Facundo, la sombra del narco

 

Según el informe del fiscal Christian Long: “Del legajo reservado surgen claros indicios de personal policial en connivencia con personas del ámbito político participando de actividades vinculadas con la droga y otros hechos delictivos (…) Resulta llamativo que, en una causa con la trascendencia nacional de la presente, con el despliegue policial que se hizo en los primeros estadios investigativos, en donde las más altas esferas policiales manifestaron a esta Agencia Fiscal y a la ciudadanía, que se contaba con todo el apoyo de su parte para el esclarecimiento del hecho, se cuenten con tantas irregularidades y obstáculos”.

 

 

Esto consta en un escrito presentado a la Procuración Provincial. Los fundamentos para semejante afirmación partieron del material probatorio recabado en un pueblo del Departamento Judicial de esa Bahía que por algún motivo llaman “Blanca”. Se basaron en testimonios de los que El Cohete extrae párrafos y preserva nombres, porque sólo se intenta mostrar un panorama de referencia. Los citados tampoco pueden ser considerados culpables hasta que el Poder Judicial lo dictamine, aunque su mención ayuda a entender cuál es el anclaje de los miedos que contribuyen al silencio y retrasan el esclarecimiento de los crímenes.

A fojas 97, SM declaró que “se vende droga en el boliche. El que vende en el boliche para Martin Fernández es EF, que se compró una camioneta Amarok (…) Ricardo Triches traía la droga; Fernández la comercializaba en el Boliche y el Intendente los protegía”.

Triches es un ex comisario exonerado por encubrir a los policías que violaron y asesinaron a Natalia Melmann, de 15 años, en Miramar hacia febrero de 2001. (Aunque en el cuerpo de la nena se encontraron restos de cinco ADN, sólo tres policías fueron condenados y el Poder Judicial ya les dio salidas transitorias.)

 

 

 

 

 

A fojas 485, a preguntas del doctor Aparicio sobre consumo de droga, PF respondió: “Todos los patovicas estaban consumiendo cocaína, tenían las bochitas en el vidrio, estaban en la barra en ronda, tomaban tequila, con sal y limón”.

A fojas 506, YM declaró: “La persona de la que voy a hablar fue pareja mía. Tuvimos una situación violenta, casi me mata. Es Martin Iribarra. (En) la mañana del 17 aparece en mi casa. Dijo: ‘No me toques que tengo sangre’, se saca una remera negra de seguridad y abajo tenía otra remera, dejó la negra arriba de la mesa. Yo nunca vi que se drogara pero el día que me atacó sé que estaba drogado (…) Respecto a la relación de Iribarra con el alcohol o drogas y fiestas sexuales, manifestó: 'Me contaron que sí, pero él siempre me lo negó. Me lo contó una amiga cuya prima era un poco ligera y estuvo en alguna de esas fiestas'. (Dio el nombre.)

EVP dio su testimonio: “(…) El año pasado fue la Policía Federal a Monte. Yo estaba en el área de descanso de Tránsito. Entonces, Ayala, el jefe nuevo de Tránsito, hablaba por teléfono, escuché que decía: 'La Federal va a hablar con Marisa, ya sabe lo que tiene que decir'. Marisa estaba en las cámaras el día que se armó los incendios. Triches tenía acceso a las cámaras desde su casa. A la pregunta del doctor Aparicio si tiene miedo, responde que sí, Monte es una isla, allá va gente de la policía que tienen sus mañas. (…) Todos dependemos de la Municipalidad. Preguntada por Aparicio si cree que enterado el poder político de su declaración podría tener problemas, responde que sí. Todo tiene que ser como ellos quieren. Mis compañeros no quieren hablar. En Monte hay mucha droga”.

RM (su marido, Cayetano Palacios, se encuentra detenido en la causa por el homicidio de Juan Carlos “Canini” Gonzáles, linchado como chivo emisario que distrajera la atención sobre los autores de otro crimen): “Recibí un mensaje del policía GC (…) GC ayudaba al Jarra Roberto M., de Mar del Plata, a pasar la droga a Monte. Los 4 fantásticos (dio los nombres) manejan la droga y dan zona liberada a los menores para que roben, cobran coimas a los que venden drogas en el barrio (…) El hermano del intendente hace fiestas sexuales con las que trabajan en la Municipalidad. Preguntada qué tiene que ver Martín con GC responde: Hay relación, coimas, boliches, drogas, mujeres, todo”.

Mucho más extensos son los testimonios, con más fuentes y sobre otros temas, algunos tan increíbles cómo éste: “Vi varias veces que los patovicas le pusieran pastillas en las bebidas para estar con chicas y sé que las iba a ver Kun Kun a la casa de las chicas, con los padres adentro, a encamarse, pero sus padres no pueden hacer nada porque les tienen miedo, él hace lo que quiere, me lo ha contado cenando conmigo y con Chuky”.

Así consta en una presentación al Procurador General de la Provincia, en 325 páginas de las que El Cohete tiene copia, donde figuran los jefes policiales cuyo comportamiento estuvo dirigido a desviar investigaciones y apartar a los uniformados que –tal vez por su juventud– no conocieron la consigna de que el silencio es salud.

Sólo faltaría aclarar que los textos precitados, con referencias al abogado Leandro Aparicio en una causa del Departamento Judicial Bahía Blanca corresponden a una causa por la búsqueda de una persona desaparecida pero de hace cinco años. La diferencia es que, por entonces, Katherine  (de 17 años) fue enterrada viva y hallada una semana después, mientras que Facundo Astudillo Castro (FAC) no aparece desde hace tres meses.

 

 

 

 

 

Tras un manto de neblina

El velo que busca oscurecer el destino de Facundo Astudillo Castro (FAC) empezó a ser desplegado desde mucho antes del último 30 de abril.

Sus detalles pueden ser rastreados en el historial de pueblo chico que repite sus pocos personajes porque se conocen mucho en el escenario de la desaparición. Un escenario que puede ser apreciado en la última foto de FAC: Campo y policías.

 

 

 

 

Esos componentes están en relación con un contexto mayor: la ciudad portuaria de Bahía Blanca, donde la Armada Argentina sentó sus bases de represión ilegal que, medio siglo después, sigue contando con la protección judicial de Santiago Ulpiano Martínez, fiscal del caso FAC y protector de los policías que constituyen sus auxiliares.

Sólo en ese contexto es posible entender que un par de uniformados de bajo rango, intolerantes con un chico que en busca de su amor desobedece la orden de regresar a su casa, puedan imponer su pretensión de escarmiento.

La impunidad con que hasta ahora lo hicieron está garantizada por quienes encubren a toda esa fuerza de auxiliares, no por este “exceso” represivo, sino porque no pueden permitir que se zafe un punto del tejido, ya que eso equivaldría a destejer una red más amplia de aquel manto que no fue concebido para cubrir la desaparición forzada de personas sino algo en verdad redituable.

Para saber cuál es la seriedad con que se llevaban las causas de narcotráfico basta repasar este informe. Se encontraron estupefacientes diseminados por todo el Tribunal, sin preservación e identificación. En algunos casos ya se había ordenado la destrucción del material estupefaciente. Se encontró estupefaciente en la terraza del juzgado. El total era de 137,917 kilos de marihuana y 7,128 kilos de cocaína, 9 ampollas, 2,284 kilos de hojas de coca, 10 paquetes de papel para armar cigarrillos, 297 cigarrillos armados de marihuana, 17 jeringas, 31 agujas y varios (fs. 1279 y 1627 vta.). En esa misma terraza encontraron distintos tipos de efectos, sin identificación ni inventario.

El resumen fue enviado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a Rodolfo Urtubey, presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado. En aquella misiva del 27 de abril de 2018, ya se advertía que el titular de ese Juzgado, “Ulpiano Martínez, no reúne las condiciones necesarias de idoneidad para ser designado en el cargo de Fiscal Federal de Bahía Blanca”.

Aun así, con el aval político de Nicolás Massot, Esteban Bulrich y Gladys González, obtuvo el acuerdo para ocupar el cargo que lo tiene al frente de la causa por Facundo.

Así, a la familia de joven de 22 años parece esperarle el mismo derrotero que a la de Katherine: un año para saber de la existencia de un legajo reservado que, en vano, se le pidió al fiscal. Dos años más para que la solicitud llegara a la jueza de Garantías junto con un análisis del expediente. Trece meses de espera hasta acudir al Procurador. En total, más de cuatro años sólo para conocer nuevas irregularidades.

En tanto, la familia Moscoso señaló amenazas contra 18 de los 29 testigos que propuso. Solicitó la detención de dos comisarios entre las 21 personas denunciadas, que incluye a cuatro policías más sus jefes: Daniel Pérez, oficial de la Delegación de Investigaciones; Atilio Corbi, Comisario de la DDI, y Gustavo Maldonado, Comisario General superintendente de Seguridad Interior Sur.

Otro caso es el de Gabriel Miguel Zamora, ex jefe de Investigación Criminal (Inteligencia) en Bahía Blanca, quien pasó a ser comisario de Monte Hermoso y, desde noviembre de 2019, fue separado del cargo por tres denuncias de sus subordinadas por abuso sexual.

 

 

 

 

 

Las familias de ambas víctimas coinciden que “nada de eso hubiera sido posible sin la complicidad de los fiscales”, y vislumbra una asociación ilícita en la que suman a municipales, policías e instructores. En el primer caso, la familia Moscoso denunció a Sebastián Foglia, Fiscal de la UFI 10 de Bahía Blanca, primer interviniente; Mauricio Del Cero, subrogante de la UFI; Jorge Viego, actual titular de la UFI 5 de Bahía Blanca; Juan Pablo Fernández, Fiscal General del Departamento Judicial de Bahía Blanca; Marcelo González, Instructor Judicial.

 

 

 

 

La familia de Facundo cree que hay que imputar a nueve agentes de Pedro Luro, Mayor Buratovich y Bahía Blanca. La oficial Siomara Flores, que llevó a Facundo, desinstaló las redes sociales y el WhatsApp de su celular. El registro del llamado de un testigo al 911 no se encuentra. Tampoco figura que los policías que lo detuvieron a la mañana hayan avisado al Poder Judicial.

 

 

 

 

Todo esto fue recordado en la marcha por los tres meses sin Facundo, el jueves 30, desde donde el abogado Leandro Aparicio envió a El Cohete este audio que resume las fases del encubrimiento que constata la querella.

 

 

 

 

 

 

Además hay un funcionario municipal de Villarino sospechado por haber enviado a la Fiscalía, en estos días, una lista donde figura la patente del auto de una mujer que dijo haber llevado a Facundo, dato que no aparecía en el informe enviado antes al fiscal provincial. ¿Se incluyó ahora para respaldar la pista aportada por la Bonaerense?

Desde el municipio sobreactuaron su preocupación: enviaron al abogado de la comuna a preguntarle al Juzgado si acaso había motivos fundados para sumariar a algún municipal. Como contrapeso a esa bravata, el Concejo Deliberante aprobó ofrecer recompensas a quien aporte información.

 

 

 

 

La querella recusó a Ulpiano Martínez, el fiscal que hizo viajar 130 kilómetros a una madre para dejarla plantada. Cristina Castro se dirigió a la jueza, en pos de ser comprendida de mujer a mujer, pero la titular del Juzgado de ‘Garantías’, María Gabriela Marrón, contestó: “Que a la víctima no le dé confianza, o no le guste el representante del Ministerio Público, es una cuestión subjetiva”.

Para arribar a esa conclusión, necesitó menos de 24 horas para leer el expediente de casi mil fojas y escribir 62 páginas de citas jurisprudenciales coincidentes con Ulpiano Martínez respecto de lo “impertinente” que es considerar el pasado favorable a los desaparecedores por parte de quien investiga una desaparición.

Acá también intentaron un contrapeso en la balanza: la jueza no accedió al pedido del fiscal de multar y denunciar a los abogados ante el Colegio, aunque los exhortó “a guardar decoro”.

¿Habrá que pensar en un espíritu de Cuerpo? Más bien parece el resultado de alineamientos internos, ya que en otros casos, el mismo Departamento Judicial actuó de otra manera.

Tal el caso del asesinato del ex Presidente de la Asociación Médica de Bahía Blanca, Felipe Glasman (2002) denunciante de negociados en el mercado de la Salud. El fiscal que llevó la investigación que derivó en la condena (2008) del autor material (Vicente Colman, ex ESMA), fue apartado en 2010 de la causa que debía seguir para avanzar sobre sus instigadores. Pero la jueza Susana Calcinelli aceptó la recusación presentada por los hijos de la víctima, aun cuando la viuda estaba de acuerdo con lo actuado. El fiscal era Christian Long, el que señaló por escrito la connivencia de personal policial y políticos con la droga y otros delitos.

 

 

 

 

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