la Cámara de Casación, decidido en forma arbitraria por Mauricio Macri. Su hijo Juan Bautista fue el encargado de extorsionar a jueces y fiscales para conseguir los múltiples procesamientos de CFK, perseguir a sus hijos, lograr su desfile constante por Comodoro PRO y conseguir su procesamiento y/o detención. La causa que puso en evidencia el rol extorsivo cumplimentado por Juan Bautista en nombre de la denominada mesa judicial fue denunciada por la camarista de Casación Federal, Ana María Figueroa. El objetivo político estratégico pretendió quebrar el vínculo de la ex Presidenta con el movimiento popular y aniquilar de esa manera toda resistencia al modelo neoliberal que estaba siendo impuesto por Cambiemos.

Otro de los hijos de Carlos Mahiques, Esteban, también logró un conchabo en la administración pública como Jefe de Gabinete de su hermano, Juan Bautista, quien se desempeñaba como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Ambos lograron hacerse tiempo para desarrollar un millonario emprendimiento gastronómico instalado al interior del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Para apropiarse de la provisión de la cantina y el servicio de catering de varios de los penales administrador por el SPF, fue necesario despojar en forma arbitraria al proveedor que había obtenido en forma legítima la concesión. Este hecho fue denunciado por sus víctimas,  los empresarios Santiago Domingo y Ángel Domingo –propietarios de FISAMPRO SRL–, beneficiarios originales de la concesión, quienes señalaron el negociado a través del cual se benefició a Leonardo Stanley, integrante de la F&S Group según el informe producido por Asuntos Internos del SPF. La entrega del negocio de 120.000.000 anuales fue aún más escandalosa, dado que se invitó en forma descarada a esta última  empresa a una tarea de provisión alimenticia sin que se le permitiese a FISAMPRO continuar con la concesión conseguida. La denuncia de los Domingo fue cajoneada durante 2 años hasta la llegada de las actuales autoridades políticas del gobierno de lxs Fernández.

 

 

 

 

Leonardo Stanley, ex cabo de la Policía Federal, exonerado a raíz de una causa por drogas, es el concuñado de Esteban Mahiques. La esposa de Leonardo es Débora Russo, también integrante de esa fuerza de seguridad y activa empleada polirubro: además de revisar en la Federal e integrar la sociedad que hurtó la concesión, logró conchabarse en el Instituto de Previsión Social y en la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires,  y en el Jardín de Infantes Nuestra Señora de Luján. Lo que se dice una todoterreno.

Por su parte, Esteban tiene como cónyuge a Ludmila Russo, quien fue designada –también por Juan Bautista– como prosecretaria, en agosto de 2016, con un cargo profesional sin contar con título habilitante. Para junio de 2018 los Mahiques lograban acumular salarios públicos por un monto cercano a los 12 millones de pesos. Los adicionales alcanzaban otros 25 millones anuales si se toma en cuenta el hurto de la concesión. Según el informe de auditoría del SPF, tanto Stanley como su consorte forman parte de F&S Group, del que es accionista y fundador Matías Faubel. Faubel fue detenido en 2014 por narcotráfico, y dos años después fue condenado por ser penalmente responsable –junto a una banda de policías y ciudadanos mexicanos– del envío al Cartel de Sinaloa de más de 2 toneladas de cocaína. En noviembre de 2016, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N.° 1 le impuso 9 años de prisión. En esa ocasión fue sobreseído de la tenencia de estupefacientes hallada durante el allanamiento de su casa ubicada en el coqueto country  San Patricio, en General Rodríguez. En esta misma localidad –tal como consigna el dictamen de prisión preventiva contra Faubel– se secuestró un cargamento de 10 kilos de anfetaminas a un empresario mexicano en 2008. El predio pertenecía curiosamente a la sociedad F&S Group, que el informe interno del SPF consiga como perteneciente a Stanley y a Faubel, entre otros. Además, de manera llamativa, otra de los integrantes de la empresa que le substrajo la concesión a FISAMPRO, Jimena Faubel, se desempeña en el ministerio público de la provincia de Buenos Aires, bajo las órdenes de Conte Grand.

 

 

 

 

La impunidad que caracteriza a los encumbrados miembros macristas los empoderó lo suficiente como para no cambiar siquiera el nombre del joint-venture. El resguardo garantizado por el entonces subsecretario de Asuntos Penitenciarios Juan Bautista Mahiques los llevó a excluir a un concesionario, imponer sin concurso a una sociedad con antecedentes de narcotráfico y emplear a personal penitenciario para que trabajara en su emprendimiento gastronómico millonario con salarios pagados por el erario público. Una vez que la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori –actual interventora del SPF– tomó conocimiento de esa concatenación de delitos superpuestos, realizó la denuncia ante la Justicia Federal. La causa es tramitada en el juzgado Federal N° 1 de María Romilda Servini de Cubría.

Durante el macrismo, las directivas de Juan Bautista permitieron a Matías Matute Faubel firmar cheques dentro de la cárcel, encauzados a la adquisición de insumos necesarios para la cantina. Algunos de sus empleados eran sus propios carceleros, que vestían la indumentaria de F&S Group pese a ser agentes penitenciarios y empleados del Estado. Por su parte, Leonardo Stanley y su esposa Débora contaban con ingreso prioritario dentro de la Unidad Número 1 del Penal de Ezeiza, gracias a las órdenes emanadas de la autoridad máxima del sistema penitenciario, Juan Bautista Mahiques. Los funcionarios de carrera detallaron en sendos testimonios el asombro que les provocaba la llegada de los vehículos conducidos por los parientes del entonces subsecretario Mahiques: el cabo de la policía Stanley arribaba con su BMW (patente AB868BW) y su cónyuge, la agente Russo, con un Jeep Compass (AC918CLW).

La famiglia Mahiques es de Mercedes, localidad ubicada al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa ciudad residen también Stanley y Russo, quienes montaron un área de reclutamiento para futuros agentes del SPF en el marco de una Asociación Civil denominada 25 de Mayo, pese a que en esa localidad no existe un penal. Una parte de los colocados por los Mahiques en las Unidades cercanas a Ezeiza y Marcos Paz terminaron trabajando en forma directa para F&S Group hasta que la intervención de Garrigós de Rébori disolvió esas colocaciones espurias que solo beneficiaban al interés privado de quienes se dedicaban en forma prioritaria a la persecución de CFK. Pero dicho reclutamiento, además, tenía particularidades: uno de los agentes denunció ante las autoridades del SPF que la Asociación Civil 25 de Mayo conseguía incorporar a los agentes a cambio de una devolución mensual de 5.000 pesos mensuales, un 15 % del salario de bolsillo de quienes ingresaban. La caja de los Mahiques no tenía límites: no sólo tuvo a la totalidad de los integrantes del clan familiar empleados en el Estado durante el macrismo, sino que le robaba parte de los salarios a los agentes penitenciarios ingresados por la ventanilla de su Asociación Civil mercedina.

 

 

 

 

Los autodenominados probos republicanos, defensores de valores trascendentes que nunca definen con precisión, son exactamente la contracara de los que postulan. Si se escarba un poco, detrás de sus defensas de las instituciones solo se encuentran negociados. Debajo de su postulada modernidad, una búsqueda desesperada por regresar al sometimiento servil de las grandes mayorías populares. Detrás de sus convocatorios al diálogo, una andanada de persecuciones sistemáticas. Detrás de su luchas contra el narcotráfico, su fuente de financiamiento. Quizás no sean los tiempos adecuados, como cantaba Daniel Viglietti unas décadas atrás, para desalambrar. Pero sin dudas son tiempos obligados para desenmascarar.

 

 

 

 

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